El Currículo Nacional ha sido a lo largo del tiempo un depositario de los ideales de formación que se pretenden alcanzar a través del sistema educativo. Una de esas aspiraciones ha sido el logro del desarrollo integral del individuo mediante la inclusión de las artes en la educación. Un claro ejemplo de esto se da en la Línea de Acción de Educación por el Arte en el currículo de Educación Básica Regular (EBR) de la Reforma Educativa Peruana de 1972. A través de la estructura curricular y de los diversos elementos que integran la Educación por el Arte de la EBR es posible conocer la naturaleza de esas aspiraciones educativas, de manera tal que a través de su análisis podemos comprender el sentido y el papel que las artes juegan en la búsqueda del desenvolvimiento pleno del niño. Por tanto, nuestra pregunta de investigación se plantea como sigue: ¿Qué características tienen los elementos curriculares de la Educación por el Arte en el currículo de Educación Básica Regular en la Reforma Educativa de 1972? El objetivo general es analizar los elementos curriculares de la Educación por el Arte dentro del currículo de EBR de la Reforma. Para responder a tal interrogante se ha empleado la investigación de tipo documental bajo un enfoque cualitativo. Se aplicó la técnica de análisis de documentos en textos tanto normativos, como informes oficiales y documentos curriculares. Entre los principales resultados encontramos que, en el currículo de la Reforma, las artes son consideradas un aspecto esencial en la formación del individuo, por tanto, la Línea de Acción de Educación por el Arte se constituye como una línea clave que brinda experiencias enriquecedoras y que permiten al educando explorar, imaginar, expresar, comunicar y crear con, y a través, de las artes. Planteada bajo un paradigma filosófico humanista, la Educación por el Arte se consolida como una propuesta cimentada en los pilares de una educación activa, flexible y centrada en el alumno. Es una línea que permite desarrollar, en todas las áreas de conocimiento del currículo, un conjunto de experiencias que desarrollan las capacidades cognitivas, motoras y afectivo-sociales del educando.

El objeto de la presente tesis es encontrar correspondencia entre la ideología del Gobierno Revolucionario de Juan Velasco Alvarado y la arquitectura empleada en la construcción de ministerios y edificios gubernamentales realizados en el periodo 1968- 1975. Esta correspondencia evidencia que el gobierno militar utilizó una vanguardia arquitectónica para la “simbolización” de su ideología. Los ministerios y edificios públicos construidos durante este periodo fueron precisamente aquellos que encarnaban la voluntad política del régimen y que servían de soporte para el cambio social que anhelaban las fuerzas armadas: Petroperú, Ministerio de Pesquería, Ministerio de Industrias, Acuerdo de Cartagena, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Pentagonito), Banco de Vivienda, Edificio de la P.I.P. y proyectos no construidos del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura y el complejo del Ministerio de relaciones Exteriores. Era necesario impresionar a la sociedad civil limeña, pues era, a ojos del Gobierno Revolucionario, la que necesitaba tener una idea tangible de estos cambios. Para ello la arquitectura, con su carga semiótica, fue utilizada como vehículo de expresión del régimen militar, ya que además era coherente con la imagen que las Fuerzas Armadas buscaban proyectar: solidez, progreso y cambio.

La presente tesis busca replantear el tema de las adquisiciones de armas en los países en vías de desarrollo a partir del análisis del caso del Perú durante el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, entre los años 1968 y 1980. En este periodo el país fue regido por una junta militar de gobierno que emprendió una escalada armamentista de proporciones inusitadas en la historia nacional. Para finales del docenio, las compras de armas habían consumido una porción importante de los ingresos estatales y generado una considerable deuda externa; para detrimento de los objetivos públicos del régimen: la reforma de la sociedad y el desarrollo del país.

El transcurso de la agendacion y adopción de una política social no es un proceso sencillo. El presente estudio toma el caso de la política de población/planificación familiar adoptada en 1985 durante la restauración de la democracia con el gobierno de Fernando Belaunde Terry. Previamente, se analizará el proceso por la cual atraviesa los intentos de la política de población durante los gobiernos militares de Velasco Alvarado donde se asienta una ideología anti – imperialista pro natalista y Morales Bermúdez donde se permite una mayor apertura en temas de planificación familiar. Los presentes gobiernos no han sido analizados previamente desde un enfoque de política comparada en torno al tema de planificación familiar. Asimismo, la política de planificación familiar intercede en asuntos demográficos, morales, salud y libertad individual, los cuales son fundamentales para el rol del Estado. Finalmente, el presente estudió busca mostrar que los siguientes factores fueron determinantes para la adopción de la política de población: el régimen político, las ideologías y los actores sociales durante dichos gobiernos.

La gran depresión de la década de 1930 tuvo diversos efectos en América Latina, siendo uno de los principales la idea de mayor participación del Estado en las economías nacionales ante la deslegitimación del modelo primario-exportador vigente. En ese contexto, diversos instrumentos fueron puestos en marcha para lograr una mayor autonomía económica y el ansiado desarrollo industrial, dentro de los cuales estarían los bancos de fomento. Con la intención de transferir de manera dirigida los recursos públicos a sectores que se consideraban estratégicos, los gobiernos latinoamericanos impulsaron esta banca de desarrollo para proveer de capitales a sectores relacionados con el mercado interno, el sector industrial y a la transferencia tecnológica. Para el caso peruano, uno de los bancos de fomento fue el Banco Industrial del Perú (junto con el agrario y el minero), aunque en un inicio no tuvo un impulso tan profundo como en otros países de la región, ya que el compromiso con el desarrollo hacia adentro y la promoción de la industrialización no era parte de la estrategia de desarrollo peruana. Sin embargo, a medida que pasaron las décadas, las necesidades de promover una diversificación colocaron al paradigma industrial cada vez más cerca de las políticas económicas. En ese sentido, se identifican cuatro etapas básicas del desarrollo de la institución. La primera, entre 1936 y 1956, se observa el nacimiento y el desarrollo inicial como reacción a los choques externos de la crisis de los años treinta y la Segunda Guerra Mundial, pero sin llegar a insertarse como parte de la estrategia de desarrollo. Esto último queda en evidencia al observar el manejo de la institución durante el gobierno de Manuel Odría (1948-1956). La segunda etapa, entre 1956 y 1968, se caracteriza por los incentivos que genera las fuertes migraciones a las zonas urbanas, los efectos de las nuevas caídas de nuestras exportaciones de materias primas y nuevos gobiernos más comprometidos con el desarrollo industrial y el mercado interno, como el segundo periodo de Manuel Prado y el primero de Fernando Belaúnde. La tercera etapa, entre 1969 y 1979, tiene un crecimiento en el contexto del gobierno revolucionario, donde el paradigma del desarrollo se caracterizó por una intervención más profunda del Estado en la economía. Finalmente, el cuarto periodo, de 1980 a 1990, en un contexto de recesión económica producto de la 4 crisis de la deuda y la hiperinflación, la institución no va a soportar los niveles de morosidad de las industrias y entrará en proceso de liquidación. La historiografía peruana no ha visto más que de una manera tangencial el desempeño del Banco Industrial del Perú, por lo que la presente investigación pretende reconstruir su desarrollo a largo plazo para identificar los aportes y las limitaciones que tuvieron para fomentar la industria en el Perú, en el periodo del paradigma industrialista latinoamericano del siglo XX. / Tesis

El estudio de la intervención española en la ex - Yugoslavia se organiza a partir de dos temáticas centrales: el análisis de los mecanismos jurídicos e institucionales de las organizaciones internacionales y la experiencia vivida de los protagonistas de estas misiones de paz. Por lo tanto, la tesis se articula a tres bandas: historia jurídica, historia social del pensamiento y la experiencia vivida. Las fuentes originales aúnan declaraciones internacionales, testimonios personales, y análisis pormenorizado de los medios de comunicación social. / The study of the spanish intervention in the former Yugoslavian Republic is based in two main subjects: The analysis of legal and institucional mechanism of international organizations and the lived experience of the main figures of these peace missions. Therefore, the thesis is articulated in a trilateral way: Legal history, Social History of thought and the lived experience. The original sources join international declarations, personal evidence and the detailed analysis of the social media

La gran depresión de la década de 1930 tuvo diversos efectos en América Latina, siendo uno de los principales la idea de mayor participación del Estado en las economías nacionales ante la deslegitimación del modelo primario-exportador vigente. En ese contexto, diversos instrumentos fueron puestos en marcha para lograr una mayor autonomía económica y el ansiado desarrollo industrial, dentro de los cuales estarían los bancos de fomento. Con la intención de transferir de manera dirigida los recursos públicos a sectores que se consideraban estratégicos, los gobiernos latinoamericanos impulsaron esta banca de desarrollo para proveer de capitales a sectores relacionados con el mercado interno, el sector industrial y a la transferencia tecnológica. Para el caso peruano, uno de los bancos de fomento fue el Banco Industrial del Perú (junto con el agrario y el minero), aunque en un inicio no tuvo un impulso tan profundo como en otros países de la región, ya que el compromiso con el desarrollo hacia adentro y la promoción de la industrialización no era parte de la estrategia de desarrollo peruana. Sin embargo, a medida que pasaron las décadas, las necesidades de promover una diversificación colocaron al paradigma industrial cada vez más cerca de las políticas económicas. En ese sentido, se identifican cuatro etapas básicas del desarrollo de la institución. La primera, entre 1936 y 1956, se observa el nacimiento y el desarrollo inicial como reacción a los choques externos de la crisis de los años treinta y la Segunda Guerra Mundial, pero sin llegar a insertarse como parte de la estrategia de desarrollo. Esto último queda en evidencia al observar el manejo de la institución durante el gobierno de Manuel Odría (1948-1956). La segunda etapa, entre 1956 y 1968, se caracteriza por los incentivos que genera las fuertes migraciones a las zonas urbanas, los efectos de las nuevas caídas de nuestras exportaciones de materias primas y nuevos gobiernos más comprometidos con el desarrollo industrial y el mercado interno, como el segundo periodo de Manuel Prado y el primero de Fernando Belaúnde. La tercera etapa, entre 1969 y 1979, tiene un crecimiento en el contexto del gobierno revolucionario, donde el paradigma del desarrollo se caracterizó por una intervención más profunda del Estado en la economía. Finalmente, el cuarto periodo, de 1980 a 1990, en un contexto de recesión económica producto de la 4 crisis de la deuda y la hiperinflación, la institución no va a soportar los niveles de morosidad de las industrias y entrará en proceso de liquidación. La historiografía peruana no ha visto más que de una manera tangencial el desempeño del Banco Industrial del Perú, por lo que la presente investigación pretende reconstruir su desarrollo a largo plazo para identificar los aportes y las limitaciones que tuvieron para fomentar la industria en el Perú, en el periodo del paradigma industrialista latinoamericano del siglo XX. / Tesis

L’opposition au coup d’État de 1973 au sein des forces armées chiliennes a été significative. En effet, un nombre symptomatique d’officiers, tout comme un nombre considérable des membres de la troupe, ont répondu « Non » à l’ordre de renverser le gouvernement légitime. Ces militaires légitimistes ont été particulièrement actifs dans la Marine, institution qui vit un conflit entre sa structure archaïque et le statut social de technicien acquis par les marins. Ce derniers perçoivent, avant d’autres secteurs de la société, le danger d’un coup d’État et vont tenter de s’organiser, tout d’abord pour informer les autorités et ensuite pour tenter de le faire avorter. Notre objectif est de retracer l’histoire du mouvement des marins légitimistes et notre hypothèse de travail est que le coup d’État de 1973 n’est pas l’œuvre de l’armée mais d’une fraction de celle-ci. Nous avons consulté quatre catégories de sources : 1) La presse : 6 quotidiens et 2 hebdomadaires opposés au gouvernement d’Allende; 4 quotidiens, 2 hebdomadaires et un bimensuel proches du gouvernement ou de gauche. 2) Les essais, documents politiques, témoignages et mémoires, particulièrement les mémoires des quatre amiraux organisateurs du coup d’État. 3) Les procès entamés contre les marins dès la fin du gouvernement d’Allende, dont les 6.000 pages du célèbre procès 3926 contre les marins de la flotte. 4) Nous avons interviewé 30 marins, ce qui correspond à environ un tiers des marins condamnés par les tribunaux navals sous la dictature. En outre, nous avons interviewé, des militants, des avocats, un procureur, un général de l’aviation opposé au coup d’État, un officier de la Marine opposé au coup d’État et un officier de la Marine favorable au coup d’État. Au total 52 interviews qui totalisent un bon millier de pages. L’introduction présente le sujet et explique sa pertinence : les réunions entre les marins et les dirigeants politiques restent un événement souvent cité dans l’historiographie qui justifie le coup d’État. Le ch. I est un travail de compilation sur l’histoire des révoltes de marins au XXe siècle, pour identifier les éléments communs entre elles. Le ch. II tente de situer la Marine chilienne dans son contexte historique et social, rappelant les conflits qui ont secoué la force navale et sa réorganisation lors du début de la Guerre froide et décrivant le contenu de l’enseignement donné à l’École navale des officiers. Le ch. III décrit la vie sociale dans la Marine de 1970 –l’année de l’élection présidentielle– surtout les relations difficiles entre la troupe et les officiers. Celles-ci se manifestent à travers des réactions contradictoires au résultat de l’élection. Pendant les premiers mois du gouvernement d’Allende, un nombre croissant d’officiers manifeste son opposition, alors que des « hommes de mer » (la troupe) s’organisent pour le défendre. Les ch. IV et V couvrent la période qui va de 1971 jusqu’à la première tentative de coup d’État le 29 juin 1973 (el Tanquetazo). Elle est marquée d’une part par l’adhésion de la plupart des officiers aux thèses putschistes, et d’autre part, par un notable développement des groupes de marins antiputschistes. Nous décrivons les relations structurelles entre les officiers et civils conjurés et l’établissement des relations entre des groupes de marins et certains partis politiques de gauche. Ce travail décrit la réunion secrète où plusieurs groupes de marins, tentent d’établir une coordination et discutent s’il faut agir avant que le coup d’État ne soit déclenché ou seulement en réaction à celui-ci. Le chapitre VI couvre les cinq « semaines décisives » qui s’écoulent entre la tentative de putsch du 29 juin et l’arrestation des marins de la flotte, le 5 août 1973. Dans la Marine, la préparation du coup d’État arrive à sa phase finale, avec un affairement perceptible. Beaucoup de marins craignent d’être forcés à y participer. Dans ce contexte, le groupe de marins de la flotte formule une ébauche de plan d’occupation des navires et organise des réunions avec des dirigeants de gauche pour tenter une action qui ferait avorter le coup d’État imminent. Nous avons pu retracer ce plan ainsi que les célèbres réunions avec les dirigeants du PS, du MAPU et du MIR, grâce à plusieurs témoignages de marins et de « civils » présents dans ces réunions. Le chapitre VII décrit la période entre l’arrestation des marins et les semaines qui suivent le coup d’État, décrivant les premières tortures, la difficile situation du gouvernement d’Allende, qui attaque en justice les marins « infiltrés », et le débat politique et juridique suscité par les arrestations et tortures, un des derniers débats démocratiques. Le chapitre VIII expose la poursuite des procès sous la dictature. Parmi les avocats pro deo qui se contentent d’une timide défense pour la forme, nous avons trouvé une défense exceptionnelle des marins sur le plan politique : « le devoir de tout militaire est de défendre le gouvernement légitime », affirme l’avocate Lidia Hogtert, une dame de 75 ans, qui, en 1975, ose défier la justice militaire. En 1988, à la fin de la dictature, lorsque l’ancien secrétaire du MAPU Oscar Garretón se présente devant la justice navale, le cas connaît un nouveau retentissement : après plusieurs condamnations par des tribunaux militaires, Garreton obtient une victoire complète à la Cour Suprême. Il est acquitté de toute accusation pour « sédition et mutinerie ».

L’opposition au coup d’État de 1973 au sein des forces armées chiliennes a été significative. En effet, un nombre symptomatique d’officiers, tout comme un nombre considérable des membres de la troupe, ont répondu « Non » à l’ordre de renverser le gouvernement légitime. Ces militaires légitimistes ont été particulièrement actifs dans la Marine, institution qui vit un conflit entre sa structure archaïque et le statut social de technicien acquis par les marins. Ce derniers perçoivent, avant d’autres secteurs de la société, le danger d’un coup d’État et vont tenter de s’organiser, tout d’abord pour informer les autorités et ensuite pour tenter de le faire avorter. <p>Notre objectif est de retracer l’histoire du mouvement des marins légitimistes et notre hypothèse de travail est que le coup d’État de 1973 n’est pas l’œuvre de l’armée mais d’une fraction de celle-ci.<p><p>Nous avons consulté quatre catégories de sources :<p>1) La presse :6 quotidiens et 2 hebdomadaires opposés au gouvernement d’Allende; 4 quotidiens, 2 hebdomadaires et un bimensuel proches du gouvernement ou de gauche. <p>2) Les essais, documents politiques, témoignages et mémoires, particulièrement les mémoires des quatre amiraux organisateurs du coup d’État. <p>3) Les procès entamés contre les marins dès la fin du gouvernement d’Allende, dont les 6.000 pages du célèbre procès 3926 contre les marins de la flotte.<p>4) Nous avons interviewé 30 marins, ce qui correspond à environ un tiers des marins condamnés par les tribunaux navals sous la dictature. En outre, nous avons interviewé, des militants, des avocats, un procureur, un général de l’aviation opposé au coup d’État, un officier de la Marine opposé au coup d’État et un officier de la Marine favorable au coup d’État. Au total 52 interviews qui totalisent un bon millier de pages.<p><p>L’introduction présente le sujet et explique sa pertinence :les réunions entre les marins et les dirigeants politiques restent un événement souvent cité dans l’historiographie qui justifie le coup d’État.<p>Le ch. I est un travail de compilation sur l’histoire des révoltes de marins au XXe siècle, pour identifier les éléments communs entre elles.<p>Le ch. II tente de situer la Marine chilienne dans son contexte historique et social, rappelant les conflits qui ont secoué la force navale et sa réorganisation lors du début de la Guerre froide et décrivant le contenu de l’enseignement donné à l’École navale des officiers. <p>Le ch. III décrit la vie sociale dans la Marine de 1970 –l’année de l’élection présidentielle– surtout les relations difficiles entre la troupe et les officiers. Celles-ci se manifestent à travers des réactions contradictoires au résultat de l’élection. Pendant les premiers mois du gouvernement d’Allende, un nombre croissant d’officiers manifeste son opposition, alors que des « hommes de mer » (la troupe) s’organisent pour le défendre.<p>Les ch. IV et V couvrent la période qui va de 1971 jusqu’à la première tentative de coup d’État le 29 juin 1973 (el Tanquetazo). Elle est marquée d’une part par l’adhésion de la plupart des officiers aux thèses putschistes, et d’autre part, par un notable développement des groupes de marins antiputschistes. Nous décrivons les relations structurelles entre les officiers et civils conjurés et l’établissement des relations entre des groupes de marins et certains partis politiques de gauche. Ce travail décrit la réunion secrète où plusieurs groupes de marins, tentent d’établir une coordination et discutent s’il faut agir avant que le coup d’État ne soit déclenché ou seulement en réaction à celui-ci.<p>Le chapitre VI couvre les cinq « semaines décisives » qui s’écoulent entre la tentative de putsch du 29 juin et l’arrestation des marins de la flotte, le 5 août 1973. Dans la Marine, la préparation du coup d’État arrive à sa phase finale, avec un affairement perceptible. Beaucoup de marins craignent d’être forcés à y participer. Dans ce contexte, le groupe de marins de la flotte formule une ébauche de plan d’occupation des navires et organise des réunions avec des dirigeants de gauche pour tenter une action qui ferait avorter le coup d’État imminent. Nous avons pu retracer ce plan ainsi que les célèbres réunions avec les dirigeants du PS, du MAPU et du MIR, grâce à plusieurs témoignages de marins et de « civils » présents dans ces réunions.<p>Le chapitre VII décrit la période entre l’arrestation des marins et les semaines qui suivent le coup d’État, décrivant les premières tortures, la difficile situation du gouvernement d’Allende, qui attaque en justice les marins « infiltrés », et le débat politique et juridique suscité par les arrestations et tortures, un des derniers débats démocratiques. <p>Le chapitre VIII expose la poursuite des procès sous la dictature. Parmi les avocats pro deo qui se contentent d’une timide défense pour la forme, nous avons trouvé une défense exceptionnelle des marins sur le plan politique :« le devoir de tout militaire est de défendre le gouvernement légitime », affirme l’avocate Lidia Hogtert, une dame de 75 ans, qui, en 1975, ose défier la justice militaire. En 1988, à la fin de la dictature, lorsque l’ancien secrétaire du MAPU Oscar Garretón se présente devant la justice navale, le cas connaît un nouveau retentissement :après plusieurs condamnations par des tribunaux militaires, Garreton obtient une victoire complète à la Cour Suprême. Il est acquitté de toute accusation pour « sédition et mutinerie ». / Doctorat en Histoire, art et archéologie / info:eu-repo/semantics/nonPublished