El presente trabajo de investigación propone analizar la actuación de los tribunales internos de los Estados de la región frente al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa línea, se identifican y estudian los pronunciamientos de los tribunales nacionales que han limitado directa o indirectamente la ejecución de las sentencias del tribunal supranacional, con especial atención en el caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina, en el que el tribunal interno de mayor jerarquía del Estado argentino emitió un pronunciamiento renuente con relación al cumplimiento de una de las medidas de reparación ordenadas por el tribunal supranacional. El desarrollo de la investigación se sustenta en la teoría de la obligación de reparar antes que en el principio de la primacía del derecho internacional sobre el derecho nacional, sin que esto signifique desconocer la validez y vigencia del mencionado principio. Finalmente, se concluye que no todos los tribunales internos de la región han internalizado las obligaciones que se desprenden de las normas y principios del Sistema Interamericano, como la obligación de reparar y la de cumplir con las decisiones del tribunal supranacional; asimismo, se concluye que un Estado no puede invocar la decisión de un tribunal interno, independientemente de su jerarquía, para incumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta investigación estudia el proceso en el que las organizaciones de víctimas del conflicto armado interno inician un proceso de transformación de la capacidad de agencia, evolucionando en su actuar hasta tener incidencia en la actoría política. La intención del estudio parte en comprender las relaciones políticas de estas organizaciones que buscan ocupar un espacio la sociedad, con la finalidad de acceder al poder para la toma de decisiones respecto de sus propias demandas en el Estado. El estudio analiza a la ANFASEP, ANFADET y CONAVIP, entre el 2000 y 2019 a través de sus trayectorias y la formación de capitales. La investigación, recurre a la revisión de literatura y documentos que registran datos claves entre ese periodo. Se realizaron entrevistas a actores claves de cada una de las organizaciones, así como actores vinculantes al proceso. El trabajo realiza un aporte al mostrar la evolución de la capacidad de agencia de las organizaciones, a través de la formación del liderazgo de sus líderes para insertarse en la representación política sin perder la condición de víctima con la que se representan, proceso que se explica a través de factores políticos, factores institucionales y factores internacionales.

Este trabajo de investigación se centrará en el estudio de uno de los tipos de injusticia epistémica, la injusticia testimonial, a partir del marco teórico del enfoque de Desarrollo Humano. En específico, se analizará la influencia de este tipo de injusticia en la capacidad de control sobre el propio entorno político y la capacidad de contribución epistémica de los individuos que pertenecen a grupos socialmente vulnerables, dentro del contexto de los espacios de deliberación pública. En primer lugar, la investigación se enfoca en el estudio del marco teórico y conceptual del enfoque de capacidades para luego poder ahondar en su vínculo con la injusticia testimonial. Dado que genera un tipo de privación en la capacidad de contribución epistémica, la injusticia testimonial será estudiada específicamente en relación a su influencia dentro de los espacios de deliberación pública.

El presente informe parte de una motivación personal del autor y de la falta de desarrollo de los alcances de la jurisdicción comunal en el Perú, por ejemplo, sobre su contenido, sus límites y las tensiones frente a los derechos fundamentales. La premisa inicial del trabajo consiste en que las rondas campesinas pueden ejercer facultades jurisdiccionales; sin embargo, dicha competencia está acotada a determinados hechos punibles, por ejemplo, no comprende conocer casos sobre homicidios o que requieran técnicas especiales de investigación. Además, el tratamiento que se le debe brindar al rondero o rondera en sede penal debe orientarse en función a la diversidad cultural y étnica de éste. El delito de secuestro, así como el de lesiones y tortura, y su vinculación a la actuación de las rondas campesinas han sido constantes en los últimos años. Por ello se requiere de un análisis que establezca límites precisos y claros de la actuación de integrantes de rondas campesinas al momento de sus intervenciones. En el desarrollo del presente informe se han abordado principalmente temas de Derecho Penal, Derecho Constitucional, Teoría General del Derecho y Sociología del Derecho. Asimismo, se ha buscado y trabajado fundamentalmente con base a pronunciamientos judiciales nacionales e internacionales sobre la materia, por ejemplo, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la Corte IDH. Además, se ha tenido como referente la normativa local e internacional vinculada a los temas abordados en el informe, que han sido objeto de análisis. En el presente trabajo también se analizó el sentido de la sentencia, el pronunciamiento sobre los delitos imputados, las pruebas de cargo y de descargo, así como los aspectos procesales más relevantes

En el esfuerzo por lograr alcanzar los estándares mínimos e indispensables propios de un modelo de protección integral, nuestro país incorporó el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes en el ordenamiento jurídico, que recién entró en vigor en marzo de 2018 con la aprobación de su reglamento. Iba a empezar a implementarse en mayo de 2020, pero no se pudo a causa de la pandemia del Covid-19. Al seguir siendo sumamente novedoso, aún no existe literatura peruana especializada referida al análisis de la concordancia a nivel teóriconormativo y práctico de los fines de la pena juvenil y el catálogo de penas juveniles incorporado, en lo que respecta a la fase de determinación y ejecución de estas. Precisamente ello es lo que busca cambiar esta tesis y abrir la discusión en la academia. Se parte de la premisa que el fin de la pena juvenil es predominantemente preventivo especial positivo, con lo cual (i) los criterios de determinación de la pena y (ii) cómo se ejecuta la pena impuesta, deben ser necesariamente acordes a dicha prevención especial positiva para ser legítimos. A pesar del gran avance que supone la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, queda un arduo trabajo por efectuar, pues pese a que a nivel teórico-normativo la concordancia con el fin de la pena juvenil es significativa, a nivel práctico la brecha es sumamente amplia.

Con el presente proyecto proponemos una alternativa de mejoramiento en el sistema de justicia en materia administrativa disciplinaria, teniendo en cuenta que, existe una brecha preocupante, que se materializada en la inacción de la última instancia administrativa disciplinaria, el Tribunal de Disciplina Policial con la tardía resolución de expedientes sometidos a su competencia, lo que conlleva a la declaratoria desmedida de caducidad y prescripción. Cuando este debería ser el más idóneo y eficaz por ser la máxima instancia como hemos referido. En el trascurso del estudio, hemos advertido que existe un evidente descontrol por parte del Tribunal de Disciplina Policial respecto a los plazos, así como de la eficiencia y eficacia en la resolución de los casos, muchas veces evidenciado por un aparente exceso y extralimitación de su autonomía tanto funcional como administrativa, que conlleva a que no se ejerza control ni cuestionamiento a la gestión, por ende a sus resultados, lo que menoscaba no sólo el esfuerzo de los entes inferiores, como la Inspectoría General y todos sus órganos, sino también, de todos los efectivos policiales, que perciben negativamente la justicia administrativa disciplinaria; además los resultados podrían ser perjudiciales para la propia ciudadanía ya que esta ineficacia, puede reflejarse, por una parte, al mantener dentro del seno institucional, a efectivos policiales trasgresores de nuestras normas, y por otra parte, afectando los derechos fundamentales de aquellos que esperan justicia, al no haberse determinado plenamente su responsabilidad. Frente a esto se propone un modelo innovador de control, mediante la ampliación de funciones de la Oficina General de Integridad Institucional, a efectos que ejerza control sobre la gestión administrativa del Tribunal de Disciplina Policial, específicamente, sobre el avance y resolución de los expedientes administrativos disciplinarios sometidos a competencia. Precisándose que ambos órganos dependen orgánicamente del Ministro del Interior, y que las funciones de control y supervisión sobre los diversos órganos que conforman ese sector, está ya precisada y normada legalmente a favor de la Oficina General de Integridad Institucional, no existiendo al respecto, disposiciones legales que colisionen o se trasgredan. Además, no se requiere la dación o emisión de normas complejas, siendo únicamente, la vía que consolide una Resolución Ministerial que amplíe las funciones que el caso amerita. Concluimos en que de ejecutarse nuestra propuesta, se reducirá considerablemente la carga procesal administrativa, y se resolverán el mayor número de expedientes dentro de los plazos de ley. Estas acciones de control mejorarán la gestión del Tribunal de Disciplina Policial, así como de su propio personal, a quienes se les comprometerá a ejercen su función a cabalidad, transparencia y sobre todo en el control de resultados, lo que tendrá un impacto positivo en el personal de la PNP y la sociedad en general.

En la Dirección de Criminalística de la PNP actualmente existe un ineficiente sistema de distribución de los informes periciales hacia las Unidades Policiales y Autoridades competentes, un análisis estadístico entre enero del 2016 y junio del 2017 dan cuenta de un significativo número de informes periciales retrasados en su distribución; la pericia - documento de importancia en el sistema procesal penal - una vez formulado por el perito o especialista no llega de manera oportuna al Usuario, y este problema repercute en la correcta administración de justicia, por un lado retrasa indebidamente una investigación policial o fiscal y por el otro afecta al ciudadano, pues este – usuario de los servicios de justicia del Estado – muchas resulta siendo doblemente víctima, del ilícito y de la impunidad. Hoy en día el avance de la tecnología permite a las organizaciones mejorar y optimizar procesos, una de ellas es el uso del internet y los medios digitales, por ello el proyecto Sistema Digital de Pericias Criminalísticas, busca que los informes periciales sean “subidos” a una plataforma digital virtual que se diseñara por el instituto, de modo que el Usuario debidamente autorizado, accediendo al sistema “baje” inmediatamente el informe pericial para su uso. El diseño y la implementación del SISDIPEC de acuerdo al estudio realizado no demandará mayor gasto a la PNP, la adquisición de equipos podrán ser asumidos con los recursos propios y el empleo de personal especializado que labora en la PNP. El sistema puesto a funcionamiento, solucionará un problema álgido y le dará valor público al trabajo pericial de la institución / Trabajo de investigación

Los altos tribunales como parte de su política jurisdiccional, emplean mecanismos normativos, jurisprudenciales y administrativos a fin de gestionar de manera adecuada su carga procesal y elevar su productividad. Sin embargo, dichas medidas no pueden establecerse en menoscabo del cumplimiento de sus funciones, más aun cuando dicha función es la de tutelar en última instancia derechos fundamentales. Por lo que cobra especial relevancia el análisis del impacto del precedente Vásquez Romero en la producción jurisdiccional y la fundabilidad de sus resoluciones al ser un aspecto no explorado por las investigaciones precedentes, las cuales se han remitido a un análisis dogmático y normativo del mismo. En el trascurso de la presente investigación hemos llegado a la conclusión que el precedente Vásquez Romero, es formal y materialmente inconstitucional al violar los parámetros propios del principio de autonomía procesal, y jerarquía normativa; mientras que como mecanismo de descarga procesal, se ha determinado que no ha cumplido con incrementar significativamente el índice neto de productividad del Tribunal Constitucional, reduciéndose hasta en un tercio el porcentaje promedio de sentencias fundadas emitidas antes de su vigencia. / The high courts, as part of their jurisdictional policy, use normative, jurisprudential and administrative mechanisms in order to adequately manage their procedural burden and raise their productivity. However, these measures can not be established to the detriment of the fulfillment of their functions, especially when this function is to ultimately protect fundamental rights. Therefore, the analysis of the impact of the previous Vásquez Romero on jurisdictional production and the foundability of its resolutions is relevant because it is an aspect not explored by previous investigations, which have been referred to a dogmatic and normative analysis of it. In the course of this investigation we have come to the conclusion that the precedent Vásquez Romero, is formally and materially unconstitutional by violating the parameters of the principle of procedural autonomy, and normative hierarchy; while as a procedural unloading mechanism, it has been determined that it has not complied with significantly increasing the net productivity rate of the Constitutional Court, reducing the average percentage of well-founded judgments issued before its validity by up to one third.

El presente trabajo de investigación cuyo título es “Análisis de la calidad de las resoluciones judiciales en primera y segunda instancia en el delito de peculado en la Corte Superior de Justicia de Cusco 2017-2019”, tiene como objetivo general: Analizar la calidad de las resoluciones judiciales en primera y segunda instancia en el delito de peculado en la Corte Superior de Justicia de Cusco 2017-2019. El método utilizado corresponde al enfoque cualitativo, porque se pretende efectuar el análisis jurisprudencial y doctrinario, esta evaluación se efectuará sobre las sentencias emitidas por los magistrados cuyos despachos tuvieron como competencia para administrar justicia en materia de corrupción de funcionarios, específicamente en el delito de peculado. Por la naturaleza de la investigación a realizar, necesariamente abordará una metodología documentaria y jurídica casual. De lo dicho, podemos colegir que se usó el método descriptivo-explicativo, la cual nos permitirá explicar a base de criterios, la capacidad argumentativa, y también las falencias en la redacción de las resoluciones emitidas en relación al delito de peculado. Todo ello nos permite concluir que la calidad, entendida esta desde el punto de vista de, los criterios formales o las precondiciones para una buena argumentación y los criterios sustanciales o aspectos de la teoría de la argumentación, de las resoluciones judiciales en primera y segunda instancia en el delito de peculado en la Corte Superior de Justicia de Cusco 2017-2019, es aceptable. / The present research work, whose title is “Analysis of the quality of judicial resolutions in the first and second instance in the crime of embezzlement in the Superior Court of Justice of Cusco 2017-2019”, has as its general objective: Analyze the quality of the judicial resolutions in the first and second instance in the crime of embezzlement in the Superior Court of Justice of Cusco 2017-2019. The method used corresponds to the qualitative approach, because the aim is to carry out the jurisprudential and doctrinal analysis. This evaluation will be carried out on the sentences issued by the magistrates whose offices were responsible for administering justice in matters of corruption of officials, specifically in the crime of embezzlement. Due to the nature of the research to be carried out, it will necessarily address a casual documentary and legal methodology. From what has been said, we can deduce that the descriptive-explanatory method was used, which will allow us to explain, based on criteria, the argumentative capacity, and also the shortcomings in the drafting of the resolutions issued in relation to the crime of embezzlement. All of this allows us to conclude that the quality, understood from the point of view of the formal criteria or preconditions for good argumentation and the substantial criteria or aspects of the theory of argumentation, of judicial resolutions in the first and second instance in the crime of embezzlement in the Superior Court of Justice of Cusco 2017-2019, is acceptable.

Hay un hacha dentro de todas las personas. Tal y como la dignidad es aquello que, desde el centro, irradia sentido a la defensa de los derechos de todos y todas, lo es también el hacha, porque esa capacidad para la violencia indica un rasgo inherente del ser humano. En demasiadas ocasiones, tal capacidad encuentra su concreción en la destrucción del otro. Al ser humano también se le puede comprender a través del hacha. En otras palabras, es posible entender al ser humano a través del uso que hace de su violencia. Esta vía de comprensión abre la posibilidad de incorporar a la reflexión esa dimensión del ser humano que transgrede al otro. Pero ¿por qué es pertinente esa incorporación? La historia peruana reciente ha sido marcada por un hecho traumático: el baño de sangre que sufrimos durante la sublevación del proyecto sanguinario de Sendero Luminoso. A partir de ello, se hace evidente que tales abusos -asesinatos, masacres, arrasamiento de comunidades, violencia sexual contra mujeres y niñas, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, reclutamiento forzado de menores de edad, secuestros- constitiuyen crímenes de lesa humanidad y no únicamente actos de terrorismo que fueron provocados y ejecutados sostenidamente por Abimael Guzmán. Ellos aún influyen en la experiencia de la actualidad. De esa manera, el tema de esta tesis es el siguiente: cómo la desmitificación de Abimael Guzmán funciona como mecanismo de Reparación Simbólica, en tanto alumbra la verdadera dimensión del victimario. La intención es atravesar el mito del híbrido para recoger componentes de veracidad, y así coadyuvar a un duelo que reconozca la verdadera dimensión del perpetrador. Este movimiento impide dejar en el olvido la realidad común del victimario.