La presente investigación “Ofertas Públicas Primarias de Bonos Corporativos en el Perú” tiene como propósito fundamental explicar por qué nuestra legislación sobre ofertas públicas primarias de bonos corporativos es muy dispersa haciendo inviable económicamente el financiamiento de montos pequeños. Una alternativa fundamental para el financiamiento de las empresas es la oferta pública primaria de bonos corporativos a través del mercado de valores. Obtener financiamiento a través de la colocación de estos instrumentos financieros resulta más eficiente para las empresas que recurrir a un crédito bancario, por el menor costo financiero que implica una emisión de esta naturaleza. La evolución de las ofertas públicas primarias de bonos corporativos se caracterizó por un dinamismo relativamente creciente durante los años 2003-2008. Sin embargo, existe un limitado acceso de las empresas a las ofertas públicas primarias de bonos corporativos, el que se manifiesta de dos formas. Por un lado, son pocas las empresas que acceden al financiamiento a través de bonos corporativos debido a la inflexibilidad en lo referente a los requisitos a los cuales se encuentran sujetas estas ofertas públicas, lo cual dificulta las posibilidades de desarrollo de este mercado. En segundo lugar, la mayor parte de empresas que sí acceden al financiamiento a través de estos instrumentos son consideradas en su mayoría “grandes”, las mismas que por sus necesidades de financiamiento pueden diluir los costos fijos de emisión que implica una oferta pública primaria de bonos corporativos en nuestro país. Este problema debe enfrentarse desde varias perspectivas. Nuestro marco legal debe promover una mayor competencia en la oferta de financiamiento empresarial, fortaleciendo el mercado primario de valores, para que éste se constituya en una verdadera alternativa de financiamiento que compita con el sistema bancario. Resulta necesario modificar nuestra legislación en lo referente a los requisitos a los cuales se encuentran sujetas las ofertas públicas primarias de bonos corporativos para abaratar los costos de emisión. En este sentido, sobre la base de la explicación de las restricciones normativas así como la comparación con otras legislaciones de la región, la presente investigación propone las modificaciones legales correspondientes que permitan un mayor acceso de las empresas a las ofertas públicas primarias de bonos corporativos y a su vez, éstas se constituyan en la principal fuente de financiamiento empresarial de nuestro país.

La primera parte, consta de tres capítulos. El primero, aborda y define el problema. Se plantean los objetivos y se señala la importancia y justificación del estudio. El segundo, se dedica al desarrollo de antecedentes del estudio y algunas consideraciones sobre la Evolución Legislativa de los delitos sexuales. Las reformas penales a través de los diversos códigos peruanos. Además, se hace especial referencia a la definición de libertad e indemnidad sexual, y finalmente, en el tercer capítulo se desarrolla temas relacionados con la Prostitución. Su definición en general, la prostitución entendida como esclavitud y trabajo sexual, sus antecedentes históricos, sistemas o modelos de regulación, su tratamiento jurídico a nivel internacional -tanto la legislación de los organismos internacionales como la legislación interna de diversos países, especialmente los de Sub América, la Prostitución en el Perú, tipos, causas y su tratamiento jurídico (administrativo y penal). Concluyendo este tema, con la definición de términos. La segunda parte, está destinado al desarrollo de la Metodología, Resultados y Verificación de las Hipótesis. La metodología abarca el nivel y diseño de la investigación, la muestra, métodos e instrumentos de recolección de datos y su procesamiento. Utilizando, en la parte empírica, un método nuevo denominado la Metodología Respondent Driven Sampling o muestro basado en los participantes (RDS), el cual nos permitió llegar a una muestra importante de la población que ejerce la prostitución en el distrito de Cercado de Lima a través de las denominadas “semillas”. Por otro lado, analizamos los resultados de nuestra encuesta y contrastamos nuestras hipótesis. Lo que nos permitió fundamentar una propuesta jurídico penal referente a los Delitos Conexos a la Prostitución regulados en el CAPITULO X:”PROXENETISMO” del código penal. Finalmente exponemos nuestras conclusiones y recomendaciones y presentamos un Proyecto de Ley.

En el Perú la toma de consciencia sobre el desarrollo de la nueva rama del Derecho, denominado Derecho Informático, nace como consecuencia de la aparición de la computadora, la misma que hace posible el acopio, uso, manipulación y transmisión de la información por medios de soportes electrónicos y redes que cada día son más sofisticadas y de uso masivo por la población, siendo una parte activa de todo ello el comercio, por lo que resulta de mayor importancia tratar el tema del comercio electrónico y por su relevancia en el medio ha generado todo un universo comercial en un mundo paralelo al mundo real conocido como mundo virtual o ciberespacio, materia de estudio del Derecho Informático de difícil comprensión, al entender de la mayoría de estudiosos del derecho. Ante esta realidad, el objetivo del presente trabajo es describir, precisar, esclarecer y analizar la nueva problemática que se viene planteando en la comercialización de bienes y servicios, a través de medios electrónicos, al estarse desarrollándose nuevas instituciones que contienen nuevas ideas y conceptos con respecto al comercio globalizado, donde el Derecho Civil debe partir de la codificación del espacio, tiempo y las cosas que conllevan nuevos conceptos del comercio, haciéndolos más seguros y confiables a través de las redes abiertas de comunicación que se viene dando y que regirá en el futuro no muy lejano en la sociedad y el Derecho. La metodología del presente trabajo es descriptiva y empírica, partiendo de la descripción del desarrollo de la sociedad de la información, del desarrollo de tecnologías para el comercio electrónico, de las implicancias jurídicas en el comercio electrónico, los alcances de la legislación comparada, donde se describen los nuevos elementos que se vienen dando en el Derecho Informático con respecto al comercio electrónico, desde la aparición de la computadora hace cuatro décadas, dividiéndose el presente trabajo en cuatro capítulos. El Primer Capítulo trata sobre la tecnología de la información y el derecho, partiendo de la convergencia de la informática con las telecomunicaciones, desde la aparición de la computadora como herramienta del desarrollo del hombre, su versatilidad y convergencia con las telecomunicaciones, al permitirle el manejo de abundante información, globalizando al mundo mediante redes cerradas y abiertas, influyendo al cambio de las relaciones humanas, las mismas que por su importancia son materia de regulación jurídica en la sociedad actual. El Segundo Capítulo aborda el comercio electrónico y su trascendencia jurídica, trata sobre los soportes informáticos utilizados en el comercio electrónico, su naturaleza virtual, originando nuevos conceptos de orden jurídico con relación al tiempo y espacio y el uso de los soportes técnicos para la ejecución de las transacciones virtuales de bienes y servicios materiales e incorpóreo existentes. El Tercer Capítulo; es el tema de los aspectos jurídicos de los documentos electrónicos, desarrolla el nuevo concepto del tema documento al existir nuevas formas de representarse como su incorporeidad o inmaterialidad del mismo; replanteando dichos conceptos, por tratarse de nuevos actos fragmentarios, dinámicos y de constante evolución que pasarán a ser parte del acervo jurídico del presente y futuro. EL Cuarto Capítulo; y último trata sobre los alcances de la legislación peruana y comparada sobre comercio electrónico. Por ser nuestro país receptor de tecnologías no se ha desarrollado una legislación específica sobre el comercio electrónico, abordándose la legislación comparada como fuente de inspiración para la regulación en un futuro del comercio electrónico, tal como se desprenden de los proyectos y propuestas planteadas por los estudiosos del Derecho informático, como reto y respuesta a esta sociedad de la información de la que somos parte.

Las condiciones que caracterizan, hoy en día, a los beneficiarios de los Decretos Leyes N° 19990 y N° 20530, son diametralmente opuestas. Por una parte, el Decreto Ley N° 20530 (que no resolvió la problemática generada por la Ley de Goces de 1850), representa el Régimen de Pensiones de los Servidores Civiles del Estado, que aún después de las Reformas Constitucionales efectuadas por el Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional en los años 2004 y 2005, sigue otorgando pensiones que le representan al Estado un excesivo gasto presupuestal que influye de manera negativa en la capacidad gubernamental para dotar a los jubilados de mejores posibilidades de subsistencia. La situación antes descrita se ve reflejada en el panorama crítico de la Seguridad Social en el Perú, situación comparativamente similar con otras realidades en América Latina, la cual queda patentada en la coexistencia de regímenes especiales, circunstancia que se constituye en fuente de inequidad en el universo de los cesantes y jubilados del Perú, ya que de esta manera se beneficia a sectores pequeños de la población, mientras que el gran conglomerado de pensionistas sigue sumido en la más absoluta miseria y desprotección social. Por ello, la presente investigación especifica su campo de desarrollo dentro de la realidad de dos de los regímenes del Sistema Previsional Peruano: los Decretos Leyes Nº 19990 y Nº 20530. Por lo anteriormente expresado, queda plenamente demostrado que la no unificación de los regímenes previsionales del Decreto Ley N° 19990 y del Decreto Ley N° 20530 (debido al inadecuado tratamiento legislativo destinado a unificar las normas en materia previsional y la carencia de estudios y/o investigaciones en torno al tema), así como también los ambiguos e inequitativos criterios para fijar las pensiones en dichos Regímenes (producida por el excesivo manejo político en la regulación del Decreto Ley N° 20530 y la carencia de una norma legal idónea que establezca criterios equitativos para otorgar pensiones en ambos regímenes), son las causales de la disparidad de la pensión percibida por un cesante del Decreto Ley N° 20530 frente a uno del Decreto Ley N° 19990. En ese orden de ideas, la finalidad de la presente tesis es la descripción del problema originado por la excesiva diferencia entre lo percibido por los pensionistas de la denominada Cédula Viva frente a los del Régimen del Sistema Nacional de Pensiones, la relación de dicho factor con las condiciones de vida de éstos últimos y la excesiva onerosidad en el gasto presupuestal del Estado, originada por la planilla dorada del Decreto Ley N° 20530. Asimismo, esta investigación busca sentar las bases de una reforma integral en el aparato previsional, creando un Sistema Nacional Unificado que administre las pensiones de ambos regímenes, el cual esté dotado de una legislación previsional coherente, que responda a las exigencias planteadas por la población en cuanto al acceso digno a su Derecho a la Pensión, consagrado tanto por la Constitución y la normativa internacional.

No obstante que la Constitución Política del Perú reconoce y garantiza el derecho de huelga, la configuración legal de este derecho, tanto en el sector público como en el privado, se ha realizado bajo una lógica del control y no en clave de garantía. Más allá de los clásicos cuestionamientos a la definición legal de la huelga (tildada de tradicional) y a la lista de servicios esenciales (considerada muy amplia), observamos que la lógica del control sobre el derecho de huelga aparece de manera clara en los siguientes aspectos: i) La limitación sobre las causas que habilitan el ejercicio del derecho: las huelgas por conflictos colectivos jurídicos (principal causa de las huelgas en el Perú) prácticamente son irrealizables porque requieren previamente una sentencia firme que acredite el incumplimiento del empleador. ii) La configuración del órgano calificador de las huelgas: es el propio Estado, y no un órgano independiente que cuente con la confianza de las partes, quien califica como procedente, improcedente o ilegal la realización de la medida de fuerza. iii) Los criterios administrativos empleados para entender por cumplidos o incumplidos los requisitos legales (condiciones previas) para realizar una huelga. En este sentido, resulta necesaria una reconfiguración del derecho de huelga que nos acerque a una regulación en clave de garantía. Por ello, proponemos i) la creación de un órgano tripartito en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo que se encargue de la calificación de las huelgas; ii) la eliminación, modificación y reinterpretación de los requisitos legales para el ejercicio del citado derecho; y iii) la flexibilización del requisito de la sentencia firme como presupuesto de las huelgas por conflictos jurídicos; todo lo cual se concretiza en proyectos normativos que se anexan a la presente investigación. Finalmente, consideramos que en el nuevo escenario que proponemos no debiera admitirse la realización de huelgas contrarias al ordenamiento jurídico, por lo que las propuestas normativas antes indicadas también prevén consecuencias jurídicas para los huelguistas que realizan la medida de fuerza incumpliendo la ley. / Tesis

La investigación se sustenta en el análisis de los casos resueltos por el Indecopi relativos al empleo de ventas agresivas entre los años 2001 a 2011, que se presentaron únicamente en la promoción y venta de productos vacacionales. Se evidenció que las denuncias presentadas por consumidores que se habían visto afectados económicamente por el empleo de ventas agresivas, no se resolvían en forma favorable a estos, debido a que no se contaba con mecanismos legales que los protegieran específicamente de tales prácticas, así como a la aplicación inflexible de la carga probatoria a cargo del consumidor, tal como se encontraba establecida en la normativa vigente cuando se inició la investigación. Luego de haber concluido la investigación consideramos que la importación legislativa plasmada en el Código e Protección y Defensa del Consumidor no satisface en modo alguno las necesidades de la problemática ocasionada por el empleo de los métodos comerciales agresivos. Por el contrario, genera nuevas debilidades en el sistema de protección al consumidor respecto a tales prácticas, por su falta de adecuación a las reales necesidades del consumidor potencialmente afectado. / Tesis

Tesis

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La industria minera está presente en el Perú desde el inicio de su historia y la promoción de su ejecución sigue generando un impacto positivo en nuestra economía hasta la fecha. Por esta razón, profundizar el estudio jurídico de las figuras administrativas que la conforman cobra una alta importancia. Bajo esta premisa, desde un punto a nivel doctrinario, se ha enfatizado el estudio jurídico de la “concesión minera”, relegando el análisis de otras figuras jurídicas que también se han regulado a efectos de permitir la ejecución del “ciclo minero”. Evidentemente, a partir de un mejor entendimiento de esta industria y los títulos habilitantes que la conformar será posible otorgar a los inversionistas una mayor claridad sobre el desarrollo de esta industria, promoviendo la inversión minera de forma eficiente; y encauzar reformas legislativas que sean consecuencia de un diagnóstico histórico-legal previo, más que solo pinceladas a la regulación minera vigente en base a un análisis casuístico inmediato. Así las cosas, al encontramos frente a un país que debe apostar por la innovación tecnológica y la reducción de la burocracia administrativa, en el sector minero, la “concesión de beneficio” se plantea como una alternativa de solución a efectos de repotenciar este negocio. Sin embargo, poco o nada se ha escrito sobre esta figura administrativa, en la medida que la principal atención de la academia se ha enfocado en la “concesión minera”. Ello a pesar que, es la actividad de beneficio aquella que le otorga un valor agregado al mineral, permitiendo ejecutar una actividad industrial minera con altas ganancias económicas. De esta manera, la presente investigación busca dar el primer paso en el análisis de la “concesión de beneficio” que sin lugar a dudas resulta ser pieza clave en el ciclo minero. Así, a partir de una contextualización del panorama minero, un entendimiento del tratamiento de los recursos naturales mineros y sus títulos habilitantes; y un análisis detallado del devenir histórico-legal que ha regulado a esta figura administrativa; la presente investigación busca elaborar un diagnóstico histórico-legal de este título habilitante, con el objetivo final de determinar la necesidad de su exigencia para la ejecución de un proyecto minero y con ello, identificar las oportunidades de mejora regulatoria desde el derecho, en favor del desarrollo de la industria minera de manera general, y específicamente, respecto a la actividad de beneficio. / Tesis

El presente trabajo analiza el inciso m) del artículo 44 de la ley del impuesto a la renta, dentro de un entorno de adecuación de las normas tributarias peruanas a los estándares y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y además teniendo en cuenta que ha transcurrido casi 18 años desde su incorporación a la ley del impuesto a la renta sin alguna modificación sustancial. La investigación se justifica por cuanto nos encontramos en un nuevo contexto en la fiscalidad internacional por lo que amerita detenernos a analizar la forma en que se ha venido regulando la norma antiparaíso bajo la hipótesis de que su actual redacción no coadyuva a tener una legislación moderna, que permita a los contribuyentes probar los gastos realizados a cuyo efecto se analiza el concepto de paraíso fiscal, así como el adecuado uso de la técnica legislativa de las presunciones y ficciones jurídicas. A partir de este análisis se concluye que, una aplicación deficiente e indiscriminada de esta técnica legislativa, además de afectar económicamente al contribuyente mediante la prohibición a la deducción de gastos realizados con sujetos ubicados en paraísos fiscales, podría configurar una vulneración al principio constitucional de capacidad contributiva razón por la cual se recomienda una modificación normativa. / Tesis