En el presente artículo académico se expone de manera sintetizada la posición de la autora en torno al posible resarcimiento por daño moral a consecuencia de un despido arbitrario, pretensión que viene siendo invocada en las demandas por daños y perjuicios incoadas por trabajadores que han sido objeto de un despido ilícito, la cual -en la medida que exista un supuesto resarcitorio- no ha encontrado rechazo por parte de nuestra judicatura en los casos de despidos inconstitucionales que tienen como efecto jurídico la nulidad del despido, no empero, en los supuestos de despidos arbitrarios regulados por el Art.34° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, tanto la judicatura como la doctrina han desarrollado posturas contradictorias respecto al amparo de un resarcimiento por daño moral, toda vez que bajo una interpretación literal del texto de la norma antes referida, se establece para estos últimos, el pago de una indemnización tarifada como único remedio jurídico a favor del trabajador despedido. A partir de este breve desarrollo, se analizarán dos temas centrales a los que se dedica el presente artículo, y que estan referidos al aspecto probatorio del daño moral generado como consecuencia del despido ilícito. El primero, tiene la intención de aclarar la cuestión referida a la posible presunción de este daño, que ha sido materia de debate en los Plenos Jurisdiccionales de los años 2018 y 20191. Y el segundo, plantea una cuestión probablemente novedosa, referida a la posibilidad de reconocer una función sancionadora de la responsabilidad civil en el resarcimiento del daño moral, de manera que al establecer el quántum indemnizatorio se tenga en cuenta la gravedad del despido injustificado, hecho que presupone la vulneración de un derecho fundamental como el derecho al trabajo, y en algunos casos, al mismo tiempo, la de otros derechos fundamentales. 1 Pleno Jurisdiccional Laboral y Procesal Laboral desarrollado en Chiclayo, los días 13 y 14 de septiembre de 2018. Pleno Jurisdiccional Nacional y Procesal Laboral esarrollado en Tacna, los días 23 y 24 de mayo. / This academic article hereby exposes the author's reasoning towards a possible indemnization for a non-material damage as a consequence of an arbitrary layoff in a synthesized manner, pretension that has been invoked in claims for damages initiated by workers who have been fired in an illicit way, which -as long as there is an indemnizationhas not encounter rejection in the unconstitutional firing cases by our judiciary which have as a legal effect the annulment of the layoff, however, in the alleged arbitrary layoffs regulated by the Art. 34 of the Productivity and Labor Competitiveness Law, the judicatory as well as the doctrine have developed contradictory views regarding the advocacy of an indemnization for non-material damage, as long as under a verbatim interpretation of the beforehand mentioned normative text, it is established for the aforementioned, severance pay is stipulated as only juridic remedy in favor of the fired worker. From this brief, two main topics will be analyzed to which this article will talk about and are referring to the proving aspect of the non-material damage generated because of illegal termination. The first one has the intention of clarifying a matter that is referring to the assumption of this damage which has been a debated matter at the jurisdictional control of the Court during the years of 2018 and 2019. And the second one proposes a probably novel matter, referring the possibility of knowing a punitive function of the public liability regarding the indemnification of the non-material damage, this way when establishing the indemnifying quantum, the severity of the unjustified termination is considered, this fat presupposes the violation of a fundamental right such as the right to work and in some cases at the same time the violation to other fundamental rights.

En el Perú es fácilmente identificable un panorama de incertidumbre jurídica y falta de predictibilidad en relación a la cuantificación de la indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de los accidentes de trabajo. Esta situación es consecuencia de la inexistencia de criterios uniformes a nivel jurisprudencial que sirvan de guía para el juez y las partes para determinar dicha cuantificación. La presente investigación tiene como objetivo principal conocer los diversos criterios a nivel jurisprudencial utilizados para determinar el monto indemnizatorio demandado en este tipo de infortunios laborales; así como advertir la ausencia de presupuestos básicos en las sentencias que determinan la cuantificación de este tipo de daños. Con la base en esta información, se plantea una homologación de criterios para este tipo de daños; en función de dicho objetivo, se realiza un análisis de la doctrina nacional y extranjera relacionada a los criterios, principios y métodos utilizados para la determinación del quantum indemnizatorio. Como resultado de la investigación, se comprobó que, a nivel jurisprudencial, si bien no existe una uniformidad de criterios, sí podrían crearse alternativas de cuantificación a través de la utilización de baremos y de ciertos parámetros generales para cada tipo de daño. En consecuencia, la presente tesis propone la utilización de criterios generales para determinación del daños y perjuicios, y/o la utilización de un baremo construido en base a casos anteriores, como un primer intento de acercamiento a la seguridad jurídica y predictibilidad.

En la presente investigación presentamos un análisis doctrinario y legal respecto a las sanciones establecidas por las figuras jurídicas de la falta grave y los actos de hostilidad en las relaciones laborales. Para ello, se ha obtenido estudios relevantes respecto de estas figuras y cuál ha sido la respuesta de nuestro ordenamiento jurídico frente a estos casos y si es que esta respuesta es suficiente para cumplir el rol o finalidad de estas sanciones establecidas. En tal sentido, se propone una modificación parcial a la norma laboral, específicamente a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, con el fin de que se establezca un resarcimiento al afectado por la figura de actos de hostilidad, basándose en la gran afectación a su dignidad como persona.

En el presente trabajo de investigación se analizará la importancia o no de la acreditación del daño moral en el proceso laboral; dicho análisis se realiza a raíz de las posiciones jurisprudenciales contradictorias suscitadas en los Plenarios Jurisdiccionales de los años 2018 y 2019. Debiendo de entender que si bien los jueces laborales son competentes para conocer aquellos procesos sobre la responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial como consecuencia de una relación jurídica laboral, la figura jurídica de la responsabilidad civil, está regulada en el Código Civil; por tanto, debe de cumplirse con lo señalo en dicho dispositivo legal así como analizar cada uno de sus elementos (conducta antijurídica, daño, relación de causalidad y factor de atribución). Es así que, mediante el empleo del método jurisprudencial (dado que es en los órganos jurisdiccionales donde se resuelven las controversias sobre el tema de nuestra investigación) se ha establecido como objetivo principal del presente trabajo es el demostrar si nuestra jurisprudencia judicial frente a la existencia de un posible daño moral derivado de un despido ilícito que posición asume, es decir, es necesario que dentro del proceso laboral se requiera algún medio probatorio que identifique la veracidad de la existencia de este sufrimiento adicional o, en su defecto, pueden los indicios o presunciones llevar a crear una convicción al menos justificada en el juzgador de que efectivamente se ha producido un daño. Dicho objetivo es importante, porque concluye con la incertidumbre jurídica, que actualmente existe sobre este tema, respecto a si los órganos jurisdiccionales asumen una posición errónea o no; dado que, por un lado tenemos, que el juez está en la libertad de poder seguir según su discrecionalidad el criterio que crea más conveniente de acuerdo a su interpretación jurídica del caso en concreto, y por el otro lado, tenemos la predictibilidad que tiene cada ciudadano de que su caso se resolverá conforme a lo estipulado en la ley. Por último, tenemos también que actualmente no existe una uniformidad respecto al cálculo de la cuantía de los daños patrimoniales y extra patrimoniales; siendo ello también un gran problema frente a estos procesos en donde existe responsabilidad civil contractual por parte del empleador, pero la problemática sobre: ¿Cómo se debe de cuantificar el daño moral? o ¿qué método se debe emplear para la cuantificación del daño? no será parte de la presente investigación.

El presente informe jurídico tiene como objetivo realizar un análisis de la protección de la madre trabajadora y movilidad geográfica como un acto de hostilidad a la luz de la Casación N° 2456-2014-Lima. Se plantearán medidas de reparación como la indemnización por daños y perjuicios y de protección como la solicitud de una medida cautelar, medidas que no formaron parte del proceso analizado y que habrían cumplido a cabalidad con la protección de la madre trabajadora

La elección de un tema de investigación en materia civil resulta un trabajo arduo, no por la escasez, sino por la abundancia. Dentro de ese mar de problemas de investigación optamos por investigar uno de derecho de familia sobre el cual se ha escrito mucho. Sin embargo, sobre este tema, a pesar de su número, observábamos que las investigaciones se dirigían más a la determinación de la naturaleza jurídica y a aspectos procesales que a una pregunta básica: ¿Quién es el cónyuge más perjudicado? Además del ánimo de esta investigación de cubrir un vacío en las investigaciones en nuestro país, ánimo de suyo bastante pretencioso en lo académico por la calidad de académicos en derecho de familia que se desempeñan en nuestro medio, había algo más que nos motivaba. Del estudio de las sentencias en nuestro país observamos que las mismas no cumplen con la finalidad propuesta por el artículo 345-A del Código Civil la cual es “velar por la estabilidad económica del cónyuge más perjudicado”. Con la distorsión de la finalidad, con su errónea reconducción a los predios de la responsabilidad civil, se otorgan indemnizaciones que, sin duda alguna, quedan cortas para alcanzar el objetivo de la institución. Por ello consideramos que, comprendiendo correctamente la naturaleza, la función y, sobre todo, respondiendo a la pregunta que nos hemos formulado, se podrá ir, de a pocos, otorgando indemnizaciones que guarden relación con el espíritu del artículo 345-A del Código Civil. Así nos inclinamos por investigar la indemnización por inestabilidad económica regulada en el segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil. Pero para esta investigación no es objetivo primario desentrañar la naturaleza jurídica, aunque es una discusión ineludible, sino su objetivo principal es responder a la pregunta sobre quién es el cónyuge más perjudicado, el cónyuge que sufre la inestabilidad económica.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La problemática central que guiará la presente tesis se orienta a desentrañar cuál es el criterio o título de atribución de responsabilidad más adecuado por los perjuicios ocasionados en el patrimonio de un particular a causa de la actividad jurídica o formal de la Administración y, en específico, de la emisión de un acto administrativo que no se ajusta a Derecho. Así, el eje de nuestro trabajo está puesto sobre uno de los elementos de la responsabilidad,no siendo éste ni la antijuridicidad ni el nexo causal , sino que la razón jurídica, criterio o título de atribución de responsabilidad, definida como la "razón por la cual el ordenamiento considera justo trasladar la carga dañosa al responsable.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo pretende abandonar el punto de vista privatista que la jurisprudencia, y en general los autores civilistas, tienen respecto de la responsabilidad de las sociedades concesionarias, renunciar a las reglas generales de responsabilidad civil, las del Código Civil, y abordar el tema desde la naturaleza jurídica de la concesión, todo con una mirada unificadora respecto de la responsabilidad por falta de servicio en contra del Fisco y las Municipalidades, entendiendo que las garantías constitucionales, tal como ocurre en la legislación argentina, no son oponibles únicamente a los diversos órganos del Estado, sino que también a los entes privados, no centrándonos en 14 el victimario y la culpa, sino más bien, en la víctima y el daño, ello, pues si el daño que se provocó es el mismo, el sistema de responsabilidad aplicado debe ser el mismo. Éste es, la falta de servicio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo de investigación procuraremos profundizar y analizar el razonamiento empleado en la jurisprudencia laboral nacional para determinar la indemnización de perjuicios en los casos que tengan relación a los accidentes del trabajo con resultado de muerte del trabajador. Se enfocará el estudio en el desarrollo y evolución que han tenido nuestros tribunales frente a la tesis planteada y los principales cambios que han existido en el criterio al momento de determinar la indemnización de perjuicios del trabajador fallecido. En este sentido se abordará la temática desde una perspectiva dogmática y doctrinaria, tanto nacional como comparada y a su vez se considerarán los cambios que ha sufrido la legislación laboral y como estos elementos inciden hoy en la determinación de la indemnización de perjuicios por muerte del trabajador en sede laboral. Importante examen se efectuará, a su vez, a la evolución y a las variaciones que ha experimentado nuestra jurisprudencia en la percepción de transmisibilidad de la acción por daño moral en los accidentes de trabajo cuando el resultado es la muerte del trabajador, del monto de la indemnización y la relación entre los diversos tipos de indemnizaciones.