En el presente artículo académico se expone de manera sintetizada la posición de la autora en torno al posible resarcimiento por daño moral a consecuencia de un despido arbitrario, pretensión que viene siendo invocada en las demandas por daños y perjuicios incoadas por trabajadores que han sido objeto de un despido ilícito, la cual -en la medida que exista un supuesto resarcitorio- no ha encontrado rechazo por parte de nuestra judicatura en los casos de despidos inconstitucionales que tienen como efecto jurídico la nulidad del despido, no empero, en los supuestos de despidos arbitrarios regulados por el Art.34° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, tanto la judicatura como la doctrina han desarrollado posturas contradictorias respecto al amparo de un resarcimiento por daño moral, toda vez que bajo una interpretación literal del texto de la norma antes referida, se establece para estos últimos, el pago de una indemnización tarifada como único remedio jurídico a favor del trabajador despedido. A partir de este breve desarrollo, se analizarán dos temas centrales a los que se dedica el presente artículo, y que estan referidos al aspecto probatorio del daño moral generado como consecuencia del despido ilícito. El primero, tiene la intención de aclarar la cuestión referida a la posible presunción de este daño, que ha sido materia de debate en los Plenos Jurisdiccionales de los años 2018 y 20191. Y el segundo, plantea una cuestión probablemente novedosa, referida a la posibilidad de reconocer una función sancionadora de la responsabilidad civil en el resarcimiento del daño moral, de manera que al establecer el quántum indemnizatorio se tenga en cuenta la gravedad del despido injustificado, hecho que presupone la vulneración de un derecho fundamental como el derecho al trabajo, y en algunos casos, al mismo tiempo, la de otros derechos fundamentales. 1 Pleno Jurisdiccional Laboral y Procesal Laboral desarrollado en Chiclayo, los días 13 y 14 de septiembre de 2018. Pleno Jurisdiccional Nacional y Procesal Laboral esarrollado en Tacna, los días 23 y 24 de mayo. / This academic article hereby exposes the author's reasoning towards a possible indemnization for a non-material damage as a consequence of an arbitrary layoff in a synthesized manner, pretension that has been invoked in claims for damages initiated by workers who have been fired in an illicit way, which -as long as there is an indemnizationhas not encounter rejection in the unconstitutional firing cases by our judiciary which have as a legal effect the annulment of the layoff, however, in the alleged arbitrary layoffs regulated by the Art. 34 of the Productivity and Labor Competitiveness Law, the judicatory as well as the doctrine have developed contradictory views regarding the advocacy of an indemnization for non-material damage, as long as under a verbatim interpretation of the beforehand mentioned normative text, it is established for the aforementioned, severance pay is stipulated as only juridic remedy in favor of the fired worker. From this brief, two main topics will be analyzed to which this article will talk about and are referring to the proving aspect of the non-material damage generated because of illegal termination. The first one has the intention of clarifying a matter that is referring to the assumption of this damage which has been a debated matter at the jurisdictional control of the Court during the years of 2018 and 2019. And the second one proposes a probably novel matter, referring the possibility of knowing a punitive function of the public liability regarding the indemnification of the non-material damage, this way when establishing the indemnifying quantum, the severity of the unjustified termination is considered, this fat presupposes the violation of a fundamental right such as the right to work and in some cases at the same time the violation to other fundamental rights.

En el Perú es fácilmente identificable un panorama de incertidumbre jurídica y falta de predictibilidad en relación a la cuantificación de la indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de los accidentes de trabajo. Esta situación es consecuencia de la inexistencia de criterios uniformes a nivel jurisprudencial que sirvan de guía para el juez y las partes para determinar dicha cuantificación. La presente investigación tiene como objetivo principal conocer los diversos criterios a nivel jurisprudencial utilizados para determinar el monto indemnizatorio demandado en este tipo de infortunios laborales; así como advertir la ausencia de presupuestos básicos en las sentencias que determinan la cuantificación de este tipo de daños. Con la base en esta información, se plantea una homologación de criterios para este tipo de daños; en función de dicho objetivo, se realiza un análisis de la doctrina nacional y extranjera relacionada a los criterios, principios y métodos utilizados para la determinación del quantum indemnizatorio. Como resultado de la investigación, se comprobó que, a nivel jurisprudencial, si bien no existe una uniformidad de criterios, sí podrían crearse alternativas de cuantificación a través de la utilización de baremos y de ciertos parámetros generales para cada tipo de daño. En consecuencia, la presente tesis propone la utilización de criterios generales para determinación del daños y perjuicios, y/o la utilización de un baremo construido en base a casos anteriores, como un primer intento de acercamiento a la seguridad jurídica y predictibilidad.

En el presente trabajo se analiza sobre la necesidad de reducir derechos laborales de cara a la búsqueda de la formalización de las empresas y promover el empleo. De este modo, la cuestión principal de este trabajo gira en torno a los límites que deberán tomar en cuenta nuestros legisladores al momento de querer plantear un régimen laboral promocional, tanto desde una perspectiva jurídico – constitucional como empírica. La conclusión final es que, no siempre es necesaria la reducción de derechos laborales, pues existen otras alternativas a través de las cuales podemos lograr competitividad y productividad laboral sin perder la calidad en el empleo, esto es, respetar el trabajo decente.

El presente trabajo tiene por objeto desarrollar un análisis jurídico de la problemática del tratamiento indemnizatorio de dos categorías laborales que desde su origen histórico han estado interrelacionadas: los trabajadores de dirección y los de confianza. Si bien es cierto la regulación aplicable a ambas categorías no fue uniforme, con el transcurso del tiempo y sobre todo, con la aplicación de los distintos regímenes legales sobre estabilidad en el empleo, se tendió a unificar su tratamiento indemnizatorio. La jurisprudencia, tanto laboral como constitucional, contribuyó a la aplicación de lo que en el presente trabajo, se ha calificado como tratamiento indemnizatorio “dual”, por cuanto no admite matices diferenciadores entre los trabajadores de dirección -que “hacen las veces” de empleador- y los de confianza, cuya seña de identidad es el depósito de reserva y confidencialidad que le atribuye el propio personal de dirección, lo que restringe su tutela de protección a la esfera indemnizatoria. El problema de fondo es que un último Pleno Jurisdiccional Supremo ha uniformizado el tratamiento indemnizatorio, excluyendo de la tutela resarcitoria no sólo a los trabajadores de dirección, sino también a los trabajadores de confianza, bajo ciertas condiciones, claro está. Por lo tanto, ello justifica un análisis jurídico del sustento de esta clasificación “dual”, no sólo a la luz de criterios jurisprudenciales, sino partiendo de la premisa que es necesario regular por vía legislativa esta materia, buscando un tratamiento indemnizatorio acorde con la naturaleza jurídica de cada categoría, de cara a proponer una regulación específica en las normas aplicables dentro del régimen laboral de la actividad privada, en forma análoga a la regulación que existe sobre esta materia en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, ciertamente con sus matices particulares.

La limitación de tiempo que propone la jornada de trabajo admite para el trabajador el derecho a disfrutar del tiempo libre y del descanso, derecho que se encuentra reconocido internacionalmente y en la Constitución; sin embargo, en la práctica, las nuevas Tecnologías de la Comunicación (TIC’s) están contribuyendo a que los límites de la jornada de trabajo “diario” se vean distorsionados resultando lesivo a otros derechos del trabajador resultando importante garantizar el respeto al descanso diario para proteger su salud ante jornadas sin límites. El objeto de esta investigación es analizar las TIC’s y como han transformado el trabajo, estudiando sus aspectos positivos y negativos, así como su afectación a derechos del trabajador que evidencian la importancia del Derecho a Desconectarse encontrando su sustento en el derecho al descanso y disfrute del tiempo libre. Tomando en consideración que las TIC’s y la falta de control del poder de dirección del empresario son los principales factores que provocan un exceso de trabajo con consecuencias psicológicas y físicas que no son previstas a tiempo, sumado a eso, el desconocimiento de las consecuencias por parte de los trabajadores, permite la vulneración del derecho al descanso y a disfrutar del tiempo libre. Estos derechos son analizados para sustentar la importancia de su regulación y así garantizar su vida y salud. Con esta investigación se llega a la conclusión de que resulta importante analizar las relaciones laborales ante los nuevos escenarios producto del uso de las TIC’s, implementar acciones conjuntas entre empleadores y trabajadores que minimicen el impacto negativo en la salud y el núcleo familiar de los trabajadores, y la necesidad de promover investigaciones referentes a la realidad laboral que se presenta como consecuencia del uso de las TIC’s a fin de garantizar trabajos dignos y seguros.

A través del presente artículo se analiza, desde una perspectiva laboral, la incorporación de plataformas de comunicación digital empresarial en los centros de trabajo, específicamente, con el uso de “Workplace”, un software que cuenta con las características de una red social y cuyo objetivo es el de mejorar el flujo de comunicación y organización entre los trabajadores que comparten el mismo centro de trabajo. Así pues, a partir de abordar las características y objetivos de esta red social, así como, el tipo de información de índole laboral y personal que se comparte en los perfiles de cada trabajador, se procede a desarrollar un análisis desde la perspectiva del derecho laboral peruano, en el que se cuestiona si, con del uso de esta plataforma se pondría en riesgo la protección y respeto de los derechos laborales de los trabajadores y, a su vez, si ello implicaría un exceso en el ejercicio de las facultades por parte del empleador. Por un lado, se realiza un balance de la información compartida en torno a qué tipo de datos pueden tener fines laborales y cuáles otros podrían implicar un menoscabo a la dignidad y la protección de los datos personales de cada trabajador. Si bien la legislación peruana no regula de manera específica la protección de este último en el ámbito laboral, es posible realizar un análisis, a partir de información doctrinaria y jurisprudencial. Teniendo en cuenta ello y las implicancias negativas que podría traer consigo un mal uso de este tipo de plataformas y las decisiones que tome el empleador en torno a la incorporación de este en el centro de trabajo, se analiza los límites de este último en torno al uso de esta herramienta digital y los mecanismos que puede adoptar para su implementación. Respecto a las conclusiones, se resalta la importancia de una expresión de voluntad explícita de parte del trabajador de querer contar con un perfil social corporativo en el que se comparta información sensible previo consentimiento, pero, además, de que el empleador establezca los límites en torno a las exigencias sobre su uso y la información que se publica, a partir de adoptar mecanismos que tengan como prioridad el respeto a los derechos laborales y fundamentales de cada trabajador. / This article analyzes, from a labor perspective, the incorporation of digital business communication platforms in the workplace, specifically with the use of "Workplace", a software that has the characteristics of a social network and whose objective is to improve the flow of communication and organization among workers who share the same workplace. Thus, after addressing the characteristics and objectives of this social network, as well as the type of information of a labor and personal nature that is shared in the profiles of each worker, we proceed to develop an analysis from the perspective of Peruvian labor law, in which we question whether the use of this platform would jeopardize the protection and respect for the labor rights of workers and, in turn, whether this would imply an excess in the exercise of the employer's powers. On the one hand, a balance of the information shared is made regarding what type of data can be used for labor purposes and which others could imply an undermining of the dignity and protection of the personal data of each worker. Although Peruvian legislation does not specifically regulate the protection of the latter in the labor sphere, it is possible to make an analysis based on doctrinal and jurisprudential information. Taking into account this and the negative implications that could result from the misuse of this type of platforms and the decisions taken by the employer regarding the incorporation of this in the workplace, the limits of the latter regarding the use of this digital tool and the mechanisms that can be adopted for its implementation are analyzed. With regard to the conclusions, the importance of an explicit expression of will on the part of the worker to have a corporate social profile in which sensitive information is shared with prior consent is highlighted, but also that the employer establishes limits on the requirements regarding its use and the information that is published, based on the adoption of mechanisms that prioritize respect for the labor and fundamental rights of each worker.

En este informe se analiza el expediente judicial No. 183407-2003-00135-0, que culminó con la emisión de un precedente vinculante de la Corte Suprema de la República, referido a la puesta a disposición del cargo como acto jurídico laboral que pone fin a la relación laboral. Específicamente, el caso trata de un trabajador de dirección a quien su empleador (una empresa municipal) le solicitó poner su cargo a disposición. Cuando el trabajador puso su cargo a disposición en virtud de dicha solicitud, el empleador dio por terminado el vínculo laboral al amparo del artículo 28 del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo. Ante ello, el trabajador demandó el pago de una indemnización por despido arbitrario, pues alegó que su cese no obedeció a su voluntad sino a la voluntad arbitraria de la empresa. Pues bien, el conflicto narrado da pie a dos cuestiones jurídicas relevantes y actuales. La primera cuestión por determinar es el régimen laboral de una empresa municipal, habida cuenta de su cercanía con la administración estatal y los fines públicos que debe perseguir; ello incide en el trato que se debe dar a los trabajadores de dirección. La segunda cuestión por determinar es si un cese con las características descritas es válido; es decir, si es que la puesta a disposición del cargo, solicitada por el empleador a un trabajador de dirección equivale a una renuncia válida. En fin, son dos las cuestiones relevantes que se abordan en el presente informe, las mismas que han presentado debate hasta los años recientes y, por ende, siguen siendo de relevancia para nuestro ordenamiento.

El objetivo principal de este trabajo de investigación consiste en el análisis de una supuesta contradicción normativa entre las normas laborales y las normas regulatorias del sector de telecomunicaciones, específicamente del canal de ventas Retail que este sector terceriza para cumplir con su obligación de capilaridad, partiendo de la aplicación de los requisitos esenciales de la tercerización, conforme lo establece la Ley N.º 29245 y su Reglamento Para ello, analizaremos las normas laborales y regulatorias que adviertan esta supuesta contradicción, doctrina sobre la materia y pronunciamientos de Juzgados y Salas Laborales, que últimamente se han visto en aumento respecto al canal de ventas Retail, materia de análisis. Los principales lineamientos regulatorios para el canal de ventas Retail los encontramos en el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y el Reglamento del Sistema de Información y Registro de Tarifas del OSIPTEL, que establecen la obligación de la empresa de telecomunicaciones de brindar recursos técnicos y materiales a los trabajadores de la empresa de tercerización, lo cual discrepa con este elemento esencial que establece la Ley N.º 29245. Es así que, en el proceso de elaboración del presente trabajo académico, podemos advertir que existe contradicción entre las normas laborales y las normas regulatorias, las cuales se desconocen entre sí, provocando que la misma sea objeto de demandas judiciales sobre desnaturalización de tercerización laboral. / The main objective of this research work consists in the analysis of a supposed normative contradiction between labor norms and the regulatory norms of the telecommunications sector, specifically of the Retail sales channel, which this sector outsources to comply with its capillarity obligation, based on from the application of the essential requirements of outsourcing, as established by Law No. 29245 and its Regulations Therefore, we will analyze the labor and regulatory laws, doctrine, and decisions of Labor Courts, which have recently increased in the Retail sales service, subject of analysis. The main regulatory obligations for the Retail sales service are found in the TUO of the Conditions of Use of Public Telecommunications Services and the Regulation of the Information System and Registry of Rates of OSIPTEL, which establish the obligation of the telecommunications company to Provide technical and material resources to the workers of the outsourcing company, which disagrees with this essential element established by Law No. 29245. In this sense, during the preparation of this academic work, we can point out that there is a contradiction between labor laws and regulatory laws, causing this to be the subject of lawsuits about denaturing labor outsourcing.

Esta investigación demuestra que, en el Perú, existe una configuración constitucional, basada en los derechos fundamentales de participación, libertad de expresión y de reunión, que hace de la protesta social una herramienta de democratización jurídicamente viable. Luego de una revisión detallada de la teoría de la democracia, se propone el uso de la comprensión procesal de la democracia de Charles Tilly para destacar el potencial democratizador de la protesta social. Así, se exhibe una ciudadanía que, en plena crisis de la representatividad, goza de una herramienta para participar políticamente en la esfera pública y trasladar sus demandas al Estado. Para corroborar empíricamente este carácter democratizador se analiza el caso de la protesta social contra el Régimen Laboral Juvenil, acontecida en el Perú entre los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015. Este caso demuestra que, en nuestro país, la protesta social se encuentra sometida a una tensión entre el uso democratizador que le dan los ciudadanos y la criminalización que despliega el Estado para reprimir esta actividad. Partiendo de esta tensión entre el fundamento democrático de la protesta social y los actos de criminalización que la lesionan y amenazan, se realiza un ejercicio de dogmática jurídica, que se nutre de doctrina, normas y jurisprudencia nacional e internacional, para formular una configuración constitucional de la protesta social que asegura su ejercicio y habilita que se activen las garantías constitucionales necesarias para salvaguardar esta manifestación de participación ciudadana.

El objetivo del presente trabajo es analizar, si la justificación que se desarrolla en doctrina para excluir a los trabajadores de confianza del ámbito de aplicación de los convenios colectivos es sustentable, realizando un examen sobre la validez de la exclusión a nivel constitucional y de normas internacionales de trabajo. Adicionalmente se realizará un análisis sobre los distintos pronunciamientos emitidos en las diferentes sedes (administrativa, judicial e internacional) concluyendo finalmente si esta limitación constituye una vulneración al derecho a la libertad sindical y negociación colectiva. En esa linea, nuestro objetivo fue verificar la hipotesis aplicando una metodología exegética que permita identificar la correcta interpretación de la normativa laboral de la materia, con la finalidad de identificar el deber ser como regla aplicable. Sin bien es cierto se trata de una técnica clásica y tradicional, esta permite realizar un análisis macro de las normas y principios aplicables, con la finalidad de poder comprobar si la hipótesis es correcta. Finalmente se llegó a la conclusion de que realizando una interpretación sistemática de la LRCT, Constitución y convenios OIT ratificados por el Perú nos lleva a concluir que la restricción precisada por el artículo 42 de la LRCT quedaría superada por lo regulado en el articulo 12 de la misma norma, por lo que cuando el estatuto de la organización sindical contempla expresamente la posibilidad de que los trabajadores de confianza se afilien, deberían tener acceso también a los convenios colectivos.