El derecho a la negociación colectiva es una herramienta valiosa para la mejora de los beneficios laborales con contenido económico y no económico de los trabajadores en general; sin embargo, el desarrollo de dicho derecho en el sector público ha encontrado serias dificultades normativas, principalmente en las leyes de presupuesto que año a año han venido restringiendo su ejercicio en materia remunerativa, línea que también se siguió en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Ahora, con ocasión de la sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante, TC) conocida como “Caso Ley de Presupuesto Público”, en cuyo numeral 2 de su parte resolutiva exhorta al Congreso de la República a aprobar una nueva regulación sobre negociación colectiva para los trabajadores del sector público, es que el presente trabajo pretende establecer, a partir del análisis de legislación comparada y lo señalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una propuesta normativa que resulte conforme al deber de fomento por parte del Estado del referido derecho fundamental, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2 del artículo 28 de nuestra Constitución Política.

La corrupción es uno de los principales flagelos de nuestro país, que debilita la institucionalidad y afecta la credibilidad en el sistema político democrático, generando desinterés y decepción en la población. Y en los últimos años, este fenómeno que aqueja a la sociedad, se ha presentado continuamente en los gobiernos sub nacionales (regionales y locales), basta con dar un vistazo a los casos más sonados en el ámbito nacional. En ese contexto, este estudio se centró en el Gobierno Regional de Apurímac, específicamente durante el periodo de gestión 2011-2014, al analizar la estructura de redes de corrupción, donde se investigó la vinculación directa e indirecta entre los actores involucrados y la relación con el ex gobernador regional apurimeño, quien actualmente, viene siendo procesado por actos de corrupción. Dentro de la investigación, la pregunta a responder fue ¿Cuál es la estructura de las redes de corrupción en la gestión regional 2011-2014 del Gobierno Regional de Apurímac? La cual implica tres sub preguntas, a fin determinar los vínculos generados entre los actores; comprender las formas de corrupción más comunes y debatir las posibles causas que dieron lugar a la formación de estas redes. Finalmente, si bien los hechos realizados por los actores involucrados pueden ser catalogados como formas de corrupción, nos conlleva a analizar que talvez la estructura organizacional del gobierno regional sea propicia para generar éstas redes, como consecuencia de una débil descentralización y falta de meritocracia para designar funcionarios, lo que es un pasivo para el Estado peruano y un problema para las políticas gubernamentales de lucha contra la corrupción. / Corruption is one of the main scourges of our country, which weakens institutionality and affects credibility in the democratic political system, generating disinterest and disappointment in the population. And in recent years, this phenomenon that afflicts society has been continuously presented in sub-national governments (regional and local), it is enough to take a look at the most popular cases in the national sphere. In this context, the study focused on the Regional Government of Apurimac, specifically during the 2011-2014 management period, when analyzing the structure of corruption networks, where the direct and indirect link between the actors involved and the relationship with the former regional governor of Apurimac, who is currently being prosecuted for acts of corruption, was investigated. Within the investigation, the question to answer was: What is the structure of the corruption networks in the regional management 2011-2014 of the Regional Government of Apurimac? Which involves three sub questions in order to determine the links generated between the actors, understand the most common forms of corruption and discuss the possible causes that led to the formation of these networks. Finally, although the facts carried out by the actors involved can be classified as forms of corruption, it leads us to analyze that perhaps the organizational structure of the regional government is conducive to generate these networks, as a result of weak decentralization and lack of meritocracy to designate public officials, which is a liability for the peruvian State and a problem for government policies to fight against corruption.

Las compras públicas en el Estado son parte fundamental para el desarrollo de una sociedad mediante las adquisiciones de bienes, servicios y obras, que tienen como eje trasversal la normatividad que las regula, en razón a ello, algunas Entidades aun no logran alcanzar de manera óptima y eficiente los resultados que se esperan, como cumplir con los plazos establecidos para la atención oportuna de las necesidades hacia sus usuarios internos y externos de la Entidad, en ese sentido la presente investigación se ha enfocado en los diferentes factores que inciden en las compras públicas, en el caso del Programa de Desarrollo Agrario Rural del periodo 2014 al 2017. Así mismo la presente investigación aborda desde la metodología el estudio del campo cualitativo, bajo un enfoque explorativo, investigar la problemática que existe al momento de realizar las compras públicas, y cuyo objetivo es determinar que factores como la burocracia en los actos administrativos, la profesionalización del servidor público, la Institucionalidad inciden en las compras públicas en el caso del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del periodo 2014-2017. En ese sentido la investigación al desarrollar el tema de las compras públicas, y ser un tema muy sensible dentro de la Entidad, se evidenció poca colaboración por parte de los servidores de la Entidad, ya que tenían poca disposición de manifestar abiertamente que es lo que ocurría dentro del Programa de Desarrollo Agrario Rural, en ese sentido se apeló a fuentes secundarias como son los las resoluciones de la Entidad referida a aprobaciones expedientes de contratación, plan de desarrollo de personas, información publicada en el portal del SEACE, donde se visualiza las contrataciones públicas, información de Contraloría, con sus informes de control, etc. En ese sentido se buscó contrastar lo que la normativa en contrataciones públicas nos indica, con lo que en realidad ocurría dentro del Programa de Desarrollo Agrario Rural en el periodo 2014 al 2017, para ello como ya se ha mencionado se ha utilizado fuentes primarias y secundarias.

La sentencia contra Alberto Kouri Bumachar, el primero de los “Vladivideos” en los años 2000, marca el descubrimiento de la corrupción sistematizada durante el régimen fujimontesinista; un momento decisivo para la historia política peruana. Así también, para la reforma del sistema judicial peruano y el diseño de una estrategia pública que dotase a los y las operadores de justicia de las herramientas necesarias para prevenir situaciones de impunidad frente a casos de corrupción. En este sentido, el objetivo principal de este Informe es analizar los aspectos de la aplicación del concepto de funcionario público, específicamente en la situación de Alberto Kouri. Partimos de la premisa de que el contenido de la figura de “funcionario público” viene pautada como respuesta político-criminal para la protección de la Administración Pública. Para ello, empleamos la teoría del correcto funcionamiento de la Administración Pública y el análisis de la ratio-legis de la misma como bien jurídico protegido por el Derecho Penal. Lo que, finalmente, nos permite concluir que Alberto Kouri ostentaba, desde el día de las elecciones (9 de abril del año 2000), un deber de protección del bien jurídico (Administración Pública), sin el cual no hubiera podido acceder a una ventana de negociación con Montesinos, meses antes incluso de la juramentación formal del cargo.

En el presente trabajo se analizará el procedimiento administrativo disciplinario denominado “inmediato” y que se encuentra regulado en el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, aprobado mediante Resolución Nº 008-2020-JNJ, que establece que de manera excepcional puede obviarse de realizar una investigación preliminar y dar inicio a un procedimiento disciplinario con la emisión de una resolución suscrita por los miembros del Pleno de la Junta en dos supuestos consistentes; el primero de ellos, cuando se haya detectado una conducta a la que dicho órgano llama “notoriamente irregular con prueba evidente”; y, en el segundo caso, se hace mención a una “flagrante falta disciplinaria muy grave”. Como puede apreciarse, en el primer caso se estaría ante la presencia de una prueba irrefutable, mientras que en el segundo, se hace mención a que se habría descubierto a una persona realizando un acto ilícito; en otras palabras, existiría una evidencia bastante cercana la plena, que avalaría obviar la realización de una investigación preliminar que culminaría en un plazo de seis meses de iniciado el mismo. En esta primera parte se desarrollará la teoría de un procedimiento sancionador común y estándar, regulado por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, el mismo que dispone de garantías mínimas que deben ser respetadas en todo procedimiento sancionador. Asimismo, se realizará un análisis y comparación del denominado “procedimiento inmediato”, con otro de los dos tipos de procedimientos existentes en la Junta Nacional de Justica y que resulta ser aplicable para el caso de los jueces y fiscales supremos, como lo es el procedimiento disciplinario ordinario. Con dicho análisis se pretende demostrar que existe un procedimiento transgresor de toda garantía por cuanto el procedimiento inmediato vulneraría el derecho de todo administrado de gozar de un debido proceso, derecho constitucionalmente reconocido en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Posteriormente, luego de analizar la parte teórica general regulada en la ley y la parte específica contenida en el reglamento, es que se pasará a analizar el caso de la señora fiscal suprema titular Liz Patricia Benavides Vargas, quien habría sido víctima de un procedimiento poco o nada garantista y transgresor de diversos principios protegidos por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, e incluso algunos constitucionales. En ese contexto, luego de efectuarse este análisis, se podrá concluir que existen motivos debidamente sustentados que podrían conllevar a la presentación de una acción popular en contra de los artículos 72 y 73 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia al haberse detectado la infracción de una norma de mayor jerarquía y la transgresión de la Constitución. Por último, se expondrá que tanto en la República de Chile como en el Reino de España no se instaura procedimientos administrativos disciplinarios en contra de quien ostente el máximo cargo del Ministerio Público, procediendo a exponer una alternativa para el caso peruano. / The present paper aims to analyze the disciplinary administrative procedure called “immediate” regulated in the Regulation of Disciplinary Procedures of the Junta Nacional de Justicia, approved by Resolution No. 008-2020-JNJ, which establishes that in an exceptional manner it may be omitted to carry out a preliminary investigation and begin a disciplinary procedure with the issuance of a resolution signed by the members of the Plenary of the Junta in two cases consisting of, the first one when conduct has been detected as “notoriously irregular with evident evidence ”; and, in the second case, when is made in “flagrant, very serious disciplinary offense.” As it can be seen, in the first case there would be irrefutable evidence, while in the second, there is evidence that shows that a person has committed an illegal act. In this first part, the theory of a common and standard disciplinary procedure will be developed, regulated by the Law Nº 27444, Law of General Administrative Procedure, approved by Supreme Decree Nº 004-2019-JUS, the same as It must be contained in all sanctioning procedures. Likewise, an analysis and comparison of the so-called “immediate procedure” will be carried out with another of the two types of procedures existing in the Junta Nacional de Justicia and that turn out to be applicable in the case of supreme judges or persecutors, such as the procedure ordinary disciplinary. This in order to demonstrate the concealment of a procedure that transgresses all guarantees since the immediate procedure would violate the right of every administrator to enjoy a due process, a right constitutionally recognized in article 139 of the Political Constitution of Peru. Subsequently, after analyzing the general theoretical part regulated in the law and the specific part contained in the regulations, the case of the titular supreme persecutor Liz Patricia Benavides Vargas will be analyzed, who has been the victim of a procedure with no guarantees. and offender of various principles of Law Nº 27444. In that context, after carrying out this analysis, it can be concluded that there are supported reasons that could lead to the presentation of a Popular Action against articles 72 and 73 of the Regulation of Disciplinary Procedures of the Junta Nacional de Justicia after having been detected. the violation of a higher norm and the transgression of the Constitution. Finally, it will be stated that in two countries, Republic of Chile and the Kingdom of Spain, administrative disciplinary procedures are not established against the person holding the highest position in the Ministerio Público. / Trabajo académico

Los programas de transferencias monetarias condicionadas son un componente fundamental de las redes de protección social, por lo que se han extendido en los países en desarrollo. La variante peruana de programa de transferencia monetaria condicionada es el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - Juntos, que tiene por finalidad contribuir a la reducción de la pobreza y evitar la transmisión intergeneracional de la misma mediante la entrega de incentivos monetarios para el acceso y uso de servicios de salud y educación. Una figura sin la que no podría pensarse su implementación es el gestor local, burócrata que lleva a cabo buena parte de los procesos del programa, representa al programa frente a las usuarias e instituciones locales, incluso representa al Estado en el territorio y maneja un nivel de discrecionalidad en su labor que le permite moldear la política en la que trabaja. La presente investigación, se propone responder (1) cómo los gestores lidian con la demanda de cumplir una larga lista de tareas y metas burocráticas para el programa; de brindar un servicio polivalente y de calidad; y a la par, interactuar con las usuarias, lo cual les exige un trato personalizado y ciertas habilidades para asumir una serie de situaciones fortuitas. Junto con lo anterior se indaga (2) qué determina la forma en que los gestores usan la discrecionalidad y cómo afecta ésta a la implementación del programa .Tras una revisión teórica y de evidencia y de un trabajo de campo llevado a cabo en Lima y Cajamarca, la presente muestra que los gestores locales simplifican procesos operativos, estandarizan y controlan a las usuarias y sus hogares. Además, muestra que éstos operan con un nivel alto de discrecionalidad; que puede explicarse por factores organizacionales, factores individuales de los propios gestores y factores de las usuarias. Y que la discrecionalidad afecta de distintas formas a la implementación del programa en los lugares en que se realizó el trabajo de campo.

En el presente trabajo se busca abordar el derecho de huelga a partir, en primer lugar, de su tratamiento como derecho fundamental y señalando su contenido esencial y, posteriormente, desarrollando brevemente los antecedentes históricos de la huelga en el Perú y el modelo normativo que nos rige. Asimismo, como parte de un marco teórico previo, señalaremos los principales aportes jurisprudenciales al derecho de huelga, así como sus principales limitaciones. En una segunda parte, identificaremos ciertas diferencias del derecho de huelga en el Texto Único de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y en la Ley del Servicio Civil. Por otra parte, ubicaremos las principales limitaciones del ejercicio del derecho de huelga de los servidores públicos. Finalmente, en esta parte analizaremos el derecho de huelga en la Ley del Servicio Civil, foco de atención de nuestro trabajo. Finalmente, este desarrollo, nos permitirá esbozar las principales propuestas del marco normativo del derecho de huelga en el sector público, precisando los supuestos que no están acorde con el contenido esencial del derecho de huelga. Asimismo, como complemento de esta normativa, nos permitiremos esbozar las respuestas a los requerimientos de la OIT.

La tesis aborda los ciclos de diseño, implementación y evaluación de los compromisos de gestión escolar, como instrumento de política pública, entre los años 2015-2017. Las aproximaciones académicas sobre gestión escolar en Latinoamérica y Perú son escasas. En Latinoamérica, el principal aporte se da en el marco del convenio Andrés Bello, que indica que los factores de eficacia escolar están relacionados a que las escuelas tengan por misión el logro de los aprendizajes, a la participación de la comunidad educativa, al incentivo del debate pedagógico; a un buen clima escolar y que los docentes se sientan comprometidos con la institución educativa (Murillo, 2007). En Perú, destaca el estudio de factores asociados a calidad educativa de Liliana Miranda (2008), la comparación sobre gestión escolar en colegios públicos y privados (Miranda, 2008); el estudio sobre la implementación de los enfoques de autonomía e instrumentos de gestión escolar en un grupo de instituciones educativas (Cuglievan y Rojas, 2008) y el estudio sobre liderazgo directivo (Freire y Miranda, 2014). El objetivo de la investigación fue conocer las dinámicas de implementación de los compromisos de gestión escolar, como instrumento de política pública entre los años 2015- 2017 y los objetivos específicos fueron tres. El primero, orientado a describir las características de los compromisos de gestión escolar durante los años 2015-2017, el segundo encaminado a explicar su proceso de implementación por parte del Ministerio de Educación durante los años 2015- 2017 y el tercero, que buscó describir su proceso de evaluación durante el mismo período. La metodología del estudio fue cualitativa, y se usó dos técnicas de investigación. La primera que consistió en revisión documentaria, mediante la cual se analizó documentos normativos y técnicos asociados al desarrollo de los compromisos de gestión escolar. La segunda técnica fue entrevistas semiestructuradas a diecisiete funcionarios y especialistas del Ministerio de Educación que participaron del diseño, implementación y evaluación de los compromisos de gestión escolar entre el 2015-2017. La investigación aporta al vacío de conocimiento sobre implementación de instrumentos de políticas públicas de gestión escolar en Perú, tema sobre el que no existe bibliografía académica. El estudio concluye que los compromisos de gestión escolar fueron modificándose continuamente entre el 2015-2017. El Ministerio de Educación asumió la tarea de implementarlo, pese a que, de acuerdo a ley, su rol es de carácter normativo y no implementador. Finalmente, no se cuenta con reportes consolidados de avance en la implementación de los compromisos de gestión escolar, pues no se montó un aparato articulado que permitiera medirlos y cuando se intentó hacerlo en el 2017, no pudo culminarse

El servicio de identificación y documentación brindado a las comunidades nativas de la Amazonía peruana ha incorporado en los últimos diez años la oferta móvil como una estrategia para facilitar el acceso de estos ciudadanos a su documento de identidad. Frente a las distancias entre el diseño y la implementación de la política que guía el referido servicio, los burócratas de la calle (registradores) se ven desafiados a desarrollar diversas estrategias para alcanzar el propósito de ésta política. El objetivo de la investigación es comprender la contribución de las estrategias desarrolladas por los registradores itinerantes para garantizar el derecho a la identidad de los miembros de las comunidades nativas de Loreto durante el 2015-2016. A partir del análisis retrospectivo como método cualitativo, se identifica la brecha existente entre el diseño y la implementación de la política de identificación y documentación. Esta brecha limita la posibilidad de recuperar las estrategias desarrolladas a partir de la discrecionalidad que ejercen los burócratas de la calle. Por ejemplo, las redes informales de alianzas estratégicas para hacer efectivo este servicio, la pertinencia cultural para relacionarse con la ciudadanía, así como la gestión de los problemas operacionales que surgen. De esta manera, se explica que el nivel de influencia que ellos ejercen sobre la ciudadanía es determinante para la implementación de la política, ocupando muchas veces un rol de fixers, dispuestos a intervenir ahí donde ocurre algún percance que pueda afectar los resultados y sentido que se persiguen, generando así una tipología de gestión en función a los problemas enfrentados. El valor de las estrategias sorteadas por los burócratas de la calle permite evidenciar la necesidad de corregir falencias en el diseño de la política que salen a la luz en el proceso de implementación, particularmente cuando ésta se aplica en contextos culturalmente diversos. / The identification and documentation service provided to the native communities of the Peruvian Amazon has incorporated the mobile offer in the last ten years as a strategy to facilitate the access of these citizens to their identity document. Due to de differences between the design and the implementation of this service, street bureaucrats (registrars) are challenged to develop various strategies to achieve the purpose of this policy. The intention of this research is to understand the contribution of the strategies developed by the itinerant registrars to guarantee the right to identity of the members of the native communities of Loreto during 2015-2016. Based on a qualitative “backward mapping”, a gap between the design and implementation of the policy is identified. This gap limits the possibility of recovering the strategies developed by street bureaucrats that own great discretionary powers. For example, the informal networks of strategic alliances to make this service effective, the cultural relevance for the relationship with the citizenship, as well as the management of the operational problems that arise in the field. In this way, it is explained that the level of influence they exert on the citizenship is vital for the implementation of the policy, often assuming a role of fixers, willing to intervene where a mishap occurs that may affect the results and meaning that are pursued, thus devolving a management typology according to the faced problems. The value of the strategies implemented by street bureaucrats makes possible to highlight the need to correct flaws that become evident in the implementation process, particularly when it is applied in cultural diverse contexts.

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) busca identificar qué capacidades estatales de políticas de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM resultaron claves para el tratamiento de conflictos sociales entre el 2012 y 2016. En el marco delo anterior, se propone un marco de análisis que evalúa las distintas dimensiones de capacidades de políticas a partir de la combinación de competencias (analíticas, operativas o de gestión, y políticas) y de recursos (a nivel individual, organizativo y sistémico) vinculados con la implementación de las políticas públicas. El objetivo del TSP es analizar y generar evidencia respecto de qué capacidades resultan claves frente a otras, para mejorar o potenciar aquellas vinculadas con el tratamiento de los conflictos sociales a partir de la experiencia de la ONDS y su desarrollo. El trabajo concluye que el tratamiento de los conflictos sociales a través de la experiencia de la ONDS resulta de la combinación e interrelación de las competencias políticas individual y sistémicas, y sus respectivas aportaciones. Es decir, de las habilidades, experiencia, visión política y liderazgo para la toma de decisiones de los titulares de la PCM y ONDS, respectivamente, así como del entorno en el que se enmarcan estas, determinado por el apoyo, la confianza y legitimidad de los demás actores vinculados a la política de diálogo y el papel de la ONDS.