Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El documento electrónico se enfrenta a un aura de supuesta ilicitud en el proceso civil basada en la desconfianza técnica por parte de los operadores jurídicos al mismo, así como por la eventual vulneración de derechos fundamentales producto de la divulgación no autorizada de su contenido. Ahora bien, ¿por qué hemos de limitarnos a aceptar dichos prejuicios, obviando el impacto probatorio que pueda llegar a tener un documento de tales características? Resignarse a mantener esa preconcepción es insostenible porque se le quita al proceso la oportunidad de lograr ser un mecanismo eficaz y eficiente para la solución de los conflictos jurídicos suscitados, sobre todo cuando el documento electrónico puede marcar la diferencia entre tener o no por acreditado un hecho y, con ello, ganar o perder un juicio. Sin duda se requiere poner fin al reproche injustificado hacia el documento electrónico, para que así los litigantes y jueces puedan realizar su labor en forma adecuada, apreciando el documento electrónico de acuerdo con su verdadera naturaleza, despojada de tabúes y falsas interpretaciones que llevan a la restricción de su uso. Para ello, será necesario hallar, dentro de las herramientas procesales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, un mecanismo que, sin afectar el debido proceso, permita lograr dicho cometido, para lo cual será clave poder recurrir al uso combinado de ciertos medios probatorios, en conjunto con el documento electrónico, consagrados en nuestra legislación adjetiva.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo realiza un análisis del concepto de software y de modificación de software, y revisa el marco regulatorio vigente a efectos de determinar si se permite hoy en Chile la modificación de un software por parte de un usuario cuando aquel vulnera los derechos como persona que tiene el usuario del software, como la propiedad y la privacidad.

The task of the Supreme Courts and the Constitutional Courts has undergone an evolution through years of history, from its classic reactive role to a more proactive one, which prevails in the current models.In this article, the author analyzes this evolution describing the roles -and their basis- of control of legality, as a classical function, and to give meaningto the normative text and complete the meaning of the legislative document with binding precedents, as a contemporary function. The author completesthe analysis focusing on the overruling and its application in Perú. / La labor de las Cortes Supremas y Cortes Constitucionales ha sufrido una evolución a través de la historia, desde su clásica función reactiva hasta la función proactiva, imperante en los modelos actuales. En el presente artículo, el autor analiza dicha evolución describiendo las funciones y sus fundamentos del control de legalidad, como función clásica, y la de otorgar sentido al texto normativo y completar el significado del documento legislativo con precedentes vinculantes, como función contemporánea. Completa el análisis con el estudio del overruling y su aplicación en el Perú.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nuestro trabajo tratará sobre un análisis del principio de legalidad, el que hemos escogido por la vital importancia que tiene en materia penal juvenil, como límite a la posibilidad de aplicar sanciones que no se encuentren previamente tipificadas y sancionadas, como límite al poder punitivo del Estado, y lo más importante su función de garante en materia de ejecución de sanciones. Y en específico, analizaremos el 3 cumplimiento de este principio en la sanción de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.

El presente trabajo a exponerse trata sobre la demanda presentada por la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (en adelante, SMCV), en la que solicitan la inaplicación del Decreto Supremo 130-2013-PCM, que establece disposiciones referidas al aporte por regulación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA), y de que dicha norma vulnera los principios de Legalidad, No confiscatoriedad y Reserva de Ley en materia tributaria. Dicho lo anterior, el Tribunal Constitucional resolvió que dicha norma no había violado los principios que se indican en el párrafo anterior, y que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental tiene un rol importante que cumplir, en este caso sería el rol fiscalizador que se le ha conferido, y que es de suma importancia velar por el ambiente, por lo cual declara infundada la demanda. De los siete magistrados que conforman el Tribunal Constitucional, los votos fueron de la siguiente manera. Declararon Infundada la demanda de SMCV, los siguientes Magistrados: Miranda Canales Ramos Núñez Ledesma Narváez Espinosa – Saldaña Barrera Declararon Fundada la demanda de SMCV, los siguientes Magistrados: Blume Fortini Sardón de Taboada El Magistrado Ferrero Costa, solicitó abstenerse para el presente caso, y su solicitud fue aceptara por el Pleno el 21 de marzo de 2019. / Trabajo de suficiencia profesional

Actualmente, la mediación no sólo la penal sino, incluso, la civil está prohibida ex art. 44. de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de protección integral contra la violencia de género y el art. 87 TER. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, consideramos que la incardinación de la mediación en el proceso penal es posible, lícita y deseable cuando la víctima del delito ha sido una mujer en los términos actualmente conocidos como “violencia de género”. Nuestra opinión se basa en el derecho de las víctimas, sin ningún tipo de distinción, de acceso a los servicios públicos de justicia restaurativa que reglamentariamente se determinen, conforme con lo dispuesto en el artículo 12, en relación con el considerando 46 y del artículo 22 todos de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, así como en el artículo 15 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

El objeto de la presente tesis doctoral es realizar un análisis crítico de los programas de cumplimiento voluntario como medidas destinadas a la mejora del cumplimiento espontáneo de las obligaciones tributarias a largo plazo para determinar de manera sistemática en qué consisten estos programas, cuáles son sus características generales y cuáles son los límites constitucionales y de Derecho de la Unión Europea que deben ser ponderados durante su elaboración e implementación. Estos programas constituyen una oportunidad permanente o temporal otorgada por Ley a los contribuyentes incumplidores para que regularicen una situación previa de incumplimiento, proporcionando a la Administración tributaria información previamente ocultada y realizando el ingreso de la deuda tributaria resultante de la aplicación de la normativa correspondiente. Para desarrollar esta tesis doctoral se ha utilizado un esquema inductivo en el que, partiendo del análisis del marco estratégico general en el que se desarrollan los programas de cumplimiento voluntario y del examen de las medidas implantadas en España y de determinadas medidas implementadas en otras jurisdicciones fiscales, se ha procedido a la elaboración de un concepto de programa de cumplimiento voluntario y a la determinación de su régimen jurídico.

This article explains the contentious process of harmfulness. Thus, the author mentions that the foundation of the process of harmfulness has been on our right the survival of the Administrative security of the legality and the public interest butlimiting the self-enforcement, the requirement of belief in authority to pursue the annulment of an administrative act and to ensure the due process of law is being administered. / El presente artículo explica el proceso contencioso de lesividad a partir de la naturaleza jurídica de éste .Así, el autor menciona que el fundamento del proceso de lesividad ha sido en nuestro derecho la pervivencia de la tutela administrativa de la legalidad y del interés público pero limitando la autotutela, la exigencia de convicción en la autoridad para perseguir la anulación de un acto y garantizar el debido proceso del administrado favorecido con el acto.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Aunque se suele afirmar que las leyes penales en blanco constituyen, ante todo, una técnica legislativa, pocos autores han intentado extraer consecuencias analíticas de esta aserción. En general, su estudio se concentra en las denominadas leyes penales en blanco “propias”, debido a que son las únicas que tensionan la garantía de la lex scripta. Estudiar estas figuras a partir de la técnica legislativa, sin embargo, obliga a emprender un análisis no directamente sobre ellas, sino que sobre su tertium genus: las remisiones normativas. Soslayar este punto de partida puede conducir a errar sobre la clase de remisión que entraña un determinado tipo penal y, en consecuencia, errar sobre su constitucionalidad. El presente trabajo constituye un análisis crítico de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, entre el 2006 y el 2016, que recayeron sobre aquellos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del delito de incumplimiento de deberes militares del artículo 299 N°3 del Código de Justicia Militar. Desde el primer requerimiento en adelante, en noviembre de 2006, habiendo sobrados motivos para hacerlo, nadie parece haber cuestionado el desacierto de nuestro Tribunal Constitucional al calificar al citado precepto como penal en blanco. Lo particular de este análisis, además de controvertir esa calificación, se ve reflejado en el lugar desde donde se levanta el discurso crítico: la lex certa; ya que aquella es la manifestación del principio de legalidad penal que se ve tensionada con la cada vez más frecuente técnica legislativa de remisión normativa

<p>El interés de este estudio es examinar las relaciones entre movimientos étnicos y estado en torno a una disputa territorial. En América Latina, los derechos colectivos territoriales étnicos inscritos en las nuevas constituciones abrieron un nuevo marco legal e institucional. El análisis se centra en tratar de entender si el terreno legal e institucional derivado del multiculturalismo facilita la resolución de los conflictos territoriales. Para esto se observa cómo la interacción entre estado y movimientos étnicos guía la elección de las estrategias. Desde esta perspectiva, se estudia el caso de la relación entre el estado colombiano y las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó. La información sobre el caso se recolectó a través de entrevistas semi-estructuradas y del análisis de documentos. En 2001, las comunidades huyeron de sus territorios colectivos debido al conflicto armado interno, los cuales fueron ocupados ilegalmente por empresas de palma africana. Por medio de las instituciones del estado, las comunidades han buscado la restitución de sus territorios. En un contexto legal e institucional marcado por alianzas entre grupos paramilitares y élites locales y nacionales, la resolución del conflicto territorial deviene un proceso complejo. Para el análisis del caso se hacen preguntas sobre la influencia de las reformas multiculturales y del terreno legal e institucional estatal sobre las estrategias legales de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. También se analiza la intervención de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en la relación entre el estado colombiano y las comunidades. En el estudio se concluye que el complejo contexto legal e institucional limita el margen de acción nacional de las comunidades pero también las provee de estrategias legales que combinan diferentes niveles (local, nacional y transnacional). Las ONG tienen un rol primordial en el planteamiento de tales estrategias que traspasan las fronteras del Estado-Nación, así como en la consolidación a nivel local de la identidad colectiva del movimiento étnico.</p> / C