El documento digital no refiere asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Estudia la Ley N° 29946, Ley del Contrato de Seguro (LCS), aprobada por el Congreso de la República el 11 de octubre de 2012 y entrada en vigencia el 27 de mayo del 2013. Se trata de un cuerpo normativo que, partiendo de la realidad del mercado local, muestra notables avances al promover la tutela de la dignidad humana, la función social del contrato de seguro, el equilibrio jurídico y la protección de los débiles. / Tesis

El tema del presente trabajo de investigación nace como una inquietud ante situaciones en las cuales las sociedades tanto peruanas como extranjeras deseen movilizar sus domicilios por cuestiones económicas, laborales o tributarias. En los últimos años y con la dinámica de la economía y empresarial, Perú no puede quedar de lado ante tales situaciones. El entretejido de la economía globalizada generado por las interconexiones entre países viene desarrollándose a niveles mayores y complejos. En la actualidad se reconoce distintos interacciones entre los actores económicos, que se refleja en el flujo financiero, el flujo de las transacciones obre bienes y sobre transacciones transfronterizas que caracterizan nuestro mundo. Conforme la economía global se recupera de la crisis financiera del 2008 y también de la recesión mundial, se debe prestar atención a que la globalización ha traído a nivel global un flujo de bienes, servicios, recursos humanos, financiamiento y tecnología (data). Estos flujos representan US$ 26 trillones contabilizados para el 201, cifra representa un equivalente al 36% del PBI mundial, y cuyos montos incrementan anualmente el PBI mundial en US$450 billones, es decir un crecimiento del 40%, que beneficia a los países con mayores conexiones en el entretejido socioeconómico del mundo globalizado. Las expectativas a futuro son prometedoras cuando para el 2025 el flujo en bienes, servicios y financiamiento crecerá hasta US$ 85 trillones (tres veces el valor calculado para el 2012). / Tesis

La presente investigación versa sobre la figura de acaparamiento del mercado de los medios de comunicación, la cual trae la particularidad de encontrarse expresamente prohibida en la Constitución de 1993. En la actualidad, el tema en cuestión viene siendo discutido ampliamente por académicos y profesionales del Derecho en tanto existe una controversia sobre la materia en manos de la justicia constitucional conocida como el caso Epensa. / Tesis

A partir de la publicación del Decreto Ley N° 25868, se crea el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi), entidad encargada de proteger la propiedad intelectual, la promoción del mercado y la protección de los derechos de los consumidores. Esto es resultado de la modificación de nuestro marco normativo desde 1990, logrando definir las funciones del sector público y privado, enfocando mayor atención al agente que mueve el mercado: el consumidor. Es a través del Decreto Legislativo N° 716 que se crea un mecanismo efectivo (aunque aún prematuro) de protección al consumidor, reconociéndosele derechos y, por otro lado, estableciendo obligaciones para los proveedores, siendo el actuar de la jurisprudencia del INDECOPI, en base a la experiencia ganada al momento de resolver cada caso, lo que permitió generar el actual marco normativo que tenemos: La Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Codeco). / Tesis

Durante las últimas décadas, en nuestro país, la actividad económica se ha ido incrementando haciendo que las empresas busquen y opten por nuevas alternativas de financiamiento para poder operar, esto requiere entre otros muchos aspectos el disponer de bienes muebles, entendiendo que la carencia de estos, paralizaría el desarrollo de muchas empresas, es así que surge la necesidad de contratar mediante una no tan conocida forma de financiamiento denominada Arrendamiento Financiero o Leasing, como una atractiva alternativa frente al crédito tradicional, donde una persona o cliente contrata con una entidad financiera para que le ceda en uso el bien requerido (previamente adquirido según indicaciones del arrendatario), para que la empresa arrendataria pueda hacer uso y beneficiarse del mismo. / Tesis

La terminación anticipada en los Delitos Aduaneros regulada en el Art. 20º de la Ley Nº 28008, no es manifestación de un Derecho penal reparador, pues en lugar de alcanzar la reparación, prima la justicia retributiva, la imposición de la pena, al no otorgar los beneficios de reducción del sexto de la pena, y el tercio por confesión sincera. En su lugar, se le otorga como beneficio el mínimo legal de la pena, condicionado al pago del doble del valor de la mercancía más la liquidación de los tributos aduaneros, y el comiso de los bienes, que ocasiona que el procesado se desista, pese a haber aceptado los cargos y manifestado su voluntad de acogerse a sus alcances; su aplicación ineficaz es reforzada por el A.P 5-2009, que le otorga plena vigencia, subsistiendo conjuntamente con la T, A regulada en los Arts. 468° al 471°del CPP. No obstante, el proceso de terminación anticipada en los delitos aduaneros, por mandato del principio de legalidad, debe ser desarrollado en virtud de lo establecido por los Arts. 468° al 471°del NCPP, en tanto han entrado en vigencia en todo el territorio peruano el 01.02.2006, y debe ser aplicada, no correspondiendo a los jueces determinar la validez temporal de las leyes mediante acuerdos plenarios, que de conformidad con el artículo 116° de la LOPJ, no constituyen precedentes vinculantes, puesto que cumplen un papel de orientación y de fijación de criterios, de allí, que se debe dejar sin efecto el AP 5-2009, y en consecuencia el Art. 20° de la Ley N° 28008, sustentado en la necesidad de una estricta observancia del principio de legalidad (irretroactividad y retroactividad favorable), en la idea de la seguridad jurídica y el respeto de la división de funciones del poder político. / Tesis

El proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal en Lima Metropolitana necesita el cumplimiento activo de las funciones de la Dirección General de Minería (DGM) para promover la consecución de los pasos de formalización e incrementar la fiscalización sobre los mineros informales, toda vez que por medio de ello se puede conocer quienes utilizan el proceso de formalización como una forma de seguir realizando actividades mineras cuando no tienen la posibilidad de culminarlo y detectar los supuestos de cancelación de declaración de compromisos. / Tesis

En un escenario transformado por la innovación tecnológica, la regulación de contenidos audiovisuales no ha logrado seguirle el paso al surgimiento de un nuevo ecosistema digital. Esto se traduce en que, si bien el Estado reconoce la necesidad de regular los contenidos audiovisuales que se difunden de manera tradicional, a través de la televisión de señal abierta y la televisión paga, no es el mismo el caso de los contenidos que se transmiten a través de internet, siguiendo el modelo over-the-top. Los servicios OTT que distribuyen contenido audiovisual utilizan la conexión a internet que un usuario obtiene a través de un ISP (Internet Service Provider). Estos servicios no se encuentran regulados, pese a que la naturaleza de los contenidos difundidos es la misma, diferenciándose principalmente en el medio a través del cual se distribuyen. La presente investigación parte gira en torno a determinar si es necesario regular estos contenidos. / Trabajo de investigación

Manifiesta que en Perú no existe una criminalización integral de las conductas lesivas al derecho de sufragio, debido al deficiente modelo político criminal implementado por el Estado. Así, la normatividad penal peruana, en materia electoral ha sufrido un estancamiento histórico, no ha evolucionado con la rapidez del desarrollo contemporáneo de los actos delictivos tendientes a materializar la coacción y el fraude tendientes a la frustración o distorsión de la libertad del sufragio. El ordenamiento jurídico peruano, debe prepararse normativamente para afrontar estos tipos de "nuevos" delitos de "avanzada", sobre todo en el ámbito informático, máxime ahora que se postula la utilización del voto electrónico, requiriéndose una respuesta normativa. El derecho penal debe resguardar los intereses de la sociedad, evitando manipulaciones computarizadas habituales o no basadas en conocimiento de los objetos, programas, así como de algunas informaciones que extiendan y hagan imposible la detección de estos ilícitos (el desarrollo actual y moderno nos ha traído avances importantes para la humanidad, pero es penoso a su vez que vengan acompañados de hechos delictivos no deseados). / Tesis

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