Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En las páginas que siguen nos avocaremos al tratamiento pormenorizado de estos dos principios constitucionales del Derecho Penal: el Principio de Legalidad y el Principio de Proporcionalita. El primero de ellos por ser la fuente básica de la cual emana todo el ordenamiento jurídico criminal, garantía de libertad para los individuos y componente básico de todo Estado de Derecho que merezca ser llamado de este modo. Y el principio de proporcionalidad por constituir uno de los ámbitos menos abordados por la doctrina, y estar compuesto por una variedad de otros subprincipios que en si, junto al principio de legalidad, sientan las bases de las limitaciones al poder punitivo del Estado.

Actividad formativa equivalente a tesis (magíster con mención en derecho penal) / El presente trabajo plantea un análisis a la garantía de legalidad en el sistema de ejecución penitenciario de Chile, bajo la observación del comportamiento que presentan los poderes públicos frente a los mandatos que el principio de legalidad contiene en el marco político de un Estado democrático de derecho. El estudio revisa las funciones del principio de legalidad y ahonda en su aplicación concreta en cuanto garantía ejecutiva, cuya finalidad es servir de cortapisa al poder estatal durante la fase de cumplimiento penal. Se analiza la garantía, como un sistema de restricciones y mandatos dirigidos a los operadores institucionales, que limitan sus atribuciones imponiéndoles la obligación de mantener un sistema de cumplimiento exento de arbitrariedad, que excede la sola constatación de existencia de una ley específica que regule el ámbito penitenciario. Para el análisis se han construido criterios de verificación, contra los cuales se contrasta la realidad observada, dando lugar a las conclusiones finales del estudio. Palabras clave: principio de legalidad / This dissertation presents an analysis of the guarantee of legality in the prison execution system of Chile, under the observation of the public powers and the principle of legality contained in the political framework of a democratic State of law. The study reviews the functions of the principle of legality and its specific application as an executive guarantee, whose purpose is to serve as a limitation to state power during the criminal compliance phase. This executive value is analyzed as a system of restrictions and mandates for institutional operators that limits their powers by imposing the obligation to maintain a compliance system exempted from arbitrariness, which exceeds the existence of a specific law that regulates the penitentiary setting. For this analysis we built some verification criteria that we confronted with reality, finalizing with the conclusions of the study.

El Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria del Perú (CONAR) analiza una selección de casos en los cuales se deben aplicar los principios éticos y legales fundamentales con el fin de respetar la comunicación comercial para el beneficio de los consumidores. Este libro, compuesto por cuatro capítulos, busca explicar, de manera sencilla y didáctica, los criterios y mejores prácticas para elaborar una publicidad comercial efectiva y eficaz. El objetivo es conocer y, para quienes trabajan en el ámbito de la publicidad, ejercer los principios fundamentales para promover la leal y libre competencia. Los casos que CONAR expone se complementan con la jurisprudencia de Indecopi A su vez, los casos están relacionados con el principio de veracidad (capítulo 1), el principio de leal competencia (capítulo 2), el principio de legalidad (capítulo 3) y el principio de decencia y adecuación social (capítulo 4).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene como objetivo el estudio del principio de legalidad en el Derecho Administrativo Sancionador. Para ello abarcaremos primeramente al Derecho Administrativo Sancionador y su naturaleza jurídica, nutrida por la rama administrativa y penal; el cual, al no poseer principios ni reglas propias debe recurrir a los principios del Derecho Penal para la aplicación de ius puniendi, o Derecho Punitivo del Estado, sin embargo, esta aplicación será en forma matizada. Dentro de este contexto nuestra hipótesis se centra en que una correcta aplicación del principio de legalidad en el Derecho Administrativo Sancionador debe considerar además cuatro aristas: legalidad en la determinación de la infracción, en la atribución de potestad al órgano sancionador, en la determinación de la sanción y finalmente en el procedimiento sancionador. En este sentido, este proyecto se justifica, pues que no existe en nuestro medio jurídico, un texto acabado que analice desde estas cuatro perspectivas el principio de legalidad en el Derecho Administrativo Sancionador.

The constitutional right to strike in Peru is developed by a very strict policy that determines the origin of the measure to a view of the administrative labor authority that may be issued in two instances. However, there are rules that allow understand the existence of the strike despite not having the decision of that authority as they prevent the employer to freely exercise its disciplinary powers to an improper or illegal paralysis. With regard to recent decisions of the labor inspection, this article analyzes this situation and seeks to present some solutions consistent with the essential content of this constitutional right. / El derecho constitucional a la huelga es desarrollado en el Perú mediante una normativa muy estricta que condiciona la procedencia de la medida a una opinión de la autoridad administrativa de trabajo que puede ser emitida en doble instancia. Sin embargo, existen normas que permitirían entender la existencia de la huelga a pesar de no contar con la aprobación de dicha autoridad dado que impiden al empleador poder ejercer con libertad su facultad disciplinaria ante una paralización improcedente o ilegal. A propósito de recientes decisiones de la inspección de trabajo, el presente artículo analiza esta situación y busca presentar algunas soluciones coherentes con el contenido esencial del derecho constitucional.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo analiza los vicios que pueden afectar al acto administrativo, atendido que por primera vez una ley de la República, la ley N° 19.880 de 2003, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, los menciona y regula expresamente. Aunque si bien está circunscrita al procedimiento administrativo, establece cómo debe ser el vicio para adquirir connotaciones de relevancia. Dicho trabajo tiene por objeto proponer una tipología de los vicios del acto administrativo en relación a los elementos que lo integran, de modo de no recurrir a la vinculación tradicional entre los vicios y la sanción a estos. Para ello se analizará de qué manera incide el principio de legalidad que rige a la Administración en la configuración de los vicios, particularmente, mediante el examen de los elementos del acto administrativo y de los atributos especiales que lo caracterizan, como también mediante el estudio de la forma en que se ha abordado la visión de los vicios del acto administrativo en el Derecho Comparado y en nuestro Derecho

En el presente trabajo se estudia si en los contratos públicos el principio de observancia de los pactado (pacta sunt servanda, o lex inter pares) tiene preponderancia sobre el principio del ius vivandi típico de los contratos administrativos. Se busca, a través del estudio del derecho comparado y de la doctrina que originó ambos principios, llegara a una síntesis de ambos. Mediante la aplicación del principio de la legalidad, se trata de arribar a un equilibrio de ambos, sin perjuicio de reconocer el autor la preeminencia del principio contrato-ley.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho tributario) / Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFET) / Durante el año 2015, ingresó a tramitación un proyecto de ley mediante el cual se buscó perfeccionar la justicia tributaria y aduanera. Lo anterior, se tradujo en la Ley N°21.039, publicada en el Diario Oficial con fecha 20 de octubre del año 2017. Entre sus principales novedades, se encuentra la inclusión de una etapa de conciliación al procedimiento general de reclamación tributario y aduanero. En los términos del texto definitivo y aprobado de la Ley N°21.039, será materia de esta conciliación, entre otras, la “existencia de los elementos que determinan la ocurrencia del hecho gravado establecido en la ley”. Sobre este punto y en relación también con las demás materias consideradas para la conciliación, el proyecto de ley intentó asegurar que dicha circunstancia no afectaría la naturaleza legal de las obligaciones tributarias desde el punto de vista del principio de legalidad tributaria, según el cual las normas y obligaciones tributarias sólo pueden ser creadas, modificadas y/o suprimidas mediante una norma de rango legal. Sin embargo, en nuestra opinión el proyecto -y actual Ley N°21.039- carece de las debidas garantías para que este trámite de conciliación no afecte el 6 mencionado principio de legalidad tributaria, puesto que, entre otros, permitiría que las partes -dentro de las cuales se encuentra el órgano fiscalizador en materia tributaria del Estado y en representación del intereses pecuniario del Fisco- puedan determinar la ocurrencia de un hecho gravado y/o de sus elementos así como la aplicación de sus efectos, situación que es privativa, exclusiva y excluyente de la Ley. El presente trabajo muestra un enfoque crítico de esta nueva etapa de conciliación, desde el punto de vista del principio de legalidad en materia tributaria, base esencial de nuestro ordenamiento impositivo.

La presente investigación se basó en la presunta existencia de un conflicto entre el principio de legalidad y los principios de lesividad, proporcionalidad y humanidad al momento en que estos interactúan cuando se determina la penal, en el proceso especial de terminación anticipada. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis de las sentencias emitidas por los juzgados de investigación preparatoria del módulo básico de justicia del distrito de José Leonardo Ortiz, teniendo como referencia el periodo de agosto de 2013 a agosto del 2015. Para esto, se he creído conveniente dividir esta investigación en tres capítulos, el primero de ellos, denominado “los principios de legalidad, lesividad, proporcionalidad y humanidad en la determinación de la pena”, en el cual se describen cada uno de los principios rectores del derecho penal, haciendo un especial énfasis en la importancia de los principios antes señalados. El segundo capítulo, lleva como nombre “la determinación de la pena en los proceso de terminación anticipada”, en este capítulo se define conceptos tanto de qué se entiende por determinación de la pena, cómo se calcula la misma, en base a lo señalado en el artículo 45- A del Código Penal, así como qué es la terminación anticipada, sus beneficios, procedimiento y audiencia en la que se realiza esta. Finalmente tenemos el “análisis de la aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad y humanidad en los procesos de terminación anticipada en el distrito de José Leonardo durante el periodo agosto 2013 a agosto 2015”. En el cual se hace un análisis general, a fin de poder resolver nuestra hipótesis inicial y lograr nuestros objetivos, haciendo uso de diversos gráficos que nos ayudan a apreciar mejor la incidencia de los procesos que culminaron a través del proceso especial de terminación anticipada.