Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo analiza en profundidad el artículo 16 B de la Ley N° 18.410 referente a las compensaciones en materia eléctrica, norma que regula tanto el monto como al ente responsable de llevar a cabo dichas compensaciones. Ello, con el objeto de exponer a la comunidad académica dos problemáticas, la primera referente a la indemnización de los daños sufridos por los clientes regulados, la cual no es siempre proporcional al daño causado. Y la segunda, en relación a la situación del ente encargado de llevar a cabo las compensaciones, quien es siempre la distribuidora, independiente de que el culpable sean las generadoras o transmisoras, y que aún cuando se le concede la posibilidad de repetir en contra de los responsables, esto es susceptible de variadas trabas. Todo lo cual es tratado a lo largo de cinco capítulos, siguiendo un orden deductivo, en el primero, se explica el funcionamiento del mercado eléctrico, sus agentes, deberes y obligaciones, en el segundo, se exponen los problemas mencionados en el párrafo anterior, mientras que en el capítulo III y IV, se establece el estatuto de responsabilidad civil aplicable, junto a un estudio de los elementos, para luego finalizar en el capítulo V con análisis de los pros y contras de las diversas soluciones propuestas, frente a la difícil determinación 7 del sujeto pasivo, y así, entregar los argumentos que permitan justificar la tesis propuesta.

In labor relations, there are workers who, because of the role they play in the managementof a corporation or the privileged information they handle, receive a special treatment from Labor Law: Direction and reliable workers.Because of their particular situation, many questions may arise regarding the legal treatment and labor benefits that these workers may hold. In the present article, the authors try to answer to these questions, in the light of the jurisprudence of the Peruvian Supreme Court and our country’s Constitutional Court. / En las relaciones laborales, existen trabajadores que, por las características de las funciones que desempeñan o por la información que manejan, reciben un tratamiento especial: Los así llamados trabajadores de dirección y de confianza.Dada su situación particular, pueden surgir muchas interrogantes respecto al tratamiento jurídico y los beneficios laborales con los que contarían este tipo de trabajadores. En el presente artículo, los autores buscan responder a las interrogantes surgidas al respecto, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional.

With respect to the patrimonial nature of thecontract, derived from the patrimonial nature of  the benefit, a lot has been written and proposed. Authors from different periods andwith different ideas have addressed the subject, since  it  is  fundamental  to  understand  thebasic concepts of obligation and contractualrelationship. The stance of the majority findsthe foundation of the patrimonial nature of the benefit in being a limit to private autonomy,since such  nature,  which  is  susceptible  ofeconomic value, is defined by the social context,and not by the parties.In this article, the author rejects and discusses the mentioned stance. Based on the liberty that each person has to determine what is more convenient for himself and what is more efficient in economic terms, the author defends a subjective vision of the patrimonial nature of the contractual relation, and gives a different function and foundation to the patrimonial nature of the benefit: Being essential for the calculation  of  the  compensation  in  case of breach. / Respecto a la patrimonialidad del contrato,derivada de la patrimonialidad de la prestación, se ha escrito y propuesto mucho. Autores de diversas épocas e ideas han tocado eltema, siendo fundamental para entender los conceptos  básicos  de  obligación  y  relacióncontractual. La postura mayoritaria encuentra el fundamento de la patrimonialidad dela prestación en ser un límite a la autonomía privada, ya que lo patrimonial, aquello susceptible de valor económico, no lo definen laspartes, si no el contexto social.En el presente artículo, el autor rechaza y discute dicha postura. Basándose en la libertad que tiene cada persona de definir lo más conveniente para sí y lo más eficiente en términos económicos, defiende una visión subjetiva de la patrimonialidad de la relación contractual y le da a la patrimonialidad de la prestación una función y un fundamento diferente: El ser indispensable para el cálculo de la indemnización en caso de incumplimiento.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo corresponde a una investigación jurisprudencial sobre las sentencias dictadas por la Corte Suprema en el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 al 30 de junio de 2009, respecto de la aplicación del inciso 1° del artículo 62 de la Nueva Ley de Matrimonio Civil. Tiene como objetivo encontrar una voz unificadora y uniformadora de la aplicación de la norma a cada caso o modelo de relación, es decir, una correlación sistematizada entre los tipos de casos y la resolución emitida por la Corte Suprema. Para cumplir este objetivo se establecieron tres etapas metodológicas: la primera consiste en la búsqueda de las sentencias a analizar; la segunda corresponde a la elaboración de fichas de las sentencias escogidas, las cuales se analizaron con la finalidad de establecer qué criterios -tipificados y no tipificados por el Artículo 62 de la Ley en estudio- influyeron en la decisión del Tribunal; y la tercera, corresponde a la sistematización de la información y elaboración de conclusiones generales, etapa que constituye el documento de tesis propiamente tal. Habiendo utilizado la metodología descrita, se establecieron una serie de observaciones y conclusiones respecto de la conducta del Tribunal en el estudio de cada elemento. Sin embargo, se logró establecer solo parcialmente una estructura sistematizada de situaciones de hecho y su respectiva resolución.

Memoria (licenciado en ciencias juridicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Durante los años 1973 a 1990 se instauró en nuestro país un régimen militar. En tal período, se producen una gran cantidad de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado en Chile, quien ha reconocido su responsabilidad principalmente en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Como consecuencia de tales violaciones, los familiares de las víctimas han presentado numerosas demandas por indemnización de perjuicios por los daños causados por los agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones por la muerte y/o desaparición de sus seres queridos. Ante tal escenario, los tribunales superiores de justicia han adoptado por declarar la acción prescrita, aplicando las normas civiles por tratarse de una acción de naturaleza patrimonial, no dando lugar a la indemnización de perjuicios; o bien, por aplicar las normas de derecho internacional declarando la imprescriptibilidad de este tipo de acciones dada la primacía del derecho internacional por sobre el derecho interno. Nuestro análisis se basará en la procedencia de las normas civiles de prescripción respecto de la responsabilidad extracontractual de Estado de Chile por los ilícitos cometidos en el período del régimen militar, fundado en el estudio de sentencias de la Corte Suprema, especialmente durante el año 2009. La elección del año estudiando se basa en que durante ese período, la Corte Suprema falló nueve litigios de hechos similares relacionados con el tema que convoca nuestra memoria. Dentro del universo de sentencias recopiladas y posteriormente extractadas, no fue posible encontrar fallos atingentes además de los seleccionados

A través del presente informe jurídico se analiza el Expediente No. 2002-093-06-0101- JX-01-C (E-2575), correspondiente al proceso judicial iniciado por Giovanna Angélica Quiroz a título propio y en representación de sus tres menores hijos, en contra de Minera Yanacocha S.R.L., Ramsa S.A. y Esteban Arturo Blanco Bar, mediante la cual pretendieron una indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, ocasionados a causa del derramamiento de mercurio en el centro poblado Choropampa el 2 de junio del año 2000. El objetivo del informe radica en advertir una serie de aplicaciones e interpretaciones de normas materiales y adjetivas realizadas por la Corte Suprema de Justicia e instancias de mérito que, a nuestro entender, resultan indebidas e incorrectas, las cuales están referidas a los siguientes tópicos: (i) la legitimidad para obrar para solicitar tutela jurisdiccional en defensa del medio ambiente, (ii) la posibilidad de plantear excepciones procesales sustentadas en transacciones extrajudiciales no homologadas, y (iii) el análisis de validez de transacciones extrajudiciales celebradas entre las partes del proceso. Las conclusionesa la que se arriban son principalmente las siguientes: (i) toda persona natural tiene legitimidad para interponer demandas en tutela del medio ambiente, (ii) no cabe oponerla transacción extrajudicial no homologada judicialmente como excepción procesal y, (iii) las transacciones celebradas entre las partes adolecen de vicios de validez por ir en contra de las buenas costumbres.

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo desarrollar el íter procesal del expediente judicial de Derecho Civil N° 10962-2011-0-1801-JR-CI-12 sobre obligación de dar suma de dinero por indemnización de daños y perjuicios, seguido por el Sr. César Augusto Solórzano Rojas contra AFP Integra S.A. La demanda tiene como pretensión que se ordene el pago de S/. 409,087.00 (Cuatrocientos Nueve Mil Ochenta y Siete y 00/100 Soles) por los conceptos indemnizatorios de lucro cesante, daño emergente, daño moral, y daño a la persona. Asimismo, se presentan los principales fundamentos en las sentencias expedidas por el Décimo Segundo Juzgado Civil y la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, así como el análisis que estos órganos jurisdiccionales realizan respecto a los elementos de la responsabilidad civil: antijuricidad, daño causado, relación de causalidad y factor de atribución. Finalmente, se expone una opinión analítica en base a los fundamentos fácticos y jurídicos del caso en concreto, sustentada en jurisprudencia y doctrina nacional relevante. / The objective of this report is to develop the procedural matter of the legal file No. 10962-2011-0-1801-JR-CI-12 on the obligation to give a sum of money for compensation for damages (Civil Law), followed by Mr. César Augusto Solórzano Rojas against AFP Integra SA. The claim seeks to order the payment of S /. 409,087.00 (Four Hundred Nine Thousand Eighty Seven and 00/100 Soles) for the compensation concepts of lost profit, consequential damage, moral damage, and damage to the person. Likewise, the main grounds in the sentences issued by the Twelfth Civil Court and the Third Civil Chamber of the Superior Court of Justice of Lima are presented, as well as the analysis that these jurisdictional organs carry out regarding the elements of civil liability: unlawfulness, damage caused, causal relationship and attribution factor. Finally, an analytical opinion is presented based on the factual and legal foundations of the specific case, supported by relevant national jurisprudence and doctrine. / Trabajo de suficiencia profesional

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene por objeto realizar el análisis de dos expedientes, uno de ellos de origen privado y el otro de origen público; ambos expedientes permiten observar y analizar el criterio utilizado por cada Instancia correspondiente para resolver las controversias surgidas, de acuerdo con su rama del derecho. El expediente privado, versa sobre un Divorcio por Causal de Separación de Hecho, el cual recae en el Expediente Nº 00101-2009-0-1308-JR-FC-01; este proceso inicia a principios del año 2009, cuando Víctor Valverde Chero (En adelante: el demandante) interpone demanda contra María Susana Chero Namuche (En adelante: la demandada), a fin de que mediante sentencia se declare la disolución del vínculo matrimonial que los une, se realicé el cese de los alimentos y de toda vocación hereditaria existente entre ellos. El demandante alega que, las partes contrajeron matrimonio civil ante la Municipalidad Distrital de Catacaos, en el año 1957, y que de cuya relación procrearon hijos, todos mayores de edad. Sin embargo, luego de años de felicidad con su cónyuge, la relación se deterioró y por la incompatibilidad de caracteres, se produjo la separación de cuerpos. Asimismo, el demandante señala en su escrito de demanda que, inició una relación de convivencia con Rosalinda Minaya Pacora, con quien ha constituido un hogar y ha procreado tres hijos, por lo que es imposible una conciliación. Señala también que, su cónyuge no se encuentra en desamparo alguno, puesto que, goza de una serie de beneficios económicos. Ante dicha demanda, en primer lugar, realiza su descargo, la Fiscal Provincial Titular de la Primera Fiscalía Provincial de Familia de Huaura, considerando la misión y fines del Ministerio Público que se materializan en la tutela de la Familia como institución jurídica, natural, fundamental y célula básica de la sociedad; se opone a la pretensión solicitada. En segundo lugar, la demandada se pronuncia negando y contradiciendo la demanda en todos sus extremos y solicitando se declare infundada, por sustentarte en hechos falsos. No obstante, al momento de presentar su contestación, la demandada no adjunta el número de copias de su escrito y anexos necesarios para notificar al Ministerio Público, por lo que, el Juzgado de Familia de Huaura declara inadmisible la contestación de la demanda, y posteriormente, declara la rebeldía de la demandada, por no subsanar la inadmisibilidad. Cabe acotar que, la presente litis, ha producido sentencias contradictorias e incluso la Corte Suprema se ha pronunciado. En lo que respecta al expediente público, este versa sobre dos problemas principales referidos al deber de idoneidad e inocuidad que surgen en los productos alimenticios puestos en el mercado por los proveedores; el presente caso comienza con la interposición de una denuncia por parte de los señores Eduardo Arturo Lamas Chau y Aura María Muñoz Fernández contra la Corporación Lindley S.A., ante la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Lambayeque por presunta infracción de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Los denunciantes afirman que, acudieron a cenar al restaurante “American”, ubicado en Chiclayo e hicieron pedidos de alimentos y bebidas, dentro de las cuales requirieron una “Coca-Cola” en envase de vidrio de 295 mililitros, con código de producción 2616020758 y con fecha de caducidad 16 de marzo de 2017; asimismo señalan que, una vez que el mozo entregó su bebida, procedieron a tomarla, sin embargo, ésta tenía un sabor raro, y cuando la observaron detenidamente, se dieron con la sorpresa de que existía un elemento pegado dentro de ella, parecido a un sarro o suciedad, de color negruzco pardo, y de aspecto repugnante. Ante dicha situación, procedieron a realizar el reclamo correspondiente en las instalaciones del local, no obstante, la respuesta de los propietarios del establecimiento fue que no podían responsabilizarse por aquello que se encontraba dentro de un envase; por tal motivo, es que los denunciantes previos a iniciar un proceso ante INDECOPI, optaron por realizar un reclamo en la página web de la denunciada, informándoseles que una persona de Corporación Lindley se contactaría con ellos, sin embargo, al no tener respuesta procedieron a solicitar ante INDECOPI, una indemnización por el daño a la salud ocasionado; y, solicitaron además que, se analice mediante laboratorio la composición de la sustancia contenida en su bebida y se sancione Corporación Lindley por su falta de ética, mal protocolo de limpieza de sus envases y su deficiente control de calidad en un producto masivo como era la “Coca-Cola”. Por su parte la empresa denunciada, en primera instancia no se pronunció, no obstante, debido a los resultados de la Resolución emitida por la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de Lambayeque, procedieron a presentar Recurso de Apelación. Cabe mencionar que, el resultado de dicho recurso fue favorable para la Corporación Lindley S.A, en el sentido que, la Sala Especializada de protección al Consumidor, revoco la sentencia de primera instancia, en el extremo que declaró fundada la denuncia interpuesta. En conclusión, en ambos casos se puede apreciar que, se ha puesto atención en los medios probatorios que sustentan sus peticiones en los procesos, además se ha verificado se cumpla con una adecuada valoración de los medios probatorios y la aplicación adecuada de la norma y la jurisprudencia vinculante al caso concreto. / Trabajo de suficiencia profesional

El presente versa sobre una controversia sometida a arbitraje entre el Consorcio de Alimentos SAC (en adelante, EL CONTRATISTA) y el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (en adelante, LA ENTIDAD). La controversia surge cuando uno de los medios de transporte en los que llevaba EL CONTRATISTA el producto papilla para la entrega a LA ENTIDAD, sufre un accidente y como consecuencia no puede cumplir con la entrega en el tiempo pactado, se detectan bolsas rotas, con fechas borradas, así como bolsas sucias con muestras de haberse mojado, etc., y ante una inmovilización del producto en los almacenes de LA ENTIDAD realizada por la Fiscalía de Prevención del Delito y remitiendo una muestra a DIGESA para su verificación, ésta da como resultado no apto para el consumo humano, siendo así que LA ENTIDAD no efectúa el pago correspondiente. Dado el no pago, EL CONTRATISTA procede a resolver el contrato suscrito con LA ENTIDAD y recurre a la vía arbitral para reclamar el mismo, aplicando la cláusula arbitral contenida en el suscrito. En la vía arbitral, EL CONTRATISTA solicita como pretensión que se le pague la factura pendiente, en segundo lugar, que se reconozca el pago de una indemnización por daños y perjuicios, aspectos que van a ser analizados en adelante. Asimismo, analizaremos el proceso arbitral, si se cumplió con los parámetros de éste, las pretensiones que se solicitaron, si fueron correctamente formuladas, así como la posición del Tribunal Arbitral. / This is about an arbitration dispute between the Consorcio de Alimentos SAC (hereinafter, CORAL SAC) and the National Food Assistance Program (hereinafter, PRONAA). The dilemma arises when one of the means of transport in which the papilla product is transported suffers an accident and cannot comply with the delivery in the agreed time, for which reason THE ENTITY, due to this delay in the second delivery, does not pay the invoice. correspondent. Made before which. THE CONSORTIUM resorts to resolving THE CONTRACT and chooses to go through arbitration, a possibility enabled by the arbitration clause agreed upon by the parties involved. Given this, THE CONSORTIUM not only requests as a claim that the invoice that remains pending be paid, but also requires compensation for damages that will be analyzed in the following pages. Likewise, we will analyze the arbitration process, if it complied with its parameters, the claims that were requested, if they were correctly formulated and I will make an analysis of the position of the Arbitral Tribunal. Not being less important, I will carry out a brief study on the fortuitous event and force majeure applied additionally from Civil Law to Administrative Law, since this is a clear example of what happens every day in the delay and / or dilation of the deliveries of the administrative contracts, sometimes justified and sometimes not.

El presente Trabajo de Suficiencia consta de tres capítulos (sin contar las conclusiones y las referencias), cada uno con sus correspondientes subcapítulos, y trata sobre un proceso civil de divorcio por causal de separación de hecho, el cual se llevó a cabo en el 3° Juzgado de Familia de la Corte de Justicia del Callao (primera instancia) y en la 1° Sala Civil Permanente de la Corte de Justicia del Callao (segunda instancia). Las partes de dicho proceso fueron el señor Darío Eliseo Vargas Rojas (demandante) y la señora Epifanía Cerón Pomahuacre (demandada). El primer capítulo, denominado “Relación de hechos principales en el proceso”, contiene la síntesis de los actuados en el expediente, desde la demanda hasta la sentencia de segunda instancia. Cabe precisar que ninguna de las partes interpuso recurso de casación, por lo que la sentencia de vista constituyó decisión judicial firme. Mientras que, el segundo capítulo trata sobre los principales problemas jurídicos identificados así como del correspondiente análisis fáctico, doctrinario y jurisprudencial de los mismos. Por otro lado, el tercer capítulo es referente a la posición fundamentada de ambas sentencias emitidas. Posteriormente, en el siguiente apartado se comparten las conclusiones a las que se ha arribado como consecuencia del análisis de los problemas jurídicos. En la parte final se consigna la referencia de los autores y jurisprudencia que se citaron en el acápite anterior. / Trabajo de suficiencia profesional