El principal problema que afecta a las mujeres es la persistencia de violencia hacia ellas. Debido a dicha situación es que el Estado a través de sus órganos u organismos toman las medidas necesarias para resolver dicho problema social. Y al ser el Poder Judicial un organismo estatal encargado de administrar justicia es que se hace necesario la implementación del enfoque de género a fin de que se garantice la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres en los procesos judiciales. Para ello, se creó con fecha 21 de julio de 2016 la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial con la finalidad de institucionalizar el enfoque de género en dicho Poder. A pesar de que existían otros órganos del Estado tales como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Educación que ya contaban con dicha instancia al igual que algunos países latinoamericanos, en el Poder Judicial no existía una instancia que se encargue de institucionalizar el enfoque de género. Por ello, con posterioridad se creó la Comisión de Justicia de Género de manera acelerada. ¿Cuál ha sido la dinámica del Poder Judicial para implementar como una nueva práctica de política pública la Comisión de Justicia de Género? Para realizar la investigación se usará el método cualitativo. Para ello se realizaron entrevistas a funcionarios del Poder Judicial, a expertos en el tema y a trabajadores de un órgano del Estado (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), también se revisaron textos, documentos internos, normativa internacional y normas que atañen al Poder Judicial los cuales han sido analizados. Los criterios que se han tenido en cuenta para elegir a las personas entrevistadas son: a) Que hayan ejercido el cargo del Presidente del Poder Judicial durante los periodos del 2015 al 2018, b) Que sean integrantes y personal de trabajo de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial; c) Que tengan conocimiento sobre la creación de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y experiencia en el tema de institucionalización del enfoque de género; d) Que hayan formado parte de los programas del eje estratégico “Acceso a la Justicia” antes de la creación de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial; e) Que hayan formado parte de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales en la Corte Superior de Justicia de Lima; y f) Que sean abogados defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También se ha utilizado el Protocolo de Consentimiento Informado en las entrevistas. Los principales hallazgos de la investigación ha sido que la creación de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial fue una decisión acelerada durante la convocatoria de la marcha “Ni Una Menos” en respuesta a la violencia contra las mujeres por no encontrar respuesta inmediata y justa en el Poder Judicial, y que su creación no fue parte de la estrategia institucional del Poder Judicial. Las conclusiones que tenemos es que la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial a pesar de haber sido su creación una decisión abrupta y crearse sin las herramientas necesarias como un espacio para trabajar, presupuesto e integrantes y personal necesario con el tiempo esas carencias fueron mejorando, por lo que incluso su permanencia ha generado reformas; sin embargo, también ha tenido dificultades lo cual ha limitado el objetivo de transversalizar el enfoque de género en las diferentes áreas de la administración de justicia.

Los altos tribunales como parte de su política jurisdiccional, emplean mecanismos normativos, jurisprudenciales y administrativos a fin de gestionar de manera adecuada su carga procesal y elevar su productividad. Sin embargo, dichas medidas no pueden establecerse en menoscabo del cumplimiento de sus funciones, más aun cuando dicha función es la de tutelar en última instancia derechos fundamentales. Por lo que cobra especial relevancia el análisis del impacto del precedente Vásquez Romero en la producción jurisdiccional y la fundabilidad de sus resoluciones al ser un aspecto no explorado por las investigaciones precedentes, las cuales se han remitido a un análisis dogmático y normativo del mismo. En el trascurso de la presente investigación hemos llegado a la conclusión que el precedente Vásquez Romero, es formal y materialmente inconstitucional al violar los parámetros propios del principio de autonomía procesal, y jerarquía normativa; mientras que como mecanismo de descarga procesal, se ha determinado que no ha cumplido con incrementar significativamente el índice neto de productividad del Tribunal Constitucional, reduciéndose hasta en un tercio el porcentaje promedio de sentencias fundadas emitidas antes de su vigencia. / The high courts, as part of their jurisdictional policy, use normative, jurisprudential and administrative mechanisms in order to adequately manage their procedural burden and raise their productivity. However, these measures can not be established to the detriment of the fulfillment of their functions, especially when this function is to ultimately protect fundamental rights. Therefore, the analysis of the impact of the previous Vásquez Romero on jurisdictional production and the foundability of its resolutions is relevant because it is an aspect not explored by previous investigations, which have been referred to a dogmatic and normative analysis of it. In the course of this investigation we have come to the conclusion that the precedent Vásquez Romero, is formally and materially unconstitutional by violating the parameters of the principle of procedural autonomy, and normative hierarchy; while as a procedural unloading mechanism, it has been determined that it has not complied with significantly increasing the net productivity rate of the Constitutional Court, reducing the average percentage of well-founded judgments issued before its validity by up to one third.

El presente trabajo procura mostrar como se han desarrollado diversos conflictos medioambientales en tres regiones del país y cuál ha sido la labor de los operadores jurisdiccionales (Ministerio Público y Poder Judicial) en la protección de los derechos ambientales (y la persecución de los delitos ecológicos) en estas mismas regiones. Los conflictos ambientales son todos aquellos que están relacionados con la protección y defensa del medio ambiente. Este es definido por el TC como el mundo exterior que rodea a todos los seres vivientes y determina y condiciona su existencia. Es el ámbito en que se desarrolla la vida y en cuya creación no ha intervenido la acción humana (Sentencia del proceso de Inconstitucionalidad N° 0048-2004-PI/TC). La mayoría de conflictos ambientales en nuestro país han sido encauzados contra las empresas que están dedicadas a explotar recursos naturales (llamadas actividades extractivas). Estos conflictos revisten de complejidad y comprenden intereses muy diversos. La mayoría de las veces una de las partes suele ser una empresa privada y la otra una localidad, comunidad o un sector importante de la sociedad civil.

La pandemia generada por el virus SARS-CoV2 y el aislamiento social, han generado un mayor reto en la administración de justicia, permitiendo que hoy, se hable con más fuerza, de una justicia digital caracterizada por el uso de las herramientas tecnológicas que permitan que los procesos judiciales no se vean interrumpidos. Es por ello que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ha emitido una serie de resoluciones administrativas que en buena cuenta buscan la continuación de los procesos judiciales a través del uso de las audiencias virtuales. Sin embargo, la realidad nos muestra que existe una serie de brechas tecnológicas que se presentan con mayor frecuencia en las zonas rurales y con mayor pobreza en nuestro país, lo cual puede generar ciertos márgenes indefensión en las partes que participan en el proceso judicial. Es por este motivo que el principal objeto de estudio será analizar la regulación pertinente respecto a las audiencias judiciales virtuales y las principales brechas tecnológicas que presentan los actores del proceso judicial durante el desarrollo de las audiencias virtuales. / The pandemic generated by the SARS-CoV2 virus and social isolation have generated a greater challenge in the administration of justice, allowing today, to speak with more force, of a digital justice characterized by the use of technological tools that after judicial processes are not interrupted. That is why the Executive Council of the Judiciary has issued a series of administrative resolutions that in good account seek the continuation of judicial processes through the use of virtual hearings. However, reality shows us that there is a series of technological gaps that occur more frequently in rural areas and with greater poverty in our country, which can generate a kind of defenselessness of the parties that participate in the judicial process. For this reason that the main object of study will analyze the relevant regulation regarding virtual court hearings and the main technological gaps that the actors of the judicial process present during the development of virtual hearings.

El tema de la presente investigación surge al observar deficiencias en el acceso a la justicia que hay en el Perú para aquellas personas que no pueden acceder a un abogado y ser asesorados para resolver sus problemas legales. El acceso a una consulta legal particular no está al alcance de todos los ciudadanos, por lo que tendrá que buscar un centro de asesoría legal gratuita. El ciudadano tendrá que informarse en el Poder Judicial para encontrar asesoría jurídica gratuita ya sea supervisada por el Estado, o por aquellas que brindan las instituciones privadas.

El presente informe parte de una motivación personal del autor y de la falta de desarrollo de los alcances de la jurisdicción comunal en el Perú, por ejemplo, sobre su contenido, sus límites y las tensiones frente a los derechos fundamentales. La premisa inicial del trabajo consiste en que las rondas campesinas pueden ejercer facultades jurisdiccionales; sin embargo, dicha competencia está acotada a determinados hechos punibles, por ejemplo, no comprende conocer casos sobre homicidios o que requieran técnicas especiales de investigación. Además, el tratamiento que se le debe brindar al rondero o rondera en sede penal debe orientarse en función a la diversidad cultural y étnica de éste. El delito de secuestro, así como el de lesiones y tortura, y su vinculación a la actuación de las rondas campesinas han sido constantes en los últimos años. Por ello se requiere de un análisis que establezca límites precisos y claros de la actuación de integrantes de rondas campesinas al momento de sus intervenciones. En el desarrollo del presente informe se han abordado principalmente temas de Derecho Penal, Derecho Constitucional, Teoría General del Derecho y Sociología del Derecho. Asimismo, se ha buscado y trabajado fundamentalmente con base a pronunciamientos judiciales nacionales e internacionales sobre la materia, por ejemplo, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la Corte IDH. Además, se ha tenido como referente la normativa local e internacional vinculada a los temas abordados en el informe, que han sido objeto de análisis. En el presente trabajo también se analizó el sentido de la sentencia, el pronunciamiento sobre los delitos imputados, las pruebas de cargo y de descargo, así como los aspectos procesales más relevantes

En el Perú, toda persona que inicia un proceso judicial, debe tener presente que existen gastos que, directa o indirectamente, tendrá que internalizar; sin embargo, aparentemente, dicha afirmación colisiona con la presencia del principio de gratuidad del sistema de justicia que caracteriza nuestro sistema judicial. Debido a ello, consideramos necesario desarrollar ideas en torno a la gratuidad de la administración de justicia para establecer su constitucionalidad en nuestros procesos constitucionales y proponer ideas de ser necesario. / In Peru, any person who starts a judicial process must have in mind that there are expenses that, directly or indirectly, will have to internalize; however, apparently, said statement collides with the presence of the principle of gratuity of the justice system that characterizes our judicial system. Due to this, we consider it necessary to develop ideas about the free administration of justice to establish its constitutionality in our constitutional processes and propose ideas if necessary. / Trabajo académico

Los Jueces de Paz son ciudadanos no instruidos en el Derecho que son elegidos por su comunidad y administran justicia en zonas rurales promoviendo la conciliación y resolviendo ciertos casos menores. La Oficina Distrital de apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) fue creada en el año 2008, como parte del Plan Integral de Reforma del Sistema de Justicia, y tiene como objetivos fortalecer la Justicia de Paz, a través de capacitaciones e implementar logísticamente a los Juzgados de Paz. Esta tesis busca evaluar, desde el enfoque de la Gerencia Social, si la ODAJUP Cajamarca viene cumpliendo con sus objetivos durante el año 2016. Para ello se han analizado cuatro variables: primero, la cobertura y acceso que tiene los Jueces de Paz a los servicios que brinda la ODAJUP; segundo, la participación e involucramiento que tienen tanto los Jueces de Paz como la Gerencia de Corte con los servicios que brinda ODAJUP, tercero el grado de involucramiento de los actores con la Justicia de Paz; y finalmente, la percepción de los usuarios de los Jueces de Paz que han sido capacitados. La metodología que se empleó es de tipo cualitativo y cuenta con una muestra significativa de cuarenta y ocho Jueces de Paz de las provincias de Cajamarca, Hualgayoc, Celendín y Chota. De igual modo, se hicieron ocho entrevistas a Jueces Ordinarios de provincias que tienen a su cargo apoyar a los Jueces de Paz y al Gerente de la Corte Superior de Cajamarca. Esta información fue contratada con reportes y notas de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz durante todo el año 2016. Los resultados indican que las capacitaciones que brindó ODAJUP se dieron principalmente en las capitales de las provincias estudiadas; sin embargo, fue escasa en centros poblados. Las limitaciones del acceso a los servicios son distancia y costo de desplazamiento para asistir a las capacitaciones. En el mismo análisis, para el fortalecimiento de capacidades, el diseño curricular de las capacitaciones que hace ODAJUP no toma en cuenta las necesidades especiales de los jueces de cada provincia. Por otro lado, la dotación de bienes logísticos como computadoras o útiles de escritorio, a la fecha no cuenta con una partida 3 presupuestal para los mismos. Sin embargo, ODAJUP Cajamarca y los Juzgados Ordinarios de Chota y Hualgayoc les entregan materiales que les son destinado para sus funciones. La participación de los Jueces de Paz en los servicios que brinda ODAJUP varía según la provincia, una mayor participación e involucramiento se registra en las provincias de Hualgayoc, Chota y Cajamarca a razón de la entrega de materiales de oficina y el mayor apoyo que brindan los Jueces Ordinarios. Asimismo, el involucramiento de la Gerencia y Presidencia de Corte es limitado al no ser la Justicia de Paz una prioridad dentro de la gestión. En la misma línea, el involucramiento de los Jueces Ordinarios varía según la idea que deben desempeñar la Justicia de Paz, para algunos esta es un aliado del Poder Judicial en áreas rurales, mientras que para otros los Jueces de Paz son simples notificadores. Finalmente, la percepción que tienen los pobladores de la justicia de paz varía por provincia. Para las poblaciones de Cajamarca y Chota las capacitaciones que reciben los Jueces de Paz son beneficiosas por cuanto son mejor atendidos y no confunden los casos que si pueden revisar. Para Celendín y Hualgayoc, las capacitaciones son beneficiosas, pero si en caso sus asuntos no son resueltos, acuden a otros operadores de justicia como la policía o las rondas campesinas. En las cuatro provincias, existe una sensación generalizada de poco control sobre el actuar de los Jueces de Paz. Las recomendaciones que se propone son: primero, hacer alianzas estratégicas con los Jueces Ordinarios de las diferentes provincias a fin de tener más capacitaciones no solo en las capitales de provincia sino en distritos y centros poblados; segundo, elaborar un diseño curricular para las capacitaciones de acorde a las necesidades de los jueces de cada provincia, tercero, iniciar el ciclo de actividades con una partida presupuestada que permita la compra de bienes de oficina; cuarto, establecer un centro de atención para las quejas de la población, que permita a ODAJUP o a los Jueces Ordinarios asesorar a los Juzgados de Paz. / Tesis

La primera aproximación para entender a cabalidad la forma en que el Poder Judicial ejercía su función durante el periodo histórico materia del presente trabajo nos exige necesariamente un conocimiento de las normas que regulaban el funcionamiento de este poder del Estado, así como el de las cortes y juzgados que se encontraban dentro de su organización. Ello nos obliga a entender no sólo las normas legales vigentes al momento de la invasión chilena sino también los antecedentes de dichas normas tanto a nivel legal como constitucional. Este entendimiento resulta necesario para poder comprender la noción que se tenía en aquellos años respecto de lo que constituía el papel del Poder Judicial y su función. En ese sentido, debemos hacer un pequeño repaso a los textos constitucionales bajo cuyas vigencias se dictaron las principales normas que regulaban la actuación judicial durante la Guerra del Pacífico en general y la ocupación de Lima en particular. Ello nos remite a revisar los textos constitucionales que tuvieron vigencia en nuestro país desde la Constitución de 1839, bajo cuya vigencia se promulgaron las principales normas de jerarquía legal que regulaban la actuación judicial, hasta la Constitución Política de 1860, carta política vigente al inicio de la guerra, y el Estatuto Provisorio dictado por Nicolás de Piérola que fue el documento principal del ordenamiento peruano al momento de la ocupación. Entre los textos constitucionales destaca sobre todo el de 1860. No sólo por haber sido el que estuvo vigente en los momentos inmediatamente anteriores al periodo que nos ocupa sino también porque el marco político que creó fue el que tuvo una mayor duración a través de nuestra historia republicana. En efecto, este texto rigió hasta 1920 y durante esos sesenta años sólo conoció dos periodos en los cuales su vigencia fue “suspendida”.

Este artículo aborda los desafíos del principio de publicidad procesal en el contexto de las audiencias virtuales en el sistema judicial peruano. Se inicia con una revisión de la importancia del Estado de derecho y la evolución del concepto de publicidad procesal desde la perspectiva de las libertades civiles. Se examinan normativas nacionales e internacionales que respaldan este principio, haciendo especial hincapié en la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Penal. El análisis destaca la contradicción entre la normativa y la práctica judicial, donde la publicidad se ve limitada a las partes procesales y no al público en general. Se exploran casos relevantes en la jurisprudencia peruana que abordan este principio, enfatizando su reconocimiento a nivel nacional e internacional. La segunda parte del artículo se centra en los desafíos específicos de las audiencias virtuales, surgidas como respuesta a la pandemia de la Covid-19. Aunque se argumenta que la videoconferencia no es inconstitucional, se plantea la preocupación sobre el acceso público a estas audiencias a través de plataformas como Google Meet. Se discute la falta de acceso público y sus posibles implicaciones para el principio de publicidad procesal. Se concluye proponiendo soluciones, como la creación de canales de transmisión en vivo de las audiencias de cada juzgado. Estos canales permitirían el acceso público a través de los medios de información del Poder Judicial, asegurando la publicidad de las actuaciones judiciales. El artículo destaca la importancia de estas medidas para preservar la transparencia, confianza y control ciudadano en el sistema judicial peruano. Este estudio proporciona una reflexión exhaustiva sobre los retos actuales de la publicidad procesal en un contexto de audiencias virtuales, ofreciendo propuestas concretas para mejorar la situación y garantizar la integridad del sistema judicial en el Perú. / This article addresses the challenges of the principle of procedural publicity in the context of virtual hearings in the Peruvian judicial system. It begins with a review of the importance of the rule of law and the evolution of the concept of procedural publicity from the perspective of civil liberties. National and international regulations that support this principle are examined, with special emphasis on the Political Constitution of the State and the Criminal Procedure Code. The analysis highlights the contradiction between the regulations and judicial practice, where publicity is limited to the procedural parties and not to the general public. Relevant cases in Peruvian jurisprudence that address this principle are explored, emphasizing its recognition at the national and international level. The second part of the article focuses on the specific challenges of virtual hearings, which emerged in response to the Covid-19 pandemic. Although it is argued that video conferencing is not unconstitutional, concerns are raised about public access to these hearings through platforms such as Google Meet. The lack of public access and its possible implications for the principle of procedural publicity are discussed. It concludes by proposing solutions, such as the creation of live broadcast channels of the hearings of each court. These channels would allow public access through the information media of the Judiciary, ensuring publicity of judicial proceedings. The article highlights the importance of these measures to preserve transparency, trust and citizen control in the Peruvian judicial system. This study provides an exhaustive reflection on the current challenges of procedural publicity in a context of virtual hearings, offering concrete proposals to improve the situation and guarantee the integrity of the judicial system in Peru. / Trabajo académico