The current research tries to recognize how the Inter-American Court of Human Rightscan influence in the legal and constitutional reforms in Latin American countries. It tries to understand what elements are required for those reforms to happen. It is stated that it requires human rights movements with knowledge of the Inter-American system and a favorable State context of at least one branch of the State. Finally, it was found that, in the cases studied, thecontext determines whether what the Inter-American Court says is applied or not. / La presente investigación apunta a conocer la manera en la que la Corte Interamericana deDerechos Humanos afecta reformas jurídicas y constitucionales en los países latinoamericanos. Se busca comprender qué elementos son importantes para que se presenten las reformas. Además, se plantea que, para que estas reformas se lleven a cabo, es requerida la conjunción de movimientos con conocimiento del sistema interamericano y un contexto estatal favorable en al menos una de las ramas tradicionales del Estado. Finalmente, se encontró que, en los casos reseñados, el contexto suele ser determinante para la aplicación de lo señalado por la Corte Interamericana.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En los últimos años se ha evidenciado en nuestro país una problemática específica que afecta a las mujeres en el contexto de la atención gineco-obstétrica que reciben tanto en el sistema público de salud como en el privado, situación que se deriva de la violencia de género, y que se conoce con el nombre de violencia obstétrica. Frente a esta situación, se hace necesaria la revisión de nuestro actual marco normativo, a efectos de comprobar si aquel es suficiente para asegurar las garantías fundamentales de las mujeres en sus atenciones de salud ginecoobstétricas, o por el contrario, se hace necesaria la creación de uno nuevo, que resguarde de manera adecuada estos derechos. Para ello, realizaremos una revisión del concepto de violencia obstétrica y sus principales manifestaciones, haciendo énfasis en que este tipo de violencia puede tener lugar a lo largo de diversas etapas en la vida de una mujer. Posteriormente, analizaremos nuestra actual legislación, enfocándonos en los principales cuerpos normativos que abordan esta temática, a efecto de contrastarlo con aquellos que establecen garantías fundamentales para las mujeres; finalmente, abordaremos la experiencia comparada en materia de violencia obstétrica, a fin de identificar aquellos elementos que nos permitirán configurar una normativa adecuada en Chile.

Como parte de mi desarrollo profesional tuve la oportunidad de participar de las actividades de una entidad pública en el marco de la visita al Perú del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, llevada a cabo del 21 de enero al 03 de febrero de 2020. Las conclusiones de su visita anunciaban una situación de desprotección para las personas defensoras de derechos humanos. En este contexto, inicio el presente trabajo académico con la finalidad de profundizar sobre quién es una persona defensora, cuáles son sus principales características, cómo debe abordar el Estado esta temática y cuáles son las medidas nacionales específicas diseñadas en favor de este colectivo. Al terminar mi investigación y análisis sobre el tema, presento las siguientes conclusiones, a saber, la característica principal del concepto de persona defensora radica el vínculo entre la actividad que se realiza y el otorgamiento de la calidad de persona defensora; el Estado ve reforzado su deber de garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas defensoras debido a la condición de especial vulnerabilidad de éstas; es posible la inclusión de la persona defensora como una categoría autónoma de discriminación; las medidas adoptadas en el país específicamente en favor de las personas defensoras constituyen un avance significativo en el trayecto hacia un marco más adecuado para su protección, pero es necesario que sean aprobadas por normas de jerarquía legal suficiente para que vincule a los distintos actores estatales concernidos en el tratamiento de las personas defensoras.

El objetivo del presente artículo es analizar las distintas expresiones de violencia contra la población LGBTI, sobre todo la violencia institucional, a partir del concepto de “violencia por prejuicio”. Este concepto, compatible con la visión sociológica o estructural de la igualdad propuesta por Saba, apunta a la comprensión de la violencia como un fenómeno social y no como un hecho individual; que requiere de un contexto, marcado por la heteronormatividad, la cisnormatividad y el sistema binario de sexo y género, y una complicidad social; y tiene un impacto simbólico, al enviar un fuerte mensaje social contra toda la comunidad LGBTI. Para realizar este análisis se emplea el enfoque contextual de la igualdad inclusiva de Colleen Sheppard, que estudia la desigualdad desde tres contextos o niveles: el contexto micro, el contexto meso o institucional y el contexto macro. En ese sentido, se concluye que a nivel del contexto micro de desigualdad, Azul Rojas Marín, en su condición de hombre homosexual, fue víctima de distintos actos violencia por prejuicio por parte de los funcionarios estatales (fuerzas del orden y operadores de justicia). A nivel meso o institucional, se concluye que los principales perpetradores de actos de violencia y discriminación contra las personas LGBTI, son los funcionarios y servidores de entidades públicas, quienes comparten estereotipos y prejuicios contra esta población. Y, a nivel macro, se concluye que en la sociedad peruana persiste una situación de desigualdad estructural y de violencia generalizada contra las personas LGBTI, que se explica en parte por los estereotipos y prejuicios extendidos contra este grupo

El presente artículo trata acerca de los Principios de Yogyakarta sobre la protección de los derechos humanos de la comunidad de personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales (comunidad LGBTI) y su contribución al sistema interamericano de derechos humanos. Tomando en consideración la discutida naturaleza jurídica de dichos principios y la discriminación histórica contra la comunidad LGBTI, esta investigación se cuestiona principalmente si es que tiene alguna consecuencia jurídica su aplicación por los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. En tal sentido, se recuerda la historia de estos principios y se analiza su naturaleza jurídica. De esta manera, se justifica que los Principios de Yogyakarta, a pesar de su no vinculatoriedad, se han convertido en parámetro de interpretación del principio de igualdad y no discriminación, de los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y de otras obligaciones del sistema interamericano de derechos humanos que guardan relación con temas de diversidad de género. Así pues, como conclusión de esta investigación vamos a verificar que estos principios no son utilizados para crear nuevas obligaciones a los estados, sino que contribuyen en explicitar el contenido de derechos –convencionalmente ya establecidos– correspondientes a la comunidad LGBTI en el sistema interamericano de derechos humanos.

El presente trabajo pretende analizar el caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana, el cual fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente resuelto el 28 de agosto de 2014; desde una perspectiva de igualdad y no discriminación. Para ello, se demostrará que las expulsiones arbitrarias constituyeron una grave vulneración de los derechos a la identidad, garantías procesales mínimas, niñez y unidad familiar de las víctimas. Asimismo, se postulará la necesidad de reconocer que la soberanía de los Estados en temas de movilidad humana debe ser reformulada a partir de la situación de vulnerabilidad que se propugna para las personas migrantes. Para ello, se resaltará que, dado los nuevos retos que supone la migración, es necesario adoptar un derecho autonómo a migrar que implique abordar a la migración como una actividad inherente del ser humano. Finalmente, será conveniente formular ciertas políticas de integración que permitan reconocer a las personas migrantes como favorables para las sociedades de acogida. Por todo lo anterior, en el presente informe se aplicará una metolodogía dogmática y exegética, donde será fundamental el estudio de las normas y estándares internacionales que ofrece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en atención a la protección de las personas migrantes. / This paper aims to analyze the case of Expelled Dominicans and Haitians vs. Dominican Republic, which was presented to the Inter-American Court of Human Rights and subsequently resolved on August 28, 2014; from the perspective of equality and non-discrimination. To this end, it will be demonstrated that the arbitrary expulsions constituted a serious violation of the victims' rights to identity, minimum procedural guarantees, childhood and family unity. It will also postulate the need to recognize that the sovereignty of States in matters of human mobility must be reformulated from the situation of vulnerability that is advocated for migrants. Also, it will be emphasized that, given the new challenges posed by migration, it is necessary to adopt an autonomous right to migrate that implies addressing migration as an inherent human activity. Finally, certain integration policies should be formulated to recognize migrants as favorable to host societies. In view of the above, dogmatic and exegetical methods will be applied in the present report, where the study of the international norms and standards offered by International Human Rights Law will be fundamental in attention to the protection of migrants.

La relación “recluso – Administración Penitenciaria” es una relación compleja en la que el recluso ve limitado el ejercicio de determinados derechos fundamentales a consecuencia de la privación de su libertad personal. Por ello, para la presente tesis ha sido importante analizar las condiciones de reclusión y el ejercicio de ciertos derechos fundamentales de los reclusos a la luz de la normativa nacional e internacional, a fin de conocer cuáles son los estándares mínimos que deben respetarse en la reclusión de una persona en un centro penitenciario, sea en calidad de procesada o condenada. Bajo este marco, analizar si los límites impuestos por el legislador nacional al ejercicio de determinados derechos fundamentales de los reclusos se ajustan a los parámetros constitucionales e internacionales establecidos, y si estos límites impuestos no vulneran el contenido esencial de los derechos materia de restricción, nos parece fundamental. Por ello, el presente trabajo señala entre otras cosas, que a nivel jurisprudencial, tanto nacional como internacional, ha quedado establecido que bajo ningún concepto deben limitarse o restringirse determinados derechos, como el derecho a la vida, a la salud y a la integridad personal. En este sentido, situaciones como el hacinamiento penitenciario –situación crítica en nuestro país y en otros ordenamientos- representa una clara violación a los estándares establecidos, pues la “prohibición del hacinamiento”, además de ser actualmente un principio rector de la Administración Penitenciaria, definitivamente tiene como objetivo disminuir los agudos problemas que genera el excesivo número de reclusos en un centro penitenciario, y garantizar que el recluso goce de condiciones mínimas necesarias para una vida digna. Finalmente, del análisis realizado a la jurisprudencia nacional emitida por nuestro Tribunal Constitucional podemos señalar que existe una voluntad positiva de ajustarse a los parámetros internacionales y de establecer principios rectores en el respeto de los derechos de los reclusos.

Esta Tesis pretende aportar al debate en Trabajo Social, en el marco de la reivindicación de los Derechos Humanos desde un sentido histórico. En su desarrollo resignificamos a los Organismos de Derechos Humanos, como gestores de acciones de resistencia en la construcción de reservorios de memoria y conciencia histórica, centrándonos en la labor de la APDH (Asamblea por los Derechos Humanos) neuquina, desde su fundación en mayo de 1976 hasta el presente. La narrativa transita por pasajes de la experiencia histórica, de protagonistas que tienen en común la desobediencia ante el terror de Estado. Se destaca la figura del Obispo neuquino (Don Jaime de Nevares), con quien la resistencia iluminó el camino ante la orfandad y la soledad humanas, en un tiempo de ignominia planificada de Norte a Sur para truncar los sueños del ‘70. A 30 años de democracia ininterrumpida, lograda en dos siglos de historia, cómplices civiles con el Estado terrorista ‘pierden la máscara y quedan expuestos a la luz del día’. Tomamos el caso del Licenciado en Servicio Social (Ricardo José Grisotto), sindicado como “Agente de reunión” del Batallón 601 del Ejército Argentino entre 1976-1983. Este caso fue objeto de un juicio por parte del Tribunal de Ética del CPSS (Colegio Profesional de Servicio Social) de Neuquén. El juicio tuvo características inéditas y se coloca en el contexto y el texto del Código de Ética de nuestro Colegio Profesional, construyendo mediaciones desde una ética arraigada en la historia, donde los derechos humanos se ubican en la agenda en el sentido de advertencia y observancia, como un núcleo básico de consenso para enfrentar la relación presente/futuro (se acopla el pasado al presente) recuperando lo humano de la historia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto estudiar la evolución que ha experimentado el concepto “interés superior del niño” desde su introducción en la Convención sobre los Derechos del Niño hasta el presente. Se concentra primero en cómo se ha comprendido el concepto para luego investigar las repercusiones que ha tenido en los derechos de los niños cada definición. Por último se investiga sobre la posibilidad de adaptar la Observación General N°14 por parte del sistema judicial chileno. El método de investigación utilizado consiste en el estudio de fuentes académicas, como libros, ensayos, recopilaciones, revistas; fuentes normativas nacionales e internacionales; y, fuentes jurisprudenciales. Como resultado se concluye que la comprensión objetiva del interés superior del niño es fundamental para concebirlo como titular de derechos. Chile tiene las herramientas para adscribirse al estándar internacional moderno; sin embargo, no ha sabido aprovecharlas por lo que se requiere urgentemente una reforma en materia de infancia y adolescencia

Psicóloga / Autor no autoriza la publicación de su tesis a texto completo en el Portal de Tesis Electrónica / La implementación de acciones dirigidas a la promoción de competencias parentales ha sido un aspecto difícil de abordar en muchas Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD), pese a que se constituye como uno de sus principales objetivos. Por ello, este estudio propone un modelo de intervención grupal de fortalecimiento de competencias parentales para usuarios/as de las OPD, basado en el Taller “Mirando Mi Árbol” de Fundación Integra. Posteriormente se realiza la implementación piloto y su evaluación en la OPD de La Florida. El diseño metodológico se hace en base a técnicas cualitativas, utilizando para la recolección de datos una entrevista grupal y entrevistas individuales en modalidad pre-post. El análisis de datos se desarrolla utilizando análisis de contenido. Los resultados obtenidos en este estudio dan cuenta de una valoración positiva de las/os participantes en cuanto a la implementación del taller, la pertinencia y aplicabilidad de contenidos, y la apreciación de éste como potenciador de cambios en la dinámica familiar. Además, los resultados de las entrevistas pre-post, indican que en esta muestra se observaron cambios favorables en las temáticas evaluadas, ya sea en aspectos cognitivos, actitudinales o conductuales. Por ello, se concluye que este taller puede constituirse como un valioso elemento de apoyo a la labor realizada por las OPD, que podría aportar significativamente a cubrir un actual vacío de conocimientos y a optimizar el uso de recursos en estos organismos