El tema de la presente investigación surge al observar deficiencias en el acceso a la justicia que hay en el Perú para aquellas personas que no pueden acceder a un abogado y ser asesorados para resolver sus problemas legales. El acceso a una consulta legal particular no está al alcance de todos los ciudadanos, por lo que tendrá que buscar un centro de asesoría legal gratuita. El ciudadano tendrá que informarse en el Poder Judicial para encontrar asesoría jurídica gratuita ya sea supervisada por el Estado, o por aquellas que brindan las instituciones privadas.

La ciudad de Cajamarca, capital de la región del mismo nombre, ha experimentado distintos cambios vinculados a la dinámica económica generada por la minería de gran escala desde 1993. Uno de ellos fue el incremento en las tasas de delitos denunciados ante las autoridades. Así, la experiencia urbana de los cajamarquinos se vio atravesada por un sentimiento de inseguridad en las calles. Ante esto, el Estado implementó en 2003 una estrategia de seguridad ciudadana que enfatizó la coordinación con la población a través de la conformación de juntas vecinales. Sin embargo, alrededor de distintos barrios y mercados de la ciudad habían surgido previamente organizaciones autogeneradas de vigilancia y sanción contra la delincuencia: las rondas urbanas. El nombre proviene del movimiento social campesino que emergió en la misma región durante los ochenta y ganó legitimidad por su efectividad para controlar el abigeato y contener a Sendero Luminoso. Esta investigación se pregunta por los principales motivos que llevaron a los cajamarquinos a formar rondas desde 2001, y por la relación que han adoptado éstas con el Estado. Se propone que la continuidad entre la ciudad de Cajamarca y su entorno rural, que trasciende las fronteras jurisdiccionales oficiales, contribuye a comprender la emergencia de una forma de organización social que prioriza la defensa de intereses colectivos sobre un ordenamiento legal anclado en el individuo. Se comprende, además, que las rondas urbanas, aunque critican la poca efectividad del Estado, reconocen su legitimidad, lo que puede sentar las bases para el diseño de políticas de seguridad mejor vinculadas al tejido social preexistente.

Desde la elaboración del Protocolo de Palermo (2000) se ha consolidado un movimiento global anti-trata que responde a las definiciones y contenidos de ese documento, con énfasis en la persecución penal del delito. En el centro de la persecución penal aparece “la víctima”, como fuente de información para incriminar las conductas delictivas. Esto se ha traducido en política criminal que, en el Perú, ha implicado una construcción jurídica y social de la víctima, muchas veces idealizada como una mujer explotada sexualmente, caracterizada por su inocencia, falta de agencia, vulnerable y que colabora con el sistema de justicia. Este estudio muestra una aproximación a este fenómeno a través del análisis exhaustivo de la literatura especializada y la exploración cualitativa a través de entrevistas a quince operadores del sistema de justicia y otros actores en Lima realizadas durante el 2016. Los resultados muestran: i) un discurso idealizado de la víctima ii) que contrasta con el reconocimiento de una amplia y compleja fenomenología del delito de trata de personas, donde las victimas que no siempre se identifican como tales, ejercen diversas formas de agencia, asumen comportamientos de riesgo, demandan y se resisten a colaborar durante el proceso penal. El análisis de datos da cuenta de un mecanismo de focalización penal concentrado en víctimas que cumplen las características de la figura ideal y se identifica la aplicación de mecanismos de distinción y discriminación que descuidan la protección de los derechos de las víctimas. / Tesis

Esta investigación se inscribe en torno a una problemática de inseguridad en la ciudad de Otuzco en la cual las rondas urbanas obtienen principal incidencia en participación. Por tanto, se centra en las rondas urbanas de Otuzco. Se plantea que el objeto de estudio para esta investigación será el proceso de legitimación de las rondas urbanas de Otuzco. Por tanto, se busca responder a la pregunta: ¿De qué manera las rondas urbanas se legitiman en un contexto de inseguridad ciudadana en la zona urbana en la ciudad de Otuzco – La libertad? El abordaje de esta investigación es de naturaleza mixta; es decir, de carácter cuantitativo y cualitativo con aplicación de encuestas y entrevistas semi estructuradas. Por ello, se determina el contexto de inseguridad de la ciudad de Otuzco. En segundo lugar, se determina la organización de las rondas urbanas de Otuzco para la prevención de delitos comunes y se determina la manera en que se organizan y qué elementos utilizan. En tercer lugar, se identifican las diferentes circunstancias en que las rondas urbanas de Otuzco se legitiman través de los diferentes elementos sustantivos y simbólicos. Además, se determina la manera en que las rondas urbanas de Otuzco resuelven contingencias de la vida cotidiana mediante la denominada “cadena ronderil. Se concluye entonces que el considerar insegura la ciudad de Otuzco y la ineficiencia de las autoridades genera un espacio latente de acceso a aquellos elementos que encuentran un vacío y lo más importante se genera a partir de la intervención de las rondas urbanas en este aspecto. Por otro lado, las rondas urbanas de Otuzco se enmarcan en las políticas de seguridad ciudadana compartiendo funciones en materia de colaboración y/o coordinación con el Estado. El Estado reconoce esta participación y favorece en algunos momentos la coordinación y la colaboración en los elementos de provisión de seguridad. En tanto, las rondas urbanas resuelven sus problemas a través del dialogo, la sanción y/o el castigo / Tesis

Esta tesis se resume a el accionar selectivo del sistema punitivo a las víctimas de Trata de Personas que resulta de los operativos de intervención y/o rescate en la ciudad de Lima. Los hallazgos son evidenciados a partir del análisis de las representaciones sociales de los operadores de justicia en la aplicación y uso de los protocolos de intervención. Se evidencia que las representaciones sociales creadas en los operadores de justicia son productos de una experiencia social. Tales representaciones tratan de responder a una víctima con complicaciones en las estructuras fiscalizadoras del delito a causa de una confusión de la tipificación legal desde el Protocolo de Palermo adoptado por el Perú sin una previa contextualización, a estereotipos culturales y socio – económicos, cómo también, a una deficiencia en los soportes y mecanismos institucionales de los diversos órganos del Estado que participan en la fiscalización del delito. Por lo tanto, las consecuencias negativas de estas representaciones son crear un determinado perfil de víctimas en el delito de Trata de Personas separando en dos grupos a las víctimas: “ideales” y “no ideales”, confusión en los operadores de justicia al momento de aplicar y/o usar los diferentes Protocolos, una victimización secundaria en las víctimas “no ideales” lo que produce una baja cultura de denuncia y desconfianza hacia las autoridades.

Los peritajes antropológicos o culturales constituyen actuaciones jurídicas importantes para el debido proceso de personas que tienen una cultura diferente a la cultura oficial y que se hallan involucradas en procesos judiciales. En este caso se trata de pueblos indígenas de la Amazonía. Es un trabajo especializado realizado por un experto que evalúa la pertenencia y prácticas culturales nativas de la persona imputada. Está amparada en el artículo 15 del Código Penal que establece eximir o atenuar la pena, si el hecho punible fue cometido por un error culturalmente condicionado. El presente informe profesional contiene cinco pericias realizadas como parte de las acciones promovidas por la Oficina Defensorial de Loreto de la Defensoría del Pueblo para superar la vulnerabilidad jurídica en que se hallan las poblaciones indígenas. Cuatro casos evaluados fueron delitos contra el cuerpo y la salud (violación de menor, uno de ellos con el agravante de incesto) y un caso de homicidio simple. En todos los casos se determinó la pertenencia a comunidades nativas (dos kukama, dos kichuas del Alto Napo y un kandozi) y el haber sido formados con las pautas culturales nativas correspondientes. Los dictámenes están redactados en forma de relatos, con un lenguaje asequible, orientados a ilustrar a los jueces sobre las pautas culturales que configuran el comportamiento de los nativos involucrados. En todos los casos las sentencias emitidas redujeron considerablemente las penas solicitadas por la Fiscalía para los delitos imputados (por ejemplo, de veinticinco años solicitado por el fiscal a cinco años), excepto en el caso de incesto. / Cultural or anthropological expertise constitute important legal actions for the due process of people who have a different culture from the official culture and who are involved in legal processes. In this case it has been from indigenous people of the Amazon territory. It is a specialized work carried out by an expert who evaluate the belonging and native cultural practices of the imputed person. It is protected in article 15 of the Penal Code that establishes exemption or mitigation of the penalty, if the punishable act was committed by a culturally conditioned error. This professional report contains five expertise carried out as part of the actions promoted by the Ombudsman's Loreto Office to overcome the legal vulnerability of indigenous populations. Four cases evaluated were crimes against the body and health (rape of a minor, one of them with the aggravation of incest) and one case of simple homicide. In all cases were determined the belonging to native communities (two kukama, two kichuas from the Alto Napo and one kandozi) and has been formed with the corresponding native cultural guidelines. The dictums are written in the form of stories, with accessible language, aimed at illustrating the judges on the cultural guidelines that guide the behavior of the natives involved. In all cases, the sentences issued considerably reduced the penalties requested by the prosecution for the crimes attributed (for example, from twenty-five years requested by the prosecutor to five years), except in the case of incest.

Esta investigación se inscribe en torno a una problemática de inseguridad en la ciudad de Otuzco en la cual las rondas urbanas obtienen principal incidencia en participación. Por tanto, se centra en las rondas urbanas de Otuzco. Se plantea que el objeto de estudio para esta investigación será el proceso de legitimación de las rondas urbanas de Otuzco. Por tanto, se busca responder a la pregunta: ¿De qué manera las rondas urbanas se legitiman en un contexto de inseguridad ciudadana en la zona urbana en la ciudad de Otuzco – La libertad? El abordaje de esta investigación es de naturaleza mixta; es decir, de carácter cuantitativo y cualitativo con aplicación de encuestas y entrevistas semi estructuradas. Por ello, se determina el contexto de inseguridad de la ciudad de Otuzco. En segundo lugar, se determina la organización de las rondas urbanas de Otuzco para la prevención de delitos comunes y se determina la manera en que se organizan y qué elementos utilizan. En tercer lugar, se identifican las diferentes circunstancias en que las rondas urbanas de Otuzco se legitiman través de los diferentes elementos sustantivos y simbólicos. Además, se determina la manera en que las rondas urbanas de Otuzco resuelven contingencias de la vida cotidiana mediante la denominada “cadena ronderil. Se concluye entonces que el considerar insegura la ciudad de Otuzco y la ineficiencia de las autoridades genera un espacio latente de acceso a aquellos elementos que encuentran un vacío y lo más importante se genera a partir de la intervención de las rondas urbanas en este aspecto. Por otro lado, las rondas urbanas de Otuzco se enmarcan en las políticas de seguridad ciudadana compartiendo funciones en materia de colaboración y/o coordinación con el Estado. El Estado reconoce esta participación y favorece en algunos momentos la coordinación y la colaboración en los elementos de provisión de seguridad. En tanto, las rondas urbanas resuelven sus problemas a través del dialogo, la sanción y/o el castigo

A través del presente trabajo, se busca hacer un análisis de una figura muy controversial en nuestro ordenamiento jurídico: el amparo contra resolución judicial. Es importante entender sus implicancias y la forma en que nuestro ordenamiento ha decidido regularla. Dentro de nuestro sistema de justicia, además de los ya conocidos problemas de ineficiencia y lentitud, tenemos que en muchas ocasiones los jueces vulneran los derechos fundamentales de las personas. Es por ello importante que, a través del amparo, se puedan corregir estas irregularidades para tener cada vez más un sistema rápido, eficiente, transparente y justo. El cual no vulnere los derechos fundamentales de las personas a través de sentencias injustas. De esta manera tendremos que realizar un análisis exhaustivo de si la figura cumple con el rol para el que fue creada, si de verdad se evita con ello el tener sentencias que causen un daño al momento de pretender impartir justicia. En conclusión, queremos demostrar la utilidad de una figura que muchas veces se suele atacar por ser utilizada como una instancia más de apelación por los abogados. Como una forma de evitar la cosa juzgada ordinaria.

¿Cómo resuelven los jueces? ¿Por qué eligen una interpretación en vez de otra? ¿Cuál es la razón por la que, al decir de los especialistas, prevalece la interpretación literal? Éstas son preguntas insondables. Para abordarlas, hemos recurrido a la vision unitaria que proporciona la filosofía, aplicándola a casos cualitativamente significativos. Analizamos la decision judicial en tanto opción favorecida en desmedro de otras, a la luz del utilitarismo benthamita. Entonces, emerge la presencia del juez como parte del proceso (en contraposición a la idealizada imagen neutral). Y si la normatividad no considera este fenómeno como elemento de política jurisdiccional, el ciudadano ve afectado su derecho material (aunque se cumplan los principios formales del proceso).

El tema de investigación surge a partir de las confrontaciones que existen entre el ordenamiento jurídico oficial con la justicia especial, como es la ronderil, especialmente dentro de un escenario en el cual ésta última se encuentra cada vez más presente al momento de administrar justicia, como ocurre en la ciudad de Cajamarca. Esta confrontación conlleva a que en algunos casos los ronderos sean juzgados por delitos graves por transgredir derechos fundamentales al momento de administrar justicia especial, pues muchas de sus sanciones son consideradas violatorias a la integridad de la persona y por ende a su dignidad. La interrogante nace sobre si este sistema de administración de justicia especial puede ser observado desde el punto de vista del derecho estatal, el cual mantiene matices centralistas que dificultan concebir una realidad jurídica totalmente diferente a la designada por la Constitución y a los Tratados Internacionales que proscriben los castigos corporales y la violación al debido proceso, sin embargo, reconoce la pluralidad cultural de nuestro país. Es por ello que la presente investigación consiste en establecer que, las Rondas Campesinas del Caserío Campo Alegre del Distrito de Namora, tienen una apreciación diferente al concepto de Dignidad que regula el artículo 1ro de la Constitución Política del Perú. Para ello se realizaron encuestas a 52 integrantes de la Ronda Campesina en el mes de febrero del año 2018, posteriormente entrevistas a sus dirigentes y un focus group en junio del 2019, obteniendo como conclusión que los campesinos del Caserío de Campo Alegre- Namora, no tienen una definición clara sobre lo que significa dignidad, sin embargo consideran que los azotes propinados y las formas de administración de justicia que imparten no son actos de humillación si no de escarmiento para lograr que la persona se reinserte a la comunidad, lo cual no constituye violaciones a los derechos humanos. Esta apreciación diferente se debe a que aplican castigos físicos como parte de su proceso de resocialización del infractor; sus usos y costumbres; y su sistema de justicia especial se basa en la ética del bien común y en criterios comunitaristas de derechos humanos