En el presente trabajo se analiza sobre la necesidad de reducir derechos laborales de cara a la búsqueda de la formalización de las empresas y promover el empleo. De este modo, la cuestión principal de este trabajo gira en torno a los límites que deberán tomar en cuenta nuestros legisladores al momento de querer plantear un régimen laboral promocional, tanto desde una perspectiva jurídico – constitucional como empírica. La conclusión final es que, no siempre es necesaria la reducción de derechos laborales, pues existen otras alternativas a través de las cuales podemos lograr competitividad y productividad laboral sin perder la calidad en el empleo, esto es, respetar el trabajo decente.

El presente trabajo tiene por objeto desarrollar un análisis jurídico de la problemática del tratamiento indemnizatorio de dos categorías laborales que desde su origen histórico han estado interrelacionadas: los trabajadores de dirección y los de confianza. Si bien es cierto la regulación aplicable a ambas categorías no fue uniforme, con el transcurso del tiempo y sobre todo, con la aplicación de los distintos regímenes legales sobre estabilidad en el empleo, se tendió a unificar su tratamiento indemnizatorio. La jurisprudencia, tanto laboral como constitucional, contribuyó a la aplicación de lo que en el presente trabajo, se ha calificado como tratamiento indemnizatorio “dual”, por cuanto no admite matices diferenciadores entre los trabajadores de dirección -que “hacen las veces” de empleador- y los de confianza, cuya seña de identidad es el depósito de reserva y confidencialidad que le atribuye el propio personal de dirección, lo que restringe su tutela de protección a la esfera indemnizatoria. El problema de fondo es que un último Pleno Jurisdiccional Supremo ha uniformizado el tratamiento indemnizatorio, excluyendo de la tutela resarcitoria no sólo a los trabajadores de dirección, sino también a los trabajadores de confianza, bajo ciertas condiciones, claro está. Por lo tanto, ello justifica un análisis jurídico del sustento de esta clasificación “dual”, no sólo a la luz de criterios jurisprudenciales, sino partiendo de la premisa que es necesario regular por vía legislativa esta materia, buscando un tratamiento indemnizatorio acorde con la naturaleza jurídica de cada categoría, de cara a proponer una regulación específica en las normas aplicables dentro del régimen laboral de la actividad privada, en forma análoga a la regulación que existe sobre esta materia en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, ciertamente con sus matices particulares.

La limitación de tiempo que propone la jornada de trabajo admite para el trabajador el derecho a disfrutar del tiempo libre y del descanso, derecho que se encuentra reconocido internacionalmente y en la Constitución; sin embargo, en la práctica, las nuevas Tecnologías de la Comunicación (TIC’s) están contribuyendo a que los límites de la jornada de trabajo “diario” se vean distorsionados resultando lesivo a otros derechos del trabajador resultando importante garantizar el respeto al descanso diario para proteger su salud ante jornadas sin límites. El objeto de esta investigación es analizar las TIC’s y como han transformado el trabajo, estudiando sus aspectos positivos y negativos, así como su afectación a derechos del trabajador que evidencian la importancia del Derecho a Desconectarse encontrando su sustento en el derecho al descanso y disfrute del tiempo libre. Tomando en consideración que las TIC’s y la falta de control del poder de dirección del empresario son los principales factores que provocan un exceso de trabajo con consecuencias psicológicas y físicas que no son previstas a tiempo, sumado a eso, el desconocimiento de las consecuencias por parte de los trabajadores, permite la vulneración del derecho al descanso y a disfrutar del tiempo libre. Estos derechos son analizados para sustentar la importancia de su regulación y así garantizar su vida y salud. Con esta investigación se llega a la conclusión de que resulta importante analizar las relaciones laborales ante los nuevos escenarios producto del uso de las TIC’s, implementar acciones conjuntas entre empleadores y trabajadores que minimicen el impacto negativo en la salud y el núcleo familiar de los trabajadores, y la necesidad de promover investigaciones referentes a la realidad laboral que se presenta como consecuencia del uso de las TIC’s a fin de garantizar trabajos dignos y seguros.

A través del presente artículo se analiza, desde una perspectiva laboral, la incorporación de plataformas de comunicación digital empresarial en los centros de trabajo, específicamente, con el uso de “Workplace”, un software que cuenta con las características de una red social y cuyo objetivo es el de mejorar el flujo de comunicación y organización entre los trabajadores que comparten el mismo centro de trabajo. Así pues, a partir de abordar las características y objetivos de esta red social, así como, el tipo de información de índole laboral y personal que se comparte en los perfiles de cada trabajador, se procede a desarrollar un análisis desde la perspectiva del derecho laboral peruano, en el que se cuestiona si, con del uso de esta plataforma se pondría en riesgo la protección y respeto de los derechos laborales de los trabajadores y, a su vez, si ello implicaría un exceso en el ejercicio de las facultades por parte del empleador. Por un lado, se realiza un balance de la información compartida en torno a qué tipo de datos pueden tener fines laborales y cuáles otros podrían implicar un menoscabo a la dignidad y la protección de los datos personales de cada trabajador. Si bien la legislación peruana no regula de manera específica la protección de este último en el ámbito laboral, es posible realizar un análisis, a partir de información doctrinaria y jurisprudencial. Teniendo en cuenta ello y las implicancias negativas que podría traer consigo un mal uso de este tipo de plataformas y las decisiones que tome el empleador en torno a la incorporación de este en el centro de trabajo, se analiza los límites de este último en torno al uso de esta herramienta digital y los mecanismos que puede adoptar para su implementación. Respecto a las conclusiones, se resalta la importancia de una expresión de voluntad explícita de parte del trabajador de querer contar con un perfil social corporativo en el que se comparta información sensible previo consentimiento, pero, además, de que el empleador establezca los límites en torno a las exigencias sobre su uso y la información que se publica, a partir de adoptar mecanismos que tengan como prioridad el respeto a los derechos laborales y fundamentales de cada trabajador. / This article analyzes, from a labor perspective, the incorporation of digital business communication platforms in the workplace, specifically with the use of "Workplace", a software that has the characteristics of a social network and whose objective is to improve the flow of communication and organization among workers who share the same workplace. Thus, after addressing the characteristics and objectives of this social network, as well as the type of information of a labor and personal nature that is shared in the profiles of each worker, we proceed to develop an analysis from the perspective of Peruvian labor law, in which we question whether the use of this platform would jeopardize the protection and respect for the labor rights of workers and, in turn, whether this would imply an excess in the exercise of the employer's powers. On the one hand, a balance of the information shared is made regarding what type of data can be used for labor purposes and which others could imply an undermining of the dignity and protection of the personal data of each worker. Although Peruvian legislation does not specifically regulate the protection of the latter in the labor sphere, it is possible to make an analysis based on doctrinal and jurisprudential information. Taking into account this and the negative implications that could result from the misuse of this type of platforms and the decisions taken by the employer regarding the incorporation of this in the workplace, the limits of the latter regarding the use of this digital tool and the mechanisms that can be adopted for its implementation are analyzed. With regard to the conclusions, the importance of an explicit expression of will on the part of the worker to have a corporate social profile in which sensitive information is shared with prior consent is highlighted, but also that the employer establishes limits on the requirements regarding its use and the information that is published, based on the adoption of mechanisms that prioritize respect for the labor and fundamental rights of each worker.

En este informe se analiza el expediente judicial No. 183407-2003-00135-0, que culminó con la emisión de un precedente vinculante de la Corte Suprema de la República, referido a la puesta a disposición del cargo como acto jurídico laboral que pone fin a la relación laboral. Específicamente, el caso trata de un trabajador de dirección a quien su empleador (una empresa municipal) le solicitó poner su cargo a disposición. Cuando el trabajador puso su cargo a disposición en virtud de dicha solicitud, el empleador dio por terminado el vínculo laboral al amparo del artículo 28 del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo. Ante ello, el trabajador demandó el pago de una indemnización por despido arbitrario, pues alegó que su cese no obedeció a su voluntad sino a la voluntad arbitraria de la empresa. Pues bien, el conflicto narrado da pie a dos cuestiones jurídicas relevantes y actuales. La primera cuestión por determinar es el régimen laboral de una empresa municipal, habida cuenta de su cercanía con la administración estatal y los fines públicos que debe perseguir; ello incide en el trato que se debe dar a los trabajadores de dirección. La segunda cuestión por determinar es si un cese con las características descritas es válido; es decir, si es que la puesta a disposición del cargo, solicitada por el empleador a un trabajador de dirección equivale a una renuncia válida. En fin, son dos las cuestiones relevantes que se abordan en el presente informe, las mismas que han presentado debate hasta los años recientes y, por ende, siguen siendo de relevancia para nuestro ordenamiento.

El objetivo principal de este trabajo de investigación consiste en el análisis de una supuesta contradicción normativa entre las normas laborales y las normas regulatorias del sector de telecomunicaciones, específicamente del canal de ventas Retail que este sector terceriza para cumplir con su obligación de capilaridad, partiendo de la aplicación de los requisitos esenciales de la tercerización, conforme lo establece la Ley N.º 29245 y su Reglamento Para ello, analizaremos las normas laborales y regulatorias que adviertan esta supuesta contradicción, doctrina sobre la materia y pronunciamientos de Juzgados y Salas Laborales, que últimamente se han visto en aumento respecto al canal de ventas Retail, materia de análisis. Los principales lineamientos regulatorios para el canal de ventas Retail los encontramos en el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y el Reglamento del Sistema de Información y Registro de Tarifas del OSIPTEL, que establecen la obligación de la empresa de telecomunicaciones de brindar recursos técnicos y materiales a los trabajadores de la empresa de tercerización, lo cual discrepa con este elemento esencial que establece la Ley N.º 29245. Es así que, en el proceso de elaboración del presente trabajo académico, podemos advertir que existe contradicción entre las normas laborales y las normas regulatorias, las cuales se desconocen entre sí, provocando que la misma sea objeto de demandas judiciales sobre desnaturalización de tercerización laboral. / The main objective of this research work consists in the analysis of a supposed normative contradiction between labor norms and the regulatory norms of the telecommunications sector, specifically of the Retail sales channel, which this sector outsources to comply with its capillarity obligation, based on from the application of the essential requirements of outsourcing, as established by Law No. 29245 and its Regulations Therefore, we will analyze the labor and regulatory laws, doctrine, and decisions of Labor Courts, which have recently increased in the Retail sales service, subject of analysis. The main regulatory obligations for the Retail sales service are found in the TUO of the Conditions of Use of Public Telecommunications Services and the Regulation of the Information System and Registry of Rates of OSIPTEL, which establish the obligation of the telecommunications company to Provide technical and material resources to the workers of the outsourcing company, which disagrees with this essential element established by Law No. 29245. In this sense, during the preparation of this academic work, we can point out that there is a contradiction between labor laws and regulatory laws, causing this to be the subject of lawsuits about denaturing labor outsourcing.

Esta investigación demuestra que, en el Perú, existe una configuración constitucional, basada en los derechos fundamentales de participación, libertad de expresión y de reunión, que hace de la protesta social una herramienta de democratización jurídicamente viable. Luego de una revisión detallada de la teoría de la democracia, se propone el uso de la comprensión procesal de la democracia de Charles Tilly para destacar el potencial democratizador de la protesta social. Así, se exhibe una ciudadanía que, en plena crisis de la representatividad, goza de una herramienta para participar políticamente en la esfera pública y trasladar sus demandas al Estado. Para corroborar empíricamente este carácter democratizador se analiza el caso de la protesta social contra el Régimen Laboral Juvenil, acontecida en el Perú entre los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015. Este caso demuestra que, en nuestro país, la protesta social se encuentra sometida a una tensión entre el uso democratizador que le dan los ciudadanos y la criminalización que despliega el Estado para reprimir esta actividad. Partiendo de esta tensión entre el fundamento democrático de la protesta social y los actos de criminalización que la lesionan y amenazan, se realiza un ejercicio de dogmática jurídica, que se nutre de doctrina, normas y jurisprudencia nacional e internacional, para formular una configuración constitucional de la protesta social que asegura su ejercicio y habilita que se activen las garantías constitucionales necesarias para salvaguardar esta manifestación de participación ciudadana.

El objetivo del presente trabajo es analizar, si la justificación que se desarrolla en doctrina para excluir a los trabajadores de confianza del ámbito de aplicación de los convenios colectivos es sustentable, realizando un examen sobre la validez de la exclusión a nivel constitucional y de normas internacionales de trabajo. Adicionalmente se realizará un análisis sobre los distintos pronunciamientos emitidos en las diferentes sedes (administrativa, judicial e internacional) concluyendo finalmente si esta limitación constituye una vulneración al derecho a la libertad sindical y negociación colectiva. En esa linea, nuestro objetivo fue verificar la hipotesis aplicando una metodología exegética que permita identificar la correcta interpretación de la normativa laboral de la materia, con la finalidad de identificar el deber ser como regla aplicable. Sin bien es cierto se trata de una técnica clásica y tradicional, esta permite realizar un análisis macro de las normas y principios aplicables, con la finalidad de poder comprobar si la hipótesis es correcta. Finalmente se llegó a la conclusion de que realizando una interpretación sistemática de la LRCT, Constitución y convenios OIT ratificados por el Perú nos lleva a concluir que la restricción precisada por el artículo 42 de la LRCT quedaría superada por lo regulado en el articulo 12 de la misma norma, por lo que cuando el estatuto de la organización sindical contempla expresamente la posibilidad de que los trabajadores de confianza se afilien, deberían tener acceso también a los convenios colectivos.

Las cuestiones de justicia, igualdad y seguridad en el lugar de trabajo son extremadamente importantes. Identificar la discriminación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) según el nivel de riesgo relacionado con el trabajo y abogar por ampliar SCTR a todos los trabajos de obras y servicios, ayudará a cerrar esta brecha y garantizar una protección justa e igualitaria para todos los trabajadores. Es importante que todos los empleados tengan la oportunidad de trabajar en buenas condiciones, independientemente del tipo de trabajo que realicen. La discriminación en la protección de riesgos laborales basada únicamente en el nivel de riesgo asociado a una determinada actividad es contraria a principios laborales fundamentales como la igualdad y la equidad. Además, la Constitución Política del Perú estipula en sus artículos 22 y 26 la importancia de la justicia, la igualdad y la protección de los trabajadores. Por tanto, ampliar el SCTR a todas las actividades de los trabajadores relacionadas con la ejecución de obras y servicios de construcción es razonable desde la perspectiva del derecho laboral, la igualdad de oportunidades y la plena protección, representación de los trabajadores y responsabilidad social. Esto ayudará a reducir la brecha de protección contra los riesgos de discriminación y promoverá la justicia y la igualdad en el lugar de trabajo. También creará conciencia sobre la importancia de la igualdad y la justicia en el lugar de trabajo y permitirá el desarrollo de políticas y prácticas en el lugar de trabajo más equitativas e inclusivas. / Trabajo académico

La presente investigación parte del análisis tanto del contenido esencial del derecho al trabajo como de la naturaleza jurídica del periodo de prueba en la relación laboral, a fin de construir una línea argumentativa que permita, bajo los alcances -principalmente- de los principios de coherencia normativa y razonabilidad, (i) no solo sostener la «imposibilidad jurídica» de desvincular a una trabajadora embarazada durante el periodo de prueba cuando la causa no se refiera a la falta de idoneidad para el puesto y se lesionen derechos fundamentales, sino, debido a la reiterada jurisprudencia concluir que es necesario (ii) proponer la modificación del artículo 10 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo n.º 728, que regula el periodo de prueba, con el propósito de brindar mayor protección a los derechos fundamentales de la trabajadora embarazada, en virtud de es un «sujeto de derecho especial».