Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Dictámenes y resoluciones contenidas en el Archivo de la Fiscalía Nacional Económica, correspondientes al período comprendido entre el 25 de noviembre del año 1995 y el 1 de junio del año 2001. Total de documentos analizados: 283.

Magíster en Ingeniería de Negocios con Tecnologías de Información / Esta Tesis presenta el Proyecto de Rediseño del Proceso de Asignación de Causas, basado en la aplicación de Patrones de Procesos de la Ingeniería de Negocios y el desarrollo de una TI de apoyo, que sugiere la asignación más adecuada al responsable. El rediseño nace de la necesidad de hacer un mejor uso del capital humano especializado, los Fiscales, dado que exclusivamente ellos pueden tomar responsabilidad en la dirección de la investigación de una causa. La Fiscalía actualmente, asigna las causas en forma diversa, con poco apoyo de sistemas que agreguen valor, lo que provoca resultados diferentes en la tramitación, desequilibrio en las cargas de trabajo, mayor costo y demoras, que impacta finalmente en los usuarios. Actualmente el Sistema de Justicia Penal pasa por una percepción negativa de la comunidad, lo que afecta a la Institución y la impulsa a mejorar su funcionamiento para influir en los resultados de la Persecución Penal, sobre todo considerando la demanda actual de ingreso de causas, que supera ampliamente las estimaciones de lo que podía absorber la dotación inicial. Esta última se ha mantenido inalterable hasta el 2015, aunque acaba de aprobarse un aumento, pero para implementar nuevos procesos de trabajo, no para suplir la brecha, por lo que todo proyecto que apunte a hacer más eficiente el uso de los recursos y mejore los procesos de trabajo para hacer frente a la demanda, es particularmente necesario.

Esta investigación tiene por objeto determinar si tiene o no sustento la generalizada creencia que sostiene que el fenómeno de la “puerta giratoria” se produce en la Fiscalía Nacional. Como se sabe, la puerta giratoria consiste en la rotación de personas entre el sector público y el privado, el que puede adoptar tres modalidades: de entrada, de salida o de ambas. La presente investigación, junto con conceptualizar tales modalidades, pretende explicar los problemas que cada una ellas trae asociado. Igualmente, se propone hacer una breve exposición de las características de las dos principales instituciones que existen en Chile en el ámbito de la libre competencia, esto es, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la libre Competencia. Ello con el fin de describir el contexto en que se desenvuelve la primera y evaluar luego si se produce en ella, en alguna de sus modalidades, el fenómeno de la puerta giratoria, y en qué medida. Con el propósito de dar una respuesta inequívoca a esta cuestión, en la parte medular de esta investigación se lleva a cabo un estudio empírico en el que se analiza la trayectoria de las personas que, entre los años 2006 y

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto analizar el ilícito de colusión a la luz de la legislación, doctrina y jurisprudencia chilena y comparada. Desarrollaremos el concepto de cartel duro y cómo la aplicación de la regla per se ha demostrado ser una herramienta eficiente para su disuasión y sanción. Finalmente analizaremos la inminente aplicación de la regla per se en Chile, producto de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.945, que modificó el Decreto Ley N° 211 de 1973. / 01/12/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer un análisis crítico del sistema de investigación, prueba y sanción de la colusión, desde la óptica del Derecho Constitucional y la teoría de los derechos fundamentales. En efecto, en estas páginas se analizará la constitucionalidad de la aplicación –vía extensión dogmática- de principios del debido proceso penal y de sus altos estándares de prueba y de convicción a procesos infraccionales por colusión, así como también se examinará la constitucionalidad de las nuevas atribuciones intrusivas de la FNE y del mecanismo de delación compensada, ambos incorporados recientemente a nuestro estatuto de libre competencia por la Ley 20.361, publicada en el Diario Oficial de fecha 13 de julio de 2009. La metodología que se utilizará consiste en describir objetivamente los principios, reglas técnicas, mecanismos y prerrogativas de la autoridad que forman parte del sistema de investigación, prueba y sanción del ilícito colusivo, para luego efectuar reflexiones constitucionales que permitan justificar, criticar o rechazar el empleo de aquéllos, sobre la base de la exigencia irrenunciable del Estado de derecho de respetar las garantías fundamentales. El resultado obtenido concluye que, en el caso chileno, tanto el antiguo sistema de investigación, prueba y sanción de la colusión como algunos de los mecanismos que recientemente han sido institucionalizados para acreditar la existencia de carteles presentan vicios constitucionales por innecesaria conculcación de derechos fundamentales y/o falta de certeza jurídica, que sólo pueden ser enfrentados y subsanados mediante la correcta aplicación de las normas y principios que recoge nuestra CPR.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En materia de libre competencia, se encuentra establecido como medio de solución de controversias, entro otros, el acuerdo extrajudicial; que es una convención que se negocia y celebra fuera del proceso judicial entre la Fiscalía Nacional Económica y uno o más agentes económicos, y que requiere de la aprobación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para producir sus efectos. Sin embargo, no existe claridad en la doctrina en cuanto a si el acuerdo produce o no efecto de cosa juzgada, a causa de una cláusula incorporada por este Tribunal en su resolución aprobatoria, que señala que no existe pronunciamiento sobre los hechos que lo motivaron. Con objeto de proponer que el efecto de cosa juzgada que emana del acuerdo extrajudicial recae sobre el acuerdo extrajudicial en sí mismo y no sobre los hechos de fondo, en la presente memoria de prueba para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, se analiza en primer lugar el contenido normativo del acuerdo. Luego, se analizan los equivalentes jurisdiccionales, sus presupuestos y características con el fin de establecer si el acuerdo es uno de ellos. Posteriormente, se analiza exhaustivamente la cosa juzgada en cuanto a su concepto, fundamento, con especial énfasis en la triple identidad existente en el proceso civil. Para luego revisar de manera específica la naturaleza jurídica y regulación de la cosa juzgada en el procedimiento de libre competencia. Finalmente, a partir de las nociones expuestas en los capítulos I y II, en la parte final de éste último se realiza una exposición de la discusión doctrinaria acerca de si el acuerdo extrajudicial produce o no cosa juzgada, junto con una apreciación de las distintas posturas, para luego entregar los argumentos que permitan justificar la tesis propuesta.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La primera parte de este trabajo se enfocó en revisar algunos aspectos históricos de la Legislación Antimonopólica, primero en la legislación comparada y luego adentrándonos en la génesis de nuestro sistema de protección y defensa de la Libre Competencia, desde sus orígenes, pasando por el Decreto Ley nº 211, con sus respectivas instituciones, las modificaciones introducidas por la ley 19.911, y las ultimas adecuaciones efectuadas por la ley Ley Nº 20.361. En su segundo capítulo, el presente trabajo contiene el estudio del derecho procesal Orgánico y Funcional sobre defensa la Libre Competencia, comenzando por una revisión de los órganos encargados de velar por la libre competencia establecidos en el DL 211, con anterioridad a la existencia del Tribunal de Defensa de la Libre competencia, esto es las Comisiones Preventivas Regionales, la Comisión Preventiva Central, la Comisión Resolutiva y la Fiscalía Nacional Económica, efectuando un estudio de su organización, composición y procedimientos. En el mismo capítulo segundo capítulo, nos avocamos al estudio de los órganos que conforman la institucionalidad que nuestro ordenamiento jurídico se ha dado en pos de la defensa de la libre competencia en la actualidad, esto es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica. Que en cuanto al Tribunal, se presenta un trabajo que contempla su definición, sus características, un análisis del mismo desde las bases orgánicas de la jurisdicción, su organización, composición, funcionamiento, su competencia, atribuciones y potestades, concluyendo el estudio del procedimiento de las causas ventiladas antes dicho ente, sea contencioso o no contencioso. Finaliza nuestro estudio con un punto referente al la Fiscalía Nacional Economía, la que sin ser un órgano jurisdiccional, requería de un pequeño estudio necesario al ser uno de los principales intervinientes contemplados en la ley para los procesos ante el Tribunal de defensa de la libre competencia.

El presente expediente es un caso por falsificación de cartas fianzas del Consorcio San Buenaventura hacia el gobierno Regional de Huánuco. Contando con una parte penal y una netamente administrativa que, para efectos de la titulación se hizo énfasis en lo actuado en el fuero administrativo en el Tribunal de Contrataciones con el Estado, demostrando que se puede individualizar la responsabilidad de los consorciados. Durante el 2015, el Ministerio público teniendo los actuados en el fuero penal, notifica de oficio al Organismo Supervisor de contrataciones, quien pide a la entidad emitir un informe técnico legal sobre la procedencia y presunta responsabilidad del consorcio. Al entregarse este documento, emiten sus descargos Erwin Vidarte Llontop y Coshima S.C.R.L, excepto B y V Servicios Generales. Presentada esta documentación, la segunda sala del Tribunal decide SANCIONAR a Erwin Vidarte Llontop con 40 meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, a la empresa Cosihma por 36 meses de inhabilitación; y finalmente a la empresa B y V Servicios Generales S.A.C por 37 meses de inhabilitación temporal. Sin embargo, Cosihma, solicita una reconsideración porque B y V Servicios Generales, tiene una inhabilitación temporal que rige desde el 11 de noviembre del 2015 por un plazo de 39 meses. A la par, Erwin Vidarte Llontop, presentó un recurso de nulidad. Finalmente, el Tribunal de Contrataciones del Estado, declara fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Cosihma S.C.R.L. y revoca la sanción por inhabilitación temporal / This case is a case of forgery of letters of guarantee of the San Buenaventura Consortium to the Regional Government of Huanuco. It has a criminal part and a purely administrative part which, for the purposes of the title, emphasis was placed on the actions taken in the administrative jurisdiction in the State Contracting Court, demonstrating that the responsibility of the consortium members can be individualized. During 2015, the Public Prosecutor's Office, having the proceedings in the criminal jurisdiction, notifies ex officio the Supervisory Body of Procurement, which requests the entity to issue a technical legal report on the origin and alleged liability of the consortium. Upon delivery of this document, Erwin Vidarte Llontop and Coshima S.C.R.L., except for B y V Servicios Generales, issued their statements. Once this documentation was presented, the Second Chamber of the Court decided to SANCTION Erwin Vidarte Llontop with 40 months of temporary disqualification from participating in selection processes and contracting with the State; Cosihma with 36 months of disqualification; and finally B y V Servicios Generales S.A.C. with 37 months of temporary disqualification. However, Cosihma, requests a reconsideration because B y V Servicios Generales, has a temporary disqualification in force since November 11, 2015 for a term of 39 months. At the same time, Erwin Vidarte Llontop, filed an appeal for annulment. Finally, the State Contracting Tribunal declared the appeal for reconsideration filed by Cosihma S.C.R.L. to be well-founded and revoked the sanction for temporary disqualification. / Trabajo de suficiencia profesional

Memoria de prueba para optar la grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La captura del regulador es un fenómeno que abarca una multiplicidad de eventos y situaciones, donde un organismo estatal muestra en sus acciones una apariencia de estar velando por los intereses particulares del sector sobre el cual tiene una obligación legal de regular con miras al bien común. A simple vista se aprecia la actuación y su resultado, sin embargo debe analizarse con profundidad las condiciones en las que se gestó dicha actuación, si se pretende corregir esa conducta y evitar su ocurrencia. En razón de lo anterior, el presente análisis busca delinear el estudio de la situación en la que la acción del regulador no sea afín a los propósitos o intereses bajo los cuales se creó. Posteriormente, esbozar el concepto de captura del regulador y evaluar si es posible establecer un modelo de detección para estas situaciones. Luego, aplicar dichas nociones a un conflicto judicial producido entre la Fiscalía Nacional Económica y la Junta Aeronáutica Civil en el año 2007, en relación a la licitación de frecuencias aéreas entre Santiago de Chile y Lima. Se verán casos similares ocurridos en la legislación antimonopólica estadounidense y de la Unión Europea, lo cual permitirá apreciar el tratamiento de esta situación por parte de la legislación comparada. Finalmente, se evaluará si es posible encuadrar la figura de la captura del regulador en el tipo infraccional presente en el artículo 3 del Decreto Ley N° 211, junto con analizar las responsabilidades y sanciones que contraería el regulador en el sistema jurídico chileno como consecuencia de dejarse capturar.