Las infracciones sancionadas con comiso de bienes son muy frecuentes y los contribuyentes deben realizar el trámite administrativo de acreditación y recuperación de bienes comisados, en donde se debe demostrar la propiedad del bien, a la vez pagar las multas y gastos incurridos dentro del proceso para que el bien se les devuelva y la Administración Tributaria no declare en abandono; este procedimiento se encuentra tipificado en la Resolución de Superintendencia N° 157-2004/SUNAT (Reglamento de la Sanción de Comiso de Bienes). En la presente investigación se detalla Resoluciones de Intendencia declaradas en abandono, en las cuales SUNAT resuelve manifestando que existe documentación pertinente para presentar en la acreditación y en la cual no se ha presentado, es el caso de la constancia de depósito; que si bien el contribuyente está obligado a detraer, el no haberlo hecho, no le quita el derecho de propiedad sobre el bien, ya que el único documento que le atribuye dicha propiedad es el comprobante de pago, así se manifiesta constitucionalmente , debido a que este le otorga título o posesión. Sin embargo la Administración Tributaria vulnera este derecho y a la vez trasgrede las normas sujetas en el Código Tributario, como es el Artículo 184, donde no contempla los requisitos para acreditar y recuperar los bienes, salvo los plazos en los cuales se debe presentar y así mismo los plazos que la Sunat tiene para emitir la Resolución. En tal sentido nos planteamos el siguiente objetivo: Determinar la relación existente del derecho de propiedad con el procedimiento de acreditación y recuperación de bienes comisados en la Empresa COSISA PERÚ EIRL 2017. En la investigación el método utilizado fue Teórico, a la misma vez se utilizó la Técnica de Observación, en la cual se usó como Instrumento el Fichaje Documental. Así mismo se realizó la Opinión de expertos.

El derecho registral tiene relación con otras disciplinas jurídicas como es el derecho civil, los sectores del derecho civil como obligaciones y contratos, guardan correspondencia con el Derecho Registral, por cuanto las normas emanadas de ella son las que ha de tener en cuenta el Registrador en su función calificadora. De acuerdo al artículo 2009 del Código Civil, los registros públicos se sujetan a lo dispuesto en el Código Civil; en el cual encontramos tanto a los principios registrales como diferentes actos jurídicos, en especial la de compraventa y la cesión de posición contractual. En el presente artículo desarrollamos la aplicación del derecho civil entorno a la cesión de posición contractual y la compraventa de bien futuro, sin desmeritar la importancia de la aplicación de los principios registrales, que estructuran el procedimiento registral, en este caso encontramos: el principio de prioridad excluyente, tracto sucesivo, rogación, legitimación, etc. En este sentido, analizo el razonamiento, en cómo, tanto la registradora pública, el apelante y el tribunal registral, utilizaron ambas materias civil y registral para decidir si era aceptable la inscripción del titulo presentado de cesión de posición contractual. En el que descubro el problema principal y soluciono con la aplicación clara de las normas halladas. Por este motivo, en el presente artículo expongo la naturaleza de ambos contratos: la cesión de posición contractual y compra venta de bien futuro, y el alcance del principio de prioridad excluyente para determinar la inscripción del título, conforme al código civil. Finalmente, concluyo que, para la inscripción de la cesión de posición contractual, es necesario que las prestaciones recíprocas del contrato primigenio inscrito no se hayan cumplido en su totalidad, al momento en que se presenta el título al libro diario de los registros públicos. Donde la condición suspensiva que está sujeto el contrato primigenio de compra venta de bien futuro, ya se había cumplido con la recepción o conformidad de obra, comprobándose de esta manera la existencia del bien. Por lo que no debió inscribirse la cesión de posición contractual.

La presente tesis de investigación titulada “El principio de reciprocidad negativa y la afectación de derechos en el proceso de exequatur”, tiene como objeto determinar el grado de afectación que ocasionaría la aplicación del principio de reciprocidad en el exequatur. Por ello se ha estructurado de la siguiente manera: en el primer capítulo se definirá al exequatur y se dará a conocer los tipos de efectos que surtirá este procedimiento judicial al reconocer alguna sentencia extranjera; en el segundo capítulo, se precisara en que consiste el principio de la reciprocidad positiva y negativa, y la diferencia de ambas; y por último, en el tercer capítulo, se establecerá una propuesta normativa con el fin de que el artículo 2103 del Código Civil peruano, en la cual establece el principio de la reciprocidad negativa sea modificado para que los derechos de las partes intervinientes no sean vulnerados al momento que se aplique este principio. El determinar los efectos que ocasionaría a las partes procesal el principio de reciprocidad negativa en el exequatur se debe hacer un correcto análisis a este principio para que de ciertas maneras los derechos de las partes no sean vulnerados.

Los celos, en cuanto se refiere a las relaciones de parejas, se han convertido en una poderosa fuerza emocional. Es así que son considerados como los principales causantes de las disputas matrimoniales. Estos en tan solo cuestión de segundos pueden transformar el amor en odio y de la ternura pueden pasar a la intimidación, a desarrollar actos de control, e incluso suicidio o asesinato. Sin embargo, esta problemática viene siendo descuidado en el campo jurídico. Es por ello que la presente iniciativa propone la integración de los celos enfermizos como causal de divorcio del artículo 333 del Código Civil, amparándose en el derecho comparado y en las normas nacionales y supranacionales, con la finalidad de reforzar la protección del ente más vulnerable (mujer) frente a los continuos ataques contra sus vidas. Y de esta manera disminuir los patrones culturales históricos y discriminadores que promueven una idea de superioridad del varón machista

El presente trabajo aborda una problemática que se ha suscitado en nuestro país a raíz de los casos Ugarteche y Paredes, en los cuales el Poder Judicial, ha resuelto en primera instancia declarando fundada las demandas interpuestas al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, (RENIEC) a fin de que se les reconozca la inscripción de sus respectivos matrimonios (igualitarios), haciendo una invocación a la Opinión Consultiva 24/17, la misma que recoge principios como igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad. En suma, esto no significaría problema alguno, no obstante, el Órgano Jurisdiccional de primera instancia no ha considerado el margen de apreciación nacional al momento de resolver, dado que tanto nuestro Código Civil y Constitución Política de 1993, solo reconocen el matrimonio entendiéndose como la institución natural; y una Opinión Consultiva no tiene el carácter obligatorio, pues es considerada un soft law, que quiere decir, de carácter no vinculante o de mera recomendación. Cabe entonces realizar un trabajo mediante el cual podamos analizar el grado de intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos internos de los países miembros.

El régimen de visitas es una institución del Derecho de Familia que tiene por finalidad estrechar los lazos entre el progenitor que no tiene la tenencia y el hijo, evitando su distanciamiento y favoreciendo el desarrollo del niño o adolescente; sin embargo, en diversos escenarios se pueden dar incumplimientos, los cuales podrían ser imputables al progenitor que tiene la tenencia o al visitante; dichos incumplimientos podrían derivar en un daño que terminaría por afectar la esfera emocional y/o psicológica del menor, así como sus derechos fundamentales. A pesar de ello, el ordenamiento jurídico vigente aparentemente no ha contemplado ninguna medida orientada a buscar la reparación del daño a favor del hijo, sino que, se ha limitado a regular como consecuencias del mismo, diversas sanciones y apercibimientos. Por otro lado, en el Código Civil se han establecido artículos que contemplan supuestos que podrían generar una indemnización, no obstante, esto se ve limitado a relaciones de pareja, dejando en estado de indefensión al resto de vínculos familiares. En razón de ello, resulta necesario hacer uso de las reglas generales de la responsabilidad civil para establecer al incumplimiento de régimen de visitas como supuesto generador de una indemnización, por tanto, al verificarse que dicho supuesto cumple con los presupuestos necesarios, es decir, antijuricidad, daño, nexo causal y el factor de atribución; se pueden fijar criterios que los abogados tomen en cuenta para interponer una demanda y los magistrados observen al resolver los casos afines.

La cláusula Rebus Sic Stantibus, busca el equilibrio entre las partes que contrataron, mientras haya ocurrido un cambio de circunstancias, imprevisión por caso fortuito o fuerza mayor y así causar una excesiva onerosidad. Es decir, que el entorno en que se llevó a cabo el contrato, cambio, conllevando a que una de las partes salga beneficiada y la otra perjudicada, entonces, la cláusula busca la equidad en las contraprestaciones y así privilegiar la prevalencia del contrato y permitir a las partes negociar, modificando el contrato en beneficio de ambos, también les permite llevarlo a una vía conciliatoria y ante un juzgado.

El presente trabajo de investigación se perfila al estudio de la Teoría General del Hecho y Acto jurídico con relación al Derecho Familiar, ya que dicha teoría se analiza de manera general en el campo del Derecho, dejando algunas dudas y vacíos. Ante la inexistencia de un enfoque claro sobre los llamados actos jurídicos familiares, es que la autora proporcionará un aporte técnico-jurídico siendo básicos pilares en la formación de un jurista , que vistas desde el punto de vista filosófico, nos será útil para dar una explicación y fundamentación de todo planteamiento y posible problemática jurídica proporcionándonos una visión más amplia y totalizadora del Derecho, enriqueciendo nuestra investigación en el campo de lo jurídico y objetos de conocimientos afines.

La finalidad de esta investigación es determinar si resultaría conveniente la aplicación de las acciones de clase arbitrales estadounidenses en nuestro país, tomando en consideración la amplia cultura arbitral que se ha desarrollado en él, así como la existencia de diversos tipos de arbitraje como, por ejemplo, el derecho de consumo, el derecho ambiental y el derecho laboral. Sin embargo, debemos tener presente que en el Perú no existe una regulación integral respecto a procesos colectivos lo que genera que los derechos supraindividuales no sean tutelados adecuadamente; en consecuencia, se utilizaría el arbitraje de manera experimental para medir la viabilidad de estos mecanismos procesales que agrupan un gran número de personas y, debido a esta posible situación, consideramos que sería pertinente que, previo a ella, se requiera una regulación completa sobre procesos colectivos y que los jueces desarrollen jurisprudencia sobre ella.

La caducidad como concepto jurídico ha generado gran debate a nivel doctrinario como jurisprudencial en el Perú. Pese a que la caducidad encuentra su reconocimiento normativo en el Código Civil sigue generando debate por el uso inexacto e impreciso en otras “normas especiales”, tales como el Reglamento General de los Registros Públicos y el Reglamento de Inscripción de Predios de la Sunarp. De acuerdo con la normativa civil vigente, la caducidad extingue tanto el derecho como la acción correspondiente. Por otro lado, el Reglamento General de los Registros Públicos (en adelante, “RGRP”) no establece que la caducidad extinga el derecho, y menos la acción correspondiente, y ello es coherente considerando que el RGRP establece que su finalidad es brindar publicidad respecto de Derechos adquiridos o actos jurídicos celebrados. Por tanto, lo que se extingue, desde la posición del RGRP no es el derecho, ni la acción, sino más bien, la publicidad registral. En línea con lo anterior, esta investigación se centra en determinar sí la caducidad del asiento registral de hipoteca extingue únicamente el asiento registral o si además extingue el acto jurídico de constitución de hipoteca. Entonces, según nuestro Código Civil para que la garantía real de hipoteca se considere válidamente constituida debe constar su inscripción en el Registro Público, mientras que para el nacimiento del acto jurídico de constitución de hipoteca bastaría el solo consenso, esto siguiente la lógica contenida en el art. 949 del C.C. Afín de “aclarar” el panorama anterior, en 1996 se promulgó la Ley N° 26639 que introdujo un “supuesto” de extinción de hipoteca: la caducidad de asiento registral de hipoteca. En atención a lo anterior, la problemática se origina porque a nivel jurisprudencial, el registrador público deniega las inscripciones de levantamiento de asiento registral de hipoteca por caducidad, considerando el art. 120 del RIP de la Sunarp, este dispositivo legal establece un cómputo de plazo y procedimiento distinto al establecido en la Ley N° 26639 para evaluar la posibilidad de extinguir un asiento registral de hipoteca por caducidad. La (indebida) aplicación del art. 120 del Reglamento de Inscripción de Predios de la Sunarp sobre la Ley N° 26639 evidenciaría, en principio una vulneración directa al principio de jerarquía normativa, respecto del cual, una Ley se encuentra por encima de un Reglamento. La problemática descrita en el párrafo anterior se agrava sí consideramos que el art. 120 del RIP sigue vigente, aun cuando el Tribunal Registral, como segunda y definitiva instancia administrativa resuelve que se debe aplicar la Ley N° 26639 sobre art. 120 del RIP de la Sunarp, revocando de esa forma todas y cada una de las denegatorias de inscripción emitidas por los Registradores Publicas, lo que genera un “enfrentamiento” entre la primera y segunda instancia administrativa de la Sunarp. Desde la perspectiva de lo descrito líneas atrás, conviene preguntarnos: ¿La caducidad contemplada en el Código Civil tiene el mismo significado que la caducidad contemplada en el Reglamento General de los Registros Públicos y el Reglamento de Inscripción de Predios?; ¿Qué dispositivo legal debe aplicarse para resolver los casos de levantamiento o extinción de asiento registral de hipoteca por caducidad, la Ley N° 26639 o el art. 120 del RIP de la Sunarp? La presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis dogmático y jurisprudencial del levantamiento o extinción de asiento registral hipoteca por caducidad; y posteriormente, proponer una alternativa de solución. En principio se evaluará y analizará si el concepto de caducidad contenido en el Código Civil ha sido aplicado correctamente en diversos pronunciamientos judiciales. Luego, se analizará específicamente sí el concepto de caducidad ha sido correctamente aplicado al supuesto de levantamiento de hipoteca por caducidad, a fin de determinar cómo han resuelto los tribunales peruanos este tipo de casos para así proponer una alternativa de solución a la problemática advertida y planteada.