No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El artículo 11 N° 6 del Código Penal establece la atenuante de la irreprochable conducta anterior del imputado, circunstancia ajena al hecho punible cuya concurrencia debiera probarse exclusivamente en la oportunidad contemplada en el artículo 343 del Código Procesal Penal; ello, con el fin de que los jueces que conozcan de la prueba incorporada a juicio no sean contaminados con elementos externos, ajenos a la solución del caso concreto. Éste es un tema que se encuentra prácticamente zanjado en el quehacer jurídico, cosa que no ocurre respecto a si es posible establecer como objeto de prueba en el juicio los antecedentes pasados del imputado , ya no como una circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal, sino que como una relacionada con los elementos constitutivos del delito, como lo son la culpabilidad y la antijuricidad, buscando con ellos acreditar –o desacreditar- el hecho punible objeto de la acusación y la participación culpable del acusado. Es sobre este punto que versa la hipótesis de nuestro trabajo: Dirigiremos nuestra investigación a evidenciar si el sistema procesal penal chileno permite o no probar ese tipo de circunstancias y en qué casos ello ocurre, para lo que desarrollaremos aspectos tan relevantes como la prueba y su valoración, entre tantos otros. Todo esto nos permitirá responder a interrogantes como las siguientes: ¿Involucrará su valoración un prejuzgamiento que vulnere el principio de inocencia? ¿Es posible entender que se está contaminando al juez de instancia con circunstancias irrelevantes para la resolución del caso concreto o que, por el contrario, ellas pueden volverse trascendentales para ello? Si es que en virtud de los artículos 295 y 276 del CPP podemos establecer que es apta para ingresar al juicio oral toda prueba que sea “pertinente”, ¿podríamos determinar que ésta sí lo es?

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta Memoria de Grado describe el desenvolvimiento de la Ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y substancias sicotrópicas, en los escenarios que se generan a partir de la aplicación de uno u otro de los estatutos procedimentales penales, actualmente vigentes en el territorio de la República, y, de consiguiente, permite apreciar en cual de ellos la persecución penal de los ilícitos que aquélla prescribe resulta más eficiente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo da cuenta de la historia fidedigna e íntegra de la ley n° 19.718 que crea la Defensoría Penal Pública. El método utilizado es básicamente un sistema de citas, que asegura al lector la fidelidad de la historia consignada en este trabajo y le permite, además, ahondar de una manera fácil en las fuentes directas de la ley.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo, fundamentalmente apoyado en las esclarecedoras ideas de Mirjan Damaska, no sólo pretende analizar el sistema de impugnaciones en el nuevo proceso penal, en especial la apelación, sino también, explicar como el diseño del proceso legal se encuentra determinado o prefigurado por condicionantes más generales cuyas raíces se encuentran en la estructura, organización y fines del Estado. Como se explicará a propósito del recurso de apelación, su existencia o no dentro del ordenamiento jurídico no depende de la "afición", "gusto" o "conveniencia" de quienes la defienden como tampoco de una simple decisión de política legislativa restringida al ámbito del proceso legal. Por tal motivo, si bien celebramos el avance sin precedentes que introduce la reforma procesal penal y los principios de garantía que pretende introducir o reforzar, entre otros objetivos, ello no debe descuidar un análisis sobre el verdadero "pedigrí" u origen de los mismos ni de su posibilidad practica de aplicación en un medio legal distinto o incluso hostil.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente tesis pretende ofrecer una lectura crítica, desde la óptica de la criminología (en particular la desarrollada durante los años sesenta, denominada crítica o radical), sobre la aplicación de las salidas alternativas al procedimiento penal, por parte de los Fiscales del Ministerio Público, de acuerdo a las instrucciones generales dictadas por el ente persecutor, fundadas en sus directrices de política criminal.

Seminario para optar al Título de Ingeniero Comercial mención Economía / Desde un punto de vista económico, el estudio de los determinantes socio – económicos de la criminalidad se inicia con el trabajo de Becker (1968), quién desarrolla un modelo de consumidor donde la decisión por delinquir proviene de la maximización de utilidad del individuo sujeta a restricciones de ingreso, donde este último depende, entre otros, de las probabilidades de ser aprehendido y de las penas asociadas a la comisión del delito. Con este modelo, Becker demuestra como una mayor probabilidad de ser detenido y, además, la existencia de penas más severas podría reducir los pagos esperados por delinquir y así modificar la oferta de crímenes. Esta es la denominada hipótesis de disuasión. A partir de lo anterior, Ehrlich (1973) proporciona el primer trabajo empírico riguroso para estimar los efectos de las variables socio – económicas sobre la criminalidad. Con el fin de explicar la oferta criminal, Ehrlich utiliza un modelo ocio – trabajo para caracterizar a los individuos. A partir del modelo, y considerando que el trabajo puede ser de tipo legal e ilegal, según el autor, cada individuo asigna óptimamente el tiempo al desarrollo de actividades legales e ilegales, lo que a posteriori determina los ingresos esperados para cada una de ellas. Puesto que el ingreso legal puede ser modelado a partir de variables socio – económicas exógenas (capital humano, edad, género, urbanización, niveles de desigualdad social, etc.), se tiene que el modelo de Ehrlich puede ser estimado y testeado econométricamente a partir de datos objetivos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención derecho penal) / La presente investigación constituye un trabajo tipo AFET que tiene por objeto determinar el rendimiento que tuvo la modificación llevada a cabo por la Ley 20.253 llamada “Agenda Corta Antidelincuencia”, publicada en el Diario Oficial el 14 de marzo de 2008, en lo que dice relación a la modificación que sufrió la circunstancia agravante de reincidencia específica, contemplada en el artículo 12 N° 16 del Código Penal, que cambió el término “reincidente” por “condenado”. Como es sabido, la Ley de Agenda Corta Antidelincuencia, tuvo por objetivo general, endurecer las penas, y dentro de éste, hacer que efectivamente se aplicara la reincidencia, en el caso que nos ocupa, la reincidencia específica, la cual no se estaba aplicando del todo, por una antigua discusión, que se mantenía tanto a nivel jurisprudencial como doctrinal, y que incluso hoy se mantiene, en cuanto a determinar cuándo se entendía cumplida una condena, y que, por lo mismo, fue la razón que motivó el cambio legislativo de la palabra “ser reincidente en delito de la misma especie”, en que no había discusión en que debía estar cumplida la condena, no obstante sí en su forma de cumplimiento, y, obviar esa discusión, por el término “condenado en delito de la misma especie”, que sólo requiere sentencia ejecutoriada. No obstante el claro tenor de la modificación llevada a cabo, se produjo una amplia discusión a nivel jurisprudencial en torno a la aplicación de la modificación llevada a cabo en la circunstancia agravante de reincidencia específica, llamando la atención de parte de esta operadora del sistema que la misma se haya producido a un nivel de discusión que motivó que un sector de la jurisprudencia decididamente no la aplicara. En consecuencia, este trabajo tiene por objeto ver cuál ha sido el efecto a nivel jurisprudencial respecto a esta modificación, determinar de qué manera se ha aplicado o no la misma y su efecto en el futuro. Por lo mismo, esta investigación apunta a explicar la discusión en tribunales de la concurrencia o no de esta agravante, de reincidencia específica, de analizar y determinar las distintas formas en que se está aplicando la referida modificación en nuestros tribunales, esencialmente atingentes a hechos juzgados, con anterioridad a la vigencia de la modificación llevada a cabo por la Ley 20.253, llamada “Agenda Corta VII Antidelincuencia”, es decir, que el o los hechos que motivan la reincidencia hayan precisamente sido juzgados antes que entrara en vigencia la respectiva modificación de la referida ley, pues es esta época “intermedia” o “transitoria”, la que provoca precisamente disparidad de criterios en su aplicación, porque si el hecho que motiva la reincidencia es posterior a la publicación de la ley, no hay discusión en ese punto y resulta pacífico que debe aplicarse. En el llamado “período intermedio”, materia de nuestro estudio, los tribunales han sostenido diversas posturas tendientes a aplicar o no, la modificación llevada a cabo por esta ley, discusión que se estima de gran interés jurisprudencial. Por lo mismo, este estudio se iniciará con la historia de la ley para determinar cuál ha sido su espíritu, si se produce una problemática interpretativa o es claro su tenor, pues la modificación introducida en la agravante de reincidencia específica, contiene claras consideraciones de política criminal, que muchas veces contrastan con razones de justicia material, lo que hace obviar su aplicación. Palabras Clave: reincidencia, impropia, efectivo, específica, condena

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales / La figura de los informantes y los agentes encubiertos y reveladores, como técnica especial de investigación en el ámbito jurídico nacional e internacional, viene siendo utilizada ya hace algún tiempo y cada vez más profusamente. Actualmente se tramita en el Congreso un proyecto que pretende regular estas figuras en un título nuevo del Código Procesal Penal, expandiendo su aplicación a la persecución de los delitos complejos que el proyecto indica, dentro de los cuales se encuentran los delitos de terrorismo. A partir de la revisión y análisis de la reglamentación de estas figuras tanto a nivel nacional como comparado, así como también de los pronunciamientos de la jurisprudencia chilena y extranjera a su respecto, esta memoria concluye que la implementación de esas figuras acarrea una serie de problemas relacionados con vulneraciones de derechos humanos y garantías procesales, además de traer aparejado el riesgo de los delitos provocados por estos agentes en el ejercicio de sus funciones. Estos problemas se ven aumentados toda vez que se relacionan con las dificultades de conceptualización que aquejan al terrorismo como delito, por lo que la legitimidad de esta medida intrusiva pasa a ser doblemente cuestionada. Si bien el proyecto que se analizará -boletín 9692-07- incluye una nueva tipificación del delito de terrorismo, esta tesis se centrará en el estudio y análisis de la figura de los informantes, agentes encubiertos y reveladores, tomando en consideración los demás aspectos del proyecto de ley sólo de manera tangencial. Esto último, con el objetivo de proyectar los problemas que traería su incorporación ya con el estado de cosas actual, que se encuentra ampliamente documentado y estudiado por la doctrina, de modo que podamos ofrecer un panorama lo más completo posible de las consecuencias que una reforma ésta conllevaría.

Memoria para optar al grado académico de Licenciadas en Ciencias Jurídicas y Sociales / En Chile la persecución penal cuando el imputado es un enfermo mental sigue un procedimiento especial que busca entregar garantías tanto a la víctima como al imputado. Chile ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que deberíamos encontrar plasmada en la legislación una serie de medidas que adecuen el derecho para de esa manera evitar discriminaciones. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar el tratamiento que el ordenamiento jurídico nacional ha entregado a la enfermedad mental, exponiendo su marco normativo a nivel internacional y de derecho interno criticando aquello que no se condice con el espíritu de la Convención y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Buscamos realizar una contribución al sistematizar la normativa, abordando la Constitución Política de la República, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley 18.600, la Ley 20.422, la Ley 20.584, el Código Sanitario y el Decreto 570 del Ministerio de Salud. También explicando los conceptos fundamentales a la hora de hablar de enfermedad mental, como lo son la demencia, la capacidad y la imputabilidad; y concluyendo una serie de problemáticas que actualmente se presentan.