La elección de un tema de investigación en materia civil resulta un trabajo arduo, no por la escasez, sino por la abundancia. Dentro de ese mar de problemas de investigación optamos por investigar uno de derecho de familia sobre el cual se ha escrito mucho. Sin embargo, sobre este tema, a pesar de su número, observábamos que las investigaciones se dirigían más a la determinación de la naturaleza jurídica y a aspectos procesales que a una pregunta básica: ¿Quién es el cónyuge más perjudicado? Además del ánimo de esta investigación de cubrir un vacío en las investigaciones en nuestro país, ánimo de suyo bastante pretencioso en lo académico por la calidad de académicos en derecho de familia que se desempeñan en nuestro medio, había algo más que nos motivaba. Del estudio de las sentencias en nuestro país observamos que las mismas no cumplen con la finalidad propuesta por el artículo 345-A del Código Civil la cual es “velar por la estabilidad económica del cónyuge más perjudicado”. Con la distorsión de la finalidad, con su errónea reconducción a los predios de la responsabilidad civil, se otorgan indemnizaciones que, sin duda alguna, quedan cortas para alcanzar el objetivo de la institución. Por ello consideramos que, comprendiendo correctamente la naturaleza, la función y, sobre todo, respondiendo a la pregunta que nos hemos formulado, se podrá ir, de a pocos, otorgando indemnizaciones que guarden relación con el espíritu del artículo 345-A del Código Civil. Así nos inclinamos por investigar la indemnización por inestabilidad económica regulada en el segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil. Pero para esta investigación no es objetivo primario desentrañar la naturaleza jurídica, aunque es una discusión ineludible, sino su objetivo principal es responder a la pregunta sobre quién es el cónyuge más perjudicado, el cónyuge que sufre la inestabilidad económica. / Tesis

Según la doctrina peruana mayoritaria en los procesos de divorcio no procedería el allanamiento del demandado por cuanto el vínculo matrimonial sería indisponible, esto es, se trataría de un efecto no que se podría lograr a través del acuerdo entre los cónyuges sino solo por declaración judicial previa determinación de los hechos que fundamentan las causales invocadas en la demanda. La misma posición mantiene la jurisprudencia nacional. En el presente trabajo se sostiene la tesis de la procedencia del allanamiento del demandado en los procesos de divorcio cuando estos se funden en las causales de imposibilidad de hacer vida en común o en la separación de hecho de los cónyuges, en atención a que desde la introducción, en el año 2008, de la disolución extrajudicial (notarial o municipal) del vínculo, el vínculo matrimonial ha claramente dejado de ser indisponible y, sobre todo, porque considerar improcedente el allanamiento es contrario a los principios constitucionales de respeto de la dignidad humana, de libertad y de libre desarrollo de la personalidad, pues se constriñe a los cónyuges a seguir litigando y, como consecuencia, se les niega la posibilidad de salir de su crisis conyugal de la forma menos traumática posible, para el bien no solo de los cónyuges, sino también, de haberlos, de los hijos menores que no tienen por qué padecer por los enfrentamientos de sus padres, que es la esencia del divorcio-remedio. Para ello se analizan los nexos entre los principios constitucionales de libertad y libre desarrollo de la personalidad con la autonomía privada, las limitaciones de la autonomía de la voluntad en el Derecho de familia, el divorcio y sus modelos, la evolución que ha tenido el divorcio en el Perú, la posición de la doctrina y la jurisprudencia sobre la configuración de las causales remediales de divorcio (imposibilidad de hacer vida en común y separación de hecho) introducidas en el Perú en el año 2001, la figura del allanamiento del demandado y la posición de la doctrina y la jurisprudencia sobre su improcedencia en los procesos de divorcio y, finalmente, las razones que fundamentan la procedencia del allanamiento en los procesos de divorcio fundados en las causales remediales. / Tesis

Tesis (mag?ster en derecho de familia(s), derecho de la infancia y la adolescencia) / Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFET)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Es innegable la importancia de la protección de la niñez y adolescencia en toda sociedad, en incontables ocasiones hemos escuchado y dicho que “los niños son el futuro”. Las consideraciones, sociales, culturales, morales y todo tipo son diversas según las distintas sociedades y por ello no es posible pretender que el criterio de protección sea unificado de una sola vez, ya sea con la mera ratificación de instrumentos internacionales o la consagración de los derechos establecidos en ellos en el ordenamiento nacional. En nuestro país, se han dado los pasos descritos, sin duda se ha avanzado en adecuar nuestra legislación a los parámetros internacionales de protección de los niños, niñas y adolescentes, sin embargo pese a que se encuentra en tramitación el proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia, nos queda mucho tiempo para seguir aplicando la normativa vigente y que ha demostrado ser insuficiente para los tiempos actuales. En este trabajo me enfoqué en el análisis de uno de los derechos del niño en particular, el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído, que, si bien tiene implicancias en muchos ámbitos de su desarrollo, fue analizado en particular en cuanto a la forma que es recogido en el derecho Internacional, comparado, su consagración en el actual Derecho de Familia Chileno y su desarrollo en la esfera judicial de la justicia de familia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La ley N° 20.680 reformó gran parte de las instituciones jurídicas enmarcadas dentro de los efectos de la filiación. En particular, introdujo importantes modificaciones en el derecho deber de cuidado personal luego de la separación de cuerpos entre los progenitores. Las modificaciones más relevantes en esta materia corresponden a la eliminación de la regla de atribución legal supletoria de preferencia materna y el reconocimiento legal de la figura de cuidado personal compartido, ambas inspiradas en los principios de igualdad parental, corresponsabilidad parental y coparentalidad. Sin embargo, la introducción del cuidado personal compartido como modelo de organización familiar nos parece deficiente principalmente porque el único modo de que este sistema tenga lugar depende de forma exclusiva del acuerdo de voluntades de los progenitores. Ante la oposición injustificada de uno de los progenitores el cuidado personal compartido es improcedente por sentencia judicial. Y, en las hipótesis en que hay acuerdo, el cuidado personal compartido carece de un contenido mínimo establecido por ley y tampoco se encuentra sometido a ningún control judicial a fin de evaluar su conveniencia en virtud del principio del interés superior del niño, niña y adolescente. De este modo, la presente memoria, junto con realizar una exposición general del derecho deber de cuidado personal y en particular del cuidado personal compartido, tiene por objeto realizar un análisis crítico de las principales características del cuidado personal compartido, a fin de indagar si, en definitiva, este instituto, en los términos establecidos por el legislador, responde al interés de los progenitores o al interés superior de los hijos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Mucho se ha escrito acerca del resarcimiento de los daños ocasionados por terceros, pero ¿qué sucede cuando los daños son producidos por el padre o madre?, ¿es posible aplicar el estatuto de responsabilidad civil a las relaciones paterno-filiales? Estas preguntas han comenzado a plantearse en la doctrina y jurisprudencia, tanto nacional como comparada, sin que exista aún una respuesta unánime. Por ello, el objetivo del presente trabajo es el estudio de hipótesis en que podría proceder la indemnización de perjuicios ante el incumplimiento de un deber por parte de alguno de los padres, específicamente: (i) Daños ocasionados por el defectuoso ejercicio del cuidado personal por parte del progenitor custodio; (ii) Daños producidos por el incumplimiento del régimen de relación directa y regular por parte de alguno de los padres; y, (iii) Perjuicios causados por la falta de reconocimiento voluntario de la paternidad. / 22/01/2019

Memoria para optar al título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La figura del Cuidado Personal Compartido al consagrar el Sistema de Residencia como concepto regulador de las relaciones familiares presenta carencias graves en relación con su posibilidad de aplicación concreta. En este ensayo se analiza la historia del concepto y de su origen dentro del derecho de familia, los principios que lo inspiran, la comparación sobre su establecimiento en distintos órdenes normativos -con mayor o menor éxito respecto a su eficacia-, y las consecuencias psicológicas que pueden provocar en el niño sujeto a este tipo de conflicto. Finalmente, se analizará brevemente un caso específico en donde podemos observar los conflictos que puede derivar respecto de uso, máxime considerando las falencias de socialización del concepto, en tanto ni mediador ni tribunal tenían claridad respecto de su normatividad. Lo anterior implicó una escalada en la disputa que terminó afectando directamente al niño involucrado luego de judicializarse una situación que podría haber sido prevenida de haber existido directrices claras respecto de los requisitos para poder establecer un sistema de residencia, afectando directamente el principio del interés superior del niño

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La siguiente memoria tiene por objetivo analizar la eficacia de la regulación que hace la Ley N°19.968 del derecho del niño a ser oído, y así determinar la forma en que se ejerce este derecho en Chile. Se utilizan fuentes documentales que permiten establecer, en abstracto, el marco en que debiese ejercerse este derecho, conforme a la regulación internacional de la Convención sobre Derechos del Niño. Posteriormente se determina la forma en que la legislación nacional ha incorporado al derecho interno el derecho del niño a ser oído, específicamente en los procedimientos ante Tribunales de Familia presentes en la Ley N° 19.968. Para finalizar con casos jurisprudenciales, de los años 2009-2013, en los que los tribunales superiores de justicia se han referido a este derecho. Si bien la Convención Internacional sobre Derechos del Niño es parte de nuestro ordenamiento nacional, en virtud del artículo 5 de la Constitución Política de la República, es necesario que la legislación especial, en particular la que regule procedimientos en los que se debe ejercer este derecho por niños, niñas y adolescentes involucrados, establezca el modo práctico: contexto, oportunidad, forma de solicitud, plazo, etc. La regulación por Ley N° 19.968 y su v aplicación práctica presenta aspectos que dificultan la participación de menores de edad en estos procedimientos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Este trabajo analiza el principio del interés superior del niño, su recepción por parte de los Tribunales de Justicia chilenos y su aplicación como principio general del derecho. Para ello, nos centraremos en el estudio de la jurisprudencia nacional en diversas áreas del derecho de familia como cuidado personal, relación directa y regular, alimentos y adopción, además en materias que, si bien escapan del ámbito tradicional de aplicación de este principio, también encuentran cabida como educación, salud, responsabilidad penal adolescente y derecho migratorio, manifestando de ese modo su carácter de principio general. Estudiamos los principales instrumentos internacionales que regulan la materia y cómo se han ido incorporando en nuestro derecho interno a través de las distintas reformas legislativas, especialmente en el derecho de familia. Analizamos, de manera particular, la Convención de los Derechos del Niño y Observación Nº 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, que han influenciado reformas legislativas que se han expresado en las Leyes Nº 19.685 sobre filiación, Nº 20.084 de responsabilidad penal adolescente y Nº 20.680 que modifica el Código Civil, entre otras materias, en cuidado personal y relación directa y regular. Realizamos una breve reseña de la recepción de este principio por parte de la doctrina y el legislador en cada temática abordada, para finalmente analizar críticamente cómo los Tribunales de Justicia han dado concreción a este principio expresado en su definición, funciones, criterios de determinación y alcances al momento de fallar. Para la elaboración de esta tesis revisamos un total de 384 sentencias desde los años 2004 al 2015, emanados de los Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Constitucional e, incluso, la Dirección del Trabajo. Sin embargo, en atención a su relevancia, solo 328 fallos se incluyeron en este trabajo. De ese número de sentencias, 118 corresponden al análisis jurisprudencial propiamente tal. Finalmente, realizamos 45 fichas descriptivas de los casos.

Reinterpretación del espacio Judicial en Tribunales de Familia. La elección de esta problemática para reflejarla en un proyecto de titulo nace desde mi propia experiencia durante los años de carrera. Y que corresponde a contraponer mi vida de estudiante y enfrentar la relación directa y regular con mi hija en tribunales. En esta situación es que el lugar donde se dan los procesos judiciales no tiene en la actualidad las condiciones para contener al usuario que involucra a los integrantes de una familia A partir de este punto y la Contingencia nacional relacionada a las reformas de Justicia en Chile es que desde 2005 se ha llevado a cabo en el poder judicial la Reforma de Tribunales de Familia, Encontrar de que manera la arquitectura puede hacer frente en estos espacios donde se entrevén los problemas que surgen en el interior del familias es la motivación, teniendo como conocimiento previo que uno de los temas más significativos que trata la arquitectura es la relación del hombre con el espacio, el lugar donde habita y cuáles son las condiciones mínimas que este debe tener para que este se desarrolle plenamente. Las edificaciones públicas en este sentido no están al margen de esta consideración y en los últimos tiempos han tendido, en Chile y a lo largo del mundo, a mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general en todo aspecto. Sin embargo estas propuestas de desarrollo muchas veces no se condicen con los principios que plantean, privilegiando los aspectos que los legisladores consideran “más urgentes”.