Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (lecenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el capítulo primero trataremos la fuerza en general como vicio del consentimiento en el Derecho Civil patrimonial chileno; con el fin de adentrarnos comprensivamente con el tema de fondo de este trabajo. En él, revisaremos el concepto de la fuerza, la emblemática diferencia entre fuerza física y fuerza moral, los requisitos que configuran la fuerza-vicio; así como también el temor y el estado de necesidad. En el capítulo segundo, con un fin historiográfico trataremos someramente la historia del miedo como vicio del consentimiento en el Derecho Romano. En el capítulo tercero, nos avocaremos al Temor Reverencial en el Derecho Civil patrimonial; al trato que le da el legislador; su ámbito de aplicación, las razones doctrinales de exclusión como vicio del consentimiento, y las razones por la cuales debería ser como menos estimado. El capítulo cuarto se centra en el Temor reverencial en el Derecho Sucesorio, preferentemente en el acto jurídico testamentario y en las indignidades para suceder. Con el fin de conformar una teoría general y unitaria de la institución que nos avoca, hemos también investigado en el capítulo quinto, el temor reverencial en el acto jurídico matrimonial. Nos ha parecido necesario reproducir el trato jurídico que el Derecho canónico le da al temor reverencial. Ésta legislación, lo consagra como vicio invalidante del acto jurídico matrimonial siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos específicos. A partir de ello, hemos encontrado en nuestra legislación nacional, tras la reforma en materia de matrimonio civil, un aliciente del temor reverencial invalidante siempre y cuando se reúnan, a su vez, características o situaciones particulares. Por último, en el capítulo sexto, trataremos sin ninguna preferencia calificada a priori, el temor reverencial en diversas legislaciones extranjeras. Este conjunto de legislaciones, nos aportarán desde la doctrina que han configurado, una perspectiva integradora del temor reverencial. Doctrina a favor doctrina en contra, será de nuestro especial interés la reflexión de los franceses, de los ingleses, del derecho argentino, italiano y español. Mención a parte, es el Proyecto de Pavía, que consagra el temor reverencial como vicio propio del consentimiento.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La enseñanza del Derecho Privado en el aula, comprende actualmente el estudio sistematizado de las instituciones que resultan esenciales para la formación de futuros abogados. A través de las lecciones presenciales impartidas por los profesores, los alumnos van adquiriendo los conocimientos teóricos que les permitirán desempeñarse en las diversas áreas donde éstos puedan ser aplicados. Gran parte de las actividades de los alumnos durante sus años de formación está destinada al aprendizaje y análisis de la doctrina jurídica del Derecho Civil, tanto mediante la explicación de sus profesores, como también de la lectura de las obras de los autores que han sistematizado estas instituciones. Sin embargo, muchas veces los alumnos tienen dificultades al momento de aprehender e internalizar estos conocimientos, las que son provocadas por la abstracción que el estudio teórico de las instituciones del Derecho Privado implica, puesto que cada una de ellas se trata desde un enfoque abstracto, dejando a veces de lado la adecuación casuística respecto del desenvolvimiento y aplicación de las mismas en la realidad diaria. Es decir, el aprendizaje de la teoría requiere de una adecuación a la vida real para que pueda ser completo. El estudio del Derecho Civil debe componerse tanto del estudio de la teoría como de la práctica.

mpmartin@um.es / Esta tesis doctoral explora las variables implicadas en las recomendaciones de custodia de los psicólogos forenses de la Administración de Justicia de la Región de Murcia. El Instituto Nacional de Estadística advierte que en el año 2014 el número de divorcios aumentó un 5.6% respecto al año anterior, llegando a más de cien mil. Se trata de una realidad social, una circunstancia que ha pasado a formar parte de la vida de muchas personas como una etapa más. Los cambios producidos, tanto a nivel judicial como social, suponen una demanda para la que la psicología debe estar preparada, no sólo en el ámbito forense, también en el asesoramiento psicológico y gestión de conflictos familiares, dado que esta población presenta un elevado riesgo de sufrir ciertas dificultades reactivas a la situación estresante que están viviendo. La premisa fundamental en esta situación es la búsqueda del mejor interés del menor (favor filli). A través de la evaluación psicológica forense de la unidad familiar, se puede determinar la opción de guarda y custodia que causará la menor interferencia en la vida de los niños/as. OBJETIVOS: El objetivo principal es analizar la influencia que tienen las variables psicológicas y sociofamiliares evaluadas, sobre la recomendación de custodia del perito. Así mismo, interesa conocer el grado de participación de los menores en el proceso y la evolución de recomendaciones de custodia en la Región de Murcia. Además, se estudia la utilidad del Modelo de Áreas y Variables a Evaluar en Casos de Custodia Disputada de Ramírez (1997), buscando la relación estadística entre las variables que propone y las evaluadas por los peritos. METODOLOGÍA: La metodología utilizada se compone de tres fases: estudio piloto (n=50), consulta a expertos (n=35) y el desarrollo final de la investigación (n=186). Tras el estudio inicial de 581 informes elaborados, finalmente se han utilizado 186 informes forenses elaborados entre 2005 y 2015. Se han explorado las circunstancias concretas de las familias evaluadas y, específicamente, de los 276 menores implicados/as en el proceso de ruptura de pareja de sus progenitores. Se ha diseñado una base de datos para recoger las variables que el modelo teórico y las guías de buenas prácticas indican evaluar en una pericial de guarda y custodia, realizando los análisis estadísticos pertinentes con la muestra. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Los resultados obtenidos indican relación estadísticamente significativa (p<.05) con la recomendación de custodia de 21 de las variables registradas, teniendo la mitad de ellas una asociación muy potente (p<.01). Al analizar los 276 menores implicados, encontramos que las familias en proceso de separación tienen entre 1 y 4 hijos/as y que, casi el 90% de ellos han sido evaluados directamente por el psicólogo forense. No existen diferencias de género entre los menores evaluados y aquellos que no han acudido a entrevista. Sin embargo, los entrevistados tienen una media de edad de 9 años y medio y los no evaluados son menores de 4 años. Es decir, los peritos en la Región de Murcia utilizan el modelo teórico y las guías de buenas prácticas para recomendar la mejor organización familiar tras la ruptura de pareja de los progenitores. Además, encontramos que la recomendación de custodia compartida aumenta desde el año 2007, encontrando su punto más alto en 2014. Existiendo ciertas diferencias entre los criterios relevantes para esta alternativa. Por último, se observa un alto grado de implicación de los menores en la evaluación forense, dependiendo de su edad el peso de la intervención. / This PhD thesis explores the variables involved in the recommendations of custody made by forensic psychologists in the Administration of Justice in the Region of Murcia (Spain). The Spanish National Statistics Institute reports that the number of divorces in 2014 was increased by 5.6% over the previous year, up to more than one hundred thousand cases. It is a social fact and a circumstance that has become part of the lives of many people. The concomitant changes produced at legal and social levels imply a demand from Psychology that must be prepared not only from the forensic point of view, but also in the counseling and management of family conflicts fields. This population experiences a high risk of suffering certain reactive difficulties to the stressful changes they are going through. The fundamental premise in this situation is to seek the best interest for the child - favor filli -. The forensic psychological evaluation of the family unit can determine the custody option likely to cause the smallest interference in the lives of the children. OBJECTIVES: The main objective of the present work was to analyze the influence of the psychological and socio-familial variables evaluated on the recommendation of custody by the forensic experts. The level of participation of the children in the process and the evolution of the diferent recommendations of custody in the Region of Murcia were also considered of interest. In addition, the utility of the “Model for Areas and Variables to Be Evaluated in Disputed Custody Cases” by Ramirez (1997) was studied, looking for a statistical relationship between the proposed variables and those evaluated by the experts. METHODOLOGY: The methodological aproach consisted on three phases: a pilot study (n=50), consults to experts (n=35) and the final development of the research (n=186). After a preliminar study of 581 forensic reports, 186 reports produced between 2005 and 2015 were finally selected. The specific circumstances of the evaluated families were explored with special attention to the 276 children involved in the processes of separation lived between their parents. A database to collect the variables pointed out by the referred theoretical model and the best practice guidelines to be used in forensic evaluations involving childern custody was developed, making the appropriate statistical analysis to the sample. RESULTS AND CONCLUSIONS: The results of this work indicate a statistically significant (p<0.05) relationship with the recommendation of custody for 21 of the considered variables, half of them having a very strong association (p<0.01). The analysis of the 276 children involved in separation processes reveals that families under this situation have among 1 and 4 children and that almost 90% of them have been directly evaluated by the forensic psychologist. There are no gender differences between the children evaluated and those who have not gone to interview. However, those children directly evaluated are on average 9.5 years old while those children not evaluated are under 4 years of age. Thus, experts in the Region of Murcia follow the theoretical model and the best practice guidelines in their recommendations for the best family organization after parental separation. In addition, joint custody recommendations experience and increase since 2007, finding its peak in 2014. There are certain differences in the relevant criteria used for this choice. Finally, a high degree of involvement of the children in the forensic evaluation is observed, depending on their age the actual contribution of their intervention.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo del presente trabajo es lograr una nueva, moderna y efectiva interpretación a la antigua y prácticamente unánime posición, que durante años la doctrina nacional ha realizado a la contradicción manifiesta de los artículos 680 inciso segundo y 1874, ambos del Código Civil, otorgándole valor a la cláusula de reserva de dominio. Creemos que sólo de esta forma se logra crear en la práctica una nueva e importante garantía para el sistema crediticio nacional. Por lo demás, y como se demuestra en el trabajo, resulta ser una garantía muy usada en el derecho comparado. Para poder hecer efectiva esta nueva interpretación jurídica, hemos realizado una breve reseña histórica de las normas en conflicto, nos hemos referido latamente a la doctrina dominante, se ha hecho una alusión al derecho comparado, a la naturaleza jurídica de la reserva de dominio, para terminar sentando las bases de esta nueva y enriquecedora interpretación jurídica.

En el presente trabajo de investigación nos ocuparemos del problema de la irrevocabilidad de la oferta en el sistema jurídico peruano. Que regula a la oferta como “obligatoria” y de “fuerza vinculante” para el oferente. Generando un estado de desequilibrio entre éste y el destinatario de la oferta,pues la oferta no es más que una etapa de formación del contrato, que puede o no concluir en el perfeccionamiento del mismo. La irrevocabilidad de la oferta no es eficiente en la actualidad, pues el proceso de globalización establece la necesidad de unificar el derecho, dando como consecuencia la búsqueda de la armonización en los sistemas jurídicos. En este proceso, uno de los principales problemas es el de la determinación de la aplicación de la revocabilidad o la irrevocabilidad de la oferta como regla general. Por lo que, y en análisis de los beneficios de orden práctico, que representa la aplicación de la revocabilidad de la oferta como regla general, se ha establecido en la mayoría de cuerpos normativos de unificación del derecho (de aplicación internacional), que la irrevocabilidad sea introducida, únicamente, como excepción a la regla. Por tanto, la correcta regulación de la oferta debería estar destinada a que, por la oferta el oferente tenga la intención de obligarse en caso se perfeccione el contrato (con la recepción de la comunicación). Generándose entonces obligaciones a ambas partes, por el vínculo contractual. Aunque, parte de la doctrina nacional sea renuente a la aceptación de la revocabilidad, nuestro Código Civil reconoce su aplicación como excepción. Sin embargo, la admisión de la revocación de la oferta debe darse en base a argumentos teóricos (autonomía privada de las partes y el derecho de la libertad contractual) y prácticos (el proceso de globalización y el desequilibrio de la protección de los intereses del oferente). / Tesis

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Como indica su título, la tesis tiene por objeto examinar en el marco constitucional español y en su régimen jurídico que lo desarrolla la significación general que el derecho de propiedad privada sobre inmuebles tiene en nuestro ordenamiento. De modo especial las cuestiones que se plantean en las distintas regulaciones “estatutarias”, así como la función social que éstas establecen atendiendo a los tipos de bienes inmuebles que constituyen su objeto. 1. Se analiza, ante todo y de modo general, el contenido de este tipo de derecho, distinguiendo un primer nivel, de rango constitucional, en el que se sitúa el “contenido esencial” (art. 53.1 CE), referido a la propiedad privada en abstracto, como institución jurídica, que la CE “reconoce” en su artículo 33.1, y otro nivel de desarrollo estatutario, en el cual se sitúa la regulación legal del tipo de bien de que se trate, en la que no solo ha de reconocerse ese contenido institucional –esencial- en la regulación legal, sino que también ha de “delimitar” la “función social” que ese derecho haya de cumplir (art. 33.2 CE). Respecto de esta función social, se plantea la cuestión de si forma parte integrante del contenido de dicho derecho o si, por el contrario, no forma parte de este contenido, pero que afecta al ejercicio del propio derecho según la regulación estatutaria correspondiente. La primera posición es la mantenida por el TC en su sentencia 37/1987, así como por la doctrina, sobre todo iuspublicista; mientras que la otra es la mantenida –con excepciones- por la doctrina civilista. Esta es la mantenida en la Tesis, con base en los argumentos que en síntesis son: por el distinto tipo de intereses que subyacen y a que responden, la propiedad privada y la función social, el interés propio y particular del propietario, y el interés general o público, respectivamente; por la propia naturaleza de “derecho” que la propiedad privada tiene, en cuanto situación jurídica activa, de poder, no de deber; por la especial articulación jurídico-constitucional del derecho de propiedad; porque la función social es predicable de su objeto, no de modo unitario de este tipo de derecho; y porque la función social ha de respetar en todo caso el contenido esencial del derecho de propiedad privada, en cuanto delimita y restringe el contenido del mismo. Así lo muestra, además, el tipo de técnicas jurídicas mediante las cuales se instrumenta la función social –límites (delimitación), limitaciones, deberes positivos y cargas- todas ellas restrictivas del derecho y que condicionan el ejercicio de éste, en los diversos supuestos legales. Todas estas cuestiones se analizan especialmente en el trabajo respecto de la propiedad urbana y de la propiedad rústica. 2. El contenido de la propiedad urbana viene constituido por el aprovechamiento urbanístico, esto es por la facultad de edificar un terreno o parcela urbanizado (edificabilidad) para un uso determinado, que ya no depende sólo de la conveniencia del titular del derecho sino también de la ordenación urbanística (Ley + plan), según su estatuto jurídico (legislación estatal de suelo y autonómica urbanística). Se examinan, además de este estatuto, la dinámica de la propiedad urbana –con referencia a la actividad urbanizadora y el ius aedificandi-, así como los supuestos de transferibilidad de aprovechamiento urbanístico (para edificarlo en la misma finca o parcela; en otra parcela en proceso de urbanización, TAU, etc.) y la inscripción registral de aprovechamiento urbanístico. Y de otra parte, respecto a la función social de la propiedad urbana, además de exponer las cuestiones que suscita la básica LS estatal (TR de 2008, esp. su art. 16) y la respectiva legislación urbanística autonómica, se exponen las limitaciones impuestas por la legislación sectorial. 3. Y respecto a la propiedad rústica-agraria, además de la facultad de cultivo y, en relación con ésta, la de uso en fincas de regadío el aprovechamiento de agua, y la facultad de edificar en suelo rústico; se examina el régimen de las “unidades mínimas de cultivo”, el retracto de colindantes, el de la concentración parcelaria, y la inscripción registral de fincas y explotaciones agrarias. Asimismo, respecto a la función social de la propiedad agraria, se trata del deber legal de explotación racional y eficiente de fincas rústicas (conservación y mejora de suelos, transformación de tierras en regadío, régimen de fincas manifiestamente mejorables, etc.). Por otra parte, en cuanto a la propiedad forestal privada, bajo el presupuesto del concepto legal de monte y la tipología de terrenos forestales, se trata del aprovechamiento de los montes privados, la conservación y mejora de los mismos, tipos de contratos al respecto, así como de la función social y ecológica de la propiedad forestal. / As its title indicates the thesis aims to examine within the Spanish constitutional framework and the legal regime that it develops, the general significance that the right of private ownership of real estate has in our legal system. In particular, it focuses on the issues raised in the different "statutory" regulations, as well as the social function which they establish according to the types of real estate that constitute its object. 1. It analyzes primarily and in general terms, the content of this type of law, distinguishing a first level of constitutional rank, in which the "core content" (art. 53.1 CE) is placed, referred to private property in abstract, as a legal institution, which is "recognized" by the CE in its article 33.1, and a second level of statutory development, in which the legal regulation of the type of property is situated, in which not only the institutional content has to be recognized, essential in the legal regulation, but also the "social function" has to be delimited, which that law has to fulfill (art. 33.2 CE). With respect to this social function, the question is posed of whether it is an integral part of the content of that law or if, on the contrary, it does not form part of this content, but it affects the exercise of its own right according to the relevant statutory regulation. The first position is maintained by TC in its sentence 37/1987, as well as by the doctrine, especially public jurists; whereas the other one is sustained - with exceptions - by the civil law doctrine. This is the argument held in the thesis, based on the arguments which, in brief, are: the different types of interests that underlie and to which they respond, the private property and its social function, the unique and particular interest of the owner, and the general or public interest respectively; by the very nature of "right" that the private property has, insofar as active status of power but not of duty; by the special legal and constitutional articulation of the right to property; because the social function is predicable of its own object, not of the unitary way of this type of rights; and because the social function is to observe the essential content of the right to private property, in so far as as it defines and restricts its content. It is shown by the type of legal techniques by which the social function is implemented – limits, limitations, positive duties and charges- all of them being restrictive of this right and which condition the exercise of it, under the different legal cases. All these issues are fully developed in this research, with respect of rustic and urban property. 2. The content of urban property is constituted by the urban use, that is, the faculty of building on ground or urbanised plot (buildability) for a specific use, which it depends not only on the convenience of the owner of the right but also on the urban planning (law + plan), according to their legal status (urban soil state and regional legislation). In addition to this statute, the dynamics of the urban property - with reference to urban activity and ius aedificandi-as well as the assumptions of transferability of urban use (to build it in the same farm or plot; on another plot in process of urbanization, TAU, etc.) are examined, as well as the urban exploitation registration. And on the other hand, with respect to the social function of the urban property, in addition to exposing the issues that the basic state LS (2008 TR, esp. its article 16) and the respective regional town planning legislation, the limitations imposed by the sectorial legislation are also exposed. 3. With regard to the rustic and agricultural property, apart from the faculty of cultivation, and in relation to it, the use of irrigation water, the right to build on rural land; the regime of “minimum units of cultive”, the preferential options of owners of “farmland to purchase land adjoined to their own are examined in this work as well as land consolidation and farm registration. Likewise, with regard to the social function of agricultural property, we deal with the legal duty of rational and efficient exploitation of rural properties (conservation and improvement of soil, transformation of land into irrigated land, a regime of noticeably improvable farms, etc.). As far as the private forestry property is concerned, under the budget of the legal concept of forest and the typology of forest land, we deal with the use of private forests, the conservation and improvement of these types of contracts in this regard, as well as the social and ecological function of forestry property.