Mi interés por la realización del presente trabajo nace de las inquietudes surgidas a raíz del conflicto entre Israel y Palestina, más de tres años atrás. Profundizar un poco en el tema, así como recordar algunas lecciones de Derecho Internacional Público, me llevó a reflexionar e interrogarme sobre el derecho que tiene el pueblo palestino para formar un Estado propio o para autodeterminarse como mejor le parezca, sin ninguna clase de injerencia externa. En todo caso, deshojando las múltiples connotaciones y aristas de este conflicto, fue la percepción de cómo el vínculo identitario de las personas constituía un poderoso motor capaz de emprender toda clase de empresas colectivas, el factor motivador determinante para seguir ahondando en el tema. Así, profundizando en mis conocimientos y estudiando otros casos, como el de los vascos en España, los tamiles en Sri Lanka, los kurdos (divididos en 4 Estados distintos), los tibetanos en China entre otros, se hizo más notorio para mí cómo este vínculo identitario o el sentimiento de afinidad o pertenencia de una persona hacia un grupo humano determinado, era uno de los factores subyacentes más trascendentales (sino el más importante) para poder comprender la mayoría de los conflictos entre grupos humanos vigentes o latentes en la actualidad en el mundo. Resulta claro que éste no es un fenómeno nuevo en la historia. No sería posible explicar el devenir de la misma sin entender cuan poderoso condicionante y catalizador para las personas ha sido el vínculo identitario, desde los albores de la civilización humana. La formación de los Estados modernos representaría el producto contemporáneo más avanzado de acuerdo a esta forma de interpretar los cursos de la historia. / Tesis

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas hoy en día constituye uno de los mayores desafíos para los Estados. Las demandas de los pueblos indígenas se enmarcan principalmente en torno al reconocimiento de sus derechos colectivos, fundamentalmente sus identidades colectivas, relación con la tierra y su efectiva participación en temas que les afecta. Dentro de los principales instrumentos de carácter vinculante se encuentra el Convenio 169 de la OIT, el cual despliega una serie de derechos y mecanismo que los Estados signatarios deben hacer cumplir a través de su institucionalidad pública, por medio de políticas públicas transversales que den respuesta a las demandas más sentidas por sus pueblos indígenas. Este estudio de caso describe y analiza el desarrollo de la institucionalidad pública de Guatemala y Chile en los últimos 20 años, orientada a los pueblos indígenas. Para ello se realizó un recorrido histórico sobre los hitos más representativos para los pueblos indígenas de cada país, el cual permitió conocer sus antecedentes políticos e institucionales y los diferentes instrumentos normativos desarrollados en favor de los pueblos indígenas. Este recorrido permitió insumar el marco conceptual y describir la trayectoria institucional de ambos países, dejando en evidencia que gran parte de la institucionalidad pública en materia indígena que actualmente tienen, responde a coyunturas políticas, en donde las relaciones entre pueblos indígenas y Estado, estaban debilitadas; en Guatemala se debía al conflicto armado interno de 36 años y en Chile por su régimen de dictadura, la transición hacia un sistema democrático en ambos países dio lugar a la generación de acuerdos políticos, que en el transcurso del tiempo fueron utilizados para la creación de una institucionalidad formal en favor de los pueblos indígenas. Pese a la voluntad mostrada por los distintos gobiernos a lo largo de los últimos 20 años, aún quedan grandes desafío y demandas pendientes de ser atendidas. En el caso de Guatemala se observa la necesidad de dotar principalmente de recursos humanos y financieros a las instituciones ya establecidas a partir de los Acuerdos de Paz, que si bien registran avances, principalmente impulsando reformas normativas, la realidad cotidiana de la población indígena ha cambiado muy poco. En Chile, el principal desafío está vinculado al reconocimiento constitucional y a garantizar el uso de la consulta, como mecanismo de participación legitimada principalmente por el Convenio 169 de la OIT, que versa en que los pueblos indígenas puedan participar de manera informada, previa y libre en los proceso de desarrollo y formulación de políticas que les afecte. Además es necesario comprender que el énfasis de estos mecanismos de participación (consulta, mesas, diálogos ciudadanos), no deben de estar puesto en el procedimiento sino en alcanzar acuerdos para el debido reconocimiento y ejercicios de los derechos de los pueblos indígenas.

Thesis (Ph. D.)--University of Wisconsin--Madison, 1996. / Typescript. eContent provider-neutral record in process. Description based on print version record. Includes bibliographical references (leaves 308-324).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene como objeto central analizar algunas de las consecuencias normativas que, a nivel constitucional, se deducen de la asunción del denominado Estado Social y Constitucional de Derecho. Para ello, luego de un capítulo introductorio, el capítulo II describe algunos de los presupuestos que conformaron el Estado de Derecho en las postrimerías del siglo XVIII, con el fin que los capítulos III y IV puedan dar cuenta de la transformación que en los siglos siguientes experimentó esta configuración inicial. Así, en estos capítulos se describen, respectivamente, los procesos que llevaron a la socialización y constitucionalización del Derecho. Junto con ello, en los capítulos III y IV se analizan algunas de las consecuencias constitucionales que supone la consolidación del modelo del Estado Social y Constitucional de Derecho, como son la aparición de derechos sociales y de prestación, el surgimiento de derechos colectivos y de bienestar, la adopción de mandatos o cláusulas de estado social y de fuerza vinculante de la Constitución y el desarrollo de un procedimiento establecido para la garantía jurisdiccional de la Constitución, entre otros. Adicionalmente, en el capítulo V se analiza una de las cuestiones que ha generado mayor discusión en relación a las consecuencias normativas del paradigma del Estado Constitucional de Derecho como la referida a los alcances del rol que debe ejercer el TC en el control de constitucionalidad de la ley. Dado que a través de esta memoria se constata que la asunción Estado Social y Constitucional de Derecho ha traído aparejada una pérdida de relevancia del legislador democrático dentro del sistema de fuentes y que ello significa costos importantes no sólo desde un punto de vista político, sino que también para la pretensión de formalización del Derecho, se sugieren distintos acomodos institucionales que permitan algún nivel de complementariedad entre los presupuestos del Estado Social y Constitucional de Derecho y la regla de mayoría

Propone completar un vacío doctrinario con respecto a la perención, a fin de facilitar a los operadores de justicia la mejor interpretación de las normas que la regulan. En Perú, a diferencia de todas las demás legislaciones procesales, la perención tiene dos consecuencias, que van más allá del cese de toda actividad procesal i) Una moratoria, por la cual el actor de un proceso judicial que concluyó por perención no puede volver a pretender lo mismo por un período de un año; y, ii) La extinción del derecho reclamado, cuando se incurre en perención por segunda vez. Por ello, términos de perención, tenemos que explorar dos tipos de motivos; en primer lugar, si se justifica que la perención siga vigente en las legislaciones procesales, y más aún en aquellas, como la peruana, que contemplan el impulso de oficio como un deber del juez; y, en segundo lugar, si las consecuencias de la perención peruana (la moratoria y la extinción del derecho pretendido) tienen un sustento atendible. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Es en el siglo XX y con el término de la Segunda Guerra Mundial, cuando se comienza a dar en el ámbito del derecho internacional público una expansión del derecho internacional de los derechos humanos, lo cual se traduce en una proliferación de tratados, declaraciones y resoluciones que se refieren a los derechos fundamentales y que consagran, respecto de todas las personas, derechos civiles y políticos, así como también derechos económicos, sociales y culturales. No obstante lo anterior, en décadas más recientes la tendencia a nivel internacional ha sido hacia una cada vez mayor especialización de los derechos humanos, particularmente respecto de aquellos grupos o sectores que identificamos como especialmente vulnerables respecto de los demás o que, por factores históricos o culturales, sufren de discriminación en la sociedad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Históricamente las RSE muestran por lo menos tres problemas: la validez del principio de legalidad en las actuaciones de la Administración, la validez de los derechos fundamentales, y la cuestión de la protección jurídica . La categoría de las RSE me interesa abordarla para el caso chileno desde la óptica del segundo problema: el de los derechos fundamentales. Es aquí donde quizás tenga más fruto el análisis de las RSE, por cuanto los titulares de derechos fundamentales que se encuentran en una relación jurídica de este tipo, experimentan una tensión constante entre la función que deben cumplir exigida por la finalidad de cada RSE y los derechos fundamentales. Con este trabajo pretendo contribuir a esa labor que implica la construcción de una dogmática general de los derechos fundamentales en nuestro país. Aunque el concepto sea desconocido en la doctrina nacional, parafraseando a García Macho, sí existen en nuestro ordenamiento jurídico funcionarios públicos, soldados, estudiantes y presos sometidos al ámbito de la Administración, quienes ven restringidos sus derechos fundamentales . Además, aparte de estas RSE ‘clásicas’, con el advenimiento del Estado de Compromiso podríamos encontrar RSE ‘modernas’ como las relaciones hospitalarias, de seguridad social, y los colegios profesionales . Por ende, la relevancia práctica del asunto salta a la vista, y lo ilustra dicho autor de la siguiente forma: Conforme a esta lista no exhaustiva, se evidencia que el ciudadano a lo largo de su vida, de forma permanente, está vinculado a una institución sujeta a una relación de especial sujeción. En estas condiciones, si la Administración pudiese actuar con libertad en ese ámbito y ser autorresponsable, el administrado o ciudadano no gozaría de ninguna seguridad jurídica y no podría hablarse de la existencia de un Estado de Derecho. En las últimas décadas la Administración y el individuo se han aproximado progresivamente, de tal forma que en la actualidad la relación Estado-ciudadano se caracteriza por la dependencia de este último de las prestaciones estatales en sus diversas manifestaciones. Este trabajo será dividido de la siguiente manera. En primer lugar, se verá la evolución histórica de la categoría así como de los diversos escenarios jurídicos en que se ha desarrollado. En segundo lugar, se discutirá sobre la evaluación actual que existe sobre su utilidad como categoría dogmática y la posible relevancia de introducirla en nuestro derecho constitucional, dado que ha sido desarrollada en el derecho comparado y, por tanto, resulta ajena a nuestra tradición jurídica. Finalmente, bajo el alero de la Constitución chilena se intentará identificar aquellos supuestos en los cuales un titular de derechos fundamentales se encontraría sometido a una relación de sujeción especial, y en particular, se analizará la jurisprudencia y doctrina que resulte relevante en aquellas posibles hipótesis.

El presente documento constituye el planeamiento estratégico para mejorar el Índice de Progreso Social Regional del Perú en los componentes de Derechos Personales y Libertad Personal y de Elección, con el propósito de mejorar el desarrollo social de los peruanos. Ambos componentes pertenecen a la dimensión de Oportunidades cuyos índices regionales en el Perú, el año 2016, muestran un panorama desfavorable, posicionando a las diferentes regiones en el nivel muy bajo en Derechos Personales y bajo en Libertad Personal y de Elección. A nivel mundial, según el Social Progress Imperative, el Perú se encuentra ocupando los puestos 40 y 70, respectivamente, para los componentes mencionados de un total de 128 países evaluados. Este planeamiento estratégico está basado en el modelo secuencial presentado por D’Alessio (2015), teniendo como resultado del análisis interno y externo, falta de coordinación entre los sectores involucrados, educación deficiente y altos índices de corrupción, lo que, sumado a una deficiente tecnología, no permite conectar a la población, principalmente de las zonas más alejadas, con las instituciones del Estado. Para ello, se han definido nueve objetivos de largo plazo, los mismos que cuentan con tres objetivos de corto plazo, con la finalidad de cumplir la visión al 2027, en el que el Perú se encontrará en el nivel medio alto respecto a sus Derechos Personales y nivel alto en Libertad Personal y de Elección del Índice de Progreso Social Regional del Perú. Con este propósito, se han definido nueve estrategias retenidas que permitirán mejorar la posición de los componentes de Derechos Personales y Libertad Personal y de Elección en el índice de progreso social regional para el año 2027, las mismas que buscan fortalecer las instituciones del Estado, donde el control, seguimiento y sostenibilidad son fundamentales para alcanzar mejoras significativas que garanticen una calidad de vida digna para todos los peruanos. / This document constitutes the strategic planning to improve the Regional Social Progress Index of Peru in the components of Personal Rights and Personal Freedom and of Choice, with the purpose of improving the social development of Peruvians. Both components belong to the Opportunities dimension, whose regional numbers for Peru in 2016 show an unfavorable outlook, positioning the different regions at the very low level of Personal Rights and low on Personal and Election Freedom. According to the Social Progress Imperative, Peru is ranked 40th and 70th worldwide, respectively, for the aforementioned components of a total of 128 countries evaluated. This strategic planning is based on the sequential model presented by D'Alessio (2015), resulting in internal and external analysis the lack of coordination among the sectors involved, poor education and high levels of corruption, which added to poor technology, does not allow to connect the population, mainly from the most remote areas, with state institutions. For this purpose, nine long-term objectives have been defined to fulfill the 2027 vision, in which Peru will be at the medium high level with respect to its Personal Rights and high level of Personal Freedom and Choice of the Social Progress Index in the region. To this end, nine strategies have been defined that will improve the position of both components in the index of regional social progress, which seek to strengthen the institutions of the state where control, monitoring and sustainability are the basis for achieving significant improvements that guarantee quality of life worthy of all Peruvians. / Tesis

En la actualidad nuestro país enfrenta una serie de conflictos sociales entre las comunidades campesinas y/o nativas, las empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales (minerales, especies acuáticas, hidrocarburos, árboles, etc.) y el Estado. Estos enfrentamientos exigen respuestas desde las distintas disciplinas, siendo la jurídica tal vez no la más importante pero si la típicamente eficaz para resolver dichos problemas. Esta postura propositiva, si bien no la única, constituye la motivación principal del presente trabajo. En comparación con otros países, en el Perú, la discusión académica sobre estos temas es algo tardía. Uno de los factores de dicha demora respondería a las experiencias de dictaduras militares que gobernaron durante décadas en la región y, en particular, en nuestro país. Recordemos que, en su mayoría, los regímenes militares proclaman, a partir de un poder autoritario, una sociedad igualitaria. Por ello, el Estado no se percata de las diferencias (culturales o lingüísticas) que existen en las personas que conforman la población. En este contexto, cabe apreciar algunas cifras. En la amazonía peruana, de acuerdo con la información brindada por el economista Jürgen Schuldt, al 31 de diciembre de 2009, se han otorgado concesiones hidrocarburiferas que abarcan 322.000 Km2, que equivalen al 41.2% del área total de la Amazonía1 Esta misma carencia de diálogo explica, por ejemplo, los acontecimientos del 5 de junio de 2009, en la ciudad de bagua, Departamento de Amazonas, donde fallecieron 32 peruanos, de los cuales 23 eran policías y 9 nativos. El denominado Baguazo delató la ignorancia e insensibilidad sobre temas indígenas por parte de la mayoría de medios de comunicación nacionales, y por no decir menos de la población. Lo expuesto se evidenció cuando muchos medios informaban correctamente lo relacionado con el número de policías fallecidos, pero no mostraron mayor interés en conocer el número exacto o aproximado de indígenas peruanos que perecieron en dicho evento, revelando que existe en nuestro razonar una escala de ciudadanías. Cómo olvidar la presentación en los medios de una mujer indígena aguaruna, expresando el dolor que sentía por lo sucedido el 5 de junio, usando su lengua madre. La necesidad de un traductor para entenderla puso en evidencia, incluso, que muchos peruanos escuchaban por primera vez el idioma aguaruna / Tesis

La presente tesis analiza las bases teóricas de los derechos humanos y de la globalización. En este sentido, da cuenta de la revisión bibliográfica y de los principales aportes acerca de la problemática de la protección de los derechos humanos, así como de las circunstancias en que se violan estos derechos, actualmente, en el mundo. Se comenta los principales instrumentos y mecanismos internacionales que consagran la protección de los derechos humanos, tales como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Con respecto a la globalización, se realiza un análisis de sus características y se refiere los enfoques teóricos más importantes que se disponen en la bibliografía. Como resultado de la investigación se analizan los casos más relevantes de violación de los Derechos Humanos, desde la creación de la Corte Penal Internacional. En el punto de la globalización se discute los aspectos positivos y negativos del fenómeno y se concluye en que la globalización permite desarrollar una cultura de protección de los derechos humanos, como en el caso del arresto de Pinochet, en Londres, que fue posible gracias al avance de las telecomunicaciones. Pero también cómo la globalización permite la aparición de nuevos casos de violación de los Derechos Humanos, como la llamada esclavitud del siglo veintiuno o nueva esclavitud. / This thesis examines the theoretical bases of human rights and globalization. In this sense, accounts for the literature review and the main contributions on the issue of human rights protection, as well as the circumstances under which these rights are violated today in the world. We review the main instruments and mechanisms that provide for protection of human rights, such as the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, among others. With regard to globalization, an analysis of their characteristics is performed and account most important theoretical approaches that are available in the literature. As a result of the research, it analyzes the most important cases of violation of human rights since the establishment of the International Criminal Court. In point of globalization is discussed positive and negative aspects of the phenomenon and concludes that globalization can develop a culture of human rights protection, as in the case of the arrest of Pinochet in London, which was made possible by development of telecommunications. But globalization allows the appearance of new cases of violation of Human Rights, as called slavery of the twentieth century or a new slavery.