El presente informe jurídico tiene por objeto analizar la Resolución N° 444-2022-SUNARP-TR emitida por el Tribunal Registral de Lima a propósito de la solicitud de cancelación de la partida electrónica de una empresa cuyo domicilio fue trasladado a Panamá. Así, a partir de un análisis de la resolución mencionada, desarrollamos el Redomicilio de Sociedades peruanas hacia el exterior como institución jurídica en Perú. Con ello, el presente informe plantea respuestas a múltiples cuestiones acerca del Redomicilio de Sociedades al exterior entre las cuales están: ¿En qué consiste el Redomicilio de Sociedades hacia el Exterior?, ¿Qué razones llevarían a accionistas de sociedades peruanas ejecutar esta modalidad de reorganización societaria?, ¿Qué tratamiento jurídico tiene esta modalidad de reorganización societaria en el Perú y en el extranjero actualmente? y ¿Qué comentario nos trae la Resolución N° 444-2022-SUNARP-TR? Finalmente, a partir de la respuesta a todas las cuestiones anteriormente mencionadas, el presente informe jurídico da respuesta a la cuestión principal del Informe: A partir de la Resolución 444-2022-SUNARP-TR ¿Qué corresponde hacer ahora en materia registral?

El presente informe tiene como objetivo evaluar si es posible deducir el gasto por el mantenimiento de la carretera Izcahuaca-Cruce Huarcaya-Inmaculada, en base al sentido amplio del principio de causalidad. Para ello, se analiza cuál es la norma más pertinente para poder deducir el gasto por el mantenimiento de la carretera antes mencionada, debido a que existen 2 leyes que habilitan aquella deducción, por un lado, tenemos la Ley General de Minería y por el otro tenemos la Ley del Impuesto a la Renta. Por lo que, para la solución de aquel conflicto normativo, se utiliza los criterios de solución de conflictos como son el de jerarquía, especialidad y temporalidad y también se utiliza los métodos de interpretación para poder verificar la norma más idónea respecto a la deducción antes mencionada, la cual resulta ser la Ley del Impuesto a la Renta. Después se hace un análisis del principio de causalidad en su sentido amplio a partir de pronunciamientos del Tribual Fiscal, para seguidamente, evaluar, si el mantenimiento de la carretera antes mencionada cumple con aquel principio en sentido amplio. Se concluye que el gasto por el mantenimiento de la carretera Izcahuaca- Cruce Huarcaya-Inmaculada es deducible por el artículo 37 de la Ley del impuesto a la Renta, en base al sentido amplio del principio de causalidad. Por último, se hace una reflexión sobre el mantenimiento de carreteras y los gastos de Responsabilidad Social, para señalar en que supuestos los gastos por aquel mantenimiento pueden ser deducibles a la luz de lo que se ha entendido por gastos de Responsabilidad Social.

El Trabajador Familiar No Remunerado (TFNR) se define como la persona que presta sus servicios en una empresa o negocio con cuyo patrón o dueño tiene lazos de parentesco, sin percibir remuneración. En el Perú, los trabajadores familiares no remunerados representan aproximadamente el 10.3% de la PEA ocupada. En la última década este porcentaje no ha variado significativamente, por lo que podría plantearse que se trata de una situación relativamente consolidada en el tiempo. Esta realidad implica un problema para el desarrollo económico del Perú, pues significa que una cantidad importante del empleo no es formalmente retribuido y podría estar expuesto a una serie de condiciones de precariedad. La presente investigación se plantea investigar la importancia del trabajo familiar no remunerado en el sostenimiento de las microempresas a nivel nacional. Con dicho propósito, nos servimos de dos perspectivas teóricas: la economía política marxista, y el enfoque de la sociología económica. Argumentamos que es gracias a superexplotación de los trabajadores familiares que la mayoría de microempresas pueden competir y garantizar una acumulación de capital mínima. Pese a ello, la relación económica entre el capital y el trabajo asume también la forma de vínculos de confianza y afecto, lo cual permite que exista sin mayores tensiones.

La presente investigación se encuentra orientada en la interrelación de los procesos logísticos internos de una empresa, puesto que la gestión de la logística es un proceso que engloba a toda la organización, afectando a cada una de sus actividades y/o funciones; por lo cual, cualquier intervención externa o interna, como el caso de una normativa pública obligatoria afectaría en el desarrollo de los procesos logísticos. Por ende, para fines de esta investigación se analizará los procesos logísticos internos de la empresa Pyme familiar BASCAT & CÍA S.A.C, la cual se dedicada exclusivamente a la importación, venta, reparación, y manteamiento de equipos médicos y material quirúrgico a nivel nacional; así como se encuentra orientada bajo la normativa pública obligatoria del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de medicamentos 2015. El diagnóstico de la presente investigación se ha realizado mediante revisión teórica, entrevistas y observaciones. En primer lugar, se ha recolectado información de conceptos claves que nos ayudarán a comprender el desarrollo de la presente investigación. En segundo lugar, se ha realizado diversas entrevistas a expertos logísticos, gerenciales, de Pyme-familia y trabajadores de la empresa BASCAT; y, Por último, se ha realizado observaciones a las áreas de gestión de los procesos internos mencionados de la empresa caso. Asimismo, se ha realizado una esquematización del Manual de las Buenas Práctica, en el cual se ha recalcado los elementos y áreas primordiales enfocadas en una empresa comercializadora. De igual manera, mediante dicha esquematización se ha podido desarrollar la intervención del BPA con los procesos logísticos internos de la empresa caso. Dando como resultado que puede existir una dinámica constante de la participación en el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento en todos los procesos logísticos internos generando un óptimo desenvolvimiento productivo empresarial. Finalmente, de acuerdo con el trabajo de campo realizado en la empresa Bascat & Cía. S.A.C. se ha encontrado que, según la perspectiva de la empresa, la intervención del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento en los procesos logísticos se da en mayor parte solo en el proceso de almacenamiento; sin embargo según los resultados obtenidos podemos recalcar que los procesos logísticos internos de cualquier empresa comercializadora que cuente con una certificación pública no solo mantiene una intervención en el proceso involucrado, sino que también existe una p

El desarrollo del presente trabajo pretende brindar los criterios para la aplicación del principio de causalidad esbozado en el numeral 8 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores seguidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ante el incumplimiento de las obligaciones ambientales en el ámbito administrativo respecto de titulares de la actividad de gran y mediana minería, en los casos de fusión de personas jurídicas que implican la extinción de las mismas. Hasta la fecha, en los supuestos de extinción y fusión de personas jurídicas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental aplica la sucesión procesal de personas jurídicas y continúa los procedimientos sancionadores contra la persona jurídica subsistente del proceso de fusión. Al respecto, considero que esta acción puede ser perfeccionada. De esta manera, como se desarrollará en el presente trabajo, considero que existen documentos elaborados por los órganos de este organismo que deben ser considerados para la configuración del pasivo contingente en la transferencia de patrimonio en bloque y universal que implica la fusión de las personas jurídicas. Específicamente, se está hablando del informe de supervisión y del informe final de instrucción. Ambos documentos deberían ser considerados en el pasivo contingente para así evitar la elusión de la responsabilidad administrativa por parte de las personas jurídicas subsistentes.

El presente trabajo tiene como objetivo determinar si sería ideal que el microempresario fuera considerado como consumidor bajo el marco del Sistema de Protección al Consumidor. Para ello, este trabajo también se propone delimitar la finalidad de dicho sistema, sus funciones y la mejor forma que el Legislador podría utilizar conseguir los mismos. En ese sentido, este trabajo propone que la finalidad principal del Sistema de Protección al Consumidor es la corrección de la asimetría informativa en el mercado. Asimismo, la función principal de este sistema es la protección de los consumidores, mientras que la secundaria es la protección del proceso competitivo. Para conseguir dicho fin la mejor opción para el Legislador será implantar una presunción legal: deberá ser considerado consumidor el destinatario final de productos o servicios. De ese modo, no sería ideal que el microempresario, un agente del mercado (un proveedor), sea considerado como consumidor. Ello permitiría que la Autoridad de Consumo concentre sus esfuerzos en optimizar la corrección de la asimetría informativa.