Este informe jurídico busca el análisis en la aplicación y ejecución de ciertas figuras jurídicas parte del órgano colegiado y Tribunal Administrativo del Indecopi en el marco de un procedimiento administrativo en materia de protección al consumidor que versa, particularmente, sobre un caso de comercialización de un can por parte del proveedor. De tal manera, esta investigación pretende abordar con mayor complejidad los siguientes aspectos de especial relevancia en el expediente estudiado: la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor y el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos (ORPS) para procedimientos que versen en torno a mascotas, la actividad probatoria realizada por la Comisión del Indecopi y la revisión de actos administrativos. Para dicho efecto, se emplea doctrina nacional e internacional y diversos pronunciamientos del Indecopi que llevan a determinar que para este caso en particular si bien resulta competente la Comisión por contener la denuncia otros actos que afectan intereses difusos; no obstante, mayoritariamente y determinado por la cuantía, el ORPS es quien conoce y resuelve sobre este tipo de infracciones. En tal medida, se incluye como reflexión que se amerita una revisión por parte del legislador sobre las competencias asignadas al ORPS para este tipo de casos, en tanto y en cuanto, requieren de un despliegue mayor y exhaustivo de la actividad probatoria por parte del órgano administrativo –que no podría realizarse adecuadamente en vía sumarísima- a fin determinar el estándar de consumidor razonable y en consecuencia la responsabilidad administrativa del proveedor. / This legal report aims to analyze the application and enforcement of certain legal concepts by the collegial body and Administrative Tribunal of Indecopi within the framework of an administrative proceeding regarding consumer protection, particularly focusing on a case involving the sale of a dog by the provider. This investigation intends to address with greater complexity the following aspects of special relevance in the case under study: the jurisdiction of the Consumer Protection Commission and the Deciding Bodies of Summary Proceedings (ORPS) regarding proceedings related to pets, the evidentiary activity carried out by the Commission, and the review of administrative acts. For this purpose, national and international doctrine and several pronouncements of Indecopi are employed, leading to the determination that, in this specific case, although the Commission is competent due to the presence of other acts in the complaint that affect diffuse interests; nevertheless, mostly and determined by the quantity, the ORPS is the one who knows and resolves on this type of infringements. To such extent, it is included as a reflection that a review by the legislator on the competences assigned to the ORPS for this type of cases is merited, since it requires a greater and exhaustive deployment of the evidentiary activity by the administrative body - which could not be adequately conducted in a summary proceeding- in order to determine the reasonable consumer standard and, consequently, the administrative liability of the provide.

La introducción de patentes para proteger los productos farmacéuticos (1991) ha reducido el acceso de la población, con escasos recursos económicos, a los medicamentos. Esta medida fue tomada a nivel regional y se va fortaleciendo progresivamente mediante la firma de tratados como el TLC con Estados Unidos, que el Perú ha suscrito. Sin embargo, el mayor problema que enfrenta la salud pública es el abuso del dominio de dichas patentes, el cual reduce incluso mucho más la posibilidad de acceder a los medicamentos. Esto se debe a que, al lograr incrementar la duración del monopolio de la patente, los medicamentos mantienen precios muy elevados por más de los 20 años. Frente a este constante conflicto entre: los derechos de exclusividad de las patentes sobre nuevos fármacos y la necesidad de la población de acceder a los medicamentos primordiales, este trabajo pretende mostrar que no tenemos una regulación clara sobre el derecho de las patentes que compatibilice con el derecho a la salud, ya que, si bien existen mecanismos de flexibilidad generados en el propio sistema de patentes a nivel internacional, a nivel interno nos falta establecer normas más concretas y reforzar los organismos estatales (Indecopi). Del mismo modo, mostraré la nueva problemática en torno a la actual pandemia del COVID-19 pues este gran impacto nos motiva a replantear el futuro de los monopolios de explotación en ámbitos tan importantes como la salud de las personas / The introduction of patents to protect pharmaceutical products (1991) has reduced the access of the population, with limited economic resources, to medicines. This measure was taken at the regional level and is progressively strengthened through the signing of treaties such as the TLC that Peru has been signing. However, the biggest problem facing public health is the abuse of patent domain of patents, which further reduces the possibility of accessing medicines. This is because, by increasing the duration of the patent monopoly, medicines maintain very high prices for more than 20 years. Faced with this constant conflict between: the exclusive rights of patents on new drugs and the need of the population to access essential drugs, this work aims to show that we do not have a clear regulation on patent law that makes compatible with the right to health, since, although there are flexibility mechanisms generated in the patent system itself at the international level, at the internal level we need to establish more concrete laws and reinforce state agencies (Indecopi). In the same way, I will show the new problems surrounding the current COVID-19 pandemic as this great impact motivates us to rethink the future of exploitation monopolies in areas as important as health of people.

La importancia de contar con prácticas de buen gobierno corporativo en la empresa, consiste en generar mayor transparencia, prevenir los actos de corrupción, transparentar las conductas éticas que rigen tanto a funcionarios como a los colaboradores, a su vez contribuye a generar valor en las sociedades, acceso a los mercados y fuentes de financiamiento e inversión y a minimizar el riesgo al que se encuentran expuestas. Por ello, a través de la implementación de prácticas de buen gobierno corporativo se beneficia a las micro y pequeñas empresas al demostrar a los clientes y proveedores que cuentan con un control interno y conocimiento de las normas anticorrupción, permitiendo la interacción económica por contar con una prevención de conductas ilícitas. Se puede lograr, también, que las MYPES incorporen prácticas de buen gobierno corporativo a través de herramientas aprobadas por el Estado, mediante la incorporación de exigencias administrativas como sanciones de carácter económico que permitirán minimizar el riesgo de actos de corrupción procedentes de negocios ilícitos. Esto quiere decir que, las sanciones podrían convertirse en la última ratio para incorporar los mecanismos de prevención antes mencionados. Las prácticas de buen gobierno corporativo requieren herramientas internas para su correcta implementación y ejecución, siendo estas alternativas: El Código de buen gobierno corporativo interno, protocolos para la contratación con proveedores y clientes, políticas de capacitación para los funcionarios y colaboradores, con las que se puede identificar y prevenir los actos de corrupción en las micro y pequeñas empresas. En el presente trabajo de Investigación, el mecanismo de prevenir los actos de corrupción está orientado a la parte contractual, siendo las MYPES incentivadas, como proveedores de servicios, para incluir en sus contratos políticas de Buen Gobierno Corporativo, con la finalidad de llevar a cabo el servicio para el que se les contrata, convirtiéndose incluso en un incentivo de sostenibilidad comercial. Es decir, que las MYPES se esforzarán por implementar dichos mecanismos que los hará desarrollarse económicamente y a la vez practicar la formalidad en los diversos ámbitos que exige la norma, logrando minimizar los riesgos tanto para su emprendimiento como para la Empresa o Entidad con la que contrata.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar las posibles consecuencias de la aplicación de la Norma XVI del Código Tributario, conocida como norma anti-elusiva general, la cual tiene como propósito luchar contra la evasión y la elusión, producto del diseño y aplicación de planificaciones fiscales agresivas. Es por lo que se hace necesario revisar, evaluar y analizar las acciones determinativas en las que los hechos económicos efectuados por los administrados (contribuyentes) se calificaron como actos simulados o en algunos otros casos se detectaron actos de simulación parcial o fraude a la ley y si tales procedimientos pueden conllevar a que dichas calificaciones tengan un contexto penal. Ante ello, surge la pregunta de hasta qué punto y de qué forma es posible poder imputar una responsabilidad penal a los representantes legales de las empresas a las cuales la administración tributaria ha determinado simulación según la Norma XVI. El tema materia de investigación nos lleva a evaluar las consecuencias que podría acarrear la calificación económica que tendrá incidencia en diferentes impuestos, como el Impuesto a la Renta (en adelante IRTA), el Impuesto General a las Ventas (en adelante IGV), los tributos laborales, entre otros.

La presente investigación se centra en identificar el rol de la denominada “cláusula de allanamiento a futuro” en el proceso de desalojo como técnica de sumarización insertada por la nueva regulación del artículo 594 del Código Procesal Civil dispuesta por la Ley 30201. También tiene el propósito de analizar su contraste con otras instituciones del derecho procesal como la acumulación procesal, el derecho de defensa y el derecho a la prueba. Para ello, se busca establecer las formas y características que la sumarización de procesos adopta sobre el derecho de contradicción en la doctrina y legislación comparadas, así como analizar la estructura del proceso de desalojo establecida por la Ley 30201 y su aplicación conforme a la judicatura de nuestro país. La línea de investigación a la que corresponde este trabajo es la establecida como “Tutela jurisdiccional diferenciada y procesos especiales” y el criterio para recoger y seleccionar la información es afín al método histórico –dogmático, con análisis de las instituciones procesales referidas a nivel doctrinario, de legislación comparada y de su aplicación por nuestra judicatura. Luego de finalizada la misma, se consigue comprobar que el texto establecido en el artículo 594 del Código Procesal Civil, refleja una falta de precisión por parte del legislador en cuanto a la sumariedad aplicada a través de la cláusula de allanamiento a futuro en los contratos de desalojo; asimismo, se ha encontrado que las interpretaciones del artículo 594 del Código Procesal Civil efectuadas por la judicatura otorgan a la referida cláusula de allanamiento a futuro es de distinta naturaleza jurídica, lo que repercute en la efectividad de la decisión final. / This investigation focuses on identifying the role that the rule 594 of the Peruvian Civil Procedure Code -that introduced since 2014 a so-called prospective submission clause for eviction- plays for summary remedies theory and to comprehend its application and influence onto other aspects of procedural law. To fulfill this goal, first we seek to establish the common specialists’ consensus regarding how summary remedies should be elborated, the basis and the accepted ways how fundamental rights, as the right of defense, can be legitimately affected when looking for efficiency; then, we analyze the new structure of the eviction procedure established since the 2014 amendment and the way how the judicial branch applies it in real cases. This work can be labeled as a research in "Differentiated judicial protection and special procedures" issues, and the criteria for collecting and selecting the information is akin to the historical-dogmatic method, with an analysis of procedural issues in specialists’ opinion, comparative law and judicial branch’s applying. Concluding this research, it is possible to assure that the new rule 594 of the Civil Procedure Code represents a regulation lacking of precision about how summary procedures principles should be applied; likewise, it has been found that there is an unclear interpretation of the submission clause for eviction by the judicial branch, which affects its efficiency.

En el presente trabajo de investigación se pretende demostrar la necesidad de adoptar el criterio de responsabilidad subjetiva en el régimen sancionador de las contrataciones del Estado. Como se verá en el desarrollo del referido análisis, el criterio de responsabilidad subjetiva es mucho más garantista de los derechos de los administrados, en comparación con su contrapartida, la responsabilidad objetiva. Sin perjuicio de ello, es importante señalar que no aspiramos a sugerir que la responsabilidad subjetiva prime en todos los tipos infractores establecidos en la normativa en materia de contrataciones del Estado; sino, a través del estudio de las tendencias adoptadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado en sus resoluciones emitidas durante el primer trimestre del año 2020, establecer, qué tipo de régimen es el más conveniente para cada infracción, desde una perspectiva de eficiencia. Ello debido a que, si bien el criterio de responsabilidad subjetiva es el más garantista de derechos, importa también tener claro si conviene o no aplicarlo a ciertos tipos infractores o si es que su empleo es irrelevante para la determinación de responsabilidad de los administrados. / In the following research aims to demonstrate the need to adopt the criterion of subjective liability in the sanctioning regime of State Contracting. As will be seen in the development of the aforementioned analysis, the criterion of subjective liability is much more guaranteeing of the rights of the administered, in comparison with its counterpart, objective liability. Notwithstanding this, it is important to point out that we do not aspire to suggest that subjective liability prevails in all types of infringement established in the regulations on State Contracting; but, through the study of the trends adopted by the State Contracting Court in its resolutions issued during the first quarter of 2020, establish what type of regime is the most convenient for each infraction, from an efficiency perspective. This is due to the fact that, although the criterion of subjective liability is the most guarantor of rights, it is also important to be clear about whether or not it should be applied to certain types of offenders or whether its use is irrelevant for determining the liability of the administered.

El estudio de la actividad empresarial del Estado peruano resulta un desafío al analizar el régimen de la empresa pública, en el marco de nuestro régimen económico y el cumplimiento de los requisitos mínimos legales que se consideran necesarios para operar como tal, para lo cual, se requiere una clara definición de su tipología jurídica. La complejidad aumenta al estudiar casos excepcionales, como el de Petróleos del Perú S.A.- PETROPERÚ, que está sujeto a un régimen legal especial debido a sus características particulares y, además, opera en un sector estratégico de la economía. En este contexto, el objetivo de esta investigación es identificar la tipología jurídica de las empresas públicas, centrándose en el caso específico de PETROPERÚ y su papel en la economía peruana según lo establecido en el artículo 60° de la Constitución. Como resultado principal, se concluye que PETROPERÚ efectivamente ejerce actividad empresarial dentro del marco legal vigente, aunque se destacan ciertos aspectos que requieren atención, como la aplicación del principio de subsidiariedad, el tratamiento legal igualitario entre empresas públicas y privadas, la rotación de directivos, la adopción de prácticas asociadas a la OCDE y el Buen Gobierno Corporativo. Estos aspectos subrayan la necesidad de que PETROPERÚ implemente medidas orientadas a mejorar su eficiencia, transparencia y rentabilidad. / The study of the State's business activity poses a challenge when examining the regulatory framework of public enterprises in Peru, within the context of our economic system and the compliance with the minimum legal requirements considered necessary for their operation. This necessitates a precise delineation of their legal classification. The intricacy is further compounded when analyzing unique cases such as Petróleos del Perú S.A. - PETROPERÚ, which operates under a distinct legal framework due to its distinctive attributes and operates within a pivotal sector of the economy. Against this backdrop, the primary objective of this study is to ascertain the legal categorization of public enterprises, with a specific focus on PETROPERÚ and its economic role as stipulated in Article 60 of the Constitution. The principal finding of this inquiry is the affirmation that PETROPERÚ conducts its business operations in accordance with extant legal statutes. Nevertheless, specific areas warranting attention are highlighted, including the application of the principle of subsidiarity, equitable legal treatment vis-à-vis both public and private enterprises, executive turnover, incorporation of OECDendorsed practices, and adherence to principles of Good Corporate Governance. These observations underscore the imperative for PETROPERÚ to institute measures geared towards enhancing its operational efficiency, transparency, and financial viability.

En el Perú, las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar fondos del público (en adelante, las COOPAC) cumplen, entre otros, un rol social y de inclusión financiera; brindando acceso al crédito a sus asociados, quienes en la mayoría de casos son personas que tienen un limitado acceso al sistema financiero. Ante ese escenario, a la fecha, la regulación que rige a estas cooperativas dispone que su supervisión esté a cargo de la Superintendencia, pero contempla la posibilidad que, en determinados supuestos, dicha supervisión sea delegada en colaboradores técnicos, dentro de los cuales se podrá considerar a la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (en adelante la FENACREP). Cabe resaltar, que si bien no será materia de estudio en el presente documento, se advierte que dispone que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante la Superintendencia o la SBS), supervise de manera exclusiva a las Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar depósitos del público (asociados y no asociados). A la fecha, no existe ninguna COOPAC que se encuentre en este supuesto de supervisión. Con ello, la situación actual de las COOPAC es incierta: la supervisión delegada en un colaborador técnico presenta aspectos que resultan discutibles desde el punto de vista de la finalidad que se persigue: una supervisión eficiente. Ante este panorama, el 18.07.18 se promulgó la Ley N° 30822, que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito (en adelante, la Ley); la cual entrará en vigencia el 01 de enero de 2019, con excepción de los artículos 7 y 8 y la Tercera, Cuarta y Sétima Disposiciones Complementarias Finales. Dicha Ley plantea una reestructuración en la supervisión de las COOPAC, dado que, anteriormente, ésta era voluntaria, se llevaba a cabo por la FENACREP y no incluía un registro que permita identificar las COOPAC existentes. Considerando el cambio introducido por la Ley y considerando la participación actual de las COOPAC en el mercado financiero peruano, corresponde evaluar la viabilidad de la supervisión planteada. Finalmente, luego de evaluar el esquema de supervisión a ser implementado, se planteará una propuesta que permita complementar el control efectivo de las COOPAC; para lo cual resulta necesario evaluar la manera más eficiente de supervisarlas, proteger el interés de sus asociados y mantenerlas como entidades competentes dentro del mercado microfinanciero peruano. / Trabajo de investigación

La presente Investigación se desarrollará dentro tema referido a la “Simulación Absoluta del Negocio Jurídico” el mismo que está ubicado en el Libro II de nuestro Código Civil Peruano de 1984. En ese sentido, el Título de la presente investigación se denomina: “El reconocimiento de los efectos jurídicos de algunos negocios celebrados con simulación absoluta”. / Tesis

La presente tesis tiene por objeto abrir y desarrollar una nueva línea de investigación, enfocando la regulación de ciertos regímenes laborales especiales (RLE) desde el punto de vista de la mujer y desde la crítica de Katharine MacKinnon al derecho, es decir, cuestionando la supuesta neutralidad de éste. Así, en el caso de la legislación laboral peruana, podemos apreciar que la regulación laboral es construida a través del modelo de un trabajador hombre, sin pobreza de tiempo generada por la asignación histórica de un rol social de cuidado, que no es víctima de violencia y que no asume la carga biológica de la reproducción. Esto tiene como consecuencia que la legislación no permita contemplar las características de vida de las mujeres y acentúe su condición de vulnerabilidad en todos los aspectos. Respecto al caso peruano y la legislación laboral, esto perjudica a las trabajadoras, al acentuar la situación de desigualdad de género. Para ello, la investigación se centra en un análisis teórico, sustentado estadísticamente, de los patrones de vida de las mujeres que laboran en los RLE, y las dificultades que sufren como consecuencia del recorte de sus derechos. Se analizan las características particulares del régimen laboral agrario, los contratos de exportación no tradicional, el régimen laboral de los trabajadores y trabajadoras del hogar y el régimen MYPE, todo desde el punto de vista de la mujer. Nuestra investigación busca plantear la pregunta por la mujer de manera transversal a los RLE, valiéndonos de determinados factores que hemos podido identificar en los diferentes estudios nacionales e internacionales revisados (entre ellos Banco Mundial 2012 y CEPAL 2014). Dichos factores son considerados como las principales características de vida de las mujeres que limitan una adecuada incorporación y desarrollo en su trabajo, / Tesis