El presente trabajo procura mostrar como se han desarrollado diversos conflictos medioambientales en tres regiones del país y cuál ha sido la labor de los operadores jurisdiccionales (Ministerio Público y Poder Judicial) en la protección de los derechos ambientales (y la persecución de los delitos ecológicos) en estas mismas regiones. Los conflictos ambientales son todos aquellos que están relacionados con la protección y defensa del medio ambiente. Este es definido por el TC como el mundo exterior que rodea a todos los seres vivientes y determina y condiciona su existencia. Es el ámbito en que se desarrolla la vida y en cuya creación no ha intervenido la acción humana (Sentencia del proceso de Inconstitucionalidad N° 0048-2004-PI/TC). La mayoría de conflictos ambientales en nuestro país han sido encauzados contra las empresas que están dedicadas a explotar recursos naturales (llamadas actividades extractivas). Estos conflictos revisten de complejidad y comprenden intereses muy diversos. La mayoría de las veces una de las partes suele ser una empresa privada y la otra una localidad, comunidad o un sector importante de la sociedad civil.

El principal problema que afecta a las mujeres es la persistencia de violencia hacia ellas. Debido a dicha situación es que el Estado a través de sus órganos u organismos toman las medidas necesarias para resolver dicho problema social. Y al ser el Poder Judicial un organismo estatal encargado de administrar justicia es que se hace necesario la implementación del enfoque de género a fin de que se garantice la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres en los procesos judiciales. Para ello, se creó con fecha 21 de julio de 2016 la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial con la finalidad de institucionalizar el enfoque de género en dicho Poder. A pesar de que existían otros órganos del Estado tales como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Educación que ya contaban con dicha instancia al igual que algunos países latinoamericanos, en el Poder Judicial no existía una instancia que se encargue de institucionalizar el enfoque de género. Por ello, con posterioridad se creó la Comisión de Justicia de Género de manera acelerada. ¿Cuál ha sido la dinámica del Poder Judicial para implementar como una nueva práctica de política pública la Comisión de Justicia de Género? Para realizar la investigación se usará el método cualitativo. Para ello se realizaron entrevistas a funcionarios del Poder Judicial, a expertos en el tema y a trabajadores de un órgano del Estado (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), también se revisaron textos, documentos internos, normativa internacional y normas que atañen al Poder Judicial los cuales han sido analizados. Los criterios que se han tenido en cuenta para elegir a las personas entrevistadas son: a) Que hayan ejercido el cargo del Presidente del Poder Judicial durante los periodos del 2015 al 2018, b) Que sean integrantes y personal de trabajo de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial; c) Que tengan conocimiento sobre la creación de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y experiencia en el tema de institucionalización del enfoque de género; d) Que hayan formado parte de los programas del eje estratégico “Acceso a la Justicia” antes de la creación de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial; e) Que hayan formado parte de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales en la Corte Superior de Justicia de Lima; y f) Que sean abogados defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También se ha utilizado el Protocolo de Consentimiento Informado en las entrevistas. Los principales hallazgos de la investigación ha sido que la creación de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial fue una decisión acelerada durante la convocatoria de la marcha “Ni Una Menos” en respuesta a la violencia contra las mujeres por no encontrar respuesta inmediata y justa en el Poder Judicial, y que su creación no fue parte de la estrategia institucional del Poder Judicial. Las conclusiones que tenemos es que la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial a pesar de haber sido su creación una decisión abrupta y crearse sin las herramientas necesarias como un espacio para trabajar, presupuesto e integrantes y personal necesario con el tiempo esas carencias fueron mejorando, por lo que incluso su permanencia ha generado reformas; sin embargo, también ha tenido dificultades lo cual ha limitado el objetivo de transversalizar el enfoque de género en las diferentes áreas de la administración de justicia.

La primera aproximación para entender a cabalidad la forma en que el Poder Judicial ejercía su función durante el periodo histórico materia del presente trabajo nos exige necesariamente un conocimiento de las normas que regulaban el funcionamiento de este poder del Estado, así como el de las cortes y juzgados que se encontraban dentro de su organización. Ello nos obliga a entender no sólo las normas legales vigentes al momento de la invasión chilena sino también los antecedentes de dichas normas tanto a nivel legal como constitucional. Este entendimiento resulta necesario para poder comprender la noción que se tenía en aquellos años respecto de lo que constituía el papel del Poder Judicial y su función. En ese sentido, debemos hacer un pequeño repaso a los textos constitucionales bajo cuyas vigencias se dictaron las principales normas que regulaban la actuación judicial durante la Guerra del Pacífico en general y la ocupación de Lima en particular. Ello nos remite a revisar los textos constitucionales que tuvieron vigencia en nuestro país desde la Constitución de 1839, bajo cuya vigencia se promulgaron las principales normas de jerarquía legal que regulaban la actuación judicial, hasta la Constitución Política de 1860, carta política vigente al inicio de la guerra, y el Estatuto Provisorio dictado por Nicolás de Piérola que fue el documento principal del ordenamiento peruano al momento de la ocupación. Entre los textos constitucionales destaca sobre todo el de 1860. No sólo por haber sido el que estuvo vigente en los momentos inmediatamente anteriores al periodo que nos ocupa sino también porque el marco político que creó fue el que tuvo una mayor duración a través de nuestra historia republicana. En efecto, este texto rigió hasta 1920 y durante esos sesenta años sólo conoció dos periodos en los cuales su vigencia fue “suspendida”.

Hay un hacha dentro de todas las personas. Tal y como la dignidad es aquello que, desde el centro, irradia sentido a la defensa de los derechos de todos y todas, lo es también el hacha, porque esa capacidad para la violencia indica un rasgo inherente del ser humano. En demasiadas ocasiones, tal capacidad encuentra su concreción en la destrucción del otro. Al ser humano también se le puede comprender a través del hacha. En otras palabras, es posible entender al ser humano a través del uso que hace de su violencia. Esta vía de comprensión abre la posibilidad de incorporar a la reflexión esa dimensión del ser humano que transgrede al otro. Pero ¿por qué es pertinente esa incorporación? La historia peruana reciente ha sido marcada por un hecho traumático: el baño de sangre que sufrimos durante la sublevación del proyecto sanguinario de Sendero Luminoso. A partir de ello, se hace evidente que tales abusos -asesinatos, masacres, arrasamiento de comunidades, violencia sexual contra mujeres y niñas, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, reclutamiento forzado de menores de edad, secuestros- constitiuyen crímenes de lesa humanidad y no únicamente actos de terrorismo que fueron provocados y ejecutados sostenidamente por Abimael Guzmán. Ellos aún influyen en la experiencia de la actualidad. De esa manera, el tema de esta tesis es el siguiente: cómo la desmitificación de Abimael Guzmán funciona como mecanismo de Reparación Simbólica, en tanto alumbra la verdadera dimensión del victimario. La intención es atravesar el mito del híbrido para recoger componentes de veracidad, y así coadyuvar a un duelo que reconozca la verdadera dimensión del perpetrador. Este movimiento impide dejar en el olvido la realidad común del victimario.

La ciudad de Cajamarca, capital de la región del mismo nombre, ha experimentado distintos cambios vinculados a la dinámica económica generada por la minería de gran escala desde 1993. Uno de ellos fue el incremento en las tasas de delitos denunciados ante las autoridades. Así, la experiencia urbana de los cajamarquinos se vio atravesada por un sentimiento de inseguridad en las calles. Ante esto, el Estado implementó en 2003 una estrategia de seguridad ciudadana que enfatizó la coordinación con la población a través de la conformación de juntas vecinales. Sin embargo, alrededor de distintos barrios y mercados de la ciudad habían surgido previamente organizaciones autogeneradas de vigilancia y sanción contra la delincuencia: las rondas urbanas. El nombre proviene del movimiento social campesino que emergió en la misma región durante los ochenta y ganó legitimidad por su efectividad para controlar el abigeato y contener a Sendero Luminoso. Esta investigación se pregunta por los principales motivos que llevaron a los cajamarquinos a formar rondas desde 2001, y por la relación que han adoptado éstas con el Estado. Se propone que la continuidad entre la ciudad de Cajamarca y su entorno rural, que trasciende las fronteras jurisdiccionales oficiales, contribuye a comprender la emergencia de una forma de organización social que prioriza la defensa de intereses colectivos sobre un ordenamiento legal anclado en el individuo. Se comprende, además, que las rondas urbanas, aunque critican la poca efectividad del Estado, reconocen su legitimidad, lo que puede sentar las bases para el diseño de políticas de seguridad mejor vinculadas al tejido social preexistente.

El presente trabajo es una revisión de literatura sobre los factores que influenciaron en la no ratificación del Acuerdo de Escazú en el Perú. Y se sustenta a través de una revisión sistemática de fuentes académicas, mediante los motores de búsqueda de la Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Scopus, a partir de la búsqueda de palabras referidas al Acuerdo de Escazú, grupos de influencia y la no ratificación. La literatura sobre el Acuerdo aborda la cuestión, principalmente, desde el enfoque legal y político sobre las críticas de la oposición y el debate, generando que haya un limitado acercamiento al entendimiento sobre el proceso de la pre-ratificación del Acuerdo, asimismo, no ha habido un estudio de un caso particular. Estudios de caso en esta materia es particularmente interesante dado a la existencia de escenarios complejos, como el caso de Perú, el cual ha sido el único país adherente en rechazar la ratificación. Esto último motiva nuevas investigaciones tales como cuál ha sido la influencia de grupos de poder en la no ratificación del Acuerdo de Escazú en el Perú o de qué manera las estrategias de socialización del ejecutivo tuvieron un impacto en la no ratificación en el Perú. / The present paper is a literature review regarding the factors that influenced the non-ratification of the Escazú Agreement in Peru. This research is based on a systematic review of academic sources, via the Library of the Pontifical Catholic University of Peru and Scopus database, from the search for words referring to the Escazú Agreement, influence groups, and non-ratification. The literature mainly addresses this topic from a legal and political perspective and focuses on analyzing the opposition argument and the debate, yielding a limited understanding of the pre-ratification process; likewise, there has not been a study of a particular case. Study cases regarding this issue are significant to understand its logic; this is particularly interesting given complex scenarios, such as Peru, the only adhering country that decided not to ratify. The latter motivates new investigations, such as the influence of power groups in the non-ratification of the Escazú Agreement in Peru or how the executive's socialization strategies impacted the nonratification in Peru.

En el año 2006, el Gobierno Nacional de Colombia, sancionó la ley 1098 correspondiente a la ley de infancia y adolescencia. La nueva ley de infancia, generó a su vez el diseño de la política de atención al adolescente en conflicto con la ley Sistema de Responsabilidad penal para Adolescentes (S.R.P.A), la cual contempla los lineamientos y rutas indicadas para la atención de los menores de edad que se ven involucrados en delitos. El sistema señala como principales sanciones, la amonestación, la imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, medio semi cerrado y privación de la libertad; todas ellas se han aplicado, pero no han sido suficientes para disminuir el índice de delincuencia en adolescentes y jóvenes, esto se evidencia en el incremento de adolescentes vinculados a SRPA, el cual presentó un aumento de 15,1% durante el periodo de 2011- 2012 según cifras del ICBF (2012). A parte de este marco normativo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, desarrolló en el año 2011 un manual sobre la aplicación eficaz de las directrices para la prevención de delito, el cual sirve como carta de navegación en este tema. De acuerdo a lo anterior, se planteó una investigación de orden cuanti-cualitativo, para conocer la eficacia de la intervención del Centro de Formación Juvenil ACJ, en relación a su contratación con el Estado para la aplicación de la sanción de libertad vigilada en los adolescentes y jóvenes que fueron atendidos en el año 2012, para este fin se realizó un investigación mixta de carácter descriptivo, en la cual se aplicó la técnica cuantitativa de la encuesta a 119 jóvenes participantes de Centro de Atención y las técnicas cualitativas como la entrevista y el focus group fueron aplicadas a 8 directivos y profesionales del programa, 16 familias de los jóvenes y un funcionario del ICBF. Los resultados obtenidos, muestran que tanto los jóvenes, sus familias y funcionarios coinciden en que la medida de libertad vigilada si bien es cierto aporta elementos de socialización y contribuye a la reflexión de los jóvenes y familias frente a su problemática, no es suficiente para lograr un inclusión social efectiva y la garantía de no repetición o reincidencia, poniendo en relieve un una situación que va en ascenso, por lo cual se infiere que todos los actores involucrados, es decir, el Estado, la familia, el centro de atención y los mismos jóvenes son responsables de lo ocurrido; tendiendo que generar estrategias conjuntas desde esta mirada para reducir la problemática. De esta manera, el estudio concluye que no basta solo con crear estrategias de afrontamiento de la problemática de delincuencia juvenil, sino también el establecimiento de directrices que lleven hacia la prevención de estas conductas, al interior de las familias, las instituciones educativas, instituciones prestadoras de servicios sociales y sociedad en general. Este tema debe ser abordado desde todas las miradas y no le compete solo a una parte de la sociedad, sino a toda en general, de esta manera, el Estado debe liderar la concentración de diferentes actores sociales que analicen la situación actual de delincuencia juvenil en Colombia y facilite la atención, pero sobre todo la prevención. / In the year 2006, the National Government of Colombia, sanctioned the law 1098 corresponding to the law of childhood and adolescence. The new childhood law, in turn, generated the design of the adolescent care policy in conflict with the Criminal Responsibility System for Adolescents (SRPA), which includes the guidelines and routes indicated for the care of minors. Who are involved in crimes. The system indicates as main sanctions, the admonition, the imposition of rules of conduct, provision of services to the community, assisted freedom, semi-closed means and deprivation of liberty; all of them have been applied, but they have not been enough to reduce the delinquency rate in adolescents and young people, this is evidenced in the increase of adolescents linked to PACS, which presented an increase of 15.1% during the period of 2011- 2012 according to ICBF figures (2012). Apart from this normative framework, the United Nations Office on Drugs and Crime, developed in 2011 a manual on the effective application of the guidelines for the prevention of crime, which serves as a navigation card in this subject. In accordance with the above, a quantitative-qualitative research was proposed, to know the effectiveness of the intervention of the Youth Training Center ACJ, in relation to its contracting with the State for the application of the probation sanction in adolescents and young people who were attended in 2012, for this purpose a mixed investigation of a descriptive nature was carried out, in which the quantitative technique of the survey was applied to 119 young participants of the Care Center and the qualitative techniques such as the interview and the focus group were applied to 8 managers and professionals of the program, 16 families of the youth and an official of the ICBF. The results obtained show that both young people, their families and officials agree that the measure of supervised freedom, although it is true, contributes elements of socialization and contributes to the reflection of young people and families in the face of their problems, it is not enough to achieve an effective social inclusion and the guarantee of non-repetition or recidivism, highlighting a situation that is on the rise, for which it is inferred that all the actors involved, that is, the State, the family, the center of attention and the young people themselves are responsible for what happened; tending to generate joint strategies from this perspective to reduce the problem. In this way, the study concludes that it is not enough just to create strategies to address the problem of juvenile delinquency, but also the establishment of guidelines that lead to the prevention of these behaviors, within families, educational institutions, lending institutions of social services and society in general. This issue must be approached from all perspectives and not only a part of society, but the whole in general, and in this way, the State must lead the concentration of different social actors that analyze the current situation of juvenile delinquency in Colombia and facilitate the attention, but especially the prevention.

La presente investigación realiza un análisis de la Justificación del Sistema a partir de la relación entre la Ideología Política, la expresión de la Legitimidad y la percepción de Justicia Procedimental y Distributiva en ciudadanos peruanos mayores de edad de Lima Metropolitana. Para tal propósito, se llevó a cabo un estudio cuantitativo de tipo correlacional (n=307), que analizó la relación entre las variables mencionadas. Los resultados obtenidos indican que la Ideología Política, la Justicia y la Legitimidad, no solo interactúan y se relacionan entre sí, sino que esta relación varía en base a las características de cada condición del estudio asignada. Primero, se puede sugerir que existe una relación entre las variables de la Ideología Política como el Autoritarismo de Derecha (RWA) y Orientación hacia la Dominancia Social (SDO) y la Legitimidad, donde dicha relación puede ser directa o inversa dependiendo del tipo de Trato (Alta o Baja Justicia Procedimental). Segundo, los resultados de los análisis lineales evidenciaron que, dentro de los modelos utilizados para explicar la Legitimidad, la Justicia y la SDO resultaron ser predictoras significativas, mientras que el RWA no influye directamente en la Legitimidad, a menos que cuente con la Justicia Procedimental como variable mediadora. Por otro lado, la SDO y la Justicia resultaron ser covariables que explican la Legitimidad desde el Resultado (Sanción o Advertencia). Finalmente, se logró evaluar satisfactoriamente el modelo de Legitimidad propuesto por McLean (2019) en población peruana, la cual consta de la Escala de Justicia Procedimental (EJP), la Escala de Justicia Distributiva (EJD), y la Escala de Legitimidad (EL). / The present research conducts an analysis of the Justification of the System based on the relationship between Political Ideology, the expression of Legitimacy and the perception of Procedural and Distributive Justice in Peruvian citizens of legal age in Metropolitan Lima. For this purpose, a quantitative correlational study was carried out (n=307), which analyzed the relationship between the mentioned variables. The results obtained indicate that Political Ideology, Justice and Legitimacy not only interact and relate to each other, but that this relationship varies according to the characteristics of each assigned study condition. First, it can be concluded that there is a relationship between Political Ideology variables such as RightWing Authoritarianism (RWA) and Social Dominance Orientation (SDO) and Legitimacy, where this relationship can be direct or inverse depending on the type of Treatment (High or Low procedural justice). Second, the results of the linear analyses showed that, within the models used to explain Legitimacy, Justice and SDO turned out to be significant predictors, while RWA does not directly influence Legitimacy, unless it includes Procedural Justice as a mediating variable. On the other hand, SDO and Justice turned out to be covariates that explain Legitimacy from the Outcome (Sanction or Warning). Finally, the Legitimacy model proposed by McLean (2019) was successfully reviewed in the Peruvian population, which consists of the Procedural Justice Scale (PJS), the Distributive Justice Scale (DJS), and the Legitimacy Scale (LS).

El presente proyecto de innovacion busca apoyar al sistema de administración de justicia penal frente al delito de lavado de activos, en el marco del Código Procesal Penal del 2004. Consideramos que las principales causas que impiden contar con un efectivo sistema de administración de justicia en la investigación del delito de lavado de activos está en: i) la deficiente investigación preliminar del delito de lavado de activos; ii) la falta de unidad de criterio por parte de los operadores encargados de la investigación del delito; iii) la reducida capacitación y especialización de los funcionarios encargados de la investigación y procesamiento del delito; iv) la deficiente coordinación y articulación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú en la investigación del delito y; por último v) la diversidad geográfica e informalidad en la economía nacional. Este proyecto se encuadra dentro de la investigación aplicada, ya que busca la generación de conocimiento por aplicación directa al problema de la investigación preliminar del delito de lavados de activos en el Perú. Se basa principalmente en enlazar la teoria, la jurisprudencia vinculante y el derecho en la investigación preliminar, de acuerdo al Código Procesal Penal del 2004. El problema para mejorar el combate contra este flagelo delictivo se reformuló y se estableció el desafio de innovación ¿Cómo podemos lograr que se mejore el deficiente sistema de justicia penal frente al delito de lavado de activos, en el marco del Código Procesal Penal del 2004, en el periodo del 2014 a junio del 2018?. Luego de un minucioso análisis y consulta de expertos, se eligió la solución, que denominaremos “Equipo Multidisciplinario de Investigación (EMI) para enfrentar el deficiente sistema de justicia penal frente al delito de lavado de activos, en el marco del código procesal penal del 2004, en el periodo del 2014 a junio del 2018, en el Perú. El presente proyecto de implementación es especifico, medible, alcanzable, realizable, relevante y temporizable (SMART). Significándose que el presente proyecto de implementación generará valor público al ciudadano y al sistema de administración de justicia penal. / This innovation project seeks to support the criminal justice administration system against the crime of money laundering, within the framework of the 2004 Criminal Procedure Code. We consider that the main causes that prevent an effective system of administration of justice in the investigation of the crime of money laundering is in: i) the deficient preliminary investigation of the crime of money laundering; ii) the lack of unity of judgment on the part of the operators in charge of investigating the crime; iii) the limited training and specialization of the officials in charge of investigating and prosecuting crimes; iv) the deficient coordination and articulation between the Public Ministry and the National Police of Peru in the investigation of the crime and; finally v) geographic diversity and informality in the national economy. This project is part of applied research, since it seeks to generate knowledge by direct application to the problem of preliminary investigation of the crime of money laundering in Peru. It is mainly based on linking theory, binding jurisprudence and law in the preliminary investigation, according to the 2004 Code of Criminal Procedure. The problem to improve the fight against this criminal scourge was reformulated and the innovation challenge was established. How can we achieve that the deficient criminal justice system is improved against the crime of money laundering, within the framework of the 2004 Criminal Procedure Code, in the period from 2014 to June 2018? After a meticulous analysis and expert consultation, the solution was chosen, which we will call “Multidisciplinary Investigation Team (EMI) to confront the deficient criminal justice system against the crime of money laundering, within the framework of the 2004 criminal procedure code., in the period from 2014 to June 2018, in Peru. This implementation project is specific, measurable, achievable, achievable, relevant and timed (SMART). Meaning that this implementation project will generate public value to the citizen and to the criminal justice administration system.

Con el presente proyecto proponemos una alternativa de mejoramiento en el sistema de justicia en materia administrativa disciplinaria, teniendo en cuenta que, existe una brecha preocupante, que se materializada en la inacción de la última instancia administrativa disciplinaria, el Tribunal de Disciplina Policial con la tardía resolución de expedientes sometidos a su competencia, lo que conlleva a la declaratoria desmedida de caducidad y prescripción. Cuando este debería ser el más idóneo y eficaz por ser la máxima instancia como hemos referido. En el trascurso del estudio, hemos advertido que existe un evidente descontrol por parte del Tribunal de Disciplina Policial respecto a los plazos, así como de la eficiencia y eficacia en la resolución de los casos, muchas veces evidenciado por un aparente exceso y extralimitación de su autonomía tanto funcional como administrativa, que conlleva a que no se ejerza control ni cuestionamiento a la gestión, por ende a sus resultados, lo que menoscaba no sólo el esfuerzo de los entes inferiores, como la Inspectoría General y todos sus órganos, sino también, de todos los efectivos policiales, que perciben negativamente la justicia administrativa disciplinaria; además los resultados podrían ser perjudiciales para la propia ciudadanía ya que esta ineficacia, puede reflejarse, por una parte, al mantener dentro del seno institucional, a efectivos policiales trasgresores de nuestras normas, y por otra parte, afectando los derechos fundamentales de aquellos que esperan justicia, al no haberse determinado plenamente su responsabilidad. Frente a esto se propone un modelo innovador de control, mediante la ampliación de funciones de la Oficina General de Integridad Institucional, a efectos que ejerza control sobre la gestión administrativa del Tribunal de Disciplina Policial, específicamente, sobre el avance y resolución de los expedientes administrativos disciplinarios sometidos a competencia. Precisándose que ambos órganos dependen orgánicamente del Ministro del Interior, y que las funciones de control y supervisión sobre los diversos órganos que conforman ese sector, está ya precisada y normada legalmente a favor de la Oficina General de Integridad Institucional, no existiendo al respecto, disposiciones legales que colisionen o se trasgredan. Además, no se requiere la dación o emisión de normas complejas, siendo únicamente, la vía que consolide una Resolución Ministerial que amplíe las funciones que el caso amerita. Concluimos en que de ejecutarse nuestra propuesta, se reducirá considerablemente la carga procesal administrativa, y se resolverán el mayor número de expedientes dentro de los plazos de ley. Estas acciones de control mejorarán la gestión del Tribunal de Disciplina Policial, así como de su propio personal, a quienes se les comprometerá a ejercen su función a cabalidad, transparencia y sobre todo en el control de resultados, lo que tendrá un impacto positivo en el personal de la PNP y la sociedad en general.