El presente trabajo busca presentar una propuesta de medio para la solución pacífica de la controversia internacional jurídica surgida en el año 2021 entre Argentina y Chile por un área de la plataforma continental del Mar Austral. Para lograr ello, se han analizado cada uno de los medios de solución de controversias disponibles para las partes, tanto de manera convencional en el Tratado de Paz y Amistad de 1984 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, como bajo el principio de libre elección de medios. Todo ello a la luz de la doctrina, jurisprudencia y antecedentes históricos relevantes de la controversia. Luego de establecer que los medios diplomáticos como la negociación directa, conciliación, mediación, buenos oficios e investigación no son los indicados para lograr una solución definitiva, como tampoco lo son los medios jurídicos como el arbitraje y el Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar (TIDM) debido a los intereses económicos y geopolíticos de las partes, se ha logrado demostrar la siguiente hipótesis: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el medio idóneo para lograr una solución definitiva de esta controversia entre Argentina y Chile en el Mar Austral. La fortaleza de la CIJ reside principalmente en su respaldo institucional, experiencia y abundante jurisprudencia en temas de delimitación marítima, características que ningún otro medio jurisdiccional, ni siquiera el TIDM, comparte en su totalidad. / This thesis seeks to present a proposal for a peaceful solution of the international legal dispute that arose in 2021 between Argentina and Chile over an area of the continental shelf of the Mar Austral. To achieve this, each of the means of dispute settlement available to the parties has been analyzed, those under the 1984 Treaty of Peace and Friendship and the United Nations Convention on the Law of the Sea, as well as those under the principle of free choice of means. All in the light of the relevant doctrine, jurisprudence and historical background of the dispute. After establishing that diplomatic means such as direct negotiation, conciliation, mediation, good offices and investigation are not the right ones to achieve a final solution, nor are legal means such as arbitration and the International Tribunal on the Law of the Sea (ITLOS) due to the economic and geopolitical interests of the parties, the following hypothesis has been proved: the International Court of Justice (ICJ) is the ideal means to achieve a definitive solution to this dispute between Argentina and Chile in the Southern Sea. The strength of the ICJ lies mainly in its institutional support, experience and abundant jurisprudence on maritime delimitation issues, characteristics that no other jurisdictional means, not even the ITLOS, shares in its entirety.

La Corte Suprema es un órgano de vértice que considero trascendental y central en la administración de justicia de nuestro país por dos razones: la primera, porque es el órgano máximo en el que se definen las controversias de manera definitiva; y, segundo, porque tiene atribuciones que resultan fundamentales para el desarrollo y la construcción del derecho. Una de esas atribuciones es precisamente la que motivó la elaboración del presente trabajo: la aplicación del principio iura novit curia en sede casatoria. Para ello, he dividido el artículo en 3 partes: la primera, enfocada en los momentos en los que la Corte Suprema aplica el principio iura novit curia; la segunda, enfocada en los criterios para su aplicación; y, la tercera, centrada en los límites para su aplicación. Todo lo anterior, partiendo desde las hipótesis específicas de que la Corte Suprema sí aplica dicho principio, sí determina los momentos de su aplicación, sí establece criterios y sí fija límites, las cuales- han sido rebatidas o confirmadas en las conclusiones. En efecto, luego del análisis del problema y el desarrollo del presente trabajo, pude concluir que la Corte Suprema sí aplica el principio iura novit curia, sin embargo, no determina los momentos de su aplicación, no establece criterios ni mucho menos fija límites. / The Supreme Court is an apex body that I consider transcendental and central in the administration of justice in our country for two reasons: first, because it is the highest body in which disputes are defined; and second, because it has powers that are fundamental for the development and construction of law. One of these powers is precisely the one that motivated the preparation of this paper: the application of the iura novit curia mainly in cassation proceedings. For this purpose, I split the article into 3 parts: the first one, focused on the moments in which the Supreme Court applies the main iura novit curia; the second, focused on the criteria for its application; and the third, focused on the limits for its application. It is for all the above, starting from the specific hypothesis that the Supreme Court does apply said mainly, does determine the moments of its application, does establish criteria and does set limits, which have been refuted or confirmed in the conclusions. In effect, after the analysis of the problem and the development of this work, I was able to conclude that the Supreme Court does apply the main iura novit curia, however, it does not determine the moments of its application, it does not establish criteria, much less set limits. / Trabajo académico

El presente artículo centra su análisis en el consentimiento como concepto central y fundamental en el Derecho Internacional. Se aborda su naturaleza jurídica general, su relación con principios del Derecho Internacional como el pacta sunt servanda, consuetudo est servanda y la buena fe; y su clasificación de acuerdo con la doctrina. Se define con rigurosidad el concepto y sus efectos en la esfera internacional. Asimismo, se analiza el consentimiento desde la perspectiva del Derecho Internacional Procesal, particularmente desde la óptica de la Corte Internacional de Justicia. Al respecto, se aborda las modalidades de acceso a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, así como las prerrogativas que ésta tiene para hallarse competente en relación con el consentimiento de las partes. Por último, se analiza la relativización del consentimiento a manos de la Corte Internacional de Justicia, proponiendo un análisis del caso del Laudo Arbitral de 1899, entre Guyana y Venezuela. Se concluye, al respecto, que la Corte generó un equívoco al pretender analizar si el consentimiento manifestado por los Estados había sido inequívoco. / This article focuses its analysis on consent as a central and fundamental concept in International Law. Its general legal nature is addressed, its relationship with principles of International Law such as the pacta sunt servanda, consuetudo est servanda and good faith; and its classification according to the doctrine. The concept and its effects in the international sphere are rigorously defined. Likewise, consent is analyzed from the perspective of International Procedural Law, particularly from the perspective of the International Court of Justice. In this regard, the modalities of access to the jurisdiction of the International Court of Justice are addressed, as well as the prerogatives that it has to be competent in relation to the consent of the parties. Finally, the relativization of consent at the hands of the International Court of Justice is analyzed, proposing an analysis of the case of the Arbitral Award of 1899, between Guyana and Venezuela. It is concluded, in this regard, that the Court created a mistake by attempting to analyze whether the consent expressed by the States had been unequivocal.

El presente trabajo presenta el análisis y la reflexión realizada en torno al criterio que ha venido adoptando la Corte Suprema de Justicia frente a la interposición de los recursos de casación en materia laboral, poniendo de manifiesto que, antes que ser una Corte de Casación apegada a la legalidad es una Alta Corte que se desenvuelve dentro de un modelo Constitucional por lo que su actuación debe ser siempre la de un juez garante de derechos fundamentales. Siendo así, es importante revisar cuál es la actuación de la Corte Suprema dentro del ordenamiento jurídico peruano en tanto existe una sujeción a los derechos fundamentales y en tanto existe por parte del estado una obligación de proteger y hacer respetar los derechos laborales, rol que influencia sobre las funciones de la Corte Suprema, toda vez que esta es una de las manifestaciones del poder público del Estado, el cual estará siempre sujeto al marco constitucional.

La respuesta de los aparatos de justicia frente a la problemática de la violencia contra las mujeres como son los casos de tentativa de feminicidio en zonas rurales, se ha caracterizado por no tomar en consideración sus propias voces, su experiencia de vida, ni escucha sus demandas; ello bajo los argumentos de que la “justicia” debe ser neutral y objetiva. Así el proceso penal y las decisiones judiciales, puede constituirse en espacios en los que se ejerce violencia y revictimiza a las sobrevivientes de la violencia feminicida. En consecuencia, este artículo parte de realizar una evaluación crítica del derecho de acceso a la justicia a partir del análisis de tres sentencias judiciales emitidas en procesos de tentativa de feminicidio íntimo (Arequipa, Apurímac, Loreto). Asimismo, aboga por incorporar un modelo de justicia restaurativa, como el elemento que materialice el derecho al acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes en casos de tentativa de feminicidio íntimo, especialmente en contextos rurales.

Los Jueces de Paz son ciudadanos no instruidos en el Derecho que son elegidos por su comunidad y administran justicia en zonas rurales promoviendo la conciliación y resolviendo ciertos casos menores. La Oficina Distrital de apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) fue creada en el año 2008, como parte del Plan Integral de Reforma del Sistema de Justicia, y tiene como objetivos fortalecer la Justicia de Paz, a través de capacitaciones e implementar logísticamente a los Juzgados de Paz. Esta tesis busca evaluar, desde el enfoque de la Gerencia Social, si la ODAJUP Cajamarca viene cumpliendo con sus objetivos durante el año 2016. Para ello se han analizado cuatro variables: primero, la cobertura y acceso que tiene los Jueces de Paz a los servicios que brinda la ODAJUP; segundo, la participación e involucramiento que tienen tanto los Jueces de Paz como la Gerencia de Corte con los servicios que brinda ODAJUP, tercero el grado de involucramiento de los actores con la Justicia de Paz; y finalmente, la percepción de los usuarios de los Jueces de Paz que han sido capacitados. La metodología que se empleó es de tipo cualitativo y cuenta con una muestra significativa de cuarenta y ocho Jueces de Paz de las provincias de Cajamarca, Hualgayoc, Celendín y Chota. De igual modo, se hicieron ocho entrevistas a Jueces Ordinarios de provincias que tienen a su cargo apoyar a los Jueces de Paz y al Gerente de la Corte Superior de Cajamarca. Esta información fue contratada con reportes y notas de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz durante todo el año 2016. Los resultados indican que las capacitaciones que brindó ODAJUP se dieron principalmente en las capitales de las provincias estudiadas; sin embargo, fue escasa en centros poblados. Las limitaciones del acceso a los servicios son distancia y costo de desplazamiento para asistir a las capacitaciones. En el mismo análisis, para el fortalecimiento de capacidades, el diseño curricular de las capacitaciones que hace ODAJUP no toma en cuenta las necesidades especiales de los jueces de cada provincia. Por otro lado, la dotación de bienes logísticos como computadoras o útiles de escritorio, a la fecha no cuenta con una partida 3 presupuestal para los mismos. Sin embargo, ODAJUP Cajamarca y los Juzgados Ordinarios de Chota y Hualgayoc les entregan materiales que les son destinado para sus funciones. La participación de los Jueces de Paz en los servicios que brinda ODAJUP varía según la provincia, una mayor participación e involucramiento se registra en las provincias de Hualgayoc, Chota y Cajamarca a razón de la entrega de materiales de oficina y el mayor apoyo que brindan los Jueces Ordinarios. Asimismo, el involucramiento de la Gerencia y Presidencia de Corte es limitado al no ser la Justicia de Paz una prioridad dentro de la gestión. En la misma línea, el involucramiento de los Jueces Ordinarios varía según la idea que deben desempeñar la Justicia de Paz, para algunos esta es un aliado del Poder Judicial en áreas rurales, mientras que para otros los Jueces de Paz son simples notificadores. Finalmente, la percepción que tienen los pobladores de la justicia de paz varía por provincia. Para las poblaciones de Cajamarca y Chota las capacitaciones que reciben los Jueces de Paz son beneficiosas por cuanto son mejor atendidos y no confunden los casos que si pueden revisar. Para Celendín y Hualgayoc, las capacitaciones son beneficiosas, pero si en caso sus asuntos no son resueltos, acuden a otros operadores de justicia como la policía o las rondas campesinas. En las cuatro provincias, existe una sensación generalizada de poco control sobre el actuar de los Jueces de Paz. Las recomendaciones que se propone son: primero, hacer alianzas estratégicas con los Jueces Ordinarios de las diferentes provincias a fin de tener más capacitaciones no solo en las capitales de provincia sino en distritos y centros poblados; segundo, elaborar un diseño curricular para las capacitaciones de acorde a las necesidades de los jueces de cada provincia, tercero, iniciar el ciclo de actividades con una partida presupuestada que permita la compra de bienes de oficina; cuarto, establecer un centro de atención para las quejas de la población, que permita a ODAJUP o a los Jueces Ordinarios asesorar a los Juzgados de Paz. / Tesis

Este artículo aborda los desafíos del principio de publicidad procesal en el contexto de las audiencias virtuales en el sistema judicial peruano. Se inicia con una revisión de la importancia del Estado de derecho y la evolución del concepto de publicidad procesal desde la perspectiva de las libertades civiles. Se examinan normativas nacionales e internacionales que respaldan este principio, haciendo especial hincapié en la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Penal. El análisis destaca la contradicción entre la normativa y la práctica judicial, donde la publicidad se ve limitada a las partes procesales y no al público en general. Se exploran casos relevantes en la jurisprudencia peruana que abordan este principio, enfatizando su reconocimiento a nivel nacional e internacional. La segunda parte del artículo se centra en los desafíos específicos de las audiencias virtuales, surgidas como respuesta a la pandemia de la Covid-19. Aunque se argumenta que la videoconferencia no es inconstitucional, se plantea la preocupación sobre el acceso público a estas audiencias a través de plataformas como Google Meet. Se discute la falta de acceso público y sus posibles implicaciones para el principio de publicidad procesal. Se concluye proponiendo soluciones, como la creación de canales de transmisión en vivo de las audiencias de cada juzgado. Estos canales permitirían el acceso público a través de los medios de información del Poder Judicial, asegurando la publicidad de las actuaciones judiciales. El artículo destaca la importancia de estas medidas para preservar la transparencia, confianza y control ciudadano en el sistema judicial peruano. Este estudio proporciona una reflexión exhaustiva sobre los retos actuales de la publicidad procesal en un contexto de audiencias virtuales, ofreciendo propuestas concretas para mejorar la situación y garantizar la integridad del sistema judicial en el Perú. / This article addresses the challenges of the principle of procedural publicity in the context of virtual hearings in the Peruvian judicial system. It begins with a review of the importance of the rule of law and the evolution of the concept of procedural publicity from the perspective of civil liberties. National and international regulations that support this principle are examined, with special emphasis on the Political Constitution of the State and the Criminal Procedure Code. The analysis highlights the contradiction between the regulations and judicial practice, where publicity is limited to the procedural parties and not to the general public. Relevant cases in Peruvian jurisprudence that address this principle are explored, emphasizing its recognition at the national and international level. The second part of the article focuses on the specific challenges of virtual hearings, which emerged in response to the Covid-19 pandemic. Although it is argued that video conferencing is not unconstitutional, concerns are raised about public access to these hearings through platforms such as Google Meet. The lack of public access and its possible implications for the principle of procedural publicity are discussed. It concludes by proposing solutions, such as the creation of live broadcast channels of the hearings of each court. These channels would allow public access through the information media of the Judiciary, ensuring publicity of judicial proceedings. The article highlights the importance of these measures to preserve transparency, trust and citizen control in the Peruvian judicial system. This study provides an exhaustive reflection on the current challenges of procedural publicity in a context of virtual hearings, offering concrete proposals to improve the situation and guarantee the integrity of the judicial system in Peru. / Trabajo académico

Entre los múltiples dilemas que deben resolverse al estructurar un proceso de justicia transicional, se encuentra la posibilidad de construir políticas que respeten los estándares de derecho internacional y no representen un obstáculo para que se llegue a un acuerdo entre las partes en conflicto. El presente artículo plantea que el margen de apreciación nacional es un mecanismo idóneo para la incorporación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito nacional y, más concretamente, en procesos de justicia transicional. Para ello, se explicará el margen de apreciación nacional y su compatibilidad con el control de convencionalidad, las críticas a la incorporación del margen de apreciación en el contexto americano y la posibilidad de utilizar el margen de apreciación en contextos de justicia transicional, como mecanismo idóneo para incorporar y armonizar las decisiones de la Corte Interamericanacon los procesos de justicia transicional. / Among the multiple dilemmas that must be resolved when structuring a transitional justice process is the possibility of constructing policies that respect the standards of international law and do not represent an obstacle to reaching an agreement between the parties in conflict. This article proposes that the national margin of appreciation is a suitable mechanism for the incorporation of the judgments of the InterAmerican Court of Human Rights at the national level and, more specifically, in transitional justice processes. To this end, the national margin of appreciation and its compatibility with the control of conventionality, the criticisms to the incorporation of the margin of appreciation in the American context and the possibility of using the margin of appreciation in transitional justice contexts will be explained, as a suitable mechanism to incorporate and harmonize the decisions of the Inter-American Court with transitional justice processes.

Los altos tribunales como parte de su política jurisdiccional, emplean mecanismos normativos, jurisprudenciales y administrativos a fin de gestionar de manera adecuada su carga procesal y elevar su productividad. Sin embargo, dichas medidas no pueden establecerse en menoscabo del cumplimiento de sus funciones, más aun cuando dicha función es la de tutelar en última instancia derechos fundamentales. Por lo que cobra especial relevancia el análisis del impacto del precedente Vásquez Romero en la producción jurisdiccional y la fundabilidad de sus resoluciones al ser un aspecto no explorado por las investigaciones precedentes, las cuales se han remitido a un análisis dogmático y normativo del mismo. En el trascurso de la presente investigación hemos llegado a la conclusión que el precedente Vásquez Romero, es formal y materialmente inconstitucional al violar los parámetros propios del principio de autonomía procesal, y jerarquía normativa; mientras que como mecanismo de descarga procesal, se ha determinado que no ha cumplido con incrementar significativamente el índice neto de productividad del Tribunal Constitucional, reduciéndose hasta en un tercio el porcentaje promedio de sentencias fundadas emitidas antes de su vigencia. / The high courts, as part of their jurisdictional policy, use normative, jurisprudential and administrative mechanisms in order to adequately manage their procedural burden and raise their productivity. However, these measures can not be established to the detriment of the fulfillment of their functions, especially when this function is to ultimately protect fundamental rights. Therefore, the analysis of the impact of the previous Vásquez Romero on jurisdictional production and the foundability of its resolutions is relevant because it is an aspect not explored by previous investigations, which have been referred to a dogmatic and normative analysis of it. In the course of this investigation we have come to the conclusion that the precedent Vásquez Romero, is formally and materially unconstitutional by violating the parameters of the principle of procedural autonomy, and normative hierarchy; while as a procedural unloading mechanism, it has been determined that it has not complied with significantly increasing the net productivity rate of the Constitutional Court, reducing the average percentage of well-founded judgments issued before its validity by up to one third.

En el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (2016) se fijaron beneficios para los actores del conflicto con el fin de esclarecer los hechos de violencia y cumplir con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En relación con el derecho a la verdad, la confesión de crímenes busca facilitar el establecimiento de una verdad histórica y judicial dentro del marco transicional. Sin embargo, ni el Acuerdo de Paz ni el resto del ordenamiento jurídico colombiano siguen los estándares internacionales de la figura de la responsabilidad del superior jerárquico. Esta figura es relevante para esclarecer la organización y funcionamiento de las estructuras jerárquicas involucradas en la comisión de crímenes internacionales y la participación de los superiores en los hechos de violencia cometidos materialmente por sus subordinados. / In the Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace (2016), benefits were established for the actors of the conflict to clarify the facts of violence and comply with the rights of victims to truth, justice, reparation, and non-repetition. Regarding the right to the truth, the confession of crimes seeks to facilitate the establishment of historical and judicial truths within the transitional framework. However, neither the Peace Agreement nor the rest of the Colombian legal system follows the international standards related to the Hierarchical Superior’s Responsibility. This figure is relevant to clarify the organization and functioning of the hierarchical structures involved in the commission of international crimes and the participation of superiors in the acts of violence committed materially by their subordinates.