Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El rey Felipe II se convirtió en el principal deudor de las cajas de comunidad durante el siglo XVI. Desde inicios de este siglo, la Corona hizo uso de los juros como medios de pago al carecer de liquidez; no obstante, lo que en un comienzo fue una venta libre de los juros, con el paso de los años no siempre fue un tipo de contrato de libre voluntad. Los juros se convirtieron en gran parte de la deuda pública española. En este sentido, apenas fundada la Caja General de censos de Indios de Lima, Felipe II estableció contratos de juros con las comunidades indígenas, concentrando el 32% de los egresos correspondientes al patrimonio metálico comunal. El arbitrismo y la Escuela de Salamanca sustentaron la estructura del pensamiento económico de la península, la cual, influenciada por la necesidad de ingresos para el sostenimiento del gasto público de la Corona, definirá la inserción de la economía del Virreinato del Perú a la economía de la Metrópoli. La imposición del nuevo orden buscó yuxtaponer la estructura social, política y económica española sobre la realidad prehispánica y, posteriormente, la reorganización y estabilización virreinal. Ante los inconvenientes del sistema fiscal, se hizo necesaria una reorganización de la administración tributaria, tarea que fue realizada por el virrey Toledo, quien aplicó una política poblacional, ampliando el sistema de reducciones para una mejor administración del tributo indígena (puesto que la política tributaria estaba vinculada a la política poblacional). Estas políticas influyen en el proceso de creación y administración de las cajas de comunidad, y su administración responde a la puesta en marcha de un programa destinado a delinear una estructura económica sostenible en el tiempo a pesar de ser una coyuntura económica en transición, donde las remesas a la Corona no fueron regulares. / Tesis

A raíz de la importancia de la economía digital en el mundo actual y la imperante necesidad de la implementación de los servicios digitales en nuestro país, vemos necesario evaluar el tratamiento tributario en el Perú a los servicios digitales prestados por empresas de aplicativos no domiciliadas. El presente trabajo busca identificar los principales problemas del tratamiento fiscal en el marco del Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto General a las Ventas (IGV) de estos servicios mediante el análisis de la normativa peruana y aplicando el método comparado respecto de la normativa de otros países y considerando los criterios OCDE. En efecto, la Ley del IR no contempla la afectación a la renta de los no domiciliados proveniente de los servicios digitales utilizados por personas naturales y por su parte Ley del IGV presenta poca claridad sobre la aplicación del impuesto a ese mismo supuesto, afectando el principio de igualdad y seguridad jurídica. Considerando que, a diferencia de otros países de la región, el Estado peruano ya grava con impuesto a la renta a los servicios digitales, creemos que también deberían afectarse con IR a las rentas de servicios digitales prestados a personas naturales. No obstante, resulta razonable evaluar la idoneidad de una menor tasa o base imponible reducida para este tipo de servicios, debido a la necesidad de incentivar la inversión en nuestro país de las empresas en este tipo de servicios y la facilidad de traslado de este impuesto al consumidor final. Por el lado del IGV, el panorama es más claro, pues la tendencia internacional es someter a imposición del IGV a las rentas de estos servicios siempre que sean consumidos por usuarios en su territorio / Trabajo de investigación

Este expediente se eligió, pues expone un caso de relevancia jurídica que involucra al derecho societario y al derecho tributario. Específicamente, en este caso, la Administración Tributaria actúa contra ley, pues considera que Destilería Chiclayo S.A.C. realizó una venta - la cual está gravada con IGV - al transferir un conjunto de bienes, a Empresa Azucarera del Norte S.A.C. cuando en verdad se celebró una reorganización simple – operación no gravada con IGV. En el desarrollo de este caso, se puede analizar las divergentes opiniones societarias y tributarias en la doctrina y jurisprudencia vinculadas a la reorganización simple y ello permite determinar objetivamente cuál es la posición más razonable y adecuada a aplicar en el caso en concreto. Asimismo, cabe señalar que este informe tiene como objetivo determinar si la posición de la Administración Tributaria es muy estricta en cuanto a lo que implica una reorganización simple; es así, que en este informe se trabaja bajo la hipótesis de que la Administración Tributaria es muy formalista, es decir, actúa interpretando literalmente la norma. Al respecto, se afirma la hipótesis mencionada mediante la interpretación de las normas pertinentes, doctrina y jurisprudencia. Finalmente, se concluye que la Administración Tributaria interpreta la norma de manera literal, pues no evalúa el contexto en el que se llevó a cabo la reorganización societaria ya que, si lo hubiese hecho, se habría determinado que el objetivo de Destilería Chiclayo S.A.C. fue celebrar una reorganización simple, la cual no está gravada con IGV.

Desde inicios del siglo XX la comunidad internacional detectó pérdidas recaudatorias millonarias en el impuesto sobre sociedades, lo cual incentivó a que la “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)” y el G-20, desplegaran una lucha coordinada con diferentes países contra la planificación fiscal agresiva y el fraude fiscal; por tal motivo, una de las acciones planteadas en el plan “BEPS”, ha sido la acción 5, mediante la cual se propuso combatir en contra de las prácticas fiscales perjudiciales, teniendo en consideración la sustancia y la transparencia como prioridad. Esta acción, centró su ámbito de aplicación en dos ejes fundamentales: 1. Regímenes fiscales preferenciales; y, 2. Los acuerdos con las Administraciones Tributarias o también llamados “Tax Rulings”. La presente investigación analizará la aplicación del estándar mínimo de la acción 5 del plan BEPS, referida a los regímenes fiscales preferenciales y, si éste referente internacionalmente aceptado, estaría siendo acogido de forma coherente en nuestra legislación interna “ley del impuesto a la renta (LIR)”; cabe señalar, que el análisis efectuado se encuentra al margen de la perspectiva constitucional que el presente trabajo podría abordar. En tal sentido, se dilucidará la existencia de incertidumbre jurídica en los contribuyentes que realicen operaciones internacionales, en los regímenes catalogados por la OCDE como “regímenes fiscales preferenciales”, toda vez que de acuerdo a nuestra legislación se encontrarían impedidos de deducir sus gastos y la pérdida de capital, pese a realizar una actividad sustancial que podría legitimar su deducción. En éste trabajo, igualmente se desarrollará la importancia de una regulación para las deducciones de gastos en “actividades de Investigación y Desarrollo (I+D)”, toda vez que se propone que los contribuyentes puedan utilizar ésta normativa como el requisito de “actividad sustancial” para legitimar sus operaciones en “regímenes fiscales preferenciales”, asimilando el análisis efectuado por la OCDE conforme a lo indicado en la acción 5 del plan BEPS; sin embargo, se explicarán las trabas que asumen, actualmente, los contribuyentes para certificar sus proyectos de I+D ante CONCYTEC, lo cual origina que, gran parte de los contribuyentes, se encuentren imposibilitados a deducir sus gastos en dichas actividades. En tal sentido, corresponde perfeccionar dicha regulación a fin de que el contribuyente no se vea vulnerado desde una perspectiva fiscal y, como una medida defensiva del Estado, se pueda lograr sustentar la legitimidad de las operaciones en dichos regímenes preferentes. / Since the commencement of the twentieth century, the international community detected millionaire losses in government revenues, that problem encouraged the “Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)” and the G-20 to deploy a coordinated struggle with different countries contrary to tax evasion and avoidance, for this reason one of the strategies in the “Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)” has been the action 5 which was proposed to combat harmful tax practices. This action focused its scope on two fundamental problems: 1. “Preferential tax regimes”; and, 2. “Tax rulings”. The present investigation will analyze the application of the action 5 on harmful tax practices contained in the BEPS plan, referring to the preferential tax regimes and if this referent has been implemented in a coherent way in our national law. By the way, the analysis elaborated in this investigation is on the sideline of the constitutional perspective. In this sense, the research has been concentrated in the existence of legal uncertainly in taxpayers who carry out international operations in regimes classified by the OECD as “preferential tax regimes” because according to our legislations they would not be able to deduce their expenses and the loss of capital, despite carrying out a substantial activity that could legitimize their deductions. Also in this research will be developed the significance of a regulation for the deductions of expenses in activities of “Research and Development (R&D)” and how it could be used to legitimize the operations in “preferential tax regimes”, assimilating the analysis carried out by the OECD in accordance with the action 5; however, there are obstacles that taxpayers currently assume in our country to certify their R&D projects, which means that a large part of taxpayers are unable to deduct their expenses in that activities. In this sense, it is suitable to improve the legislation so the taxpayers would achieve the legitimacy of operations in those regimes. In conclusion, the present research seeks to find a solution to the presumption “iuris et de iure” of refuse the deduction of expenses and the loss of capital for operating in “preferential tax regimes” in rendering to the provisions of the subsection m) of article 44 of the income tax law of Peru / Trabajo de investigación

A inicios de la década de los noventa, el estado peruano impulsó una serie de medidas en materia económica con el objetivo de atraer inversión extranjera. Para el sector minero, estas medidas estuvieron enmarcadas en una serie de incentivos, en el marco de los Contratos de Garantías y Promoción de la Inversión, en donde se establecía estabilidad tributaria y le permitía acogerse a beneficios como la reinversión de utilidades y la doble depreciación.

Los diversos actos de corrupción que se han evidenciado desde el año 2000 y que involucran a los principales operadores de justicia de nuestro país han motivado a la Administración Tributaria a realizar diferentes procedimientos de fiscalización. En estos, muchas veces se ha detectado que los contribuyentes han omitido declarar parte de sus ingresos, los cuales en algunos casos han sido resultado de actividades ilícitas. Ante esta situación, el objetivo principal del presente trabajo de investigación es determinar el tratamiento para, por un lado, los casos en los que se tenga conocimiento del origen ilícito de los ingresos y, por otro lado, para los casos en los que se desconoce dicho origen y el contribuyente no ha podido acreditar válidamente sus ingresos. Para ello, realizamos un análisis dogmático cualitativo de la doctrina evaluando las teorías y el concepto de renta, la jurisprudencia nacional y extranjera, y la legislación vigente, además de la definición de las presunciones y ficciones con el fin de poder determinar el real contenido del artículo 52 de la Ley del Impuesto a la Renta. Por último, presentamos un análisis propositivo respecto a las posibles consecuencias de gravar con el impuesto a la renta los ingresos provenientes de dichas actividades. / Trabajo de investigación

La importancia de la aplicación de las normas de precios de transferencias se presenta por la búsqueda de una justicia tributaria para todos. Esto implica que, algunos contribuyentes que tienen partes vinculadas, para huir de la tributación, podrían fijar como precio de sus operaciones y/o transacciones uno diferente al valor de mercado, de tal forma que logran pagar como tributo un importe menor al que le correspondería pagar. En cambio, las empresas independientes (no vinculadas), se rigen por la ley de la oferta y demanda del mercado, para cuando fijan sus precios. Sin embargo, una legislación no puede generalizar y considerar que todas las empresas vinculadas realizan las operaciones con precios por debajo del valor de mercado. Nadie niega que algunas empresas con partes relacionadas suelen realizar la tan conocida planificación fiscal agresiva, aprovechándose de los vacíos normativos que existen en las legislaciones tributarias de algunos países para eludir los impuestos que realmente les corresponde pagar o adrede trasladan parte de sus operaciones a países con baja o nula imposición con la finalidad de disminuir la base imponible gravable; y, por ende, obtener mayores utilidades y/o beneficios. Es ante este escenario, que se analizó el artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta, sustituido por el Decreto Legislativo N° 945, en la cual se establece la presunción de intereses, específicamente su último párrafo, donde se dispone que se aplicará presunción relativa, es decir que se admitirá prueba en contrario, para demostrar con los libros de contabilidad del deudor que el préstamo es a título gratuito, siempre que se realice entre partes independientes, pero si dicha operación se realiza entre partes vinculadas, no podrá demostrar que la misma fue a título gratuito, debiendo aplicarse las normas de precios de transferencia para determinar el valor de mercado de la operación y pagar el correspondiente impuesto a la renta. Es debido a ello, que el objeto de estudio del presente trabajo de investigación es determinar si aquella imposibilidad que tienen las partes vinculadas de demostrar que realizaron un préstamo a título gratuito y la consecuente aplicación de las normas de precios de transferencia para determinar el valor de mercado de dicha operación, vulnera el principio de igualdad tributaria; toda vez, que cuando las misma operación lo realizan partes independientes tienen la posibilidad de desvirtuar aquella presunción de intereses prevista en el artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta. Para ello, se analizó la doctrina, la jurisprudencia y la normatividad sobre precios de transferencia. En efecto, en nuestra investigación se concluye que se vulnera el principio de igualdad después de haber realizado el test de proporcionalidad y que la posición de la SUNAT considera que, a los préstamos otorgados a título gratuito entre partes vinculadas, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 32°-A de la LIR, no admitiendo por ninguna circunstancia demostrar lo contrario, ello evidencia un trato discriminatorio con respecto a los préstamos realizado a título gratuito entre partes independientes. Por último, a efecto de buscar una solución al problema se propuso que se derogue el párrafo final del artículo 26° de la LIR para los préstamos entre partes vinculadas, estableciendo la posibilidad de admitirse pacto en contrario, esto es, en la medida que se pueda demostrar con documentos fehacientes que efectivamente no se cobró intereses por el préstamo, por lo debería modificarse dicho artículo, eliminándose su último párrafo.

La Administración Tributaria tiene la facultad de fiscalización con el objetivo de generar riesgo y asegurar el cumplimiento tributario. Sin embargo, para el Perú, es escasa la evidencia empírica del impacto que pueden tener las medidas fiscalizadoras en el comportamiento de los contribuyentes, sobre todo en el de los más pequeños. En ese sentido, el presente estudio tiene como objetivo medir el impacto de las fiscalizaciones basadas en cartas inductivas sobre el cumplimiento tributario de los contribuyentes del Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS). El impacto positivo en el cumplimiento tributario implica en que un contribuyente pasa a ser un buen contribuyente ante el hecho de haber sido fiscalizado. Para medir ello, se utiliza su información mensual tributaria y de fiscalización, a nivel nacional, para los 24 meses del periodo 2013 – 2014. Asimismo, se plantean tres formas alternativas para definir la calidad del contribuyente del Nuevo RUS, variable necesaria para analizar el cambio en el comportamiento. De manera específica, un contribuyente se define como bueno si: i) no ha sido fiscalizado, ii) no presenta inconsistencias en el pago de sus impuestos o iii) muestra la intención de pagar sus intereses por retraso de pago. Mediante un modelo de probabilidad Logit para datos de panel, se logra identificar que el hecho de haber sido fiscalizado con cartas inductivas tiene un impacto positivo en el cumplimiento tributario de los contribuyentes del Nuevo RUS, pero no lo suficientemente fuerte como para cambiar el comportamiento de la mayoría de estos, debido a que tienen una alta capacidad de evasión y a la baja frecuencia de fiscalizaciones inductivas existentes en el país.

La Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú informó que durante el 2014 el valor de los bienes incautados durante las diferentes acciones policiales con participación del Ministerio Público fue de S/. 2, 300,000.00 mientras que el 2015 fue de S/. 66, 220,765.00, experimentando un crecimiento de S/. 63, 920,765.00 es decir un 2,879%. Esta cifra aparentemente resulta alentadora pero si tenemos en cuenta los activos que se lavaron durante esos dos años los cuales ascienden a un total de S/. 20,560,000,000.00 y S/. 21,243, 000,000.00, respectivamente, lo realizado por los agentes del Estado resulta ineficiente e ineficaz. El tema que aborda el presente estudio es la investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del ilícito penal tributario, durante el año 2014 y 2015. El objetivo a partir de una metodología cualitativa es comprender las limitaciones que tiene la Dirección de Lavado de Activos de la Policía Nacional de Perú, para implementar acciones de control de lavado de activos proveniente del ilícito penal tributario

En la presente investigación se analiza el régimen de las detracciones como mecanismo de recaudación del Impuesto General a las Ventas, a fin de esclarecer si estamos ante una manifestación arbitraria del poder público del Estado. Para ello, se desarrolla los conceptos de arbitrariedad y poder público, según la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así como los principios de razonabilidad y de interdicción a la arbitrariedad en el contexto de un Estado Social y Democrático de Derecho. Asimismo, se desarrollan los objetivos de las detracciones para aclarar las características de las detracciones a efectos de determinar su naturaleza jurídica desde la perspectiva del Tribunal Constitucional y la doctrina. Luego, se profundiza sobre los principales cuestionamientos realizados por la doctrina para verificar si este régimen vulnera los principios tributarios constitucionales, así como los derechos fundamentales de las personas que informan nuestro modelo de Estado de Derecho. Por último, se aplica el test de proporcionalidad o ponderación entre el principio de solidaridad: deber de contribuir y el derecho a la propiedad para determinar si la creación de las detracciones constituye una medida restrictiva razonable y proporcional para disminuir la evasión fiscal y el incumplimiento tributario. Finalmente, se analiza si las detracciones podrían constituir una barrera burocrática. / In the present investigation, the regime of detractions is analyzed as a mechanism for collecting the General Sales Tax, in order to clarify whether we are facing an arbitrary manifestation of the State's public power. For this, the concepts of arbitrariness and public power are developed, according to the doctrine and jurisprudence of the Constitutional Court, as well as the principles of reasonableness and of interdiction to arbitrariness in the context of a Social and Democratic State of Law. Likewise, the objectives of the drawdowns are developed to clarify the characteristics of the drawdowns in order to determine their legal nature from the perspective of the Constitutional Court and the doctrine. Then, the main questions asked by the doctrine are examined in order to verify if this regime violates the constitutional tax principles, as well as the fundamental rights of the people who inform our model of Rule of Law. Finally, the proportionality or weighting test is applied between the principle of solidarity: duty to contribute and the right to property to determine whether the creation of the drawdowns constitutes a reasonable and proportional restrictive measure to reduce tax evasion and tax non-compliance . Finally, it is analyzed if detractions could constitute a bureaucratic barrier.