El objetivo del presente informe jurídico es analizar la Resolución número 21 del expediente 209-2011-0 (la “Sentencia”), que versa sobre anulación de laudo. La Sentencia aborda una situación sobre infracción a la imparcialidad a la luz de las conductas y vínculos desplegados en el caso en concreto (conductas agresivas). Asimismo, tomando como punto de partida ello estableceremos supuestos respecto al deber de imparcialidad y si este se ve afectado o no por (i) la conducta agresiva de un árbitro; y (ii) el vínculo del árbitro con el secretario arbitral o con un miembro del consejo. Segundo, se enfocará el análisis en el aspecto de la motivación y la valoración de pruebas teniendo como eje central si la no consideración de ciertos medios probatorios vulnera el derecho a la valoración de pruebas. En el presente estudio usaremos el método de investigación dogmático jurídico (o documental), puesto que recogeremos lo que ya se ha expuesto en la doctrina y en la judicatura respecto a la temática. Concluiremos que la imparcialidad es un concepto relevante, ya que debe guiar el actuar de los árbitros durante el desarrollo de sus labores; sin embargo, no está exento de polémica por lo que merece ser aún más esclarecido. En el ámbito de la motivación concluiremos que el principio de unidad de la prueba debe guiar la valoración de la misma y que la motivación no necesariamente debe contener una mención y análisis de todas las pruebas, sino de aquellas que son relevantes para el proceso / The objective of this legal report is to analyze Resolution number 21 of file 209- 2011-0 (the “Judgment”), which deals with the annulment of the award. The Judgment deals with a situation regarding infringement of impartiality in light of the conduct and links displayed in the specific case (aggressive conduct). Likewise, taking this as a starting point, we will establish assumptions regarding the duty of impartiality and whether or not it is affected by (i) the aggressive conduct of an arbitrator; and (ii) the relationship of the arbitrator with the arbitral secretary or with a member of the council. Second, the analysis will focus on the aspect of motivation and the evaluation of evidence, having as a central axis if the non-consideration of certain means of evidence violates the right to the evaluation of evidence. In the present study we will use the legal dogmatic (or documentary) research method, since we will collect what has already been exposed in the doctrine and in the judiciary regarding the subject. We will conclude that impartiality is a relevant concept, since it should guide the actions of the arbitrators during the development of their tasks; however, it is not exempt from controversy, so it deserves to be even more clarified. In the field of motivation, we will conclude that the principle of unity of the evidence should guide its evaluation and that the motivation should not contain a mention and analysis of all the tests, but of those that are relevant to the process

Las actuaciones de todos los miembros de la sociedad que conviven dentro de un Estado de Derecho deben tener como parámetros los principios que se reconocen en la Constitución. Entonces, corresponde que cuando el legislador pretenda regular aspectos que, según su perspectiva, puedan resultar problemáticos en la realidad, no deba perder de vista los principios constitucionales que irradian a su actuación. Bajo este supuesto, el presente trabajo de investigación realiza un análisis crítico de lo dispuesto en el artículo 159° del Código Tributario, incorporado en nuestra legislación en el año 2012, en el marco de una delegación de facultades otorgada al Poder Ejecutivo, a través del Decreto Legislativo N° 1121 y modificado por la Ley N° 30230, a fin de mejorar la progresividad de la medida cautelar. Dicho artículo establece las reglas que regirán el trámite de las medidas cautelares que se soliciten dentro de los procesos judiciales en los que la parte demandada es el Tribunal Fiscal o la Administración Tributaria. Así teniendo como base a los principios de tutela jurisdiccional efectiva y de igualdad, principios constitucionalmente reconocidos, se demuestra que las reglas contenidas en el mencionado artículo limitan el derecho de los contribuyentes a acceder a una justicia eficaz y oportuna. Por ello, se propone una mejora a dichas reglas, con el objetivo de salvaguardar el derecho de los contribuyentes.

La Resolución N° 11 del Expediente N° 00028-2021-0-1817-SP-CO-02 declara fundado el recurso de anulación del Laudo del caso arbitral Nº 283 – 2017 – CCL. Ello debido a la existencia de un vínculo de amistad entre el árbitro Beltrán y el abogado Fernández que genera una duda razonable sobre la imparcialidad e independencia para resolver la controversia sometida al Tribunal Arbitral del cual el árbitro Beltrán es parte. Este informe aborda temas como la naturaleza jurídica del arbitraje, el recurso de anulación de laudo, el deber de revelación, la imparcialidad e independencia de los árbitros y la recusación. Para analizar dichos problemas, emplearé instrumentos normativos como el Decreto Legislativo N° 1071, el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, las Directrices IBA y el Reglamento London Court of International Arbitration. Asimismo, la jurisprudencia y doctrina correspondiente. / Resolution No. 11 of File No. 00028-2021-0-1817-SP-CO-02 declares the annulment appeal of the Award of arbitration case No. 283 – 2017 – CCL to be founded. This is due to the existence of a friendship between arbitrator Beltran and lawyer Fernandez, which generates a reasonable doubt about the impartiality and independence to resolve the controversy submitted to the Arbitral Tribunal of which arbitrator Beltran is a part. This report addresses issues such as the legal nature of arbitration, the annulment appeal of the award, the duty of disclosure, the impartiality and independence of arbitrators and recusal. To analyze these problems, I will use normative instruments such as Decreto Legislativo N° 1071, IBA Guidelines, Arbitration Regulations of the Lima Chamber of Commerce and the Regulations of the London Court of International Arbitration. Likewise, the corresponding jurisprudence and doctrine.

El presente informe jurídico analiza los principales problemas jurídicos advertidos en el proceso judicial seguido por la empresa Norsac S.A. contra el Banco Internacional del Perú en un proceso de indemnización por daños y perjuicios. Los principales problemas jurídicos advertidos son los siguientes: la interpretación del artículo 172 de la Ley No. 16587, antigua Ley de Títulos Valores, en lo que respecta a la “notoriedad” en la falsificación de firmas; la determinación del tipo de responsabilidad civil en la que incurrió el Banco Internacional del Perú al pagar cheques con firmas notoriamente falsificadas y el criterio de imputación que se le debe aplicar; el análisis de si correspondía o no pagar a Norsac S.A. una indemnización por concepto de lucro cesante; la evaluación de si el mismo accionar de Norsac S.A. le generó su propio daño; y la determinación de si los medios probatorios del proceso fueron debidamente incorporados y valorados. Para responder a estos problemas jurídicos se han revisado los argumentos expuestos por cada parte durante el trámite del proceso judicial y, a su vez, se ha estudiado la legislación de la materia, así como las fuentes doctrinarias y jurisprudenciales que tratan estos conceptos jurídicos para aplicar el método dogmático - jurídico. Finalmente, se concluye que no todas las instituciones jurídicas fueron aplicadas de forma correcta por los órganos jurisdiccionales al resolver este caso.

This article explains the contentious process of harmfulness. Thus, the author mentions that the foundation of the process of harmfulness has been on our right the survival of the Administrative security of the legality and the public interest butlimiting the self-enforcement, the requirement of belief in authority to pursue the annulment of an administrative act and to ensure the due process of law is being administered. / El presente artículo explica el proceso contencioso de lesividad a partir de la naturaleza jurídica de éste .Así, el autor menciona que el fundamento del proceso de lesividad ha sido en nuestro derecho la pervivencia de la tutela administrativa de la legalidad y del interés público pero limitando la autotutela, la exigencia de convicción en la autoridad para perseguir la anulación de un acto y garantizar el debido proceso del administrado favorecido con el acto.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto reflexionar en torno a la naturaleza, características y aplicación práctica de la facultad jurisdiccional que incorporó a nuestra legislación procedimental laboral el actual artículo 492 del Código del Trabajo, denominada doctrinariamente “Tutela Anticipada” o “Anticipatoria”. La hipótesis normativa, constituida por una parte por el atentado grave a las garantías fundamentales que el sistema general de los Derechos Fundamentales custodia, en los hechos, permite poner fin al conflicto planteado en su dimensión tutelar, sin audiencia e incluso oficiosamente y sin la procedencia de impugnación alguna, lo que podemos reconocer como Tutela Anticipatoria. La inclusión de la norma del artículo 492 ha sido, criticada por la Doctrina aduciéndose que, principalmente, su aplicación plantea pugna con aquellas normas adjetivas básicas, a propósito del debido proceso y de orden constitucional. Se concluye la pertinencia de su inclusión en la Ley Procesal Laboral, como un “procedimiento especialísimo” que tiene por objeto la cautela inmediata de derechos fundamentales, frente a una lesión especialmente grave, a través de la suspensión de los efectos del acto impugnado y/o denunciado, lo cual, si bien a primera vista colisiona formalmente con el debido proceso, veremos, éste ha debido imponerse dada la relevancia de los bienes jurídicos que pretende tutelar. Finalmente, debemos incluir igualmente las nociones relativas al acceso provisorio o provisional de la demanda en el procedimiento Monitorio, pues toca tangencialmente el aspecto central, precisamente en cuanto su anticipatoriedad, pero que sin embargo se justifica en la economía procesal y no -de modo centralen su función esencialmente cautelar. / 03/04/2018

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El Daño al Proyecto de Vida es un concepto frecuentemente utilizado por el sistema Interamericano de Derechos Humanos y que ha ido desarrollándose paulatinamente a través de la doctrina. Sin embargo, éste no se encuentra recogido positivamente tanto a nivel internacional como interno, dificultando por ello su aplicación e interpretación. En el presente trabajo se busca unificar la información disponible relacionada a la conceptualización de esta categoría de daño para analizar su posible incidencia en el ordenamiento chileno. Lo anterior se realiza mediante la revisión de dos casos nacionales paradigmáticos: el de la pastora aymara Gabriela Blas, condenada penalmente por el abandono de su hijo, y de la iniciativa impulsada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual para promover la incorporación del matrimonio igualitario en la legislación chilena. Nace como principal interrogante y desafío de esta investigación analizar el nivel de flexibilidad que permite el concepto de Daño al Proyecto de Vida y, a contrario sensu, delimitar adecuadamente su extensión. La tarea no resulta sencilla. En efecto, se aborda esta labor mediante la aplicación de los requisitos establecidos, fundamentalmente, por la doctrina para la configuración del Daño al Proyecto de Vida a situaciones no enfrentadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de los derechos colectivos y de la omisión como origen de la transgresión. Estos objetivos implican necesariamente relacionar nuestro ordenamiento interno, tanto en su faceta pública como privada, con el sistema internacional de los derechos humanos para establecer de qué forma podría incluirse y aplicarse a situaciones amparadas por la normativa chilena

El presente trabajo de suficiencia profesional versa sobre la sentencia dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso J vs. Perú. El método que se usa se basa en la determinación de los hechos jurídicamente relevantes, la identificación y desarrollo de los problemas jurídicos, el análisis de cada uno de ellos, propuestas de la Bachillera, formulación de conclusiones y recomendaciones. De acuerdo al análisis, se observa que la señora J. sufrió detención ilegal y arbitraria, violencia sexual y tortura por razones de género y variables referentes al contexto social y político del conflicto armado interno. Asimismo, sufrió la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley. En ese sentido, se concluye la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a no ser sometido a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El problema principal radica en determinar si es que el Estado es responsable internacional por actos de violencia sexual perpetrados por sus agentes en perjuicio de la señora J. Por último, es preciso señalar que la perspectiva de género debe aplicarse en el análisis de los casos de violación sexual en el conflicto armado interno ocurrido en Perú en los años 1980 – 2000, en la cual los agentes del Estado perpetraron violencia de género a la mujer como herramienta contrasubversiva. El enfoque es importante para construir un país en justicia transicional y justicia de género.

En el ámbito del Derecho Tributario la determinación de la obligación tributaria es un aspecto transcendental, pues por su intermedio, el individuo puede contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad contributiva, mientras que el Estado puede recaudar recursos tributarios que constituyen una de sus principales fuentes de financiamiento. Empero, la determinación de la obligación tributaria, es un proceso que puede resultar complejo, pues en razón de que en nuestro país tenemos un sistema de autodeterminación, el administrado es quien determina la obligación tributaria que le corresponde, que al ser posteriormente materia de fiscalización o revisión por parte de la Administración Tributaria, pueden surgir una serie de controversias que tienen como uno de sus aspectos más importantes y a su vez problemáticos, el sustento probatorio de las obligaciones tributarias, y más concretamente la oportunidad en la cual deben ser presentados los mismos. Pues bien, cuando tales medios probatorios no son presentados oportunamente, precluye la facultad de que sean admitidos, y consiguientemente no pueden ser valorados, tanto por la Administración Tributaria como por el Tribunal Fiscal, conforme a las reglas de preclusión procesal que el legislador ha previsto en los artículos 125°, 141° y 148° del Texto Único Ordenado del Código Tributario; salvo que el administrado se encuentre en alguno de los supuestos de excepción que tales normas han contemplado. Y como producto de esta situación, los administrados acuden al Poder Judicial, para cuestionar las decisiones asumidas por los órganos administrativos antes mencionados, respecto a la denegatoria de admisión de medios probatorios extemporáneos sin que medie alguno de los supuestos de excepción. Así las cosas, de la revisión de las decisiones adoptadas por el órgano jurisdiccional, se advierte que una de las líneas de interpretación es la admisión de medios probatorios extemporáneos sin el cumplimiento de alguno de los supuestos de excepción, principalmente, con el argumento de que se estaría vulnerando el derecho a probar de los administrados, y de esta manera se deja de lado las reglas de preclusión procesal previstas en el ordenamiento tributario así como aquellas previstas en el artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo; todo ello, partiría de una interpretación que tiene como fundamento la prevalencia de derechos constitucionalmente protegidos. Sin embargo, las reglas de preclusión procesal recogidas, tanto en los procedimientos como en el proceso contencioso tributario, tienen como sustento al principio constitucional de seguridad jurídica que a su vez permite la vigencia del sistema jurídico y del Derecho en sí mismo. En ese sentido, es menester efectuar un análisis desde la perspectiva constitucional, para evaluar la colisión entre el derecho a probar y las reglas de preclusión procesal; para tal fin, se aplicará el principio de proporcionalidad planteado por Robert Alexy, entendiendo al derecho a probar bajo la lógica de los principios (pues es un derecho que admite restricciones) y a las reglas de preclusión procesal, bajo el sustento del principio constitucional de seguridad jurídica. De esta manera, se permitirá establecer la constitucionalidad de las restricciones del derecho a probar en el ámbito del Derecho Procesal Tributario, y se podrá analizar las líneas jurisprudenciales adoptadas en las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales sobre la admisión de medios probatorios extemporáneos. / Trabajo de investigación