El informe tiene como objetivo analizar la Sentencia del Tribunal Constitucional referente a una acción de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, en lo concerniente a la aplicación de la calificación cultural de espectáculos públicos no deportivos, en tanto que la ciudadanía dispone que el beneficio tributario no puede estar condicionado a un acto emitido por una entidad pública. Asimismo, los demandantes sostienen que no es viable otorgar la calificación cultural a un espectáculo no previsto en la citada norma. Por ello, la posición desarrollada en el presente informe es a favor de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en relación al análisis en materia tributaria; sin embargo, se crítica el desarrollo constitucional del tribunal en materia cultural, debido a que para mantener el beneficio fiscal dentro del ordenamiento, el Tribunal establece criterios para su aplicación, los cuales contravienen los principios de un Estado de Cultura. De esta forma, el informe sustenta su desarrollo principalmente a través de la sistematización de doctrina y realiza un análisis normativo del desarrollo y las referencias a los conceptos de Estado de Cultura, Constitución Cultural y derechos culturales. Es así como, se concluye que el Tribunal Constitucional emitió un fallo donde reconoce implícitamente la función cultural de los poderes públicos; sin embargo, debido a un intento de unificar los conceptos del valor cultural, se estableció la obligación de no promover ciertos tipos de espectáculos que devienen en espacios de interpretación que podrían generar mecanismos de censura previa. Finalmente, el informe busca brindar una reflexión sobre el desarrollo del valor de cultura a nivel de todos los poderes públicos.

El presente trabajo de investigación analiza si la compensación de oficio de deudas tributarias no exigibles, efectuada por la Administración Tributaria durante un proceso de verificación y/o fiscalización, al amparo de lo establecido en los artículos 39 y 40 de nuestro Código Tributario; es consistente con los principios constitucionales de legalidad, igualdad, no confiscatoriedad y del debido procedimiento administrativo, en su vertiente relacionado al derecho de defensa. Para lo cual, se simula un test de ponderación en el cual se evalúa la razonabilidad y proporcionalidad; la idoneidad de la medida; la necesidad y la comparación entre el grado de realización u optimización del fin constitucional; y, la intensidad de la intervención en el derecho fundamental. A partir de este análisis se concluye que este tipo de compensación se fundamenta en los principios del deber de contribuir y de solidaridad, así como en los principios vinculados a la eficiencia del Estado; no vulnera el derecho de defensa de los deudores tributarios, al tener éstos la opción de impugnar el acto administrativo que contiene la compensación; así como, no vulnera el derecho de igualdad de los deudores, por cuanto la medida adoptada es idónea, necesaria y proporcionada con el fin constitucional que se pretende conseguir; constituyendo un trato legal diferenciado con base en justificaciones objetivas y razonables. El tema ha tenido un escaso desarrollo en la doctrina nacional, siendo la presente investigación una oportunidad para establecer una posición sustentada respecto a la procedencia de la compensación de oficio de deudas tributarias no exigibles.

La elusión fiscal es un tema que hasta nuestros días viene generando un amplio debate no solo en el contexto internacional, sino también en el Perú, debido al impacto que produce en los niveles de recaudación de los tributos, principalmente fuente de financiamiento del gasto público. Por ello en nuestro país se ha recurrido a la legislación como una vía para establecer mecanismos para combatir la elusión fiscal, a través de la aprobación de normas jurídicas dirigidas a combatir los efectos de las conductas elusivas así como otorgar facultades a la Administración Tributaria al respecto, mecanismos entre los cuales se encuentran las denominadas cláusulas antielusivas. Bajo tal contexto, el objeto del presente trabajo es establecer la relación existente entre la cláusula general antielusión prevista en la Norma XVI del Título Preliminar de nuestro Código Tributario, y la presunción de renta gravada por la transferencia de activos en el marco de una escisión, en caso se configuren las condiciones previstas en el artículo 105°-A de la Ley del Impuesto a la Renta; ello, no obstante, que las partes optaron que dicha transferencia se efectúe a valor en libros y, por lo tanto, no genera inicialmente ganancia alguna susceptible de ser gravada con el Impuesto a la Renta. Para establecer la relación entre ambas disposiciones, se atiende a una concepción del ordenamiento jurídico en el que las reglas jurídicas deben interpretarse a la luz de principios jurídicos, estableciendo una aproximación desde los principios de carácter constitucional. Así, si bien se parte de la hipótesis de que la cláusula antielusiva general puede ser aplicada sobre aquellas escisiones que han superado las condiciones previstas en la Ley del Impuesto a la Renta y, por lo tanto, no se habría configurado la presunción de renta gravada con dicho Impuesto, en el presente trabajo se analiza la consistencia de dicha solución reconociendo la tensión existente entre los principios constitucionales pertinentes, según el grado de su optimización o concreción que dicha solución produce, delimitando por lo tanto los escenarios en que dicha solución resulta adecuada, idónea, así como razonable y proporcional. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación estudia el problema sobre la inequidad tributaria que existe, respecto de la aplicación de IVA o IGV a los intereses procedentes de instrumentos y operaciones financieras realizadas por las entidades reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), y la inafectación de dicho impuesto en el ámbito de regulación y supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) por operaciones e instrumentos financieros similares, situación que ha trascendido en el desarrollo y mejora en el acceso a financiamientos de aquellos sectores económicos que no consiguen financiamientos en el Sistema Financiero Tradicional, como el caso de la MIPYME, lo cual finalmente repercute en la competitividad de la economía peruana en su conjunto, debido a los efectos distorsionantes que ha generado la inafectación del IVA o IGV en determinados instrumentos y operaciones financieras

En la presente investigación, la autora analiza si la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat puede, en atención a su Facultad de Fiscalización, obtener información de las redes sociales de los contribuyentes, con el fin de detectar posibles indicios de evasión tributaria. Para ello, evalúa si la potestad tributaria de utilizar las redes sociales vulnera o no el derecho a la intimidad de los contribuyentes. Para comprobarlo, realiza el Test de Proporcionalidad, con el fin de demostrar la constitucionalidad de la medida. Finalmente, concluye que es viable que la Sunat utilice la información de las redes sociales de los contribuyentes siempre y cuando la información a utilizar sea exclusivamente de carácter público.

En la actualidad, los nuevos modelos de negocios basados en la tecnología digital han puesto en evidencia una necesidad de repensar el orden fiscal interno e internacional, con el fin de poder gravar esta fuente de riqueza. La economía digital ha resaltado el problema vinculado al desvío de las utilidades hacia jurisdicciones de baja tributación o de nula tributación, derivado de la facilidad que tienen estos nuevos modelos de negocio para escoger cualquier jurisdicción como país de residencia y centro de operaciones, puesto que no requieren necesariamente de una presencia física en determinado territorio. Es por este motivo que, actualmente se discute si los criterios de sujeción tradicionales —fuente y residencia— son suficientes o si es necesario discutir un nuevo nexo para la economía digital. En el presente trabajo de investigación, se analiza el contexto actual de la tributación de los nuevos modelos de negocio en el marco de la economía digital no domiciliadas. Con un acercamiento histórico de qué se debe entender por economía digital y los desafíos para la tributación derivados de esta. Se aborda, a su vez, las propuestas y los esquemas desarrollados por la OCDE en el Informe Final de la Acción 1 “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy” -publicado en el marco del Plan BEPS- para resolver esta problemática. Finalmente, se analiza qué alternativa podría plantar Perú para replicar dichas propuestas, ya que a la fecha existe una ausencia de un marco legal que habilite la imposición directa a las ganancias de dichas rentas

La presente investigación describe la actual regulación normativa del establecimiento de exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios, especies desgravatorias existentes en nuestro país. Este esfuerzo académico se justifica en el hecho de que estas especies son continuamente utilizadas por nuestros operadores jurídicos, para otorgar ventajas impositivas a los particulares. No obstante ello, consideramos que esta regulación tiende a ser farragosa, por lo que ha sido la jurisprudencia la que ha asumido el deber de dotar de cierta claridad a sus conceptos y contenidos. Ante ello, la hipótesis de este trabajo se centra en señalar que, ante la confusa y dispersa regulación jurídica, corresponde a los tribunales emitir jurisprudencia para la correcta utilización de estas figuras. A efectos de demostrar nuestra hipótesis, en primer lugar presentamos la evolución histórica de la regulación de las especies desgravatorias, así como su actual configuración normativa. En segundo lugar, presentamos las definiciones y alcances esbozados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Fiscal. En tercer lugar, evaluamos la utilidad del establecimiento de estas especies, así como posibles soluciones ante lesiones al principio de igualdad o problemas en cuanto a su aplicación temporal. En ese sentido, el trabajo concluye que a lo largo de cincuenta años, la regulación en torno a la exoneración, el beneficio y el incentivo tributarios no ha variado en sustancia. Ante ese inmovilismo legislativo, ha sido la jurisprudencia la que ha establecido criterios para hacer operativa su aplicación. Finalmente, concluimos que a efectos de la futura aplicación de estas figuras los operadores jurídicos deben valerse del test de razonabilidad y/o del de proporcionalidad.

En este informe se aborda la controversia respecto a si resulta aplicable la regla de subcapitalización a la deducción de intereses devengados en etapa preoperativa, para lo cual se analiza la Resolución N°04711-4-2020, en la cual el Tribunal Fiscal aborda la referida controversia. El objetivo de este trabajo es proporcionar una respuesta respecto a si la regla de subcapitalización resulta o no aplicable a la deducción de intereses devengados en etapa preoperativa y en caso resultar aplicable, en qué momento debe efectuarse el cálculo para determinar el monto máximo de intereses deducible, si al momento de incurrir en el endeudamiento (etapa preoperativa) o al momento de deducir el gasto (etapa operativa). Para ello, se analiza las disposiciones normativas aplicables recurriendo, adicionalmente, a doctrina y jurisprudencia sobre la materia. Se concluye que sí es correcto aplicar la regla de subcapitalización a la deducción de intereses devengados en etapa preoperativa, para lo cual, el cálculo del monto máximo de intereses deducible se debe efectuar al momento de generar ingresos (etapa operativa) teniendo en consideración los fines antielusivos de la regla de subcapitalización, esto es, evitar que se erosione la base imponible del impuesto mediante la deducción excesiva de intereses producto de un financiamiento que podría estar encubriendo un aporte de capital. / This report addresses the controversy regarding whether the thin capitalization rule is applicable to the deduction of accrued interest in the pre-operational stage, for which Resolution N°04711-4-2020 is analyzed, in which the Tax Court addresses the aforementioned controversy. The objective of this paper is to provide an answer as to whether or not the thin capitalization rule is applicable to the deduction of accrued interest in the preoperative stage and, if applicable, at what time the calculation should be made to determine the maximum amount of deductible interest, if at the time of incurring the debt (preoperative stage) or at the time of deducting the expense (operative stage). For this, the applicable normative provisions are analyzed, resorting, additionally, to doctrine and jurisprudence on the matter. It is concluded that it is correct to apply the thin capitalization rule to the deduction of accrued interest in the pre-operational stage, for which the calculation of the maximum amount of deductible interest must be made at the time of generating income (operational stage) taking into account the anti-avoidance purposes of the thin capitalization rule, that is, to prevent the tax base from being eroded by excessive deduction of interest resulting from financing that could be concealing a capital contribution.

Este informe jurídico tiene como objetivo principal realizar un análisis de la deducibilidad de los gastos preoperativos iniciales, de responsabilidad social, gastos de exploración y/o desarrollo y gastos preoperativos por expansión de actividades de empresas dedicadas a actividades mineras. Según se verá en el desarrollo de este informe jurídico, la calificación de estos desembolsos adquiere una gran relevancia por, entre otras cosas, la diferencia del tratamiento tributario en la oportunidad de deducción entre los gastos preoperativos y los gastos de exploración y/o desarrollo. Así pues, se evaluarán los gastos realizados por las empresas mineras antes del inicio de su actividad productiva, esto es, en su etapa preoperativa; y, también, desarrollaré el análisis de los gastos de responsabilidad social, los cuales pueden ser realizados durante la etapa preoperativa, operativa y/o al cierre de las operaciones de las empresas mineras. Se ha elegido la Resolución del Tribunal Fiscal No. 11326-1-2021 pues contiene algunos casos referentes a los conceptos establecidos en el párrafo anterior. En esta Resolución, se verá que se confundieron algunos conceptos, con lo cual, la calificación de los desembolsos efectuados por el contribuyente se vio afectada. En consecuencia, el propósito de este informe jurídico será verificar: (i) el marco conceptual de los gastos preoperativos iniciales, de responsabilidad social, gastos de exploración y/o desarrollo y gastos preoperativos por expansión de actividades; y (ii) si los criterios de calificación efectuados por el contribuyente, la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, son adecuados. / The main purpose of this legal report is to analyze the deductibility of initial preoperative expenses, social responsibility expenses, exploration and/or development expenses and preoperative expenses for expansion of activities of companies engaged in mining activities. As will be seen in this legal report, the qualification of these disbursements acquires great relevance due to, among other things, the difference in tax treatment in the opportunity of deduction between pre-operative expenses and exploration and/or development expenses. Thus, the expenses incurred by mining companies before the beginning of their productive activity, that is, in their pre-operational stage, will be evaluated; and, also, I will develop the analysis of social responsibility expenses, which may be incurred during the pre-operational, operational stage and/or at the closing of the mining companies' operations. Tax Court Resolution No. 11326-1-2021 has been chosen because it contains some cases related to the concepts established in the previous paragraph. In this Resolution, it will be seen that some concepts were confused, with which, the qualification of the disbursements expended by the taxpayer was affected. Consequently, the purpose of this legal report will be to verify: (i) the conceptual framework of the initial pre-operating expenses, social responsibility, exploration and/or development expenses and pre-operating expenses for expansion of activities; and (ii) if the qualification criteria made by the taxpayer, the Tax Administration and the Tax Court, are adequate.

El presente documento plasma mi experiencia profesional en el área de Precios de Transferencia y analiza el tratamiento de servicios intragrupo en dicho ámbito en el marco de la normativa local del Test de Beneficio, enfocándose en mi experiencia de asesoría a clientes en procesos de fiscalizaciones por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). El ámbito de precios de transferencia abarca el análisis de las operaciones entre partes vinculadas a fin de determinar si las mismas se realizaron a valor de mercado y no generaron un perjuicio a la base tributaria. En este sentido, los precios de transferencia han cobrado relevancia en la planificación y documentación tributaria global de las entidades que pertenecen a grupos tanto nacionales como multinacionales en la medida que determinan en gran medida la distribución de los ingresos y los gastos y, por tanto, los beneficios gravables de empresas vinculadas. Para efectos de la elaboración del presente informe se hizo uso de la normativa local de precios de transferencia, estipulada en la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) y su Reglamento, así como de los lineamientos emitidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).