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El principal objetivo de esta investigación ha sido encontrar criterios determinantes así como una estrategia legal que contribuya a la defensa del derecho de propiedad en uno de sus aspectos sustanciales como es la posesión, ante los particulares casos de doble venta. Para ello se realiza el análisis del supuesto en el cual el enajenante transfiere un bien inmueble al adquirente quien, pese a convertirse en un legítimo propietario, ve mellado su derecho como consecuencia de la decisión del aparente vendedor de transferir nuevamente el bien a un tercero generándose así nuevas adquisiciones que al amparo de los artículos 2022 y 2014 del código civil pasan a ser propietarios formales. Ante la presencia de estos hechos fundamentales, el posesionario y el propietario formal, la jurisprudencia está dividida amparando por un lado la defensa de los terceros registrales y por otro la protección del adquirente que posee el bien a través de figuras jurídicas poco usadas en nuestro ordenamiento jurídico para estos casos. Con lo cual se afirma que no basta la información que los registros públicos brindan para declarar propietarios a quienes alegan la buena fe, pues si la propiedad permite la seguridad del goce de los bienes entonces el fundamento que se le atribuye es la posesión aun cuando la inscripción no obre en los registros públicos. Concluyéndose que para una adecuada protección es necesaria la incorporación de la posesión como elemento adicional del artículo 2014 del código civil, más aún cuando el referido artículo es considerado piedra angular en las contrataciones inmobiliarias. / Tesis

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La ciencia y la tecnología van avanzando con descubrimientos que permiten hacer cosas que antes eran inimaginables. Su aplicación al cuerpo humano está modificando la forma en que entendemos y valoramos el cuerpo humano. Nuestro ordenamiento no regula en forma orgánica el cuerpo humano, sino que contempla normas en distintos estatutos legales que lo regulan de forma parcelada y sin armonía, lo que trae falta de claridad sobre los conceptos para interpretar y aplicar las normas jurídicas en caso de conflicto. En nuestra opinión, los conceptos legales en torno a los cuales debe ser entendido el cuerpo humano son persona, propiedad y privacidad y deberá determinarse caso a caso cuál de ellos predomina. Luego, analizamos las situaciones legales en que está el cuerpo, las que podemos dividir para efectos explicativos en dos grupos: casos en que se enfoca el cuerpo como un todo y aquellos que se refieren a partes de él. En los casos en que se considera el cuerpo humano como un todo, nos referimos al derecho a la vida, el cuerpo humano antes del nacimiento, la muerte y el cadáver. Los casos que se refieren a partes del cuerpo son la donación de órganos, muestras biológicas y otras partes del cuerpo.

Una de las peores formas de exclusión social y económica existentes en las ciudades de nuestro país es aquella que padecen los habitantes de predios urbanos tugurizados. Éstos viven literalmente en la miseria más profunda, hacinados en espacios reducidos, construidos con material endeble y deteriorado por el paso de los años, espacios que no cuentan con ventilación ni con servicios públicos mínimos que les procuren una vivencia adecuada a su dignidad de seres humanos. Producto de este proceso acelerado de degradación urbana, que se expresa en las áreas tugurizadas de las ciudades, día a día se viene luchando, sin mucho éxito, contra la promiscuidad, la delincuencia, la criminalidad, la prostitución, la contaminación ambiental, la creación de focos de enfermedades y el atraso de nuestras ciudades en todo sentido. Encontrar una solución a la problemática de la tugurización y de la decadencia física y social de numerosas ciudades de nuestro país es una tarea de largo aliento. La Renovación Urbana supone, en este contexto, un esfuerzo deliberado por regenerar y poner en valor áreas deterioradas de las ciudades a través de procesos concertados y dinámicos de remodelación, rehabilitación o recuperación de las mismas, teniendo por objetivo tanto la sustitución de las “estructuras físicas” de las áreas problema como la recomposición de las “estructuras socio - económicas” de los grupos humanos afectados. / Tesis

El fideicomiso es una antigua institución jurídica cuyo nacimiento se atribuye al derecho romano, con una gran influencia del trust anglosajón. Para el Perú resulta ser una institución con poco más de 23 años de aplicación desde su incorporación a nuestra legislación, allá por el año 1993. Actualmente contamos con los “fideicomisos bancarios”, denominados así por encontrarse regulados en la Ley General del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y los fideicomisos de titulización, regulados en la Ley del Mercado de Valores. La presente tesis centra su análisis sobre los “fideicomisos bancarios”. Es innegable la contribución del fideicomiso a brindar seguridad jurídica a las transacciones entre particulares e incluso en las relaciones y contratos en los que interviene el Estado, ya que a través de él una persona denominada fideicomitente, constituye un patrimonio autónomo bajo la administración de un tercero (el fiduciario) quien se encarga de cumplir con el encargo señalado por el fideicomitente, en su beneficio o de un tercero denominado fideicomisario. Distintos autores han resaltado su versatilidad y adaptabilidad a distintos negocios y diversas finalidades queridas por los intervinientes. / Tesis

El presente trabajo parte del análisis de una resolución del Tribunal Registral con el propósito de desarrollar la naturaleza jurídica de las “áreas naturales protegidas” en nuestro sistema jurídico. Para estos efectos, a lo largo del trabajo se analiza esta figura y se delimita conceptualmente de otras nociones afines como, por ejemplo, el “predio” y su regulación en el ámbito del Derecho Civil. Asimismo, se analiza cuáles son los mecanismos de protección de las áreas naturales protegidas que establece nuestro sistema y, en particular, de qué manera la inscripción en los Registros Públicos puede coadyuvar con la conservación y el reconocimiento de éstas áreas de protección. En base a este análisis, se procede a determinar bajo qué términos se hace la inscripción de las áreas naturales en dos registros en específico. Por un lado, en el registro de áreas naturales protegidas, que constituye un instrumento de protección establecido por las normas pero que ha sido implementado de manera relativamente reciente y regulado a través de una directiva de SUNARP. En dicho registro se incluyen todos los datos de la propia creación del área natural protegida, entre los que se incluyen los valores que la misma protege. Por otro lado, también se inscribe el área natural protegida en el registro de propiedad inmueble, en el que se refleja la existencia de esta área de protección a través de cargas sobre los inmuebles inscritos en dicho registro. / Trabajo académico

El artículo 62°y 63° del Reglamento de la Ley N° 29151 y la Directiva N° 005-2016/SBN, han regulado los procedimientos de transferencia de predios de dominio privado y públicos de propiedad Estatal representado por la SBN (en adelante la SBN), que realiza la SBN a favor de entidades conformantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Mediante el presente trabajo se pretende demostrar que el registrador viene calificando las resoluciones de transferencias emitidas en virtud del Decreto Legislativo N° 1192, razón por la cual, se propone la derogación de la Octava Disposición Complementaria y Final del Decreto Legislativo N° 1192, toda vez que la aplicación del segundo párrafo del artículo 2011° del Código Civil solo es aplicable para documentos judiciales. / Trabajo académico

El presente artículo académico pretende dar a conocer al lector un panorama general acerca de la situación de desprotección de la propiedad privada que afrontan los administrados actualmente en el Perú, quienes en ocasiones tienen que soportar indebidamente intervenciones del Estado que afectan su esfera patrimonial, sin obtener resarcimiento alguno por ello. La expropiación indirecta o regulatoria es una realidad innegable que necesita de regulación adecuada y urgente dentro de nuestro ordenamiento jurídico, a fin de evitar impunidades y vulneraciones a los particulares, especialmente a los nacionales. / Trabajo académico

Yo no llegué a la Historia del Derecho, ella llegó a mí. Apareció una mañana mientras llevaba un curso de latín en los Estudios Generales Letras de mi casa de estudios, la PUCP, en el año 2008. El profesor Vélez, como colonialista que es, lanzó un comentario acerca de la falta de académicos que estudien el Derecho colonial con seriedad. En ese momento se abrió una puerta para conjugar mis diversas vocaciones con el Derecho. Al semestre siguiente, realicé mi primera investigación de Historia del Derecho, aún en los Estudios Generales. Gracias a este trabajo, que trató sobre el Código Civil de 1852, pude conocer algunos clásicos de la Historia del Derecho de nuestro país, como: La idea de Derecho en el Perú republicano del siglo XIX de Fernando de Trazegnies, Historia del derecho civil peruano de Carlos Ramos y la Historia del derecho peruano de Jorge Basadre. Asimismo, conocí fuentes legales históricas como la “Recopilación de leyes de los Reinos de las Indias” o las “Partidas del rey Alfonso el Sabio”. La lectura de cada uno de estos textos ampliaba mi visión –aún intuitiva– del Derecho. Antes de llegar a la facultad de Derecho, ya lo había empezado a conocer desde una perspectiva interdisciplinaria que marcó el resto de mi carrera. Los diversos cuestionamientos que se plantearon a lo largo de mi estancia en la facultad, siempre estuvieron marcados por la perspectiva histórica, inclusive aquellos que se mantienen actualmente en la discusión jurídica, como los referentes a las comunidades y pueblos indígenas. / Tesis