En este presente trabajo de sustentación profesional se realizará una recapitulación del Expediente Nº 15199-2014-0-1801-JR-LA-08, Proceso Ordinario Laboral y el Expediente Nº 33591-2008-0-1801-JR-CI-31, Proceso Abreviado. Además, se incluirá un apartado de opinión analítica de los mismos que se encontraron acompañado con extractos jurisprudenciales y doctrinales relevantes en cada caso. Por un lado, el proceso laboral se llevó a cabo entre la empresa Securitas S.A.C. y el señor Carlos Quintana Alvino quien interpuso demanda por desnaturalización de contratos y otros. Por otro lado, el proceso civil se llevó a cabo entre la Sociedad de Beneficencia de Lima y Elizabeth Amanda Palomino Córdova quien interpuso demanda a fin de que la Sociedad de Beneficiencia de Lima cumpla con reembolsar la suma de S/ 338,857.73 soles por concepto de pago de mejoras contractualmente pactadas. / In this present professional support work, a recapitulation of File No. 15199-2014-0-1801-JR-LA-08, Ordinary Labor Process and File No. 33591-2008-0-1801-JR-CI-31, Process Abbreviated. In addition, it will include an analytical opinion section of the same that were found accompanied by relevant jurisprudential and doctrinal extracts in each case. On the one hand, the labor process was carried out between the company Securitas S.A.C. and Mr. Carlos Quintana Alvino, who filed a lawsuit for denaturing contracts and others. On the other hand, the civil process was carried out between the Sociedad de Beneficiencia de Lima and Elizabeth Amanda Palomino Cordova who filed a lawsuit so that the Sociedad de Beneficiencia de Lima complies with reimbursing the sum of S / 338,857.73 soles for payment. of contractually agreed improvements. / Trabajo de suficiencia profesional

En la Corte del Santa y en la Corte Suprema se aplica el criterio equitativo a afectos de resolver el monto indemnizatorio en los casos de indemnización por daños y perjuicios respecto del lucro cesante en los accidentes de trabajo en la actividad pesquera, las decisiones judiciales no exponen los parámetros o categorías que le permitieron arribar al fallo, a pesar que en la audiencia de juzgamiento se ofrece y actúa los medios probatorios pertinentes para explicar los parámetros solicitados, se explica cómo afecta las rentas dejadas de percibir en función a la edad de la víctima, esto va de la mano con el valor del dinero en el tiempo. Se toma en cuenta para el monto indemnizatorio la pensión de invalidez del demandante, pero no otros factores como la edad al momento de la contingencia, a ello le sumamos cómo enfrentamos la canasta familiar con una pensión que sólo toma en cuenta las doce últimas remuneraciones anteriores al accidente para calcular la remuneración promedio y sobre esa base otorgar la pensión dependiendo si es al 50% o al 70%, cuando la renta dejada de percibir no obedece a las doce últimas remuneraciones sino a la cuota de pesca asignada a la embarcación pesquera que es el centro de trabajo. La Corte Suprema tiene varias ejecutorias donde toca de manera tibia los parámetros para el cálculo del monto indemnizatorio, consideramos que la entidad no quiere arriesgar a establecer los parámetros a pesar que una casación sí tomó en cuenta la liquidación presentada, y sobre la base de aquella la rebajó en un 30% en aplicación del criterio equitativo.

El presente artículo tiene como finalidad principal determinar si a los trabajadores que sufren despidos incausados y fraudulentos les corresponde el pago de remuneraciones devengadas, como ocurre en los supuestos de despido nulo; o si, por el contrario, es correcta la posición actual asumida por la Corte Suprema según la cual estos trabajadores solo tienen derecho al pago de una indemnización por daños y perjuicios (y al pago de daños punitivos), en sustitución a las remuneraciones devengadas. Luego de resumir el desarrollo jurisprudencial y doctrinario que ha habido sobre este tema, en el presente trabajo académico se analiza en primer lugar la naturaleza y características del despido fraudulento e incausado, en contraposición al despido nulo, para identificar el contexto en que estas modalidades de despido son reconocidas y cuál es la tutela que se les brinda. Igualmente, teniendo en cuenta que en la actualidad se reconoce el otorgamiento de conceptos distintos, destinamos un capítulo a analizar las diferencias conceptuales entre las remuneraciones devengadas y la indemnización civil por daños y perjuicios, con la finalidad de demostrar que se trata de conceptos de naturaleza y características distintas. Finalmente, teniendo en cuenta estos antecedentes, el último capítulo explica por qué sí debería reconocerse el pago de remuneraciones devengadas –y no de una indemnización por daños y perjuicios y/o daños punitivos– a los trabajadores que sufran despidos incausados y/o fraudulentos.

El presente trabajo analiza el tratamiento tributario que recibe la indemnización justipreciada para efectos del impuesto a la renta. A pesar de que las expropiaciones, en tanto enajenaciones, constituyen hecho imponible del impuesto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley del Impuesto a la Renta, el legislador ha establecido un tratamiento tributario diferenciado para el caso de las expropiaciones, mediante la modificación de la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles (LMAE) – aprobada mediante Decreto Legislativo No. 1192 –, tratamiento que en los hechos supone una inafectación tributaria en el caso de las expropiaciones. El legislador incorpora dicho tratamiento basándose en los fundamentos desarrollados por el Tribunal Constitucional en Sentencia recaída en el expediente No. 00319-2013-AA, según los cuales la indemnización justipreciada no constituye un concepto gravado con el impuesto a la renta. En ese sentido, toda vez que todo tratamiento diferenciado debe encontrarse fundado en causas objetivas y razonables, el presente trabajo busca determinar si los argumentos desarrollados por el Tribunal Constitucional mediante la referida sentencia, y en los que el legislador sustenta el establecimiento de un tratamiento diferenciado para el caso de las expropiaciones, son realmente válidos para legitimar dicho tratamiento. Para ello, se analiza el tratamiento tributario de la indemnización justipreciada de acuerdo a lo previsto en la Ley del Impuesto a la Renta y en las normas constitucionales, verificándose que lo sostenido por el Tribunal Constitucional no resulta un fundamento válido para sustentar un tratamiento tributario diferenciado en el presente caso.

Los accidentes de tránsito en el Perú suceden todos los días. Debido a ello, el seguro contra accidentes de tránsito (SOAT) juega un rol primordial en la protección de las personas. Este seguro, a diferencia de los seguros voluntarios, busca resguardar los derechos a la vida e integridad. Es por ello que la norma es clara cuando indica que cubre a todas las víctimas que se ven involucradas en un accidente de tránsito. La celeridad e inmediatez que lo caracterizan beneficia a las víctimas de los accidentes; ya que estas no tienen que recurrir al Poder Judicial, institución que no les garantiza que en algún momento recibirán algún tipo de indemnización. No solo eso, sino que aún teniendo una sentencia favorable, esto no significa que los obligados cumplirán con lo ordenado. Este artículo busca demostrar que la única interpretación posible del cuarto párrafo del artículo 17 del Decreto Supremo N°024-2002-MTC es aquella según la cual la aseguradora presente en un accidente que involucra a dos vehículos, uno con SOAT y otro sin SOAT, es la obligada a indemnizar a todas las víctimas; y que luego podrá repetir contra los responsables solidarios que la norma precisa. Esto como consecuencia de su finalidad social y su idoneidad para resolver este tipo de controversias.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, contenida en el artículo segundo de la Ley Nº 20.417, y el Decreto Supremo Nº 30, del Ministerio del Medio Ambiente, publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2013 regulan una serie de instituciones denominadas genéricamente como mecanismos de incentivo al cumplimiento. Estas son la autodenuncia, el programa de cumplimiento y el plan de reparación. Estos mecanismos pueden ser definidos como todas aquellas regulaciones contempladas en la Ley Nº 20.417 que tienden al cumplimiento voluntario y cooperativo de las obligaciones medio ambientales que emanan del ordenamiento jurídico, cuya presentación y activación estará a cargo de los infractores o de terceros y que contemplen beneficios para el infractor establecidos legalmente, de forma tal que el costo de incumplir sea mayor al de cumplir con las normas vigentes, y que tengan por finalidad última el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la salud de las personas. Esta memoria tiene como propósito realizar una sistematización de la autodenuncia, los programas de cumplimiento y los planes de reparación. Para ello se revisará la historia de la Ley Nº 20.417, las observaciones a la propuesta de reglamento que fue sometido a consulta pública, el reglamento sobre programas de cumplimiento, autodenuncia y planes de reparación, además del análisis de 31 procedimientos sancionatorios iniciados ante la Superintendencia del Medio Ambiente durante el año 2013 en los que se presentaron programas de cumplimiento. Todo este estudio tiene como finalidad aprobar o rechazar la hipótesis central de esta memoria, cual es que su regulación es insuficiente para cumplir con el objetivo para el cual fueron creados, lo que dificultará su utilización por la comunidad regulada y aplicación por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin perjuicio de ello, también se analizan las contribuciones e idoneidad en la promoción del cumplimiento ambiental como efectos positivos de su establecimiento, como punto de partida en un cambio de paradigma que supone la diversificación de enfoques, antes centrados solo en la sanción, pero que con estos mecanismos también se amplían hacia un estado anterior: la prevención del incumplimiento

After a conceptual overview of the scope of the right to job stability, its relationship with other rights (right to work, right to access to employment, right to maintain employment) and its constitutional, international and legal regulation and the position of jurisprudence, the author goes on to discuss the complex picture presented to the employer before a decision to dismiss both from a legal perspective (compensation, replacement) and case law (damages, replacement) adding a paragraph called “others” the recount administrative consequences arising from said measure both labor (SUNAFIL) and tax (SUNAT) viewpoint. / Luego de un breve repaso conceptual de los alcances del derecho a la estabilidad laboral, su relación con otros derechos (derecho al trabajo, derecho de acceso al empleo, derecho a conservar el empleo) y su regulación constitucional, internacional y legal, así como la posición de la jurisprudencia, el autor pasa a comentar el complejo panorama que se presenta al empleador ante una decisión de despido tanto desde la óptica legal (indemnización, reposición) como jurisprudencial (indemnización por daños, reposición) añadiéndose un acápite denominado “otros” para las relatar las consecuencias administrativas que surgen de la indicada medida tanto desde la óptica laboral (SUNAFIL) como tributaria (SUNAT).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Escuela de Graduados / Actividad formativa equivalente a Tesis (AFET) / Esta investigación tiene como fin determinar si la Corte Suprema cumplió una función unificadora al momento de resolver el recurso de unificación de jurisprudencia a propósito de la indemnización del daño moral en casos de despido abusivo, o bien, actuó como un tribunal de casación en el fondo. Con el objeto de resolver este problema, en este trabajo se expone sobre las diferentes formas en que los sistemas jurídicos dan concreción al principio de igualdad en los criterios de decisión judicial, dentro de los cuales corresponde distinguir aquellos elementos que sustentan el recurso de unificación de jurisprudencia respecto de los que fundan el recurso de casación en el fondo. Mediante fichas jurisprudenciales, se analizan casos concretos en que la Corte resolvió el recurso de unificación respecto de otros en que se pronunció como tribunal de casación, con el objeto de verificar si existió alguna diferencia en la técnica que empleó. Además, se exponen las principales opiniones doctrinales acerca de la materia de fondo, esto es la procedencia de la indemnización del daño moral con ocasión del despido abusivo. En esta investigación concluyo que la Corte Suprema actuó como un tribunal de casación, al momento de resolver el recurso de unificación de 5 jurisprudencia sobre esta materia. En cuanto al tema de fono, me inclino por interpretar la procedencia de la indemnización del daño moral, en casos de despido abusivo.

El expediente privado, materia del presente informe para optar por el título profesional de Abogado, corresponde a una demanda de divorcio por causal de separación de hecho interpuesta ante el Octavo Juzgado de Familia de Lima; el cual de manera posterior es elevada hasta llegar a la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. La relevancia jurídica del expediente seleccionado se encuentra supeditada a la correcta configuración de los elementos de la causal invocada por el accionante, con una connotación principal en el elemento temporal, toda vez que este elemento será imprescindible para el correcto desarrollo de la actuación procesal en las diversas instancias. Además, de configurarse de manera correcta la temporalidad de la pretensión citada, es necesario establecer si la reconvención, en mérito de la indemnización solicitada por la demandada, cuenta con los fundamentos suficientes para declarar a uno de los cónyuges como perjudicado de conformidad con los considerandos de la Casación N° 5818-2007 y el Tercer Pleno Casatorio Civil. / Trabajo de suficiencia profesional