Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / Aborda los Antecedentes y el Marco Teórico, consistente en las ideas de un marco filosófico y epistemológico de las adopciones, además, explica las bases teóricas de la adopción en el Perú, el Control Post adoptivo, Órganos Tutelares, Supervisión Post adoptiva, el Principio del Interés Superior del Niño, Protección de la Infancia vulnerada, el Abandono y las Situaciones del Riesgo del Menor. El aspecto empírico complementario del estudio comprende el tratamiento de Tipo, Nivel, Diseño y Método de Investigación, así como, los Métodos, Población, Unidades de Análisis y Muestra. Por último, aparece el Procesamiento, Análisis, Resultados y Discusión de Datos, confirmando la Hipótesis Principal de la investigación. / Tesis

La investigación plantea la modernización del catastro en el Perú, a partir de la creación del Organismo Técnico Especializado (OTE) como ente rector del Sistema Nacional Catastral (SINACAT), necesario para dinamizar la gestión pública desde el uso de data territorial confiable y constante de cada unidad territorial y de todo en su conjunto, con fines multipropósito. Por ello, proponemos las reformas institucionales necesarias para la creación de la Superintendencia Nacional del Catastro (SUNACAT), estableciendo su organización, funciones y actuación, así como considerando para ello los planteamientos normativos, tecnológicos y de administración. Formulamos la propuesta de modernización del catastro peruano, a partir de dos alternativas; una, consistente en la posibilidad de mejorar el SNCP mediante el fortalecimiento de la SUNARP, y la otra, consistente en la creación de un organismo técnico especializado que dirija el catastro nacional y sea el ente rector del Sistema Nacional Catastral (SINA-CAT), visto como un sistema funcional que permita la integración entre el catastro y el Registro de Predios de la SUNARP. Cabe precisar que, como producto de la investigación, se ha identificado que solo el 0,3% del total de 1.876 municipalidades distritales ha desarrollado su catastro municipal. Dicha situación es palpable luego de 14 años de promulgada la Ley N°28294 - “Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios” (SNCP) en el año 2004. Se evidencia que no se ha logrado el impulso a la generación del catastro territorial peruano, a pesar de que, desde el año 2004 hasta el 2017 –período de nuestra investigación–, se aprobaron una serie de normas técnicas catastrales para estandarizar el proceso de levantamiento, mantenimiento y actualización del catastro. Ello se demuestra con la identificación oficial de solo 5 municipalidades distritales como zonas catastradas en el Perú. Con tal motivo, exploramos las bases teóricas sobre la organización administrativa del catastro, los conceptos y definiciones, y desarrollamos los componentes del catastro; también realizamos un análisis comparado de los tipos de catastro en América Latina y las formas de organización de los sistemas catastrales. Asimismo, se discute las bases teóricas de los Organismos Técnicos Especializados (OTE) y los sistemas funcionales, explicando el actual proceso catastral peruano y abordando los análisis y apreciaciones realizadas por expertos y el Banco Mundial respecto de la situación del catastro peruano.

Revisa los requisitos e impedimentos para ser candidato a cargos públicos representativos que exige en la legislación vigente, a efectos de someterlos a evaluación para dilucidar si el marco normativo vigente resulta suficiente para asegurar, precisamente, la “idoneidad” o “aptitud”, sobre todo en su dimensión “ética”, de dichos candidatos; siendo que, sobre la base de ello, se puedan formular algunas recomendaciones que permitan optimizar aquel principio de idoneidad para el ejercicio de cargos públicos. El objeto de estudio es el Derecho Electoral, en concreto, las reglas y principios relacionados con el ejercicio del derecho a ser elegido para un cargo público representativo. Efectivamente, la presente investigación se encuentra delimitada o circunscrita al estudio de las condiciones establecidas en nuestro ordenamiento jurídico para el ejercicio del derecho a ser elegido. Es en la Constitución, las leyes y reglamentos electorales las que establecen los requisitos e impedimentos que delimitan el ejercicio del derecho a la participación política en nuestro país, siendo que el derecho al sufragio pasivo, tal como se encuentra regulado nuestro ordenamiento jurídico es de titularidad de las personas naturales, esto es, se trata de un derecho individual, pero que solo puede ser ejercido a través de las organizaciones políticas. Es decir, al no admitirse la presentación de candidaturas individuales, nos encontramos ante un derecho constitucional individual de ejercicio colectivo o asociado. / Tesis

El presente informe jurídico versará sobre el análisis de la Resolución N° 1255-2004/CPC de fecha 24 de noviembre de 2004 (en adelante la “RESOLUCIÓN”), emitida por la Comisión de Protección al Consumidor (en adelante la “COMISIÓN”), la cual tiene como materia de análisis la comisión de prácticas discriminatorias realizada por la empresa UNITED DISCO S.A. (en adelante “AURA”), misma que fue denunciada de oficio por la Comisión, en razón a la vulneración de derechos constitucionales. Asimismo, el presente informe jurídico también versará sobre el análisis de la Resolución N° 0939-2005/TDC-INDECOPI de fecha 26 de agosto de 2005 (en adelante la “RESOLUCIÓN FINAL”) emitida por la Sala de Defensa de la Competencia (en adelante la “SALA”), misma que resuelve el recurso de apelación presentado por Aura contra la Resolución, la cual tiene como materia de análisis, la prueba indiciaria y los sucedáneos medios probatorios. Para el presente informe, nos basaremos en los conocimientos adquiridos a lo largo del presente Programa de Segunda Especialidad, en jurisprudencia pertinente establecida por el Tribunal Constitucional, consulta con organizaciones de derechos humanos y también con autores que aborden sobre todo los conceptos que se aborde en el Marco Jurídico Conceptual. Finalmente concluiremos respecto a los limites establecidos al ejercicio de los derechos de la libertad de empresa y libertad de contratación contra el derecho a la dignidad de las personas y a la no discriminación respecto a su origen étnico y su indefensión ante actos discriminatorios por parte de empresas de servicio. / This legal report will deal with the analysis of Resolution No. 1255-2004 / CPC dated November 24, 2004 (hereinafter the "RESOLUTION"), issued by the Consumer Protection Commission (hereinafter the "COMMISSION"), whose subject of analysis is the commission of discriminatory practices carried out by the company UNITED DISCO SA (hereinafter “AURA”), which was denounced ex officio by the Commission, due to the violation of constitutional rights. Likewise, this legal report will also deal with the analysis of Resolution No. 0939-2005 / TDCINDECOPI dated August 26, 2005 (hereinafter the “FINAL RESOLUTION”) issued by the Competition Defense Chamber (in hereinafter the “ROOM”), which resolves the appeal filed by Aura against the Resolution, which has as its subject of analysis, the circumstantial evidence and the substitute means of evidence. For this report, we will base ourselves on the knowledge acquired throughout this Second Specialty Program, on pertinent jurisprudence established by the Constitutional Court, consultation with human rights organizations and with authors that address above all the concepts addressed in the Conceptual Legal Framework. Finally, we will conclude with respect to the limits established for the exercise of the rights of freedom of business and freedom of contract against the right to dignity of people and nondiscrimination with respect to their ethnic origin and their defenselessness against discriminatory acts by companies of service.

La importancia de la marca como uno de los más importantes signos distintivos parece evidente: sirve para distinguir los productos de un empresario en el mercado. De esto, el ordenamiento jurídico, en especial la Ley de Propiedad Industrial (Decreto Legislativo 823), no ve con buenos ojos la reproducción e imitación de una marca registrada ajena, pues genera confusión entre los consumidores en cuanto al origen del producto o del servicio. / Tesis

Este artículo tiene como objetivo principal analizar la posibilidad de que mediante la imposición de medidas correctivas se pueda trastocar el modelo de negocio previamente estructurado por el proveedor para satisfacer la demanda de sus consumidores. Las medidas correctivas al igual que las sanciones, pertenecen a las medidas de policía administrativa que la Administración Pública puede imponer a los administrados. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por la normativa administrativa y doctrina aplicable, su finalidad difiere, mientras que las sanciones tienen un objetivo punitivo, las medidas correctivas buscan reparar las situaciones generadas a propósito de la comisión de la infracción, así como procurar que estas no vuelvan a pasar, es decir, en teoría el fin punitivo queda de lado (aunque a lo largo del texto veremos que existen muchas situaciones grises que nos pueden llevar a cuestionar esta diferencia). En ese sentido, la imposición de medidas correctivas no implica las garantías del procedimiento sancionador que sí resguardan la imposición de sanciones, no obstante, podrían llegar a ser incluso más gravosas que las propias sanciones, como es en el caso que trastoquen la estructura más valiosa de cualquier empresa, es decir, su modelo de negocio. Por otro lado, es importante resaltar que el modelo de negocio responde a un cuidadoso análisis e inventiva del empresario para concurrir en un mercado y lograr la preferencia del consumidor. En este sentido, es de suma importancia preservarlo de la forma en la que éste lo planteó, sobre todo si es que dicha configuración de negocio no implica la vulneración de ninguna disposición normativa

En el presente opúsculo académico registral se desarrolla los principales aspectos normativos relacionados con el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común regulado en la Ley Nº 27157 y el TUO de su reglamento aprobado por D.S Nº 035-D.S. 2006-VIVIENDA, dentro de éste régimen de propiedad se examina a la junta de propietarios tratando los tópico de su naturaleza jurídica, sus elementos configuradores, la denominada “relativa subjetividad” de la junta de propietarios; igualmente, se desarrolla el estudio de temas importantes como la convocatoria a junta de propietarios, supuestos de acefalía, quórum y mayoría para sus acuerdos. Es así, que con el marco de estudio indicado anteriormente, se analiza como temática central a las sesiones no presenciales reguladas en el ordenamiento jurídico relacionadas con las personas jurídicas (no societarias) y las personas societarias, abordándose como tema crucial a las sesiones virtuales de la junta de propietarios; esta última si bien es cierto no se encuentra positivizada en la norma de rango legal se propone que sí es posible su realización teniendo en consideración la primacía de la manifestación de la voluntad utilizando medios virtuales (artículo 141-A del Código Civil), también se formula en favor de la realización de juntas de propietarios virtuales la pertinencia de aplicar la interpretación analógica del artículo 21- A de la Ley de 26887 que regula las sesiones no presenciales para personas societarias y asimismo argumentamos la factibilidad de aplicar la interpretación dinámica para admitir el uso de medios virtuales, teniendo en consideración que el texto originario de la Ley Nº 27157, promulgada el 20 de julio de 1999, exige que las sesiones sean presenciales. Por último, formulamos las razones y fundamentos para incorporar una modificación legislativa relacionada a la convocatoria y celebración de juntas no presenciales con la finalidad de coadyuvar a la participación de los propietarios de las zonas exclusivas y lograr de manera eficiente y eficaz la inscripción de los actos inscribibles que surgen de los acuerdos de las sesiones de la junta de propietarios, lo cual ira a la par con el avance de la tecnología y con las necesidades de los ciudadanos y como colofón se exponen las conclusiones del presente trabajo académico.

En el Perú, la Constitución actual señala expresamente que las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. De una revisión rápida, se podría pensar que dichas comunidades cuentan con un régimen jurídico constitucional especial que declara la protección especial de sus tierras. Sin embargo, dicha lectura sería incompleta, pues nos olvidaríamos de la parte final, la cual precisa que debe realizarse en el marco establecido por ley. Así, y aunque parezca contradictorio, la Constitución solo ha generado un reconocimiento simbólico, puesto que las tierras comunales podrían afectarse en base a una ley o norma de similar rango. Entonces, en el caso de las Comunidades Campesinas y Nativas ¿Cómo se garantiza su derecho de propiedad ancestral frente a las limitaciones impuestas durante procesos titulación de centros poblados informales? ¿Cómo protegemos derechos adquiridos desde tiempos inmemoriales ante la necesidad de generar mayor suelo urbano? No se puede ignorar la importancia de consolidar el derecho de propiedad en zonas del llamado Perú profundo, pero esto no debería establecer limitaciones a derechos legítimamente adquiridos. Por el contrario, deberían mejorarse las reglas de incorporación de los nuevos propietarios y evitar una situación en concreto: Que lugares donde una Comunidad Campesina o Nativa tiene un derecho de propiedad que no se superpone con alguna posesión informal, se transforme este derecho absoluto, en un derecho parcial a través de una afectación en uso.

El presente trabajo académico se enfoca en el perjuicio que generan las barreras lingüísticas en las prestaciones de servicios de los bancos hacia los adultos mayores de lenguas originarias principalmente en la población de la provincia de Yunguyo. En base a ello, el objetivo principal es analizar la forma en la que se realizan estos servicios actualmente y si ello se adapta a la realidad de provincias en las que la población es mayoritariamente aimara hablante. Tras dicho análisis, se determinará si los servicios bancarios resultan idóneos para poblaciones donde el castellano no es la lengua materna. Para la realización de este trabajo, fue necesario recopilar información en la provincia de Yunguyo en Puno en donde se pudo entrevistar a pobladores originarios de la zona, así como trabajadores de diferentes entidades bancarias y financieras. A partir de dicha recopilación de datos, este trabajo de investigación expone el problema de la atención en el servicio bancario de dicha localidad respecto de la barrera lingüística que existe en los ancianos que son mayoritariamente aimara hablantes. En función a ello, se realiza un análisis constitucional sobre las consecuencias de determinar el castellano como lengua oficial, verificando su concepto y criticando la falta de armonía con el Código de Defensa y Protección al Consumidor. Tras el análisis, tomándose como referencia las funciones de órganos pertenecientes a Indecopi y la SBS, se propone una serie de medidas que implican un trabajo interinstitucional para mejorar la atención de servicios bancarios en provincias en las que hay predominio de lenguas originarias.

El caso materia del Informe versa sobre el delito de violación cometido contra una adolecente con discapacidad intelectual. En el momento de ocurridos los hechos el tipo penal vigente, contenido en el artículo 172 del Código Penal, no contenía de forma literal el consentimiento por lo que se entendía que el bien jurídico protegido era la indemnidad sexual de las personas con discapacidad intelectual y, en ese sentido, con la sola acreditación del acto sexual y la existencia de la deficiencia, se daba por configurado el delito. Esta lectura era contraria a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que entró en vigor para el Estado peruano en el año 2008, por lo que era imperativo que se aplique dicho tipo penal a la luz del mencionado instrumento. Sin embargo, en el caso analizado no ocurrió ello y, todo lo contrario, se entendió que la adolescente con iniciales A.M.A.G. no era titular de su libertad sexual. A partir del año 2018, con la publicación de la ley Nº 30838 que introduce el consentimiento como un elemento central, se abre una nueva ventana de oportunidad para la lectura, interpretación y aplicación de este tipo penal, a la luz de los mandatos internacionales asumidos por el Perú a través de la CDPD, generando un balance entre la autonomía sexual de la que son titulares las personas con discapacidad intelectual, y la protección de este colectivo frente a la violencia sexual, desde un enfoque interseccional. En suma, debe partirse del reconocimiento pleno de la capacidad jurídica y autonomía sexual de este colectivo, sin dejarles en desprotección frente a las diversas barreras sociales, actitudinales y legales que recaen sobre ellas