Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta tesis pretende analizar la situación actual de la legislación chilena respecto al maltrato infantil extrafamiliar, centrándose especialmente en la nueva Ley Nº 21.013 que lo tipifica como delito, a la luz de los criterios internacionales de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El objetivo general de este trabajo es definir cuáles son los aportes que realiza la nueva ley a la legislación nacional, y si estos son suficientes para satisfacer las exigencias de los estándares internacionales para la protección integral de la infancia, aplicables en Chile en virtud del artículo 5º inciso 2º de la Constitución de la República y los tratados internacionales a los que está suscrito.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria, tiene por objeto dar una mirada reflexiva y crítica a nuestro actual sistema de responsabilidad penal adolescente, desde la perspectiva del Derecho de Menores, focalizado principalmente en la etapa investigativa desformalizada, momento en el cual, el niño que ha infringido la ley hace su primer contacto con el sistema de justicia. En un análisis descriptivo y crítico se expone, a lo largo del presente trabajo, la variación que ha sufrido el tratamiento de los niños en conflicto con la justicia en el ámbito del derecho, pasando por diversos modelos y sistemas de justicia, cuya tendencia mundial actual está inclinada a la Justicia Restaurativa. Se destaca la importancia de las fuentes internacionales en esta materia, en instrumentos internacionales específicos y no específicos aplicables, así como también la relevancia de las recomendaciones entregadas por el Comité de Derechos del Niño a nuestro país. Además, se analiza la normativa nacional aplicable, tanto de la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente Nº 20.084, como de la Ley de Menores Nº 16.618, resaltando la importancia de los derechos y garantías que se les reconoce a los niños en conflicto con la justicia, finalizando con un análisis comparativo entre la legislación interna y el estándar internacional en Justicia de Menores. Se concluye, que en nuestro país aún existen diversos incumplimientos a la Convención de Derechos del Niño y aunque se ha avanzado en el tratamiento a los niños en conflicto con la justicia, aún falta mucho por mejorar para que nuestra legislación se adecue al estándar internacional, y así podamos caminar hacia un nuevo modelo de justicia juvenil, como es hoy, la llamada Justicia Restaurativa.

En el esfuerzo por lograr alcanzar los estándares mínimos e indispensables propios de un modelo de protección integral, nuestro país incorporó el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes en el ordenamiento jurídico, que recién entró en vigor en marzo de 2018 con la aprobación de su reglamento. Iba a empezar a implementarse en mayo de 2020, pero no se pudo a causa de la pandemia del Covid-19. Al seguir siendo sumamente novedoso, aún no existe literatura peruana especializada referida al análisis de la concordancia a nivel teóriconormativo y práctico de los fines de la pena juvenil y el catálogo de penas juveniles incorporado, en lo que respecta a la fase de determinación y ejecución de estas. Precisamente ello es lo que busca cambiar esta tesis y abrir la discusión en la academia. Se parte de la premisa que el fin de la pena juvenil es predominantemente preventivo especial positivo, con lo cual (i) los criterios de determinación de la pena y (ii) cómo se ejecuta la pena impuesta, deben ser necesariamente acordes a dicha prevención especial positiva para ser legítimos. A pesar del gran avance que supone la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, queda un arduo trabajo por efectuar, pues pese a que a nivel teórico-normativo la concordancia con el fin de la pena juvenil es significativa, a nivel práctico la brecha es sumamente amplia.

Esta investigación aborda el estudio del derecho de alimentos del heredero concebido y otros supuestos en que también podría gozar de tal derecho, dada su condición como sujeto de derecho para todo cuanto le favorece en el marco del ordenamiento peruano. Otro escenario de análisis es el relativo a la naturaleza del derecho alimentario, por cuanto, dependiendo de ello, su efectividad podría o no quedar supeditada a la condición legal del nacimiento con vida, prescrita por el Código Civil para la atribución de derechos patrimoniales al nasciturus. Para el desarrollo de la temática anterior se analizó la posición reconocida al concebido en el ordenamiento civil y constitucional peruano vigente, interpretando el alcance y contenido de la expresión de los efectos favorables que le son reservados, así como de la condición legal del nacimiento con vida prevista en el artículo 1 para la atribución de los derechos patrimoniales. Asimismo se estudió la definición y contenido del derecho a alimentos, haciéndose especial referencia a los alimentos del heredero concebido en el contexto del artículo 856 del Código Civil, para determinar quién es el titular y el beneficiario en el supuesto del mencionado artículo; de igual forma se analizó, si la atribución del derecho de alimentos al concebido está suspendida o no a su nacimiento con vida y se culminó con el desarrollo de otros supuestos del derecho de alimentos para el concebido. Del análisis realizado se concluye que el derecho de alimentos es de naturaleza extrapatrimonial, ya que el fin de este es la satisfacción de necesidades personales para la conservación de la vida, de tal manera el concebido puede gozar de este derecho desde el momento de la concepción, a través de su representante o beneficiaria directa que viene a ser la madre, tal como lo establece el artículo 856 del código civil.

Una regulación especial referida a la investigación y enjuiciamiento penal en casos de adolescentes menores infractores de la ley penal es legítima en tanto existan razones objetivas y razonables para su adopción. Esta investigación plantea que, entre otras razones, los principios del interés superior del niño y de especialidad cobran especial importancia para redefinir este tratamiento legislativo especializado. Bajo este planteamiento, el presente trabajo pone en evidencia la necesidad de construir y reforzar un marco normativo de procesamiento del menor infractor, especialmente reforzado por garantías específicas y generales, que oriente al órgano judicial en su conducción del proceso y en la toma de sus decisiones, siempre en el marco de un debido proceso. Se plantea diversas garantías reforzadas para el operador judicial frente a una solicitud fiscal de intervención del derecho a la libertad personal del menor infractor: el derecho a una defensa técnica indispensable, el juicio a puertas cerradas como excepción a la regla de publicidad, la aplicación diferenciada del internamiento preventivo, la garantía del plazo razonable en sentido inverso, el reforzamiento al derecho a no autoincriminarse, entre otros más, constituyen tópicos de especial aporte por esta investigación, así como también la incorporación de dos audiencias específicamente definidas que sirvan como el canal legítimo de concentración para la aplicación de esta tutela reforzada de garantías.

En este informe, analizaremos la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional respecto del derecho a la lactancia de una magistrada, nuestra hipótesis es que se ha generado una vulneración manifiesta a los derechos de la magistrada y de su menor hijo con la programación de audiencias en la hora de lactancia de la magistrada y además de otros derechos. Centraremos la investigación en el análisis de los problemas jurídicos, el principal vinculado a la imputabilidad de los demandados respecto a la vulneración del derecho a la lactancia, los secundarios referidos a los derechos fundamentales de la demandante y los derechos del menor. El objetivo de la presente investigación es verificar que el derecho a la lactancia, a pesar de no ser un derecho constitucional expresamente reconocido es un derecho vinculado a la maternidad, que cuando este derecho es desconocido genera una gran afectación en la esfera familiar y que puede tener efectos adversos al desincentivar el ejercicio de las responsabilidades familiares. Finalmente, concluiremos que, si bien se ha vulnerado el derecho a la lactancia y sus derechos vinculados, ello refleja algo un problema estructural mayor en las posiciones neurálgicas de la administración pública y el ejercicio de los derechos fundamentales.

En el presente informe jurídico analizaremos la Casación N°2976-2016 Arequipa, que versa sobre un proceso de desalojo por ocupación precaria de suegra a nuera con hijos menores de edad. En primera instancia, se resolvió como un simple caso de desalojo sin tomar en cuenta los derechos de los menores y su protección constitucional especial. En segunda instancia, se resolvió no desalojar a la demandada por la protección de sus hijos menores y de la familia. Sin embargo, la Corte Suprema señaló que solo debía discutirse el derecho de posesión de las partes, por lo cual casó la apelada. En este sentido, el problema principal a resolver será si era correcta la casación dada por la Corte Suprema. Para ello, identificaremos problemas de infracción procesal y material en la sentencia de vista. Y a partir de una interpretación sistemática, extensiva y analógica de nuestra legislación, jurisprudencia y doctrina pertinente demostraremos que sí es posible la discusión de temas de derecho de familia y, por consiguiente, el de vivienda en la parte considerativa. Así, consideramos que se podrá emitir una sentencia conforme a un Estado constitucional de derecho donde se garantice el Interés Superior del Niño a partir del análisis de la situación de necesidad de los menores en el caso por caso. Finalmente, el análisis realizado en el presente informe podrá servir de reflexión para los vocales y que la Corte Suprema considere dejar establecida doctrina jurisprudencial y se evite la vulneración de derechos de los menores en futuros casos similares. / In the present legal report, we will analyze the Civil Cassation N°2976-2016 Arequipa, which concerns an eviction process due to precarious occupation by a mother-in-law against her daughter-in-law with minor children involved in this case. In the first instance, this case was evaluated as a simple eviction case without considering the rights of the minors and their special constitutional protection. In the second instance, this case was resolved not to evict the defendant for the protection of the minor children and her family. However, the Supreme Court indicated that only the right to possession of the parties should be discussed, for which reason the appellee was dismissed. In this regard, the main problem to be resolved is whether the appeal given by the Supreme Court was correct. To do this, we will identify problems of procedural and substantive infringement in the hearing sentence. Through a systematic, extensive, and analogical interpretation of our legislation, jurisprudence and relevant doctrine, we will demonstrate that it is possible to discuss family law issues and, consequently, housing in the ratio decidendi of a judgment. As a result, we consider that a sentence can be issued in accordance with a constitutional state of law, where the best interest of the child is guaranteed based on the analysis of the situation of necessity of the minors on a case-by-case basis. Finally, the analysis conducted in this legal report can serve as a reflection for the vocals and that the Supreme Court consider establishing jurisprudential doctrine and prevent the violation of the minors’ rights in future similar cases.

El aumento exponencial de la criminalidad juvenil, es el que justifica investigar, analizar y evaluar el funcionamiento actual del Sistema Penal Juvenil. En ese lineamiento, es necesario estudiar si los sujetos involucrados en las infracciones penales, esto es, los adolescentes infractores entre 14 y 18 años, cuentan con un desarrollo personal y una madurez suficiente, que permita atribuirles la capacidad de comprensión del actuar que realizan. Dicho fundamento en cuanto a la edad, entra en discusión, más aún cuando la normativa internacional no deja establecido ello, siendo necesario examinar los parámetros que nos permitan a una cierta edad, atribuirles una responsabilidad penal, basándose en las teorías de la psicología, así como la neurociencia e inclusive en la información estadística de las Instituciones Públicas vinculadas en esta materia. Por otro lado, frente a la incongruencia normativa a nivel nacional en un doble sentido, primero, al referirse al mismo tiempo a la imputabilidad e inimputabilidad, hace necesario identificar ante que figura jurídica se encuentra un adolescente por su actuar ilícito y segundo, de estar en la figura de la imputabilidad, establecer si su responsabilidad es la misma que un adulto o es que la diferencia está en los efectos jurídicos a imponer en cada Sistema Penal. Finalmente, ante la falta de sinceramiento en la determinación del perfil criminológico del Adolescente Infractor, pero incrementándose la regulación normativa nacional, hace necesario buscar una viable salida en este sistema, por lo que se concluye que, para ayudar a su funcionamiento sin restar importancia al perfil, es preciso expandir a nivel nacional las Políticas Públicas de Justicia de las Fiscalías de Familia, de Prevención al Delito y de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, lo cual permite dar un giro completo en la Justicia Juvenil del Perú.

Las Defensorías del Niño y del Adolescente son un servicio público del estado peruano que opera a nivel local para actuar frente a situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Actualmente existen más de 1700 defensorías, ubicadas en el 95% de los distritos a nivel nacional, lo que lo convierte en uno de los servicios públicos con mayor presencia territorial. Su estructura, funciones y procedimientos han ido evolucionando. La situación actual de muchas DEMUNA a nivel nacional da cuenta de deficiencias para el desarrollo de sus funciones debido, sobre todo, al limitado apoyo desde los gobiernos locales (municipalidades) y limitaciones en la capacidad de gestión de los equipos. Esta investigación consiste en el estudio de caso de la DEMUNA Distrital de Carabayllo. Se ha planteado identificar los avances y retos que este servicio ha experimentado, teniendo como conceptos clave el de derechos humanos, protección de la infancia y adolescencia y la participación de las niñas, niños y adolescentes. La pregunta general de la investigación es: ¿Cuáles son los avances y retos en el caso la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente de Carabayllo? A partir de ello se han explorado las percepciones de los usuarios, acciones para la participación de los NNA, factores de calidad y la articulación interinstitucional. Los resultados han mostrado el crecimiento y evolución del servicio de DEMUNA Carabayllo, se han identificado los factores clave para ese desarrollo, así como factores de calidad que pueden y deben replicarse en otras DEMUNA. Las recomendaciones están orientadas, precisamente, a que los demás servicios tomen como modelo la experiencia de Carabayllo para poder contar con un servicio de calidad. Esta investigación pone en relevancia la necesidad de fortalecer el servicio de las DEMUNA a nivel nacional. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo analizaremos el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, su reconocimiento en la legislación nacional y extranjera, y su aplicación por la jurisprudencia chilena e internacional. Para ello estudiaremos el desarrollo y reconocimiento de la infancia a nivel internacional, partiendo de la época previa a la Declaración de Ginebra, donde había una nula consideración de la misma, culminando con la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde analizamos tanto el contenido de este instrumento, sus artículos y principios rectores, como el cumplimiento del mismo. Y luego, realizamos un análisis del surgimiento y posterior desarrollo de las medidas de protección de la infancia en Chile. Después, estudiaremos el derecho de los NNA a vivir en familia, en lo que consiste la separación de estos de sus familias y las principales causas que la originan y las diferentes modalidades de cuidado alternativo que predominan. Realizamos una breve reseña de la recepción de este derecho por parte de la doctrina, para finalmente analizar críticamente cómo los Tribunales de Justicia chilenos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han dado concreción a este derecho expresado en su definición, funciones, criterios de determinación y alcances al momento de fallar. Para la elaboración de esta investigación revisamos acabadamente un total de 35 sentencias dictadas por la Corte Suprema y las distintas Cortes de Apelaciones del país, y además, analizamos, a partir del estudio de 24 fallos dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diversas sentencias relevantes de ésta y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde consagran, protegen y fomentan el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la vida familiar.