A propósito del caso del señor Andrés Flores por la compensación que el Banco del Crédito realiza en la cuenta de ahorros en la que recibía su pensión, el presente informe abarca el debate sobre las normas que rigen sobre dicha práctica comercial muy usual por parte de los bancos. En específico, la discusión, que incluso ha estado presente entre los órganos resolutivos del INDECOPI, se centra en determinar si a aquella compensación autorizada por el usuario debe realizarse considerando el límite establecido en el artículo 648 del Código Procesal Civil, el cual declara como inembargables las remuneraciones y pensiones. Además, ante la falta de uniformidad en cuanto a los criterios aplicados por la autoridad administrativa, se analiza la posible vulneración del principio de confianza legítima como contenido esencial del principio de seguridad jurídica y sus implicancias dentro del procedimiento sancionador en curso respecto de la entidad bancaria denunciada. Por su parte, en el marco del recurso de revisión interpuesto, se desarrollan los principios que rigen sobre el procedimiento sumarísimo que subyace, a fin de evaluar la congruencia con el pronunciamiento de la Sala Especializada en Protección al Consumidor. / Regarding the case of Mr. Andrés Flores for the compensation made by Banco del Crédito in the savings account in which he received his pension, this report covers the debate on the rules governing this very common banks business practice. In particular, the discussion focuses on determining whether the compensation authorised by the consumer should be made considering the limit established established in the Code of Civil Procedure, which declares remunerations and pensions to be unseizable. In addition, in view of the lack of uniformity in the standards applied by the administrative authority, the application of the principle of legitimate expectations and its implications within the sanctioning procedure will be analyzed.

El presente artículo tiene como objetivo explicar por qué un acto administrativo emitido bajo la potestad sancionadora de una entidad administrativa no puede ser analizado desde la perspectiva de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas; es decir, por qué una sanción o medida correctiva no podría contener una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. Para ello, se analizará la Resolución N° 0147-2015/CEB-INDECOPI emitida en el año 2015 por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, sobre la cual se hará una breve crítica que nos llevará a resaltar la importancia de la precisión establecida en el Decreto Legislativo N° 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, al señalar que, entre otros, no se consideran barreras burocráticas a la imposición de sanciones.

A propósito de la Ley N° 30424 – la cual regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, la misma que ha sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1352 y la Ley N° 30835, los cuales amplían los delitos por los cuales puede ser sancionada la persona jurídica, entre ellos y para efectos del presente trabajo, el soborno – el Estado ha promovido la implementación de programas de prevención por parte de las empresas, otorgando el beneficio de atenuación o exención de responsabilidad penal en el caso de que la empresa asuma un modelo de prevención ante la eventual comisión de un delito. Por otro lado, tenemos que, dadas las características propias del desarrollo de sus actividades, las empresas del rubro de la construcción son las más propensas a actos de corrupción y están más expuestas al riesgo del soborno. Ahora bien, la forma como está planteado este incentivo pervierte su finalidad, que es preventiva, toda vez que, en realidad se fomenta el uso de compliance paper o makeup compliance, esto es, las empresas adoptan un modelo de prevención únicamente para verse beneficiadas, ya sea con la atenuación o exención de responsabilidad penal, dado que sólo se exige el cumplimiento de ciertos requisitos, sin que se mida su eficacia ni verifique su operatividad. Es por ello que, en el presente trabajo de investigación analizamos los incentivos que podría crear el Estado para que las empresas constructoras implementen protocolos eficaces de prevención del delito de colusión. Para tal efecto hemos distinguido los incentivos de manera externa, esto es, por parte de Estado, e interna, por parte de la misma empresa

El sector inmobiliario representa, hoy en día, una gran fuente de ingreso para la economía nacional. En ese sentido, las relaciones de consumo al interior de este rubro han evolucionado y es necesaria la intervención del Estado en un sector que, sabemos, involucra una gran inversión e impacto en la situación económica y financiera de los futuros propietarios. En ese sentido, la finalidad del presente trabajo de investigación es discutir el rol del Estado (representado por Indecopi) en materia inmobiliaria; y con ello, el grado de intervención que debe tener en una relación que, si bien se inició en el ámbito privado, requiere la intervención la autoridad competente para nivelar la relación de consumo creada.

En el presente caso, se solicitó a la anotación preventiva de ampliación de declaratoria de fábrica y de afectación en uso de un inmueble estatal en el Registro de Predios de Lima, al amparo del ahora derogado Decreto Supremo 130–2001–EF, a favor de la Comisaría de Cieneguilla B, administrada por el Ministerio del Interior – Policía Nacional del Perú. Sin embargo, en la partida del referido inmueble se encontraba inscrito el decomiso definitivo, en virtud de una resolución judicial, a favor del Estado; asimismo, el siguiente asiento de dominio aclara que es el Estado peruano, representado por el Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI (antes Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI) el titular del inmueble en cuestión. La Registradora observa el título, al advertir la discrepancia ente la entidad que inicia el saneamiento (Comisaría de Cieneguilla B – Ministerio del Interior – Policía Nacional del Perú) y la entidad titular del inmueble (PRONABI). La esquela de observación detalla que son aplicables el Decreto Legislativo 1104, el Decreto Supremo 011-2017-JUS modificado por el Decreto Legislativo 1373 y la Directiva 01-2014-SUNARP/SN, pues son las que regulan las actuaciones de PRONABI en cuanto a bienes incautados; además, argumenta que estaríamos vulnerando el principio de prioridad excluyente en tanto el presente título -así sea de fecha anterior- sería incompatible con el dominio ya inscrito. Ante la negativa de anotación, el Tribunal Registral califica el título en vía de apelación, en donde revoca las observaciones de la Registradora, por cuanto los actos rogados encuentran sustento en el Decreto Supremo 130-2001-EF, dispositivo legal que permite a cualquier entidad pública realizar las acciones de saneamiento para lograr que en el Registro Público figure inscrita la realidad jurídica actual de los inmuebles de las entidades públicas; además, se argumenta que las normas invocadas en primera instancia con respecto a PRONABI no son aplicables porque el Decreto Supremo 130-2001-EF es una norma especial y la que regula específicamente el procedimiento de saneamiento físico legal del inmobiliario estatal.

El presente informe jurídico tiene por objetivo analizar la denuncia por la supuesta existencia de una barrera burocrática, interpuesta por Geo Supply S.A.C., una empresa de telecomunicaciones dedicada a la prestación del servicio público móvil por satélite, contra el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, entidad administrativa encargada del cálculo y cobro del canon por el uso del espectro radioeléctrico. La referida denuncia tiene por finalidad que el Indecopi declare la inaplicación de la metodología de cálculo del canon a su caso concreto, al considerar que esta constituye una barrera burocrática ilegal e irracional. El caso bajo análisis presenta una cuestión jurídica compleja, que parte por determinar la naturaleza del cobro del canon efectuado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dependiendo de la postura que se asuma, las consecuencias jurídicas serán diametralmente distintas. De esta forma, se presentan problemas relativos a la conceptualización del tributo, sus características, los límites de la potestad tributaria, las competencias de los órganos administrativos, la interpretación constitucional y la vía idónea para cuestionar el carácter confiscatorio de un tributo. Estas materias tienen implicancias de significativo valor económico y jurídico, dado que los criterios que resuelven este caso son aplicables a similares cobros que hace el Estado por otro tipo de recursos naturales. En ese contexto, el presente caso invita a explorar las conexiones entre el derecho tributario, el derecho de las telecomunicaciones, el derecho administrativo, ello enmarcado en la teoría de un Estado Constitucional de Derecho, por lo que es necesario utilizar las herramientas de la teoría general del derecho. En ese sentido, la hipótesis del presente informe sostiene que el canon por uso del espectro radioeléctrico tiene naturaleza tributaria, específicamente califica como una tasa, de la especie derecho, que se distingue de los precios públicos. En consecuencia, en el presente informe se sostendrá que la forma de cuestionar la razonabilidad del cobro es mediante un control de constitucionalidad (confiscatorio), que no forma parte de la competencia del Indecopi, toda vez que existen otras vías pertinentes, tales como el proceso contencioso tributario o los procesos constitucionales de acción popular o amparo. / The objective of this legal report is to analyze the complaint for the alleged existence of a bureaucratic barrier, filed by Geo Supply SAC, a telecommunications company dedicated to the provision of the public mobile satellite service, against the Ministry of Transport and Telecommunications, an administrative entity in charge of the calculation and collection of the fee for the use of the radioelectric spectrum. The aforementioned complaint is intended for Indecopi to declare the non-application of the fee calculation methodology to its specific case, considering that it constitutes an illegal and irrational bureaucratic barrier. The case under analysis presents a complex legal issue, which starts by determining the nature of the collection of the fee made by the Ministry of Transportation and Communications. Depending on the position taken, the legal consequences will be diametrically different. In 2 this way, there are problems related to the conceptualization of the tax, its characteristics, the limits of the tax authority, the powers of the administrative bodies, the constitutional interpretation and the ideal way to question the confiscatory nature of a tax. These matters have implications of significant economic and legal value, since the criteria that resolve this case are applicable to similar charges made by the State for other types of natural resources. In this context, the present case invites us to explore the connections between tax law, telecommunications law, administrative law, framed in the theory of a Constitutional State of Law, so it is necessary to use the tools of the theory general of law. In this sense, the hypothesis of this report maintains that the fee for the use of the radioelectric spectrum has a tax nature, specifically it qualifies as a rate, of the right kind, which is distinguished from public prices. Consequently, in this report it will be argued that the way to question the reasonableness of the collection is through a constitutionality control (confiscatory), which is not part of Indecopi's competence, since there are other relevant channels, such as the process tax litigation or constitutional processes of popular action or protection.

El presente informe jurídico trata sobre la Resolución Nº124-2020/CCDINDECOPI mediante la cual la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal declara fundada la infracción a los principios de autenticidad y adecuación social en el marco de la Ley de Represión de Competencia Deseal en el ámbito de publicidad comercial por parte del señor Andy Merino Ramírez, influencer peruano, quien, haciendo uso de sus redes sociales publicita el aplicativo Picap, plataforma de económica colaborativa que facilita la intermediación entre conductores de moto lineales con usuarios que desean ser trasladados. El objetivo de este informe es dilucidar si el contenido compartido en las redes sociales por los influencers puede ser publicidad, de este modo, reconocer la aplicabilidad de la Ley de Represión de Competencia Desleal al caso en concreto. Asimismo, buscamos estudiar las categorías jurídicas en las que un influencer llega a ser parte de la relación de difusión de publicidad, a fin de establecer la asignación de responsabilidad que se lo puede atribuir. Finalmente, aterrizamos el trabajo realizado un análisis respecto del examen realizado por la Administración Pública, a fin de concluir si este fue el adecuado en el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio en contra del influencer y en atención a la normativa del sector. / This legal report analyzes the Resolution Nº 124-2020/CCD-INDECOPI by which the Unfair Competition Oversight Commission declares the infringement of the principles of authenticity and social adequacy founded within the framework of the Law for the Repression of Unfair Competition in the field of commercial advertising by Mr. Andy Merino Ramírez, a peruvian influencer, who, using his social networks, advertises the Picap application, a collaborative economic platform that facilitates intermediation between linear motorcycle drivers with users who wish to be transferred. The objective of this report is to determine whether the content shared on social networks by influencers may be advertising, thus recognizing the applicability of the Law for the Repression of Unfair Competition to the specific case. Likewise, we seek to study the legal categories in which an influencer becomes part of the advertising diffusion relationship, in order to establish the assignment of responsibility that can be attributed to it. Finally, we land the work carried out an analysis regarding the examination carried out by the Public Administration, in order to conclude if this was the appropriate one in the framework of the sanctioning administrative procedure initiated ex officio against the influencer and in attention to the regulations of the sector.

La Resolución N° 131-2010-OS/CD, analizada en el presente trabajo, pone fin al procedimiento administrativo sancionador llevado a cabo por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería contra la empresa minera Southern Peru Copper Corporation, por haber incurrido en infracciones a normas ambientales. Dicho ello, la finalidad del presente trabajo es ofrecer un análisis crítico sobre la observancia de los principios de legalidad y debido procedimiento, límites de la potestad sancionadora de la Administración Pública, en el marco de dicho procedimiento sancionador. Para tal efecto, se recurrirá a la Ley del Procedimiento Administrativo General, así como también, a la normativa sectorial, jurisprudencia y doctrina, que permitirán el adecuado y cabal desarrollo del objetivo propuesto. En función del análisis realizado, se argumenta que el organismo regulador ha vulnerado los principios de legalidad y debido procedimiento, al inobservar las exigencias formales previstas para la imposición de sanciones, y al no respetar el procedimiento legalmente establecido, afectando de forma irreparable el derecho de defensa de la empresa minera. De esta manera, se concluye que la Resolución N° 131-2010-OS/CD debió declarar la nulidad de todo lo actuado, en lugar de persistir en la imposición de sanciones en manifiesta contravención a los principios señalados. / Resolution No. 131-2010-OS/CD, analysed in this paper, puts an end to the administrative sanctioning procedure carried out by the Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería against the mining company Southern Peru Copper Corporation for having incurred in infractions of environmental norms. That said, the purpose of this paper is to offer a critical analysis of the observance of the principles of legality and due process, limits of the sanctioning power of the Public Administration, within the framework of this sanctioning procedure. For this purpose, the General Administrative Procedure Act will be referred to, as well as sectorial regulations, jurisprudence and doctrine, which will allow for the adequate and full development of the proposed objective. Based on the analysis carried out, it is argued that the regulator has violated the principles of legality and due process by failing to comply with the formal requirements for the imposition of sanctions, and by not respecting the legally established procedure, irreparably affecting the mining company's right of defence. Thus, it is concluded that Resolution No. 131-2010-OS/CD should have declared the nullity of all the proceedings, instead of persisting with the imposition of sanctions in clear contravention of the principles mentioned.

El presente Informe Jurídico tiene por objeto principal analizar la Sentencia de Casación N. 526-2022/CS. Esta Sentencia es importante a efectos jurídico-penales, debido a que resuelve temas como las conductas neutrales en los Delitos contra la Administración Pública y su tratamiento procesal en la excepción de improcedencia de acción. Así, la pregunta central que surge de su análisis es la siguiente: ¿Se le puede imputar al abogado Juan Doroteo Monroy Gálvez la condición de cómplice primario en el delito de colusión? Para ello, el presente informe jurídico se ha valido de distintos instrumentos para un adecuado análisis como la remisión a normas, jurisprudencia y doctrina. Después de la investigación rigurosa llevada a cabo, se concluyó que el abogado Juan Doroteo Monroy Gálvez no es cómplice primario en el delito de colusión, ya que su conducta se encuentra conforme a derecho. / The main purpose of this Legal Report is to analyze the Cassation Judgment No. 526- 2022/CS. This Judgment is important for legal-criminal purposes, because it resolves issues such as neutral conduct in Crimes against the Public Administration and its procedural treatment in the exception of inadmissibility of action. Thus, the central question that arises from his analysis is the following: Can lawyer Juan Doroteo Monroy Gálvez be accused of being a primary accomplice in the crime of collusion? For this, the present legal report has used different instruments for an adequate analysis such as the reference to norms, jurisprudence and doctrine. After the required investigation carried out, it was concluded that the lawyer Juan Doroteo Monroy Gálvez is not a primary accomplice in the crime of collusion, since his conduct is in accordance with the law.

El presente informe se aborda sobre las potestades administrativas sometidas a arbitraje en vinculación a las controversias suscitada en los contratos de concesión, los cuales han sido identificados en resoluciones emitidas por árbitros, pese a que dichas potestades se encuentran otorgadas por ley a los organismos regulados, mediante la Ley Nº 27332 – Ley Marco de Los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. Siendo analizado en el presente informe, las competencias administrativas que colisionan los tribunales arbitrales al resolver sobre materias que exceden de su competencia, si bien los convenios arbitrales establecidos en contratos de concesión no precisen las materias arbitrales, ello no implica que los tribunales arbitrales puedan resolver materias fuera de su competencia. Razón por la cual, se desarrolla el presente en torno a las potestades administrativas, las cuales están siendo sometidas a arbitraje en la actualidad.