La expulsión de extranjeros en situación irregular es un tema de indudable interés y actualidad para todos los países de Europa ya que, como señala la Comisión Europea, la expulsión de extranjeros es parte esencial de los esfuerzos globales llevados a cabo por la UE para afrontar la crisis migratoria y, en particular, para disminuir la inmigración irregular. En el Derecho Internacional clásico, el derecho de un Estado a expulsar de forma discrecional a los extranjeros en su territorio se consideraba un atributo de la soberanía del Estado, por lo que el ejercicio de tal derecho no suponía en ningún caso incurrir en responsabilidad internacional. Esta tesis doctoral demuestra que en el DI contemporáneo la soberanía estatal en el ámbito de la expulsión de extranjeros se ha erosionado en buena medida, fundamentalmente por el desarrollo que se ha producido desde dos sectores normativos. Por un lado, un ámbito normativo más concreto como es el DI de los Refugiados y, por otro lado, uno más general como es el DIDH. La expulsión de extranjeros es un tema que ha sido tratado indirectamente desde diversas perspectivas por convenciones y acuerdos de carácter regional y bilateral. Sin embargo, no existe un instrumento internacional que regule con vocación universal esta cuestión. En 2014, tras más de una década de trabajos, la Comisión de Derecho Internacional aprueba un Proyecto de treinta y un artículos sobre expulsión de extranjeros y sus comentarios. En este sentido, el presente trabajo de investigación se centra en el análisis de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a los principales temas que afectan a la expulsión de extranjeros en el Derecho Internacional contemporáneo. A lo largo de los capítulos de esta investigación, se estudian los siguientes ámbitos que sirven de límite a la expulsión de extranjeros por parte de los Estados. En concreto, el Capítulo I tiene como misión abordar un límite a la soberanía del Estado en materia de expulsión como es el Derecho Internacional de los Refugiados. El Capítulo II está dedicado al análisis de la efectiva aplicación y vigencia del derecho a la vida. El Capítulo III estudia la efectiva aplicación del derecho a no sufrir tortura, penas o tratos inhumanos o degradantes. El Capítulo IV está dedicado al análisis de la jurisprudencia acerca de la prohibición de las expulsiones colectivas. El Capítulo V estudia el respeto a la vida privada y familiar del extranjero. El Capítulo VI se ocupa del derecho a la libertad y a la seguridad del extranjero objeto de expulsión. El Capítulo VII está dedicado a los derechos o garantías procesales que deben acompañar al procedimiento de expulsión. El estudio de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo en estas materias permite comprobar que las propuestas de la Comisión de Derecho Internacional son confirmadas en el Derecho Internacional en vigor en el ámbito regional europeo, según es interpretado por estos dos tribunales. Asimismo, permite concluir que la jurisprudencia de estos dos tribunales internacionales de ámbito europeo es de corte más proteccionista con los derechos de los extranjeros, en comparación con las propuestas de la Comisión de Derecho Internacional. Además, permite valorar las sinergias que se desarrollan entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la hora de aplicar la normativa internacional que regula la expulsión de extranjeros. Desde esta perspectiva, se demuestra que, hasta la fecha, no se ha suscitado riesgo de fragmentación entre la jurisprudencia de estos dos órganos judiciales en materia de expulsión de extranjeros. De momento, la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos no debería plantear ningún problema desde el punto de vista de la actuación judicial de estos dos tribunales en relación a la expulsión de extranjeros.

Este informe analiza el razonamiento jurídico del Tribunal Constitucional al evaluar si la actuación de la justicia ordinaria, en el marco de un proceso penal seguido contra autoridades de las rondas campesinas de Cusco por la comisión del delito de coacción, vulneró la autonomía de la jurisdicción especial indígena. La sentencia N° 154/2021, que resuelve declarar infundada la demanda de amparo que dio origen al expediente 03158-2018-PA/TC, aborda, desde una mirada compleja de la diversidad cultural y el pluralismo jurídico, el relacionamiento entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial reconocida en el artículo 149 de la Constitución Política de 1993 a las autoridades de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas. Para ello, parte de una propuesta teórica que plantea un abordaje desde lo que denomina el “constitucionalismo intercultural” como una opción ética y jurídica para la actuación jurisdiccional en un contexto cultural y jurídicamente diverso. En ese sentido, este informe realiza un examen de la actuación de la justicia ordinaria en el caso en cuestión, desde los estándares de justicia intercultural establecidos por la propia jurisprudencia del tribunal, así como por otros órganos jurisdiccionales e instituciones del sistema de justicia que han desarrollado importantes avances en dicha materia. Para ello, luego de establecer un breve marco teórico referido a la interculturalidad, el pluralismo jurídico y el reconocimiento de la jurisdicción especial indígena, se analizan los más relevantes principios y parámetros jurídicos que deben guiar el relacionamiento interjurisdiccional; se examina la actuación del Poder Judicial a partir de dichas reglas y, finalmente, se problematiza el razonamiento del Tribunal Constitucional en el caso en cuestión, en el marco de sus propios estándares de justicia intercultural.

El presente trabajo de Investigación Intitulada “Incumplimiento de las Reglas de Conducta en los Mecanismos de Pre Libertad: Semi Libertad y Liberación Condicional y los Efectos de su Revocatoria” ha contado con la Asesoría del Dr. Magister Germán Small Arana. Esta Investigación no ha querido hacer un trabajo superficial respecto del problema, sino por el contrario, el estudio de Investigación llevado a cabo en el Poder Judicial y el Medio libre - INPE , ha pasado por hacer primero un estudio molecular del incumplimiento de las reglas de conducta de los liberados con la semi libertad y liberación condicional y como consecuencia de esto, arribar al estudio atómico de las terapias y psicoterapias científicas y su relevancia en el proceso progresivo de las conductas; en ese sentido por medio de ella se busca encontrar y proponer las alternativas de solución al problema de las Inconcurrencias de los liberados en el Medio libre, garantizar así la seguridad ciudadana y Consagrar el Principio Constitucional de la Resocialización. / Tesis

El presente trabajo tiene como objetivo conocer el proceso de formación del Poder Judicial en Brasil. La inquietud o problemática que se presenta es la necesidad de aclarar los hechos y la historia de esa institución analizando sus factores de causalidad y las consecuencias del origen y de la institucionalización del Poder Judicial de Brasil. Analiza la estructura del sistema judicial de Brasil: su origen y evolución. Los principales hitos históricos, su estructura y funcionamiento y las principales características son analizados, así como, el impacto del nuevo ordenamiento jurídico (La nueva Constitución de 1988) en el funcionamiento de los tribunales y sus repercusiones para el ciudadano. La cuestión de la autonomía y la independencia del Poder Judicial en Brasil. La crisis del Poder Judicial en Brasil y los conflictos y los intereses. El texto aborda la reforma del Poder Judicial en Brasil, sus estadísticas y la gestión pública en el Poder Judicial. El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y sus nuevas exigencias. Las perspectivas institucionales y la necesidad de nuevas reformas.

El presente artículo académico tiene como finalidad determinar la inconstitucionalidad de la consulta al momento de operar obligatoriamente sobre las resoluciones que versan sobre el ejercicio del control difuso. Para ello, es necesario analizar la figura jurídica de la consulta, la figura del control difuso, y la relación entre ambos. / The purpose of this academic article is to determine the unconstitutionality of the consultation at the time of mandatory operation on the resolutions that deal with the exercise of diffuse control. For this purpose, it is necessary to analyze the legal figure of the consultation, the figure of the diffuse control, and the relationship between both. / Trabajo académico

El objetivo del presente artículo es desarrollar el concepto y el rol de las “circunstancias relevantes”, como parte del método de delimitación marítima, en base a lo establecido en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar que han resuelto controversias sobre delimitación marítima. Ello, en virtud a que dicho concepto es producto, principalmente, del desarrollo jurisprudencial de los tribunales internacionales anteriormente mencionados, siendo la Corte Internacional de Justicia aquel tribunal que ha enriquecido y aplicado las “circunstancias relevantes” por un tiempo más prolongado. Cabe señalar que, esta situación, no niega ni desmerece la contribución que la jurisprudencia del Tribunal Internacional para el Derecho del Mar haya podido aportar. El estudio de las “circunstancias relevantes” es importante debido a que, como parte del método de delimitación marítima, permiten el establecimiento de límites marítimos acorde a los “principios equitativos” establecidos en la jurisprudencia sobre delimitación marítima. Jurisprudencia que varios estados de la región han contribuido a su desarrollo. Tras dicho análisis, se podrá observar como aquello que se considera “relevante” dependerá, principalmente, de las circunstancias específicas de cada caso y del desarrollo específico que cada tribunal internacional haya realizado sobre el concepto.

Este artículo tiene como objetivo analizar los límites del control judicial sobre los acuerdos arribados por las partes dentro de la conclusión anticipada, específicamente, en el supuesto en que el juez rechaza la pena consensuada para establecer una superior, para ello, en base a una metodología dogmática, se ha hecho una revisión de la doctrina, legislación y jurisprudencia vinculada con dicha institución procesal. En esa línea, este trabajo académico se divide en tres partes. En primer lugar, se analizará la figura de la conclusión anticipada para entender sus principales características dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que ahondaremos en su naturaleza jurídica, tipología, regulación y diferencias y similitudes que tengan con otras figuras procesales. En segundo lugar, se hace una revisión del control judicial que se ejercer sobre los acuerdos generados en este contexto, centrándonos en el control del quatum de la pena consensuada. Finalmente, a partir de la facultad que tiene el juez de imponer una pena superior a la acordada por las partes, se analiza los límites de dicha potestad que se vinculan con los principios de legalidad, de proporcionalidad, acusatorio y de congruencia. Esto con el fin de que el juez no emplea dicha facultad de forma arbitraria. / The purpose of this article is to analyze the limits of judicial control over the agreements reached by the parties within the plea barganing, specifically, in the case in which the judge rejects the agreed penalty in order to establish a higher one. To this end, based on a dogmatic method law, a review of the doctrine, legislation and jurisprudence related to this procedural institution. In this line, this academic work is divided into three parts. First, the figure of the plea barganing will be analyzed in order to understand its main characteristics within our legal system, so we will delve into its legal nature, typology, regulation and differences and similarities with other procedural figures. Secondly, we analyze the judicial control that is exercised over the agreements generated in this context, focusing on the control of the quatum of the consensual sentence. Finally, based on the power of the judge to impose a sentence higher than that agreed by the parties, the limits of this power are analyzed, which are linked to the principles of legality, proportionality, accusatory and congruence. The object is to ensure that the judge does not use this power in an arbitrary manner.

El Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, en sus diversas sentencias e informes, respectivamente, han determinado que en el procedimiento de renovación de cuadros, se ha vulnerado, entre otros, los derechos al debido procedimiento y a la motivación de resoluciones administrativas de los oficiales de la Policía Nacional del Perú; sin embargo, actualmente se continúan emitiendo actos administrativos que denotan cómo las autoridades públicas terminan haciendo un ejercicio arbitrario de las facultades discrecionales otorgadas por ley, sin garantizar los referidos derechos. Como consecuencia de ello, en la actualidad todos aquellos oficiales que no se encuentran conforme con tal decisión acuden al Poder Judicial en búsqueda de tutela jurisdiccional efectiva, logrando su reincorporación. En ese sentido el objetivo del presente trabajo académico es determinar de qué manera el principio de buena administración puede orientar el ejercicio de la facultad discrecional en el procedimiento administrativo de renovación de cuadros. Al respecto, Ponce afirma que, para cumplir con un debido procedimiento administrativo o deber de buena administración, las autoridades públicas durante la actividad procedimental deben de actuar de forma objetiva en función al deber de debida diligencia, de tal forma que reduzca los márgenes de arbitrariedad. Concluyendo que la aplicación del principio de buena administración, manifestado a través del principio de transparencia y del deber de debida diligencia o debido cuidado, como elemento núcleo, impone a la administración policial la obligación legal de actuar de manera imparcial y con la implementación de los criterios técnicos desarrollados permitirá establecer cuidadosamente los elementos de hecho y de derecho, garantizando una debida motivación de las resoluciones administrativas. De esta forma se cumple con orientar de manera positiva el ejercicio de la facultad discrecional en los procedimientos administrativos de renovación de cuadros

La violencia sexual es una de las formas más severas de violencia que existe. Cuando las víctimas son niñas, se debe advertir que esta violencia se cimenta por la situación en desventaja en la que ellas se encuentran con relación a sus agresores motivadas por el género y la edad. Ello reproduce situaciones de desigualdad y la vulneración sistemática de los derechos de las niñas. La protección de los derechos de las niñas en el Abya-Yala se encuentran resguardados en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y también en el derecho interno de los países. Sin embargo, las altas cifras de violación sexual ponen en evidencia que son precisamente las niñas, las principales víctimas de una forma estructural de violencia que impide un ejercicio y garantía efectiva de sus derechos. En este artículo se presentará una revisión de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, data estadística disponible y de dictámenes y comunicaciones de los instrumentos de tratados: el Comité sobre los Derechos de la Niñez, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Belém Do Pará, con el objeto de identificar las barreras en la atención a los casos de violación sexual hacia niñas y adolescentes en la América Latina y El Caribe / Abya Yala y poder trazar los deberes que tienen los Estados en la atención de estos casos desde un enfoque interseccional

La pandemia generada por el virus SARS-CoV2 y el aislamiento social, han generado un mayor reto en la administración de justicia, permitiendo que hoy, se hable con más fuerza, de una justicia digital caracterizada por el uso de las herramientas tecnológicas que permitan que los procesos judiciales no se vean interrumpidos. Es por ello que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ha emitido una serie de resoluciones administrativas que en buena cuenta buscan la continuación de los procesos judiciales a través del uso de las audiencias virtuales. Sin embargo, la realidad nos muestra que existe una serie de brechas tecnológicas que se presentan con mayor frecuencia en las zonas rurales y con mayor pobreza en nuestro país, lo cual puede generar ciertos márgenes indefensión en las partes que participan en el proceso judicial. Es por este motivo que el principal objeto de estudio será analizar la regulación pertinente respecto a las audiencias judiciales virtuales y las principales brechas tecnológicas que presentan los actores del proceso judicial durante el desarrollo de las audiencias virtuales. / The pandemic generated by the SARS-CoV2 virus and social isolation have generated a greater challenge in the administration of justice, allowing today, to speak with more force, of a digital justice characterized by the use of technological tools that after judicial processes are not interrupted. That is why the Executive Council of the Judiciary has issued a series of administrative resolutions that in good account seek the continuation of judicial processes through the use of virtual hearings. However, reality shows us that there is a series of technological gaps that occur more frequently in rural areas and with greater poverty in our country, which can generate a kind of defenselessness of the parties that participate in the judicial process. For this reason that the main object of study will analyze the relevant regulation regarding virtual court hearings and the main technological gaps that the actors of the judicial process present during the development of virtual hearings.