En el presente artículo se abarca la discriminación en el consumo desde una perspectiva quizá poco evaluada: el sexo de los consumidores. La autora se cuestiona la validez de una posible diferenciación en un servicio y/o producto ofrecido abiertamente al público basada en si el cliente es hombre o mujer. Para ello, primero se esboza el marco teórico en el cual se evalúa la discriminación en el consumo tanto de una perspectiva jurídica, a través de una lectura de la normativa vigente, doctrina y jurisprudencia, como económica. Posteriormente, se analiza algunos casos concretos bajo la metodología propuesta en el marco teórico, con la finalidad de hallar reglas o un método que se pueda extrapolar a otros casos. Finalmente, la autora concluye su investigación confirmando su hipótesis inicial: frente a servicios únicamente dirigidos a un sexo, nos encontraremos casi siempre ante un trato discriminatorio.

El acto de cancelar la inscripción de una hipoteca derivada de la adjudicación de un inmueble en un remate judicial para satisfacer el crédito de un acreedor embargante desprotege la posición de rango, preferencia y persecutoriedad del que goza un acreedor hipotecario, pues le resta oponibilidad. Cabe señalar que el rango y preferencia de la hipoteca nacen desde su inscripción en registros y no desde el nacimiento de la hipoteca, a razón de que tales derechos se dan en el ámbito de los derechos inscritos. En cambio, al nacimiento de la hipoteca — constituida en escritura pública— se tiene inherente su persecutoriedad que le otorga un carácter real. De ahí, que debe destacarse el carácter persecutorio de la hipoteca desde su constitución y no necesariamente desde su inscripción como si es el caso del embargo judicial. Asimismo, la cancelación de la inscripción antes descrita sitúa al remate judicial en la clasificación de los modos de adquisición de la propiedad originarios cuando la doctrina lo reconoce en el modo derivativo, dado que la hipoteca se sustenta en el crédito otorgado al deudor, titular del bien inmueble hipotecado. En tal sentido, la justificación de la presente investigación se materializa en el hecho de dotar con seguridad jurídica al acreedor hipotecario que no será desposeído de su garantía cuando el mismo esté siendo subastado; así como, al adjudicatario para que su adquisición sea legitima.

Las políticas estatales destinadas a incentivar la formalización y acceso a la vivienda propia a nivel nacional, sumado a la creciente demanda de unidades inmobiliarias (departamentos, oficinas, condominios, etc.), determinaron que el mercado de la construcción haya significado un pilar importante en el desarrollo económico nacional de los últimos años. Indiscutibles aliados de dicho crecimiento, fueron las instituciones financieras quienes, tanto en la adquisición como en el desarrollo de los proyectos inmobiliarios, modificaron su cartera de productos y los adaptaron para que se ajusten a las necesidades de este nuevo y altamente potencial mercado, facilitando así el acceso al crédito e incentivando aún más la compra y construcción de proyectos con fines habitacionales. Lamentablemente, en dicho afán de crecimiento, la norma no fue de la mano con la necesidad de regular tal situación, por tanto, los principales actores de dicho mercado – las instituciones financieras – procuraron adaptar los hechos con las condiciones legales vigentes, generando así vacíos que determinaron su propia desprotección legal. Como respuesta a ello, estas últimas, crearon nuevas condiciones o requisitos necesarios para obtener financiamiento bancario, lo que inmediatamente se vio reflejado en el freno de dicho mercado. El presente trabajo procura explicar desde un punto de vista didáctico y práctico, la forma regular de contratación en dichas operaciones y propone que la figura de la hipoteca de bien futuro, procure un incentivo al mercado, mediante la cual se logrará proteger los intereses de todos los participantes, sobre todo de las instituciones financieras y de los clientes finales.

Sabemos que el Sistema de Pensiones Peruano necesita ser reformado, toda vez que existen diferentes sectores poblacionales que vienen siendo afectados por el Sistema Previsional actual, el mismo que anteriormente ya ha sido reformado bajo el “Modelo Paralelo” permitiendo que coexistan el sistema privado de capitalización con el sistema público de reparto. Estos sectores tienen demandas específicas según sus propias necesidades, como por ejemplo el sector no contributivo que requieren del Estado el aseguramiento de una pensión; el sector contributivo afiliado al Sistema Público de Pensiones que demandan acceder a una pensión proporcional a su tiempo de aportación, y a montos de pensión más elevados; el sector contributivo afiliado al Sistema Privado que requieren se les asegure un monto de pensión mínima cuando su fondo de capitalización sea insuficiente; y en general el sector contributivo constituido por trabajadores dependientes, quienes requieren que la afiliación y aportación a un sistema de pensiones sea voluntario y no obligatorio. Ante esta situación, consideramos que la solución debe estar basada en una reforma integral, por ello con el presente trabajo proponemos el establecer un Sistema Multipilar de Pensiones en nuestro país, ya que debido a su estructura éste cubriría la mayor cantidad de demandas manifestadas por los peruanos.

Hace cinco años, a raíz de la publicación del Decreto Supremo N° 014-2011-TR, el arbitraje laboral económico, que resuelve la negociación colectiva entre organizaciones sindicales y empleadores, ha cobrado una gran importancia. A la fecha, podríamos catalogarlo como la novedad más resaltante que se ha presentado en el último lustro en lo que respecta a mecanismos de solución de conflictos laborales económicos.

La presente investigación, se dirige en el marco general del Derecho Administrativo y especialmente en el Derecho de Protección al Consumidor. En ese sentido, partiendo de la finalidad que cumple el Sistema de Protección al Consumidor en adelante el “Sistema” y por tanto el Código de Protección y Defensa de los consumidores, en adelante el “Código”, se analiza cuál debe ser la naturaleza del procedimiento de protección al consumidor que se sigue ante el Indecopi por denuncia de parte. Es así que, la investigación se divide en introducción, 4 capítulos, problema de investigación, conclusión y bibliografía. En la parte introductoria se desarrolla, la pregunta principal, objetivos de la investigación, planteamiento del problema de manera general, hipótesis, justificación del tema, así como las fuentes analizadas.. Asimismo, se desarrollan cuatro capítulos. En el primer capítulo se analiza la finalidad del Sistema y la Política Nacional de Protección al Consumidor, que son las bases de la protección al consumidor. En el segundo capítulo se analiza de forma general la aplicación de la Ley del procedimiento Administrativo General. En el tercer capítulo, se analiza la situación actual del procedimiento, a fin de dar conocer sus características y herramientas con las que se cuenta normativamente. En el cuarto capítulo, se plantea la solución al problema y se brinda argumentos por los que el procedimiento trilateral sería el más idóneo en el caso de denuncia de parte en procedimientos de protección al consumidor. De acuerdo a ello, se demuestra que el procedimiento administrativo que se sigue ante el Indecopi por denuncia de parte en procedimientos de protección al consumidor, debe ser trilateral y no sancionador, considerando al procedimiento sancionador, sólo una herramienta más con las que cuenta la Administración Pública para disuadir conductas infractoras y no el fin en sí mismo del referido Sistema.

El controvertido régimen laboral especial de la contratación administrativa de servicios y la creación del título valor denominado factura negociable serán los protagonistas en este trabajo de investigación que tiene por objeto demostrar que ambos regímenes son incompatibles entres si, dado que uno de ellos puede colisionar directamente con los derechos que cautela el otro. INTRODUCCIÓN Para tal fin, este trabajo de investigación se sustenta en que la circulación del título valor factura negociable debe restringirse únicamente a facturas o boletas comerciales más no a recibos por honorarios, en el supuesto de que un trabajador contratado bajo el régimen del contrato administrativo de servicios transfiera su recibo por honorarios mediante endoso a un tercero, produciéndose una novación subjetiva de obligación, ya que pasamos de una obligación laboral a una netamente comercial. Sin embargo; cabe precisar que lo que transfiere el trabajador no es solo una suma de dinero sino que esa suma de dinero incorpora su remuneración, la misma que en nuestro ordenamiento ha sido elevada a rango constitucional calificándosele como irrenunciable y estableciéndose ciertas reglas para su disposición. En ese sentido nos encontramos ante una disyuntiva entre el derecho comercial y el laboral, entre la libre circulación y autonomía de un título valor contra la intangibilidad de la remuneración. Par tal fin, en esta investigación se utilizará diversos métodos, como el metodológico explorativo, ya que al haberse escrito poco sobre el tema es necesario hacer un análisis explorativo detallado. Luego de ello se analizarán ambos supuestos para que una vez expuestos sean confrontados, demostrándose que ambos son incompatibles entre sí en el extremo anteriormente señalado. En principio, se iniciará con el análisis de la factura negociable en la legislación peruana, señalando los antecedentes de la misma y su naturaleza jurídica. La segunda sección tiene por objeto analizar de manera general la protección de la remuneración en nuestro ordenamiento nacional. Finalmente, se contrastará la incompatibilidad existente que originaría una colisión entre el derecho cambiario y el derecho laboral.

Resumen: No es novedad la pretensión de objetivar las valoraciones jurídico-penales en el tratamiento de los delitos. Sí lo es que a las restricciones de los derechos fundamentales se les exija legitimación que, a decir del autor, encuentra contenido material en la lectura constitucional de la actuación de operadores de justicia y restricción o limitación de los derechos fundamentales del involucrado en un suceso de riesgo prohibido a título de delito imprudente. El autor denuncia, en los casos que presenta, la manipulación de personas a quienes se les lesionó la dignidad y otros derechos cuando fueron sometidas a un proceso que eventualmente produjo sentencias condenatorias o declaración de culpabilidad que se enmarcan en procesos penales que califican de meros rituales. / Abstract: It is not new the attempt to make legal assessments more objective in the treatment of crimes. However, it is new to require the limitation to restrictions on fundamental rights. According to the author, the content of this limitation is located in the constitutional interpretation of judges and prosecutors and in the restriction or limitation of fundamental rights of the accused of a negligent crime. In the cases presented by the author, he denounces the manipulation of people that had their dignity and other rights injured when they were subjected to a trial that declared them guilty under criminal proceedings which are mere rituals. / Tesis

De la lectura e interpretación del artículo 326 del Código Civil, se tiene que, aquella unión convivencial no alineada a los parámetros señalados en el mismo articulado (unión impropia), no producirá efectos jurídicos. La medida pareciese adecuada si lo que se pretende es omitir de legalidad a aquellas uniones que no mantengan vocación de concreción y realización familiar. No obstante, dicha situación resulta perniciosa si su materialización y configuración escapa del parámetro fáctico bajo la cual fue pensada. Este es el caso de la unión impropia revestida de buena fe, en donde, al menos un integrante desconoce que su relación carece de legalidad; así, aquel mantiene una idea ficta: su unión es reconocida y genera derechos. Ante ello la norma es clara y de manera genérica, le niega el reconocimiento de efectos jurídicos. Teniendo claro ello, el objeto de la presente investigación se enfoca en la posibilidad de otorgar efectos jurídicos en favor del conviviente concurrente de buena fe; para ello, se realizará un análisis exegético, dogmático, comparativo y funcional de la unión de hecho impropia de buena fe, para así, ensayar una nueva fórmula de tutela frente a estos casos. Finalmente, concluimos con la siguiente premisa: a través del método integrativo de la norma, derechos de la personalidad, buena fe y dignidad humana, resulta factible otorgar efectos jurídicos en favor de dicho conviviente, consecuentemente, la buena fe, en todas formas, merece ser tutelada.

En el presente trabajo se propone realizar el estudio y análisis de algunas normas o políticas de la regulación de la actividad de juegos de casino y/o máquinas tragamonedas en el Perú, a través del Test de la proporcionalidad (adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto), lo cual conlleva la revisión de los fines que se pretenden alcanzar con las mismas. El estudio abarca distintos tópicos tales como la libertad de empresa, el análisis o ponderación de las políticas regulatorias, constitución económica, y recoge las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional en dicha materia. Cabe indicar que la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas se desarrolla en nuestro país bajo algunos costos, y al ser una actividad que el Estado permite de manera excepcional, incluso desincentiva, dichos costos suelen ser muy altos, siendo asumidos no sólo por los empresarios que deseen ingresar en dicho negocio (libre iniciativa privada), sino también por la sociedad y sus usuarios de dichos establecimientos. Dichos costos se sustentan o deberían sustentarse en los fines y objetivos de la regulación. En este sentido, a través del Test de la proporcionalidad se pretende analizar algunos de los requisitos y condiciones establecidos en la regulación de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas en nuestro país, y dadas sus características y efectos económicos que involucra, determinar si son idóneos para alcanzar los fines y objetivos que se han propuesto.