En el marco del proceso de amparo seguido con el expediente E-2378, se discute si el Decreto de Urgencia 012-2010 vulneró los derechos constitucionales invocados por Empresa Minera de Servicios Generales S.R.L y otros (derecho a la no retroactividad de la ley, derecho a la igualdad, derecho a la libertad de empresa y derecho a la propiedad) Además, los accionantes afirman que la norma cuestionada infringe los requisitos contenidos en el Num. 19) del Art. 118° de la Constitución Política, motivo por el cual exigieron la inaplicación del acotado decreto de urgencia. Sobre la norma cuestionada, se advierte que contiene disposiciones autoaplicativas (aunque no todas) que tienen por objeto el ordenamiento de la actividad minera en el departamento de Madre de Dios, adoptando medidas específicas en este sentido, siendo una de ellas la prohibición del uso de dragas en actividades de minería aurífera. Además, estableció que, desde su promulgación, los términos de referencia para obtener la certificación ambiental para iniciar operaciones no deben incluir el uso de dragas, carancheras y artefactos similares. Ambos extremos fueron cuestionados por los demandantes. El proceso fue iniciado ante el Juzgado Mixto de Tambopata, en el departamento de Madre de Dios. Luego de un pronunciamiento desfavorable para los amparistas tanto en primera como en segunda instancia, el Tribunal Constitucional ratificó lo decidido por el juzgado y la Sala, conforme se advierte de la sentencia recaída en el Exp. N° 0316-2011- PA/TC, de fecha 17.07.2012. En ella se declaró la existencia de un empate ponderativo entre el principio perseguido por el Decreto de Urgencia 012-2010 (tutela del medio ambiente) y el derecho de propiedad de Empresa Minera de Servicios Generales y otros, determinando que, según las dimensiones del caso, correspondía establecer la prevalencia de la tutela del medio ambiente sobre el derecho de propiedad de los accionantes. Tras analizar las dimensiones procesales y de fondo del expediente E-2378, advertimos una serie de deficiencias no sólo en los argumentos que sostenían la tesis de los demandantes, sino que dicha calificación también alcanzó el pronunciamiento de la justicia constitucional, con especial énfasis del esgrimido por el Tribunal Constitucional. Es en esta última instancia donde advertimos omisiones muy relevantes, motivo pro el cual somos enfáticos en calificar la sentencia constitucional expedida por el máximo intérprete de la Constitución como deficiente.

La investigación tiene como objetivo analizar el ejercicio, a través de redes sociales, del derecho a la libertad de expresión, sobre los sucesos relacionados con el conflicto minero Conga, en la Región Cajamarca del Perú, entre los meses de setiembre de 2011 y setiembre de 2012. Se espera comprender los futuros conflictos sociales, además de reflexionar sobre el cuidado de las redes sociales de Internet y el uso de expresiones difundidas en este contexto. La investigación es de tipo cualitativa y hace uso del análisis de contenido y del discurso digital, además del método de casos. Se concluye que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no sobrepasó sus límites: las expresiones vertidas no fueron incitadoras, sino que promovieron convocatorias, paralizaciones y rechazo al proyecto minero Conga, que puso en peligro el orden público y la tranquilidad ante la situación conflictiva existente en la región Cajamarca

La actividad minera es uno de los sectores en los que existen mayores relaciones de subcontratación, además de ser una actividad que representa ingresos importantes para el país. Asimismo, es una actividad considerada de alto riesgo. En dicho sentido, el presente trabajo busca evaluar la evolución de la seguridad y salud en el trabajo en este ámbito y los factores que han podido influir en esta. Para ello, se toman como referencia las estadísticas de seguridad en el sector minero de los últimos años, de lo que se infiere que la seguridad y salud en el trabajo del sector ha tenido una evolución favorable en el ámbito de la subcontratación. Dicha evolución ha obedecido a factores tales como la consagración del principio y deber de prevención en la ley, así como la interpretación que, sobre este, han tenido las autoridades administrativas y judiciales, a la centralización de deberes en virtud de este por parte de las empresas principales, así como a factores económicos derivados de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que terminan impactando en la productividad. Del mismo modo, el sistema de inspección de trabajo en materia de seguridad y salud ha tenido un rol importante.

El presente informe jurídico aborda la denuncia presentada por Talingo Corporation ante Conasev en contra de Clarion Holding LTD y Ross J. Beaty por una supuesta estrategia con el objetivo de tomar el control absoluto de la Compañía Minera San Ignacio de Morococha. En el informe analizaremos tres problemas jurídicos a la luz del derecho societario y el derecho administrativo. En primer lugar, analizaremos la supuesta actuación concertada entre Clarion y Ross Beaty para la toma de control relativo de SIMSA sin cumplir con la realización de una Oferta Pública de Adquisición. Para ello, definiremos la figura de la OPA en la regulación peruana, la figura de la actuación concertada en el marco de una OPA, y analizaremos las pruebas presentadas por Talingo. En segundo lugar, analizaremos la denuncia de Talingo sobre la adaptación de SIMSA a una Sociedad Anónima Abierta como consecuencia de las donaciones hechas por Clarion a trabajadores de la empresa. Para ello, describiremos la regulación peruana en torno a las Sociedades Anónimas Abiertas, y el rol de la Conasev como ente supervisor de estas. Por último, analizaremos la controversia entre Talingo y la Dirección de Emisores de la Conasev, por la negativa de esta última de incluir a Talingo en el procedimiento administrativo de sancionador. Para ello, haremos una descripción de los participantes del procedimiento administrativo sancionador, la figura del tercero con legitimo interés, las fases de un procedimiento administrativo sancionador, la etapa de investigaciones preliminares, y el inicio del procedimiento sancionador

El Perú es un país donde la actividad minera es de vital importancia en la economía. Para la realización de la actividad minera se requiere que el mineral extraído sea económico, es decir que pague los costos operativos y a su vez genere utilidades para la empresa. Sin embargo, los yacimientos minerales cada vez son más escasos, se encuentran a mayor profundidad y, además, cuentan con bajas leyes de mineral, por lo cual se pone en riesgo la operación minera. Debido a este escenario las empresas mineras están constantemente evaluando sus procesos para ver la manera de reducir sus costos operativos y generar utilidades manteniendo una actividad minera sostenible. La compañía minera se compone de personal obrero y de personal administrativo, la totalidad del personal puede pertenecer a la compañía, es decir, los obreros serían parte de la compañía. Sin embargo, la mayoría de empresas mineras en el Perú y en el mundo deciden tercerizar sus operaciones, tales como la exploración, el desarrollo minero, la explotación, el beneficio, la comercialización, alimentación, entre otros. Esto con el fin de compartir riesgo, aumentar la productividad y con ello reducir los costos operativos. La valorización del contratista minero por los servicios brindados se compone de un costo Fijo (Gastos generales) y un costo variable (Costo directo), es así que el contratista minero recibe mayores utilidades siempre y cuando realice mayores actividades. Sin embargo, en el Perú la empresa contratista se encuentra marginada resultando que la compañía minera les exija que reduzcan sus precios unitarios al mínimo para poder operar en la mina. Este requerimiento genera una inconformidad económica entre compañía minera y empresa contratista especializada. De esta manera, la empresa minera percibe que está pagando de más por los servicios brindados y, por otro lado, el contratista minero considera que no se le está retribuyendo justamente por los servicios realizados. Es de suma importancia abordar este tema, debido a que el número de empresas mineras que buscan tercerizar sus actividades operativas se está incrementando cada vez más en el Perú La presente investigación analizará a la contratista minera GEMIN y a la compañía Minera Sierra Antapite, determinando los precios unitarios mínimos para incrementar valor en la unidad minera Antapite y la contratista. Para plantear una solución a este problema se realizará un análisis técnico - económico, considerando los costos fijos (gastos generales) y costos variables (precios unitarios) de la empresa contratista minera GEMIN. Así mismo, estos costos variables están en función al tiempo, expresado en guardias o ciclos de trabajo, que demora en realizar la actividad minera. (KPI), del mismo modo estos costos consideran la utilización del recurso para la realización de la actividad correspondiente. Con este análisis se desea demostrar que para cada contratista existe una cantidad mínima de actividades mensuales con la cuales es rentable la operación minera. Esta cantidad mínima de actividades la obtendremos al hallar el precio de reserva plasmado en el punto de equilibrio de una gráfica de egresos versus ingresos. Cabe señalar que cada mina cuenta con una realidad diferente que depende de la productividad de las personas, logística, transporte, salarios, tipo de minado condiciones climáticas, entre otros. Para demostrar este planteamiento, se tomó un caso práctico entre la empresa Minera Sierra Antapite y la contratista minera GEMIN CONSTRUCTION, resultando el punto de equilibrio en 05 (cinco frentes de producción), esto quiere decir que con los precios unitarios con el cual la contratista está compitiendo, será rentable siempre y cuando realice una cantidad mayor igual a 05 frentes. Al finalizar este análisis se determinará un precio unitario óptimo bajo la realidad de la contratista minera y la necesidad de la unidad minera, el cual se verá reflejado en un precio unitario justo basado en indicadores (KPI). / Trabajo de investigación

La presente investigación “Gestión de costos en la minería subterránea. Caso estudio: unidad minera El Porvenir”; tiene como objetivo general analizar los métodos de explotación subterránea bajo una visión técnica y económica. Se ha elegido este tema por la importancia en el sector minero, pues hoy en día las organizaciones de este rubro enfrentan situaciones económicas complejas e inciertas, debido a la competencia, oscilación de los insumos, incertidumbre de mercados y factores externos como el precio de los commodities (metales). Lo que implica que las empresas deben reaccionar de manera inmediata frente a éstos problemas complejos. Por su lado, la hipótesis plantea la reevaluación de los modelos operativos para garantizar una gestión de costos. Esta investigación es de carácter cuantitativo pues se analizó los indicadores de VAN, TIR y PRI para el cuerpo mineralizado polimetálico V. Éxito, el cual se ajustó a las condiciones técnicas del método de minado tajeo por subniveles. De esta manera, en el 2018 la unidad minera El Porvenir, donde la extracción de mineral se desarrolló bajo el método de explotación Corte y Relleno ascendente, registró la problemática de elevados costos operativos, pues no cumplió el Programa anual, principalmente por el área de mina con un desvío del 24.82 % por encima del presupuesto, pues el Cash Cost ROM mina registró 38.4 US$ / ton. Asimismo Darling establece la relación de costos, de los métodos de explotación subterránea de Tajeo por Subniveles, respecto al Corte y Relleno es 0.66, mientras que la relación de productividad es moderada y baja respectivamente. Dentro del grupo Nexa, la unidad minera Cerro Lindo presenta la explotación subterránea Tajeo por Subniveles, para lo cual se realizó las comparaciones frente a la unidad minera El Porvenir, confirmándose las relaciones establecidas. Como resultado, es posible reducir los costos operativos en la minería subterránea, principalmente en el área de mina, gestionando el cambio de método de minado en una parte del proceso operativo. Para el caso de la unidad minera El Porvenir, se simuló la implementación del método de explotación Tajeo por Subniveles aproximadamente un 40% de la producción total, obteniendo un Cash Cost ROM Mina de 27.01 US$ / ton, según los cálculos. / The present investigation “Cost management in underground mining. Case study: El Porvenir mining unit”; its general objective is to analyze the methods of underground exploitation from a technical and economic perspective. This topic has been chosen due to its importance in the mining sector, since today organizations in this area face complex and uncertain economic situations, due to competition, oscillation of inputs, market uncertainty and external factors such as the price of commodities (metals). This implies that companies must react immediately to these complex problems. For its part, the hypothesis proposes the reevaluation of the operating models to guarantee cost management. This research is of a quantitative nature because were analyzed the indicators of NPV, IRR, and IRP for the mineralized polymetallic body V. Éxito, which is adjusted to the technical conditions of the method of mining Sublevel Stoping. In this way, in 2018 the mining unit El Porvenir, where the extraction of minerals was executed by the method of exploitation Cut and Fill, registered the problem of high operating costs, mainly due to the mine area with a deviation of 24.82% over the budget, since the Cash Cost ROM mine registered 38.4 US$ / ton. Likewise, Darling establishes the relation of costs, of the methods of underground exploitation of Sublevel Stoping, regarding the Cut and Fill is 0.66, while the relation of productivity is moderate and low respectively. Within the Nexa group, the Cerro Lindo mining unit presents the Sublevel Stoping exploitation method, for which comparisons were made with respect to the El Porvenir mining unit, confirming the relationships established. As a result, it is possible to reduce operating costs in underground mining, mainly in the mine area, by managing the change of mining method in a part of the operating process. In the case of the El Porvenir mining unit, the implementation of the Sublevel Stoping exploitation method was simulated for approximately 40% of total production, obtaining Cash Cost ROM mine of 27.01 US$ / ton, according to calculations. / Trabajo de investigación

A partir de la evaluación de calidad ambiental realizada en el 2019 por el OEFA, detectó excesos en los Estándares de Calidad Ambiental-ECA de los cuerpos receptores de Aire y Ruido en el Corredor Vial minero Apurímac-Cusco en la provincia de Chumbivilcas, los cuales fueron atribuidos a la actividad de transporte de minerales de la empresa Las Bambas. Al respecto, se sostiene que el requerimiento de Modificación de la Evaluación de Impacto Ambiental dictado mediante Resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA Nº 010- 2020-OEFA/TFA-SE plantea una problemática en relación a (i) las garantías procesales del administrado, que son conexas a los principios de razonabilidad, legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica; (ii) así como al respeto del derecho constitucional a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado y por consiguiente, el derecho a la salud de las poblaciones colindantes con el Corredor Vial en Chumbivilcas. La facultad otorgada a la autoridad de fiscalización ambiental de requerir la Modificación de Evaluación de Impacto Ambiental resulta muy eficaz para la prevención de impactos negativos ambientales ocasionados por proyectos en marcha. No obstante, es de suma importancia las medidas administrativas respondan al criterio de razonabilidad y no terminen siendo onerosas e innecesarias y que finalmente terminen perjudicando a un administrado que desarrolla su actividad económica en cumplimiento de sus obligaciones y compromisos ambientales. En otras palabras, OEFA como autoridad de fiscalización ambiental debe lograr, mediante el dictado de medidas, garantizar un equilibrio entre la actividad minera y la protección ambiental. / From the environmental quality assessment, conducted by the OEFA in 2019, it detected excesses in the Environmental Quality Standards-ECA of the receiving bodies of Air and Noise in the Apurimac-Cusco Mining Road Corridor in the province of Chumbivilcas, which were attributed to the mineral transportation activity of the company Las Bambas. In this regard, it is argued that the request for Modification of the Environmental Impact Assessment issued by Resolution No. 010- 2020-OEFA/TFA-SE of the Environmental Oversight Tribunal of the OEFA raises a problem in relation to the procedural guarantees of the affected party, which are related to the principles of reasonableness, legality, proportionality and legal certainty; as well as respect for the constitutional right to enjoy a healthy and balanced environment and therefore, the right to health of the populations adjacent to the Road Corridor in Chumbivilcas. The power granted to the environmental oversight authority to require the Environmental Impact Assessment Modification is very effective for the prevention of negative environmental impacts caused by ongoing projects. However, it is of utmost importance that the administrative measures respond to the criterion of reasonableness and do not end up being onerous and unnecessary and that finally end up harming an administered party that develops its economic activity in compliance with its environmental obligations and commitments. In other words, OEFA as an environmental control authority must achieve, through the issuance of measures, to ensure a balance between mining activity and environmental protection.

Durante las últimas décadas, la minería formal en el Perú ha visto afectadas sus actividades por los conflictos, cada vez más recurrentes, con las comunidades y poblaciones de su área de influencia. Esto a pesar de haber cumplido con los requisitos exigidos por el marco legal minero y de recursos hídricos. Esta situación no solo se produce porque las comunidades y poblaciones dificultan las actividades mineras por temor a sufrir restricciones hídricas y una posible contaminación del medio ambiente que podría perjudicar sus principales actividades económicas, su salud y sus vidas; sino porque, adicionalmente, confunden el rol de las empresas mineras con el del Estado, exigiendo a estas la implementación de infraestructura y servicios básicos que el Estado no atiende, llegándose a condicionar el inicio y normal desarrollo de las operaciones extractivas al cumplimiento de dichas exigencias. Esta situación termina generando conflictividad e inseguridad jurídica para los inversionistas mineros. En ese sentido, se podrá llegar a la conclusión de que las normas que prevén los requisitos para obtener los títulos habilitantes necesarios para operar en el sector minero y el marco legal en materia hídrica en general, por sí mismos, no son idóneos para mitigar los conflictos que nacen de las inquietudes de las comunidades. Para ello, es relevante la participación activa del Estado a lo largo del proceso, lo que implica no solo aparecer en caso de conflictos, sino apoyar desde un inicio en la implementación de servicios básicos, así como en la supervisión y control de las actividades mineras que permita establecer un diálogo horizontal entre los actores implicados. / During the last decades, formal mining in Peru has been affected by increasingly recurrent conflicts with the communities and populations in its area of influence. This is despite having complied with the requirements of the legal framework for mining and water resources. This situation occurs not only because the communities and populations hinder mining activities for fear of suffering water restrictions and possible environmental contamination that could harm their main economic activities, their health and their lives; but also because, additionally, they confuse the role of mining companies with that of the State, demanding that the latter implement infrastructure and basic services that the State does not provide, to the point of conditioning the start and normal development of mining operations on compliance with these demands. This situation ends up generating conflict and legal uncertainty for mining investors. In this sense, it can be concluded that the regulations that establish the requirements to obtain the necessary titles to operate in the mining sector and the legal framework on water issues in general, by themselves, are not suitable to mitigate the conflicts that arise from the concerns of the communities. To this end, the active participation of the State is relevant throughout the process, which implies not only appearing in the presence of conflicts, but also providing support from the beginning in the implementation of basic services, as well as in the supervision and control of mining activities to establish a horizontal dialogue between the actors involved. / Trabajo académico

El presente proyecto de investigación trata sobre los métodos de aprovechamiento de recursos minerales y los marcos conceptuales que permiten su viabilidad. Se inició investigando el modelo denominado Extractivismo, de larga data en el Perú, el cual, prioriza la explotación de recursos naturales sobre el desarrollo ambiental y social. Se investigó su evolución histórica y su papel en los esquemas de desarrollo nacional o global, incluyendo beneficios e impactos negativos. Del análisis crítico del modelo, del estudio de sus límites y los marcos conceptuales condicionantes sobre los que opera, se han determinado aspectos de mejora, enfocados principalmente en los marcos regulatorios, institucionales y socio ambientales. Se analizó, también, las consecuencias a largo plazo de no incluir el concepto de Sostenibilidad en el método actual. De igual forma, se analizaron modelos alternativos como el Neo Extractivismo y el Post Extractivismo, caracterizados por incluir con mayor énfasis la Sostenibilidad ambiental y social en sus modelos, de reciente planteamiento en varios países. Para ello, se hizo un comparativo entre los método de aprovechamiento de recursos minerales seguidos en Perú y en otros países de la región, incidiendo en las condiciones, contextos o marcos conceptuales de tipo regulatorio, institucional, y socio ambiental, buscando entender el fenómeno extractivo desde un enfoque multidisciplinario. Se determinaron marcos conceptuales relevantes para la viabilidad de una mejora en el caso del modelo actual, o de una implementación futura de los modelos alternativos. Es en el marco regulatorio donde se han encontrado la mayoría de propuestas de mejora o de preparación de los escenarios de transición a modelos más sostenibles. No se contempla necesariamente nuevos marcos regulatorios, pero si la revisión y actualización del marco vigente. Se han definido 2 propuestas, que contribuyen a resolver las dificultades de una transición del modelo Extractivista hacia métodos más enfocados en la sostenibilidad ambiental y social. Estos se enfocan en actualizar la normativa vigente y realizar mejoras en la gestión social, económica e institucional. Se espera contribuir con estas propuestas en la definición de los marcos necesarios para hacer viable la evolución de nuestras industrias extractivas y el ansiado desarrollo económico sostenible y a largo plazo de nuestro país. / Trabajo de investigación

La tesis estudia el impacto de las inversiones mineras en la dinámica política de las comunidades campesinas, abordando el caso de la comunidad campesina San Francisco de Asís de Pucará (1997 – 2017) y el proyecto minero Toromocho. La justificación de esta investigación se basa en la dependencia de nuestra economía contemporánea desde hace 25 años de la actividad mineroexportadora, la misma que ha devenido en una relación de tensión y cambio con las comunidades campesinas aledañas. La tesis analiza los impactos de la gran inversión minera en la forma de hacer política en la comunidad campesina, producto de la inversión minera, para ello analiza el rol del Estado en la relación mina – comunidad, el tipo de relación entre la Comunidad y Mina y por último describe los principales cambios en la forma de hacer política de la comunidad campesina después de la inversión minera en el 2006. Los supuestos teóricos en lo que se desarrolla la investigación se enmarca en la teoría política de Huntington; “El orden político de las sociedades en cambio”, la tesis primordial del libro es que la violencia e inestabilidad de una sociedad es por los cambios sociales y económicos rápidos que generan movilizaciones de ciertos grupos unido a la lenta evolución de las instituciones políticas. La investigación concluye que calificando de “interviniente” el rol del Estado en la relación mina comunidad, por otro lado, a pesar de que las relaciones entre mina y comunidad son asimétricas, debido a factores estructurales, la relación coyuntural entre la Comunidad y la Mina del estudio de caso se considera consensuada con episodios de tensión. Por último, se evidencia un esfuerzo y capacidad de la comunidad campesina abordada por interaccionar de manera asertiva con la mina con capacidad de reestructurarse al interno y externo.