En la presente investigación se analiza si la fusión inversa internacional, entendida como el supuesto en donde una subsidiaria absorbe a su matriz, puede gatillar un supuesto de enajenación indirecta de acciones gravado con el Impuesto a la Renta en el Perú. La razón de esta investigación nace, a partir de últimos pronunciamientos de SUNAT, donde la Administración Tributaria ha concluido que esta transacción sí podría gatillar una operación gravada en el país. Para tal efecto, se explora el régimen actual de imposición frente a las ganancias de capital, como una manifestación de la teoría de flujo riqueza, para determinar si las reorganizaciones societarias podrían constituir operaciones comprendidas dentro de esta teoría de renta adoptado por la legislación peruana en el artículo 1 de la Ley del Impuesto a la Renta. Asimismo, se analiza la característica de “onerosidad” regulada por la normativa tributaria como característica intrínseca de una “enajenación”. A partir de lo examinado, se concluirá que, en la fusión inversa internacional, no constituye una operación susceptible de generar renta bajo la teoría de flujo de riqueza, no pudiendo ser calificada como una “enajenación” por la falta de onerosidad. En consecuencia, no genera un supuesto de enajenación indirecta de acciones gravado con el Impuesto a la Renta en el Perú. / This research analyzes whether the international reverse merger, understood as the case where a parent company merges into its subsidary, can trigger a case of indirect alienation of shares taxed with Income Tax in Peru. The reason for this investigation arises from recent pronouncements by SUNAT (Peruvian Tax Authority), where it has concluded that this transaction could trigger a taxable operation in the country. For this purpose, the current tax regime for capital gains is explored, as a manifestation of the wealth flow theory, to determine if corporate reorganizations could constitute operations included within this theory of income adopted by Peruvian legislation in Article 1 of the Income Tax Law. Likewise, the characteristic of “onerousness” regulated by tax regulations is analyzed as an intrinsic characteristic of a “disposal.” From what has been examined, it will be concluded that the international reverse merger does not constitute an operation capable of generating income under the wealth flow theory and cannot be classified as an “alienation” due to the lack of onerousness. Consequently, it does not generate a case of indirect disposal of shares subject to Income Tax in Peru. / Trabajo académico

Partiendo de la permisibilidad de las concentraciones empresariales en el marco normativo peruano, la presente investigación se centra en realizar un análisis crítico de la regulación, histórica y actual, de las concentraciones empresariales y el impacto que ha tenido en la economía y el ordenamiento jurídico peruano. Sin limitarse al antecedente regulatorio, la investigación también evalúa el reciente Decreto de Urgencia 013-2019, Decreto de Urgencia que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial, particularmente desde una perspectiva comparativa, a efectos de hacer hincapié en las posibles deficiencias regulatorias que existen respecto este tema. Por lo tanto, el objetivo de la investigación es cuestionar y evaluar la falta de regulación histórica, en conjunto con la reciente regulación, que han permitido la generación de concentraciones empresariales a gran escala. En ese sentido, plantea un número de ejemplos prácticos, tales como la concentración empresarial existente en la industria cervecera y en el sistema previsional, los cuales analiza a través de indicadores económicos. La investigación sustenta sus argumentos en diversas fuentes, pero particularmente en las normativas, ambas nacionales e internacionales, las opiniones jurídicas y doctrinarias, la jurisprudencia y los indicadores de índole económica. Lo anterior en tanto la concentración empresarial es un tema complejo que solo puede ser adecuadamente explicado a través de un enfoque interdisciplinario. Todo lo anterior lleva a la conclusión de que evidentemente, el mercado peruano ha sido uno históricamente dotado con libre competencia y sin interferencia administrativa, lo que ha permitido grandes conglomeraciones empresariales que hoy en día representan porcentajes elevados de concentración del mercado, al punto de consolidaciones de monopolios y oligopolios que afectaran, actualmente y a futuro, a los consumidores y el rumbo del desarrollo económico, sobre todo el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas del país. / Given the permissibility of corporate concentrations in the Peruvian legal framework, this research paper focuses providing a critical analysis of the historical and current regulation of corporate concentrations and the impact it has had on the Peruvian economy and legal system. Without limiting itself to analyzing the previous regulations, this research also delves into the recent Emergency Decree 013-2019, which establishes previous control of corporate concentration operations, particularly from a comparative perspective so as to highlight possible regulatory deficiencies in this area. Therefore, the objective of this research is to question and evaluate the historical lack of regulation, together with the recent regulation, which has allowed for large-scale corporate concentrations. In this regard, it raises a number of practical examples, such as the existing corporate concentrations in the beer industry and the pension system, which it analyzes through economic indicators. The research bases its arguments on diverse sources, but particularly on regulations, both national and international, legal and doctrinal opinions, case-law and economic indicators. The foregoing insofar as corporate concentrations are a complex issue that can only be adequately explained through an interdisciplinary approach. All of the above leads to the conclusion that the Peruvian market has historically had free competition without administrative interference, which has allowed large corporate conglomerations that represent highly concentrated percentages of today’s market, to the point of consolidation of monopolies and oligopolies that will affect, currently and in the future, consumers and the development of the economy, especially the growth of the country's small and medium businesses.

El presente trabajo tiene por objetivo analizar el recientemente promulgado Decreto de Urgencia Nº 13-2020, que regula entre sus estipulaciones el crowdfunding. El crowdfunding es un mecanismo de financiamiento alternativo que emplea plataformas de internet para abaratar costos y permitir que proyectos con poco capital puedan financiarse. Considerando ello, el crowdfunding se presenta como una alternativa de financiación muy atractiva para micro, pequeñas y medianas empresas, que son el tipo de empresa más común en el Perú. Por lo tanto, la regulación de este mecanismo debe ser adecuada, a fin de que se convierta en una herramienta óptima a la que puedan acceder los nuevos empresarios peruanos. Por tal motivo, este trabajo evalúa cuán idónea resulta la regulación para el correcto desenvolvimiento de este novedoso mecanismo de financiación en el Perú. Para ello, se analizan las normativas homólogas de distintos países y se recogen las principales propuestas de regulación contempladas por la doctrina, a fin de establecer los parámetros regulatorios o criterios que deberían estar presentes en el Decreto de Urgencia Nº 13-2020. Tras ello, a la luz de las normativas extranjeras equivalentes y de las propuestas establecidas por la doctrina, se evalúa el mencionado Decreto de Urgencia y se concluye que, si bien buena parte de los parámetros se encuentra presente en la norma peruana, esta no los ha desarrollado y se ha limitado a ser meramente enunciativa

El presente trabajo de investigación tiene por objeto comprobar o desmitificar las críticas al Nuevo RUS (Régimen Único Simplificado), con relación a que dicho régimen distorsiona el sistema tributario porque la determinación objetiva de la base permite que contribuyentes con iguales capacidades económicas se adscriban a un régimen tributario distinto, existiendo así un aprovechamiento indebido de este régimen especial para pequeños contribuyentes. Ante la ausencia de un análisis constitucional del Nuevo RUS, la presente investigación realiza un acercamiento a los principios constitucionales que limitan la potestad tributaria, en especial el que sustenta el Nuevo RUS, el principio de solidaridad, y el que afecta, el principio de capacidad contributiva. Haciendo uso del método dogmático y el método de ponderación se verifica que el régimen tributario materia de análisis si bien afecta el principio de capacidad contributiva lo hace en un grado medio, pero ello no hace que el Nuevo RUS sea ilegítimo porque la importancia del principio de solidaridad es alta. Lo importante de este estudio es que desmitifica el discurso elaborado por los críticos de este régimen, y se pueda concluir que el Nuevo RUS sacrifica en cierta medida el principio de capacidad contributiva, mas no prescindiendo de él, y por el logro de sus fines, sobre la base del principio de solidaridad, logra consagrarse como una figura tributaria compatible con el ordenamiento constitucional / The purpose of this research is to verify or demystify the criticisms of the New RUS (Unique Simplified Regime). Such criticisms refer that the mentioned regime distorts the tax system because the objective determination of the base of this tax allows taxpayers with equal economic capacity to be assigned to different tax regime, generating an undue advantage over the New RUS. Given the absence of a constitutional jurisprudence about the New RUS, this research will approach us to the constitutional principles that limit taxation power such as the principle of solidarity that support the New RUS and then the research will address the principle of contributory capacity, which is affected. Using the dogmatic and weighing methodologies we conclude that the New RUS affects the principle of contributory capacity in a medium degree, it does not mean that the New RUS is not legitimate because the importance of the principle of solidarity, which supports the mentioned regime, is high. The importance of this research is that it demystifies some criticisms against the New RUS. It can be said that this regime affects the principle of contributory capacity but it does not infringe the mentioned principle. Consequently, we believe that the New RUS is a tax that is in accordance with the Constitution.

La presente investigación parte del análisis de la causa objetiva de terminación colectiva de contrato de trabajo, contemplada en el literal c) del artículo 46 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo n.º 728, aprobado por Decreto Supremo n.º 003-97-TR (LPCL). A partir de dicho estudio se pretende identificar, a la luz de lo desarrollado en la doctrina y en la jurisprudencia, cuál es la finalidad de la comunicación notarial que se exige en la normativa citada para formalizar el cese de la relación laboral por la referida causa; dicho de otro modo, cuán relevante es cumplir con esta formalidad. Además de lo anterior, se estudiarán los efectos que genera materializar esta decisión empresarial con el propósito de determinar si, ante este escenario, es viable exigir en sede judicial la adopción de mecanismos restitutorios o resarcitorios que compensen el perjuicio que -eventualmente- se les ocasiona a los trabajadores.

La sociedad actual percibe a las organizaciones empresariales como agentes de riesgo que, a través de su actividad productiva pueden producir riesgos o resultados lesivos en los intereses que la sociedad percibe como indispensables y necesarios para su funcionamiento, como el orden económico, el medio ambiente, etc. El Derecho Penal no ha tenido la capacidad de atribuir y responsabilizar a la organización y sus autores directos por los ilícitos penales cometidos a través de ésta, tanto por las complicaciones que generan las características sistémicas de la organización empresarial, la cantidad de agentes que intervienen en los procesos productivos cada vez más complejos y técnicos, generando con ello supuestos de irresponsabilidad organizada. Esta deficiencia genera un aspecto problemático que requiere ser superado mediante la posibilidad de imputar por el hecho delictivo al sujeto individual, que crea un riesgo no permitido o incrementa el riesgo permitido, y a la persona jurídica, a través o desde la cual ésta se materializa. Similar dificultad afrontaron algunos países europeos, como España o Alemania, por los delitos de organización o delitos cometidos desde las organizaciones criminales, como el terrorismo o el crimen organizado, con similares características sistémicas a las de la organización empresarial. Ante esta dificultad se planteó la necesidad de crear tipos penales y formas de imputación que facilite la responsabilidad sistémica de los miembros de la organización – a título individual- y, en algunos casos a la organización sin hacer mayor distingo de las formas de comisión y/o grado de participación individual de sus autores, de tal forma que los miembros de la organización respondían en conjunto por el hecho delictivo. Si bien la imputación sistémica de los delitos de organización al ser aplicados a la criminalidad empresarial podría superar los problemas irresponsabilidad organizada, es necesaria que su viabilidad sea analizada de cara a los principios consagrados en la Constitución y que, también, son recogidos por el Derecho Penal tradicional, como el principio de culpabilidad o responsabilidad por el hecho propio. El principio de culpabilidad limita la aplicación de este modelo de imputación sistémica en la medida que ya no distingue el grado de participación individual, sino una participación conjunta y “extensiva” por el hecho sistémico, antes que por el hecho individual. Es decir, el individuo responderá por el solo hecho de ser parte de la actuación delictiva sistémica y, de ser el caso, por el peligro o el resultado alcanzado de manera conjunta, antes que por su grado de aporte individual. 4 El modelo de imputación sistémica de las organizaciones criminales presenta además algunos problemas de legitimidad constitucional, ya que limita algunos derechos y garantías constitucionales individuales, es por ello que probablemente dicho modelo de imputación no podría aplicarse a la imputación individual de los miembros de la organización empresarial por considerarse una expresión del Derecho Penal del Enemigo caracterizado por la relativización de derechos, principios fundamentales y el adelanto de punición de algunos delitos. Es decir, estas limitaciones recaen sobre la imputación individual que se realiza sobre el que interviene en la actuación sistémica de la organización empresarial, sin embargo, en el caso de la imputación a la organización empresarial si tendría mayor validez en la medida que se le imputa –como sistema organizado- la comisión de un hecho delictivo que fue generado en su seno como consecuencia de los déficits organizativos que ésta presenta al no haber adoptado un sistema de autorregulación adecuado. A la luz de la doctrina, la legislación y la jurisprudencia, analizaremos si es viable aplicar la imputación sistémica de los injustos de sistema de las organizaciones criminales a las organizaciones empresariales y si éste posee legitimidad constitucional. No obstante, consideramos que dicho modelo de imputación no sería de recibo para la persona individual en los delitos empresariales al poseer una connotación diferenciada por las características y finalidades que difieren de la organización empresarial, sin embargo sí tendría validez en los supuestos de imputación de la organización empresarial. / Trabajo de investigación

El problema principal de investigación del presente trabajo es analizar si el Decreto Legislativo N° 1409, que aprueba el régimen de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada, se encuentra diseñada de manera adecuada, que permita fomentar con la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas y, de esa manera, contribuir con los índices de reducción de los niveles de informalidad en el país. Se debe tener en cuenta que, la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada es una institución jurídica que ha sido importada en nuestro ordenamiento societario. Dicho régimen inició en el país de Colombia, con su creador el jurista Francisco Reyes Villamizar, donde en menos de 10 años desde su vigencia ha logrado desplazar a las formas societarias tradicionales y a coadyuvar a reducir los niveles de informalidad en el comercio. Poco a poco los países de Latinoamérica se han ido sumando con adoptar el régimen societario que es materia de investigación, motivo por el cual, la Organización de Estados Americanos decidió crear una Ley modelo que sirva a sus países miembros para crear esta nueva forma de constituir empresas, de manera simple, menos costosa y más beneficiosa. El impacto más relevante de esta forma societaria a nivel Latinoamérica ha sido la reducción del comercio informal. Es así que, se espera que el Decreto Legislativo N° 1409 contribuya con hacer más sencillo el gran reto hacia la formalización en nuestro país. Teniendo en cuenta ello, estudiaremos las causas jurídicas principales que determinan la informalidad en el país y, las estudiaremos en función a la regulación de nuestro Decreto Legislativo N° 1409, a fin de evaluar si la norma aprobada resulta pertinente para subsanar dichas causas. Asimismo, la legislación comparada, en particular la colombiana, nos servirá de baremo para analizar la regulación de nuestra Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada. / Trabajo de investigación

El Estado se constituye como el mayor cliente de bienes y servicios, tanto por sus volúmenes como por su periodicidad, motivo por el cual, para regular las condiciones de dichas operaciones comerciales, se gestióno un sistema administrativo especializado: contratación pública Ahora bien, dicho sistema ha sufrido distintos cambios en el tiempo, por lo tanto, hemos producido cambios positivos que han generado eficiencia, como otros cambios que resultan discutibles; sin embargo, es innegable señalar que esta especialidad se encuentra en constante desarrollo, siendo que los casos individuales como el presente nos permiten enriquecernos de manera práctica. En el presente informe analizaremos la ejecución del contrato N°010-2012-MIDIS-PRONAA (en adelante, el Contrato) que fuese suscrito entre el Consorcio de Alimentos S.A.C (en adelante, el Consorcio) y el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS (en adelante, el PRONAA). La controversia se suscita en un accidente automovilístico ocurrido al transporte de los bienes del Consorcio, en el que posteriormente los bienes son entregados a la Entidad, aceptados y posteriormente rechazados, lo cual permite analizar distintas figuras jurídicas como la ampliación de plazo, penalidades, resolución parcial y, finalmente un arbitraje. La perspectiva que buscamos presentar mediante el presente informe se da tanto por el lado del empresario, como por parte de la Entidad, pues en el ejercicio de sus obligaciones contractual ambos cometen errores, situación individual que puede mostrar un panorama general de las conductas de los actores de las contrataciones públicas.

El presente trabajo de investigación versa sobre la jurisprudencia del Tribunal Fiscal RTF No. 10923-8-2011, conforme a la cual un contribuyente cuestionó la aplicación de la Norma VIII del Código Tributario (CT) por parte de la SUNAT al recalificar una operación de escisión de un bloque patrimonial conformado por inmuebles acordada por dos empresas de un mismo grupo empresarial por una operación de primera venta de inmueble, exigiéndose el pago de IR e IGV, así como multas aplicables. Al respecto, el Tribunal Fiscal resuelve declarando INFUNDADA la apelación y validando la aplicación de Norma VIII realizada por la SUNAT, sustentando ello en que conforme a una interpretación económica de la escisión acordada por las referidas empresas, se verificaba que dicho acuerdo de reorganización no cumplía ciertos “criterios” para ser considerada como tal. El presente trabajo de investigación tiene como finalidad abordar desde un enfoque normativo, jurisprudencial y de derecho comparado, si es que la SUNAT aplicó correctamente la Norma VIII en el referido caso, así como analizar si los argumentos que motivan la decisión del Tribunal Fiscal se encuentran conforme a derecho. Así, en la presente investigación se verifica que tanto el Tribunal Fiscal como la SUNAT basan su análisis de interpretación económica a partir de una jurisprudencia anacrónica para el caso materia de análisis, motivo por el cual se postula la aplicación de tan solo algunos de ellos. Adicionalmente, en tanto la norma VIII fue derogada y reemplazada por la Norma Antielusiva General (Norma XVI del CT), el presente trabajo postula un escenario del análisis del caso si es que la referida norma antielusiva se hubiera encontrado vigente, de manera que el presente trabajo sea de utilidad para futuras interpretaciones bajo la nueva norma. / This research work deals with the case law of the Tax Court RTF No. 10923-8- 2011, according to which a taxpayer questioned the application of Rule VIII of the Tax Code (TC) by SUNAT when it reclassified a spin-off operation of a patrimonial block formed by real estate agreed by two companies of the same business group for a first sale of real estate, requiring the payment of IR and IGV, as well as applicable fines. In this regard, the Tax Court ruled that the appeal was UNFAIR and validated the application of Rule VIII made by SUNAT, based on the fact that according to an economic interpretation of the spin-off agreed upon by the referred companies, it was verified that such reorganization agreement did not meet certain "criteria" to be considered as such. The purpose of this research work is to address, from a normative, jurisprudential and comparative law approach, whether SUNAT correctly applied Rule VIII in the referred case, as well as to analyze whether the arguments that motivate the decision of the Tax Court are in accordance with the law. Thus, in the present investigation it is verified that both the Tax Court and SUNAT base their analysis of economic interpretation on an anachronistic jurisprudence for the case under analysis, which is why the application of only some of them is postulated. Additionally, since rule VIII was repealed and replaced by the General Antiavoidance Rule (Rule XVI of the TC), this paper postulates a scenario of the analysis of the case if the referred anti-avoidance rule had been in force, so that this paper may be useful for future interpretations under the new rule.

La investigación doctoral apunta a entender cualitativamente la relación de Gobierno Corporativo (GC) y Responsabilidad Social (RSE) en la actividad empresarial, extendiendo esta relación al rol de los Deberes Fiduciarios y la Regulación. Tiene como hipótesis central que GC y RSE son instrumentos y vehículos del desarrollo económico y social que deben desplegarse desde la actividad empresarial, considerando a la base la concepción de empresa como un equipo de producción, vinculado por un nexo contractual. En esta media, GC en el marco de la RSE, es el sistema de dirección y control que tiene como objetivo orientar los recursos empresariales a la creación de valor para todos los integrantes del equipo de producción, la economía y la sociedad en la que desarrollan su actividad. Los Deberes Fiduciarios constituyen la piedra angular de la fase jurídica de la dirección y control de las empresas, que pueden convertirse en una herramienta del desarrollo económico y social. El rol de la regulación, es crítico, y comprende elementos regulatorios de mercado, estatal, judicial y mixtos, que empoderan el engranaje empresarial. Se concluye que desde la economía de mercado y las teorías del Nexus-of- Contractus y el Equipo de Producción, GC en el marco de la RSE, pueden reexpresarse en su propósito privado y público. En nuestro país, es posible hacerlo, gracias a diversas normas, entidades y prácticas de auto-regulación transversales al ecosistema empresarial. Ello incluye al entorno legal, con cierto sesgo por la Teoría de la Propiedad Privada y el Paradigma del Accionista. / The Thesis aims to qualitatively understand the relationship between Corporate Governance (CG) and Corporate Social Responsibility (CSR) in corporate activity, extending this relationship as to the role of Fiduciary Duties and Regulation. The central hypothesis of the Thesis is that CG and CSR are instruments and vehicles of economic and social development arising from the corporate activity, considering at the base, the conception of corporations as team production entities, linked by a contractual nexus. In this mean, CG within the framework of CSR, is the direction and control system that aims to guide corporate resources for the value-creation to all members of the production team, the economy and the society in which they develop their economic activity and not only to their shareholders. Fiduciary Duties constitute the cornerstone of the legal phase of the direction and control of corporations, which can become a tool for economic and social development. The role of regulation is critical, and includes market, state, judicial, and mixed regulatory elements that empower the corporate gear. It is concluded that from the Theory of Market Economy and the Theories of the Nexus-of-Contractus and Team Production, CG within the framework of CSR, can be re-expressed in their private and public purpose. In Peru, it is possible to do so, thanks to various standards, entities, and self-regulation practices that cut across the corporate ecosystems. This re-expression includes the legal environment, somewhat tainted by the Private Property Theory and the Shareholder Paradigm of corporations.