En el presente trabajo se busca analizar las hipotecas reguladas en normas distintas al Código Civil. Estas hipotecas son comúnmente conocidas como hipotecas especiales. Para ello, se hace una breve introducción sobre la definición y cuales son y han sido las hipotecas especiales reguladas en el Ordenamiento Peruano. Se detallan cada una de ellas, revisando sus aspectos más importantes tales como las normas que las regulan (o regulaban), su contexto histórico (en el caso de alguna de ellas) y los aspectos registrales más relevantes. El objetivo principal del presente trabajo académico, es dar a conocer la normativa peruana que regula cada una de las hipotecas especiales, incluyendo leyes, decretos legislativos, directivas dictadas por SUNARP, resoluciones del Tribunal Registral entre otras. La conclusión general del trabajo es ver que los distintos gobiernos (desde muchos años atrás) han utilizado a la hipoteca como base para crear hipotecas “especiales” con el fin de regular situaciones específicas, adaptándose a la realidad de un grupo o grupos sociales. Aproximadamente hace poco más de un año se creó la última hipoteca especial: la hipoteca inversa. Como se puede apreciar, este fenómeno es cada vez más frecuente, por lo que no debería extrañarnos si es que pronto aparece publicado una Ley General de Hipotecas.

Existe un público cuestionamiento a los alimentos producidos a partir de organismos genéticamente modificados (OGM) o llamados transgénicos, pues no existe evidencia concluyente que sean inocuos, que no dañen la salud de los consumidores; y por ello en 2010 el artículo 37 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor reguló la obligación de los proveedores de informar en sus etiquetas si los alimentos que expenden incorporan insumos que sean OGM; sin embargo, los proveedores no cumplen su obligación y afectan los derechos de los consumidores a elegir y a ser informados. En atención a ello, resultó pertinente investigar esta problemática desde el Derecho de Protección al Consumidor con el objeto de determinar las medidas a tomar para que los proveedores de productos alimenticios cumplan con su obligación y respeten los derechos de los consumidores, siendo que luego de un analisis de la doctrina, la legislación pertinente y los pronunciamientos emitidos por la autoridad de consumo se concluyó que el referido artículo 37 es una norma vigente y aplicable que no establece parametros para su cumplimiento; pero, resulta insuficiente, por lo que las medidas que se deben tomar para revertir ello son realizar una aplicación combinada de acciones de oficio de la administración, de practicas de autorregulación por parte de los proveedores y de educación a las consumidores, pues dichas herramientas garantizaran el cumplimiento de la obligación de los proveedores y por ende el respeto al derecho de elecció y de información de los consumidores.

El presente trabajo busca analizar la legitimidad de la permisibilidad de tercerizar actividades principales contenida en la Ley Nº 29245 que regula los parámetros de validez para los supuestos de tercerización de servicios en nuestro ordenamiento jurídico. De este modo, se pretende llevar a cabo un estudio que sobrepase lo meramente legal, esto lo que se encuentra establecido textualmente en la ley y la presunción de validez implícita a la misma, a efectos de reconocer que existen valores, derechos y principios jurídicos que se encuentran implicados dentro de dicha permisibilidad y forman parte de nuestro ordenamiento jurídico; por lo que, será su interacción en términos de ponderación el criterio que determine su legitimidad y por ende, su validez en base a nuestra Constitución Política. Para dichos efectos, debemos indicar que la elección del método de ponderación del profesor Manuel Atienza como metodología del presente trabajo se justifica en el reconocimiento de derecho como praxis y por ende, en la constante búsqueda del reconocimiento de la legitimidad de las normas en el tiempo en atención a los principios y valores que resultan ser la base del ordenamiento jurídico por responder siempre a todas las realidad cambiantes, no siendo la promulgación de las mismas un supuesto de blindaje de determine por si mismo su validez permanente en el tiempo. Así, se reconocerá como derechos en juego; por un lado, el derecho a la empresa y, por el otro, el derecho al trabajo del personal tercerizado e implicado en el desarrollo de actividades que califican de carácter principal en el marco de un supuesto de tercerización de servicios, siendo su análisis en términos de razonabilidad y proporcionalidad lo que determine finalidad si la permisibilidad de tercerizar actividades principales resulta ser legitima en los términos establecidos en la Ley Nº 29245.

El presente informe versa sobre la Casación Nº 1626-2018/San Martín en la cual se manifiesta una serie de problemáticas jurídicas entorno al delito de colusión en el marco de la imputación de ilícito penal al director de la Escuela de Oficiales de la FAP. Las problemáticas se centran en la aplicación incongruente de la teoría de infracción del deber en la autoría y participación que genera incertidumbre en la determinación del título de intervención delictiva y propicia una errónea introducción al proceso del instituto de la variación de la calificación jurídica. Finalmente, se advierte la generación de espacios de impunidad que responden a una perspectiva naturalista del comportamiento típico de este delito que exige la constatación de conductas comisivas por parte del intraneus para afirmar la existencia de concertación. Mediante el análisis de estos problemas se sustenta que la sentencia de segunda instancia debió ser declarada nula por la inobservancia del procedimiento para la variación del título de intervención y, sin perjuicio de ello, que el título de imputación que corresponde atribuir al director de la EOFAP es el de autor del delito de colusión. Ello atendiendo a las consecuencias sistemáticas de la teoría de la infracción del deber en la autoría y participación y al entendimiento del comportamiento típico desde una perspectiva normativa que no excluye la posibilidad de que conductas omisivas puedan ser constitutivas del delito de colusión. / This legal report deals with Cassation No. 1626-2018/San Martín in which a series of legal problems are manifested around the crime of collusion in the framework of the imputation of criminal offense to the director of the School of Officials of the FAP. The problems are focused on the incongruous application of the theory of infringement of duty in authorship and participation that generates uncertainty in the determination of the title of criminal intervention and promotes an introduction to the error process of the institute of the variation of the legal qualification. Finally, the generation of spaces of impunity is noted that responds to a naturalistic perspective of the typical behavior of this crime that requires the verification of commissive behaviors by the intraneus to affirm the existence of agreement. Through the analysis of these problems, it is sustained that the judgment of second instance must be declared invalid due to the non-observance of the procedure for the variation of the title of intervention and, without prejudice to this, that the title of imputation that corresponds to be attributed to the director of the EOFAP is the author of the crime of collusion. This taking into account the systematic consequences of the theory of breach of duty in authorship and participation and the understanding of typical behavior from a normative perspective that does not exclude the possibility that omissive behaviors may constitute the crime of collusion.

La entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1113, sin la inclusión de una disposición transitoria de por medio, impactó las reglas del juego en relación con el inicio del plazo de prescripción para el cobro de deudas tributarias, el cual, generó diversas interrogantes respecto a la aplicación temporal sobre los decursos prescriptorios en marcha. En la actualidad, la prescripción tributaria es una institución jurídica que ha conllevado diversas dificultades e interpretaciones cuestionables en torno a su aplicación. Esta situación se ve agravada con la posterior promulgación del Decreto Legislativo 1421 y el proceso de inconstitucionalidad llevado a cabo ante el Tribunal Constitucional. En atención a ello, esta investigación pretende contribuir y brindar una claridad sobre las reglas de juego aplicable a esta institución en base a las diversas doctrinas y jurisprudencias, así como el derecho comparado.

Una persona no realiza una inversión si no considera que obtendrá un beneficio mayor. No es razonable invertir un monto superior a la máxima ganancia esperable. Del mismo modo, si el costo de asumir un litigio es mayor al beneficio que uno podría obtener del mismo, una persona razonable difícilmente asumirá dicho costo y la controversia no será iniciada. Frente a esta situación es que surgen las acciones de clase y, en particular, las acciones de clase por daños individuales homogéneos. una acción de clase permite que afectaciones individuales muy reducidas puedan ser tuteladas en conjunto y, así, lograr el resarcimiento de tales daños. La acción de clase es, entonces, un tipo de proceso colectivo que se caracteriza por tutelar los intereses de una gran cantidad de individuos que han sufrido un perjuicio por hechos comunes u homogéneos entre sí. Debido a estas similitudes entre tantos involucrados, sería ineficiente que reclamen sus controversias individualmente, por lo que se vuelve necesario iniciar una acción de clase que englobe las pretensiones de todos los afectados y que resuelva la controversia mediante una única sentencia.

La presente investigación tiene como objetivo analizar el tratamiento tributario que corresponde ante un contrato de cesión de la posición contractual, que tiene como contrato base uno de cesión minera. La complejidad de la investigación se produce debido a que en la operación están involucrados dos activos intangibles, que pueden llevar al contribuyente a dos formas de tratar el egreso, que difieren en el plazo y el momento de la amortización. Siendo que el Perú es un país minero, es necesario tener claridad acerca de las consecuencias de las operaciones del sector minero, ya que en ellas están involucrados considerables sumas de dinero, que para un inversionista no es posible arriesgar, por lo que esa falta de claridad generaría trabas a la actividad minera. En tal sentido, consideramos oportuno abordar el tratamiento tributario de la transferencia de la posición contractual, especialmente, cuando la posición verse sobre un contrato minero para la determinación del Impuesto a la Renta. Para ello vamos a estudiar la naturaleza jurídica del contrato de cesión de la posición contractual y el tratamiento de los activos intangibles de duración limitada, tanto en el ordenamiento general como en la norma especial, que la que esta involucrada en el caso; es decir, el de la actividad minera.

La presente investigación pretende demostrar que la regulación de la impugnación de la paternidad matrimonial por parte de la mujer casada vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación de las madres, por tanto, es discriminatoria por razón de género. Para ello, este trabajo se divide en tres partes. En el primer capítulo, se contextualiza el problema abordando el impacto de la Constitucionalización del Derecho de Familia en la regulación del sistema filiatorio, atendiendo a que en el marco de un Estado Constitucional la labor del legislador y demás autoridades estará supeditada a los principios y derechos fundamentales proclamados en la Carta Magna, tales como el derecho a la igualdad y no discriminación. Asimismo, se analiza la institución de la filiación y su relación con el principio del interés superior del niño; así como los derechos fundamentales que deben sustentarla desde la perspectiva constitucional. En el segundo capítulo, se realiza una revisión de la regulación de la paternidad matrimonial, en particular, la presunción pater is y la acción impugnatoria. En tal sentido, se coteja lo planteado en la legislación aludida a la luz de la constitucionalización del Derecho de Familia, pretendiendo evidenciar los valores y estereotipos de género que subyacen a esta regulación y la fundamentan; así como que aquellos no son óbice para justificar la afectación de principios y derechos constitucionales. Finalmente, el tercer capítulo se centra en el estudio de diez casos sobre impugnación de paternidad matrimonial en que el que se identifica cómo los operadores jurídicos resuelven la incompatibilidad de la regulación de la impugnación de la paternidad matrimonial con lo estipulado en la Constitución. Para ello, se analizan los criterios relevantes utilizados en el razonamiento judicial, así como las deficiencias de este. Por último, esta investigación culmina con una revisión de proyectos de ley para modificar la regulación sobre la materia, concluyendo que continuar con una legislación que no respeta los derechos fundamentales ni los protege efectivamente, no se condice con lo que implica ser un Estado constitucional.

En el presente informe se analizan los problemas jurídicos identificados en la Resolución del Tribunal Fiscal No. 4968-1-2020, los cuales están vinculados a la aplicación de la facultad de calificación del hecho imponible de la SUNAT, regulada en el primer y último párrafo de la Norma XVI. De ese modo, se buscará determinar si SUNAT aplicó realmente su facultad de calificación al caso materia de controversia, el cual versa sobre tres operaciones societarias que simularían una enajenación de acciones. De igual modo, se analizará si aun en el supuesto de las operaciones recalificadas como enajenación, se determinó adecuadamente la deuda tributaria e identificó al agente de retención obligado al pago de esta. Considerando los argumentos expuestos en la Resolución analizada, la legislación, jurisprudencia y doctrina, se concluye que en el caso no se aplicó la facultad de calificación sino criterios propios de la cláusula antielusiva general. Asimismo, se concluye que no se determinó de forma adecuada la deuda tributaria y tampoco se identificó correctamente al sujeto responsable del pago de la deuda tributaria. / This report analyzes the legal problems identified in Tax Court Resolution No. 4968-1-2020, which are derived from the exercise of the Tax Administration's taxable event characterization faculty, regulated in the first and last paragraph of Rule XVI. Thus, it will be sought to determine whether SUNAT really applied its characterization faculty to the case, which involves three corporate transactions that would simulate a transfer of shares. Likewise, Likewise, it will be analyzed whether even in the case of transactions recharacterized as alienation, the tax debt was adequately determined, and the withholding agent responsible to pay it was identified. Considering the arguments set forth in the Resolution analyzed, the legislation, jurisprudence and doctrine, it is concluded that the characterization faculty was not applied in this case, but rather the criteria of the General Anti-avoidance Rule. Likewise, it is concluded that the tax debt was not adequately assessed and the withholding agent responsible for the payment of the tax debt was not correctly identified.

La presente investigación, analiza la normativa de las medidas legales adoptadas por el Gobierno en el proceso de formalización minera entre los periodos del 2012 al 2017, con el propósito de poder determinar cuáles son los criterios adoptados por el Estado Peruano en la lucha contra la informalidad en las actividades mineras de pequeña escala y, verificar, si estos mecanismos han contribuido a la efectiva erradicación de la misma. En esa línea, con el Primer Capítulo se busca explorar las diferencias existentes entre cada categoría de clasificación de los productores mineros en el Perú, mediante la evaluación de los criterios de clasificación por el Estado. Luego hará mención al nexo existente entre los pequeños productores mineros y los mineros en proceso de formalización, a fin de determinar la viabilidad de su adscripción a dicha categoría. El Segundo Capítulo, analizará la evolución política y legislativa de la formalización minera, de los periodos contemplados entre el año 2012 al 2017, para luego mencionar a algunos de los principales entes rectores relacionados con la minería de pequeña escala y su rol en el proceso de formalización. El Tercer Capítulo se desarrollará brevemente los instrumentos ambientales suscitados durante el proceso de formalización, acorde a la línea de tiempo de este estudio. Finalmente, el Cuarto Capítulo abarcara los puntos de impactos, beneficios y propuestas de solución a la informalidad minera en nuestro país. En conclusión, los criterios de clasificación aún no han sido establecidos claramente por parte del Estado, y por tanto son ambiguos para determinar una adecuada categorización. La simplificación administrativa aplicada por el Gobierno ha sido positiva en algunos aspectos, ha dejado de lado otros importantes como el ordenamiento territorial en los lugares donde se desarrollan estas actividades, retornando a una gestión sectorial poco beneficiosa para la erradicación de la informalidad minera.