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Eficacia de la aprobación automática y del silencio administrativo positivo como mecanismos de simplificación administrativa en procedimientos administrativos sobre licencias de edificación en la Municipalidad Metropolitana de LimaMalca Suárez, Dulmer 12 February 2019 (has links)
El presente trabajo de investigación pretende analizar la eficacia de dos mecanismos de
simplificación administrativa empleados en los procedimientos de otorgamiento de licencias de
edificación tramitados ante la Municipalidad Metropolitana de Lima; estos son: la aprobación
automática y el silencio administrativo positivo. Se parte de la hipótesis que dicha municipalidad
desnaturaliza los referidos mecanismos de simplificación administrativa puesto que desconoce
y/o obstaculiza los efectos de estos en los procedimientos administrativos sobre licencia de
edificación de su competencia. Este tema resulta relevante ya que la actuación de las
municipalidades en los procedimientos sobre autorizaciones administrativas para edificar es un
factor determinante para contar con un desarrollo urbano ordenado y con los estándares de
seguridad suficientes, así como para tutelar los intereses de los administrados sin generar
inseguridad jurídica para los mismos. La investigación se sustenta en el análisis de la doctrina
sobre las técnicas de la aprobación automática y del silencio administrativo positivo; en el
análisis de la regulación de los procedimientos administrativos sobre licencias de edificación;
sobre el análisis de pronunciamientos del Tribunal Constitucional y; sobre el análisis de
resoluciones administrativas emitidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se concluye
que los servidores encargados de la tramitación de los procedimientos y/o de realizar las
acciones de verificación administrativa con posterioridad a la emisión de la licencia de
edificación realizan una serie de actuaciones propias de un procedimiento administrativo en
trámite, desconociendo la existencia de una resolución ficta que otorga la licencia de edificación
ya sea por aprobación automática o por silencio administrativo positivo, quitándole vigencia a
dichos mecanismos; lo que implica vulnerar el principio de seguridad jurídica y el principio de
legalidad. / Trabajo de investigación
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Informe sobre Expediente N°005-2011-CCO-ST/LC: Controversia Speedy Naked – Procedimiento de oficio iniciado por el OSIPTEL vs Telefónica del Perú S.A.ACollazos Olazo, Diego Alonso 11 October 2021 (has links)
El presente Informe corresponde a la controversia denominada “Speedy Naked”. Se
trata del procedimiento iniciado de oficio por el Organismo regulador en el sector de las
telecomunicaciones (el “OSIPTEL”) en el mes de septiembre de 2011 en contra de la
empresa operadora Telefónica del Perú S.A.A, debido a la presunta comisión de abuso
de posición de dominio en la modalidad de venta atada al haber establecido esta, la
contratación del servicio de telefonía fija como requisito para poder contratar el servicio
de acceso a internet en la tecnología ADSL. Dicha acción habría tenido efectos
anticompetitivos en el mercado del servicio de telefonía fija, en base a la conducta
tipificada en el literal c) del artículo 10.2° del Decreto Legislativo N°1034, Ley de
Represión de Conductas Anticompetitivas.
A raíz del procedimiento se emitió la Resolución N° 017-2012-CCO/OSIPTEL de fecha
20 de julio del 2012, mediante la cual, el Cuerpo Colegiado designado resolvió declarar
como fundado el procedimiento y sancionar a Telefónica con 492.21 UIT por la comisión
de actos contrarios a la libre competencia, en la modalidad de ventas atadas. En la
misma línea se pronunciaría el Tribunal de Solución de Controversias del OSIPTEL
mediante lo dispuesto en la Resolución N°004-2013-TSC/OSIPTE del 1 de febrero de
2013, confirmando la resolución del Cuerpo Colegiado, pero modificando el monto de la
multa a 407 UIT.
A través del presente informe, así como del planteamiento de los siguientes problemas
jurídicos: (i) aplicación del principio de supletoriedad, (ii) correcta delimitación del
mercado relevante, (iii) determinación de efectos exclusorios de la conducta investigada,
(iv) afectación al principio de predictibilidad y (v) afectación al principio de debido
procedimiento y derecho de defesa de Telefónica determinaremos si es que esta última
fue correctamente sancionada, o como sostendremos, no debió ser sancionado.
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La calificación de fuerza mayor ante hurto en la interrupción del servicio público de distribución eléctrica en el estado garanteEspinoza Escobar, Joaquin Patricio 02 August 2023 (has links)
El presente trabajo de investigación aborda la calificación del hurto en
instalaciones de la concesionaria como caso fortuito o de fuerza mayor, como
eximente de responsabilidad por la interrupción del servicio público de
distribución eléctrica. Para ello, se analizarán conceptos que guardan relación
con la motivación de la sentencia emitida por la Primera Sala Contencioso
Administrativa Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima en el
expediente No. 1504-2007.
Así, principalmente, el examen de la resolución No. 11 recaerá en la
interpretación del artículo 1315 del Código Civil peruano, así como en la
distribución de riesgo y deber de cuidado de las instalaciones, en tanto
parámetros a considerar en el procedimiento regulado en mediante Resolución
No. 010-2004-OS-CD por la que se aprobó la directiva para de calificación de
fuerza mayor para instalaciones de transmisión y distribución.
El trabajo es de carácter documental, pues recurre a la observancia de posturas
doctrinarias y al sistema de fuentes del Derecho administrativo a fin de sustentar
una postura opuesta a la de la Gerencia General de Osinergmin, en tanto órgano
decisor en sede administrativa, y a la decisión adoptada en sede jurisdiccional;
esto es, la investigación realizada defiende que el hurto de instalaciones de la
concesionaria sí califica como causa no imputable en función al modelo de
estado garante, los deberes asumidos por las partes y las normas jurídico
administrativas pertinentes para la interpretación del contrato público de
concesión de distribución
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El Análisis de Calidad Regulatoria y su aplicación en el PerúPalacios Aronés, María Nilda 10 May 2021 (has links)
El presente trabajo aborda el estudio de la herramienta conocida como “Análisis de
Calidad Regulatoria” (ACR), por medio de la cual se busca mejorar la calidad regulatoria
a través de la identificación y posterior eliminación, reducción o simplificación de
procedimientos administrativos que sean innecesarios, injustificados o
desproporcionados. La importancia de este tema radica en que su implementación en
nuestro país resulta esencial, no solo por la mejora del marco regulatorio que ello
significaría de acuerdo a las recomendaciones de la OCDE, sino también porque la mejora
de la calidad de los procedimientos administrativos tendrá un efecto directo en los
administrados y en su forma de interrelación con la Administración Pública. El presente
trabajo parte del supuesto teórico que considera el ACR como un procedimiento en el que
se evalúa el cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad, efectividad y
proporcionalidad en los procedimientos administrativos, y hace énfasis en el ACR como
un primer paso en la normativa peruana con el objetivo de hacer realidad la simplificación
administrativa y mejorar la política regulatoria. Por ello, el principal objetivo de este
trabajo es brindar una aproximación al estudio del ACR, a través de su desarrollo teórico
y conceptual y, posteriormente, reflexionar acerca de su aplicación a través del
planteamiento de un caso práctico hipotético. Se concluye que es necesario que, dada su
importancia, se amplíe el enfoque y el ámbito de aplicación del ACR, de manera que
pueda aplicarse en todos los niveles del Estado, incluyendo las municipalidades, con el
fin de una mejora regulatoria a nivel macro.
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La ineficiencia del procedimiento de ejecución coactiva para garantizar el crédito público causa desencadenante de la multiplicación de regímenes diferenciados para la ejecución de obligaciones no tributariasVelarde Guevara, Manuel Alejandro 11 November 2019 (has links)
La ineficacia del procedimiento de ejecución coactiva en la Ley N° 26979 para garantizar el crédito público, consecuencia de las capitales modificaciones introducidas por la Ley N° 28165, es el resultado de una política legislativa que ha relativizado el principio de ejecución inmediata de los actos administrativos, regla de carácter general conforme a la Ley N° 27444 y la Ley N° 27584, además de que condiciona la autotutela administrativa a su aceptación por parte del deudor, en perjuicio de un eficaz servicio del interés público. Entonces, se alteró el modelo administrativo de ejecución forzosa de obligaciones de dar suma de dinero, el cual por principio se configura como un procedimiento de oficio, sumario y garantía del crédito público. Como consecuencia de la ineficacia en el cobro de estos créditos públicos es que surge la tendencia a legislar en favor de procedimientos sectoriales diferenciados para facilitar la ejecución coactiva de sanciones administrativas del Indecopi, Oefa y para la ejecución de papeletas de tránsito. Todo con el objeto de asegurar la recaudación, intentando restaurar sectorialmente el equilibrio perdido desde las capitales modificaciones introducidas por la Ley N° 28165.
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Mechanism design o reverse game theory : una propuesta para la asignación eficiente de obras públicas de infraestructura en el PerúGarcía Vélez, Javier Humberto 09 April 2016 (has links)
En el marco de los Objetivos del Milenio, la falta de provisión de servicios públicos
esenciales constituye en el Perú una carga histórica que debe ser superada con el
objetivo de implementar de manera eficiente políticas de desarrollo social, establecer
índices sostenibles de crecimiento micro y macroeconómico y aportar a la reducción
de las tasas de pobreza en el país.
Sin embargo, es indiscutible que la prestación de tales servicios esenciales o de
interés público o general (servicios eléctricos, de transporte, ferroviarios,
aeroportuarios, portuarios, etc.) no es posible sin contar con el soporte o sostén de
una infraestructura que permita su viabilidad.
De esta manera, en los países latinoamericanos, la falta de provisión de servicios
públicos se ha intentado explicar en la denominada “Brecha de Infraestructura en
América del Sur”, término que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(“CEPAL”) y la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas
(“UNASUR”) han utilizado en diversas investigaciones
Ejemplo claro de esta brecha es que, en los últimos 20 años, los países
latinoamericanos (con distintos modelos económicos y políticos) han invertido
aproximadamente entre el 2% y el 3% de su Producto Bruto Interno (“PBI”) en
infraestructura, salvo en los casos de Chile con 6% y Colombia con 4%
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Conceptos Jurídicos Indeterminados en la tipificación de faltas disciplinarias y su implicancia en sanciones arbitrarias.Chamilco Reyes, Maggaly Patricia 11 April 2019 (has links)
El objeto fundamental de este trabajo se centra en analizar el uso de conceptos jurídicos
indeterminados en la tipificación de faltas administrativas y su relación con las sanciones
arbitrarias. Inicialmente abordaremos categorías conceptuales como poder disciplinario,
conceptos jurídicos indeterminados, principio de tipicidad, discrecionalidad,
arbitrariedad, para lo cual se ha recurrido a la doctrina y a sentencias emitidas por el
Tribunal Constitucional. Posteriormente, analizaremos la falta “negligencia en el
desempeño de sus funciones” como concepto jurídico indeterminado que genera que la
Administración realice acciones de cognición y de experiencia para completar el
concepto, en la necesidad de determinar lo indeterminable. Para el análisis de la falta nos
hemos remitido a la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el expediente N°
2192-2004-AA/TC y luego cómo viene siendo analizado por el Tribunal del Servicio
Civil.
La investigación se justifica en los efectos negativos de una sanción administrativa
arbitraria en los servidores públicos.
Luego del análisis presentamos nuestras conclusiones siendo la principal la que señala
que la tipificación con conceptos jurídicos indeterminados se justifica en la diversidad
de funciones que cumplen los servidores civiles, en consecuencia, no vulnera el principio
de tipicidad, pero si exige de la administración la obligación de precisar el tipo; según lo
indicado, el uso de conceptos jurídicos indeterminados no debería tener como
consecuencia la imposición de sanciones arbitrarias.
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¿Cuánto vale una concesión?Cornejo Díaz, René Helbert 15 August 2017 (has links)
Una característica que es de especial preocupación para los inversionistas es la
situación que enfrentarían en un evento de caducidad que implica que el instrumento
que sustenta el repago de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria desaparezca
y por tanto no exista una fuente de ingresos.
Se analiza la naturaleza del contrato de concesión en general y en particular su
tratamiento en el marco de la ley peruana. Asimismo se presentan los conceptos legales
que permiten una comprensión de la caducidad en el caso de los contratos de
concesión. Estos elementos permiten un marco de análisis para el enfoque específico
cual es el de analizar la compensación que el Estado como concedente debería pagar
a la Sociedad Concesionaria en caso de caducidad.
Asimismo se desarrollan los conceptos económicos y financieros necesarios
para valorizar la concesión y por tanto establecer los criterios aplicables para su
determinación en el marco de las cláusulas contenidas en el respectivo contrato; y se
analiza una muestra representativa de contratos de concesión que permiten identificar
las prácticas aplicadas y así comparar el marco normativo presentado con la práctica
aplicada. Se concluye tipificando tales prácticas y estableciendo los criterios que podrían
mejorar el tratamiento de las cláusulas de caducidad, en particular en lo relativo a la
determinación de los montos a pagar por el Estado a la Sociedad Concesionaria; es
decir responder, en el contexto de la caducidad, a la pregunta ¿Cuánto vale una
concesión?
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La arbitrabilidad de las decisiones de los organismos reguladores en el marco del Sistema de Promoción de la Inversión PrivadaMariño Marquina, Martín André 04 April 2019 (has links)
Típicamente se sostiene que el Estado tiene por función garantizar la correcta
prestación de una serie de servicios públicos que permitan a los ciudadanos
desarrollar su vida en sociedad con un determinado nivel de comodidad. En ese
contexto, se le presenta la posibilidad de prestar directamente dichos servicios
públicos y proveer la infraestructura que les sirva de soporte, o valerse de la
experiencia y especialidad de los privados para que lo hagan. Así, se inició un
proceso de delegación a los particulares de una serie de actividades que
tradicionalmente habían recaído directamente en el ámbito estatal. A tales
efectos, el mecanismo jurídico más eficiente para lograr una colaboración de los
privados para la satisfacción de intereses públicos fue la concesión. No obstante,
esta delegación de facultades en favor de los particulares efectuada bajo el
manto de la concesión administrativa ha pasado a convertirse hoy en día en un
fenómeno de colaboración público privada que se rige bajo las normas
especiales de Asociaciones Público Privadas. Estando a ello, tenemos que en
los últimos años se ha generado una fuerte discusión doctrinaria respecto a la
competencia de la sede arbitral para conocer aquellas controversias derivadas
de la actuación de los organismos reguladores en marco de la ejecución de los
Contratos de APP. Al respecto se han planteado diversas posturas, tan distantes
entre ellas, que pueden vislumbrarse no solo desde un punto de vista jurídico
sino también económico. De acuerdo con las consideraciones que se expresan
en el presente trabajo, se postula que debería reconocerse expresamente a nivel
normativo la posibilidad de someter a arbitraje las decisiones de los organismos
reguladores, incluyendo la aplicación de penalidades, derivadas de contratos
que se suscriban en el marco de mecanismos de colaboración público privada,
a efectos de otorgarle certidumbre y mayores garantías a los inversionistas para
promover la inversión con el Estado, la cual constituye uno de los fines
fundamentales de nuestro Sistema de Promoción de la Inversión Privada.
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El control de la función administrativa en los procedimientos de evaluación de las iniciativas privadas: en defensa del interés privado y del interés públicoPinto Tagle, Ronald José 16 May 2016 (has links)
Las iniciativas privadas son mecanismos de promoción de la inversión privada que el Estado fomenta como instrumento de desarrollo, dentro del modelo constitucional económico “Economía Social de Mercado”, por tanto las decisiones administrativas deben estar orientadas a promoverlas y generar incentivos para la presentación de propuestas de proyectos por este medio..
La presente investigación estudia los procedimientos administrativos de evaluación de las iniciativas privadas y el rol de la administración pública. Las iniciativas privadas son calificadas normativamente como peticiones de gracia debido al contenido discrecional de la decisión administrativa que las califica, por lo que se analizan las implicancias y los alcances de esta naturaleza jurídica en el procedimiento administrativo, y como su aplicación irrestricta puede afectar derechos de los administrados vigentes en normas de rango legal y constitucional.
Sin perjuicio de la naturaleza de petición de gracia, las iniciativas privadas son procedimientos administrativos y por tanto son aplicables la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Constitución y las normas que rigen la función pública, éstas garantizan el interés público, los derechos del proponente, limitan las prerrogativas públicas y evitan que la discrecionalidad de las decisiones administrativas se convierta en arbitrariedad lo que resulta contraproducente a la promoción de la inversión privada. En este sentido se analizan los diversos tipos de control aplicables a las actuaciones administrativas que son parte de este procedimiento, que en el caso de contener elementos discrecionales adquieren una particular importancia e intensidad. / Private Initiatives (Unsolicited Proposal) are mechanisms to promote private investment that the government impulse as a development tool, within the economic constitutional model "Social Market Economy", therefore, administrative decisions must be oriented to foster and create incentives for the presentation of projects proposals in this way.
This research studies the administrative procedures of Private Initiatives assessment and the role of public administration. Private initiatives are usually qualified as grace petitions (applications for clemency) because of the discretionary factors included in the administrative decision that qualify them,, accordingly the implications and scope of this legal status in the administrative procedure are analyzed, in addition how the unrestricted application of this may affect rights of private in current legal and constitutional rules.
Notwithstanding the nature of grace petition, private initiatives are administrative procedures and therefore are applicable the General Administrative Procedure Act, the Constitution and the rules of civil service, they guarantee the public interest, the proponents rights, limit public prerogatives and prevent the discretionary power of public administration becomes in arbitrarily, it produce adverse effects to the private investment promotion. In this regard the various types of control applicable to administrative behavior that are part of this procedure are studied, in the case contain discretionary elements acquire particular importance and intensity.
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