Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene la pretensión, quizás un tanto ambiciosa, de analizar el inciso segundo del artículo 149, como así mismo la letra c) y el inciso final del artículo 248, ambos del Código Procesal Penal (en adelante CPP), a la luz de nuestra Constitución Política de la República (en adelante CPR), llegando finalmente a aceptar o rechazar en nuestra conclusión su constitucionalidad. Cada día las poblaciones del mundo occidental van evolucionando hacia una construcción de la sociedad regida por el denominado Estado Social y Democrático de Derecho, en virtud del cual, como máxima suprema, se deben respetar los principios que informan dicho estado, cuales son el de supremacía constitucional, imperio de la ley, distribución del poder estatal en titulares que desarrollen funciones diferenciadas, responsabilidad de las diferentes magistraturas y nulidad de los actos que emanen de órganos no competentes, todos los cuales tienen su fundamento principal en la dignidad de la persona humana y sus derechos, los que deben ser promovidos y respetados por los órganos del Estado, cuales se ven amparados también por la vigencia y reconocimiento que tienen los tratados internacionales en nuestra propia Carta Magna1

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo de investigación pretende dar cuenta de la institución del informe pericial y de la persona del perito en el ámbito juridico procesal y especialmente en sede penal. Se advierte que la legislación nacional no ofrece regulación exhaustiva respecto de ciertos rasgos subjetivos que invisten la figura del perito en tanto experto en una determinada disciplina, sea esta una ciencia, un arte u oficio, especialmente en cuanto a la evaluación que respecto a su incorporación recae en fase de admisibilidad probatoria, relevando dichas calificaciones a las garantías de seriedad y profesionalismo que su ofrecimiento a juicio aspire a representar. Se examina a su vez la asimetría cognoscitiva existente entre juez y perito reconociendo a este como intermediario epistemológico de conceptos ajenos al acervo cultural común del juez, vinculando dicho desequilibrio a la desigual distribución de expertiz que nuestro ordenamiento procesal contemporáneo exhibe en un contexto de apropiación de medios probatorios, globalización y dinámico avance científico-tecnológico / 31 julio de 2020

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / A través de la presente memoria, se analizará la posible existencia de una relación entre la seguridad ciudadana, entendida como el temor de las personas a ser víctima de un delito, y la aplicación de algunos de los principales mecanismos del principio de oportunidad, como respuesta sistémica del Ministerio Público. Para ello, se estudiará la definición de cada uno de los conceptos mencionados, y en cada caso se tendrán en consideración datos estadísticos proporcionados por la ENUSC y Fiscalía de Chile, respecto a la Región Metropolitana entre los años 2010 y 2017. Todo lo anterior, enfocado en los delitos de robo con violencia, considerados como parte del grupo de delitos violentos o de mayor connotación social y como los que más han aumentado en la última década. Finalmente, se concluirá de qué manera se vinculan las variables estudiadas, lo cual pretende ser un reflejo objetivo de la percepción de la ciudadanía respecto a este tipo de delitos en el último tiempo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El terrorismo es un fenómeno delictual que ha alcanzado relevancia a nivel internacional. Sin embargo, no existe una posible forma de definir qué constituye un delito de terrorismo, sino más bien, existen distintas definiciones posibles. Expresión de dicho problema es que el delito de terrorismo se ha transformado en un concepto difuso, a partir del cual no es posible constatar de manera estricta si este ha ocurrido o no, lo cual supone un conflicto relevante con las exigencias del principio de legalidad. Muestra de lo anterior es la Ley 18.314, que regula y penaliza las conductas terroristas en Chile, la cual no tiene un concepto de terrorismo propiamente tal, sino que elementos para identificar su existencia. La Ley 18.314 surge durante la Dictadura militar de Augusto Pinochet, y se mantiene hasta el día de hoy, con algunas modificaciones que serán tratadas en la investigación. Este trabajo pretende realizar un análisis de la comprensión del delito de terrorismo que han tenido los tribunales chilenos a la luz de la Ley 18.314. Dicho análisis será diferenciado según dos períodos históricos: la aplicación del concepto de terrorismo durante el régimen militar de Augusto Pinochet, y el posterior regreso a la democracia, el cual se subdividirá a su vez en el período en que las causas donde se imputa el delito de terrorismo hayan sido resueltas según el antiguo régimen procesal penal (1990-2001) y aquellas que fueron tramitadas según la nueva reforma procesal penal (2001-2015). Con el fin de evaluar si es que la tendencia de la comprensión del delito de terrorismo tiene una relación significativa con el período histórico en que se utiliza, identificando: la tendencia del concepto de terrorismo y su relación con la conflictividad de dicho período histórico.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tuvo por objetivo determinar y analizar el procedimiento aplicable a los adolescentes entre 14 y 17 años, imputados por crimen o simple delito que se encuentren en la hipótesis del artículo 10 N° 1 del Código Penal. A partir del análisis de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, las Reglas de Beijing, las Directrices de Riad, Reglas de las Naciones Unidas para los Menores privados de libertad y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se determinaron los estándares internacionales aplicables a esta hipótesis. Asimismo, se recurrió al derecho comparado (Derecho penal adolescente estadounidense y alemán) para conocer los avances y posibles alternativas a la persecución penal común para adolescentes con trastornos mentales. A la luz del marco teórico anterior, se analizó la normativa nacional pertinente, comprendiendo principalmente la Ley N° 20.084 y su reglamento, así como su implementación. Esto último, a partir de la información proporcionada por el Servicio Nacional de Menores (SENAME), el Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, y encuestas realizadas a Defensores Públicos juveniles. Los datos recabados permitieron constatar vulneraciones a los derechos y garantías inherentes al debido proceso. En este sentido, se constató la aplicación a menores de edad de medidas de seguridad, procedimiento regulado en el Código Procesal Penal y aplicado a adultos. A partir de lo anterior, se formularon sugerencias orientadas a la adecuación del actual sistema a las exigencias de los instrumentos internacionales.

Memoria (magíster en derecho, mención derecho penal) / Con la entrada en vigencia, el año 2.005, de la Ley N° 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes, se incorporó en la letra a) del artículo 19, una circunstancia agravante que no existía en la ley precedente, esto es, en la Ley N°19.366. La nueva circunstancia es “si el imputado forma parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16”. Dicha circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, ha originado una serie de problemas en atención a su redacción, lo que, a su vez, ha generado múltiples interpretaciones, no concordantes. A ello se suma que la doctrina nacional no se ha encargado de analizar en profundidad la agravante en cuestión, existiendo en la práctica sólo informes encargados por el Ministerio Público como por la Defensoría Penal Pública sobre el tema, con los inconvenientes que ello implica, principalmente, la visión interesada que cada uno de dichos organismos presenta sobre la cuestión debatida. Tampoco existe hasta hoy una recopilación y sistematización de la jurisprudencia que haya abordado el tema, circunstancias todas que hacen aún más difícil la tarea de los operadores del nuevo sistema procesal penal a la hora de determinar si se configura o no la agravante en un caso concreto. En efecto, dado lo ambiguo de la redacción de la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 20.000, surgen una serie de preguntas, entre otras, ¿cuáles son los límites entre la coparticipación, la asociación ilícita y la agravante específica? El trabajo que se desarrolla en las siguientes páginas tiene por finalidad determinar el tratamiento que le han dado nuestros Tribunales de Justicia a la agravante en comento, a partir de su incorporación en la Ley Nº 20.000 -año 2005- a la fecha y, ante la ausencia de una investigación semejante, ser fuente de consulta y referencia. A través del estudio de la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia –Tribunales de Garantía, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Cortes de Apelaciones, Corte Suprema y Tribunal Constitucional, se analizarán, definirán posturas y tesis jurídicas consistentes y significativas, las que sin lugar a dudas, constituirán una herramienta importantísima para los operadores del nuevo sistema procesal penal, toda vez que permitirá identificar los elementos esenciales de la agravante en estudio y determinar, en definitiva, si ésta se configura o no en un caso concreto. Estudiar los elementos o circunstancias que deben concurrir para que se configure la agravante de la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 20.000, permite dar sentido jurídico a la norma sustantiva penal, esto es, fijar su sentido punitivo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto del presente trabajo consiste en determinar la naturaleza jurídica del control de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal, en otras palabras, comprender cuál es la finalidad que cumple dicha institución en el ordenamiento jurídico. Para ello, realizamos un estudio pormenorizado de las modificaciones legales que ha presentado la normativa y los motivos del legislador para realizar dichos cambios en tan poco tiempo. En segundo lugar, para la mejor comprensión de la institución, recurriremos a los conceptos elaborados por la doctrina, haciendo una revisión general de los aspectos del procedimiento del control de identidad, desde sus supuestos habilitantes hasta el término del procedimiento. Enseguida, para lograr nuestro objetivo y acercarnos a las posibles finalidades de la norma, analizaremos las opiniones de la doctrina, la legislación comparada y la jurisprudencia. De lo anterior, advertiremos tres distintas finalidades de la figura: cautelar, investigativa o preventiva. Para determinar cuál de las finalidades descritas es preponderante en la norma, realizaremos un estudio detallado de la figura, contrastándola con su ubicación dentro del Código Procesal Penal, cada uno de los supuestos que autorizan a solicitar la identificación del sujeto, las medidas que faculta la institución, como el registro, cotejo de órdenes de detención pendiente; y las reformas efectuadas por la ley. Esto nos permitirá comprender a cabalidad el sentido y alcance de la figura. Por último, analizaremos las ideas centrales del proyecto de ley del año 2003 que establecía un nuevo control de identidad de carácter preventivo. Finalizando con el estudio y críticas de las reformas efectuadas por la ley 20.931 al artículo 85 Código Procesal Penal y la implementación de una nueva figura, denominada “control de identidad preventivo”.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis desarrolla las reformas procesales introducidas al Decreto Ley 211 en el contexto de la criminalización de la colusión, con el objeto de analizar críticamente las deficiencias del diseño dual utilizado por el legislador nacional. Para ello, en el primer capítulo se estudia el problema de la aplicación de los principios penales al derecho administrativo sancionador y como esto incide en el sistema de defensa de la libre competencia. Luego, en el segundo capítulo de la tesis revisamos los diseños institucionales de persecución de la colusión y la evolución del castigo penal de este ilícito en Chile. Finalmente, el tercer capítulo del trabajo está dedicado al análisis de los conflictos procesales que hemos detectado en el sistema de persecución penal de la colusión, esto es, la constitucionalidad de la regla de legitimación activa, la infracción al principio ne bis in ídem, la vulneración del derecho a defensa, la utilidad penal del material probatorio producido por la Fiscalía Nacional Económica en sede de libre competencia y la vigencia del artículo 285 del Código Penal.