La investigación se avoca a una de las instituciones que por situaciones reales sus conceptos se han variado durante el paso del tiempo. La evolución de las creencias y costumbres del ser humano han reflejado diversas figuras que se han suscitado en ampliar el concepto actual de familia que se viene manejando dentro de nuestro marco normativo. Como primer objetivo es investigar las modificaciones que no se han visto reflejadas dentro de nuestra legislación; sin embargo, han sido empleadas por legislaciones comparadas que han reflejado criterios positivos en la aceptación de las distintas sociedades. Asimismo, también indagamos la manera en que nuestro ordenamiento está reaccionando a las nuevas tendencias de la unión convivencial desde su concepto hasta las propuestas de cambio que se deben realizar. Como finalidad buscamos la reflexión por parte de nuestros legisladores para una adecuada aplicación de los resultados de la presente investigación en la que se necesita una comprensión sobre los nuevos retos que vienen generando efecto dentro del marco normativo. El método empleado como parte del estudio de las normas jurídicas nacionales y comparadas es el exegético que con el análisis de cada legislación conllevará a homologar criterios con países tanto europeos como americanos. También se utiliza el método dogmático que nos permitirá estudiar las posturas investigativas y la propia apreciación para generar nuevos criterios Por último, se propone desarrollar una figura autónoma al concepto, así como un tratamiento autónomo que permita utilizar los diferentes criterios generando independencia, armonía e interés de la población nacional.

Consuetudinariamente y amparados en el principio de primacía de la voluntad de las partes, se vienen aplicando en nuestro país Cláusulas de No Competencia Post- Contractual en materia laboral, las cuales limitan de forma convenida el derecho a la libertad de trabajo por el pago de una contraprestación económica. No obstante, la falta de regulación puede generar abuso del derecho, entre otros motivos por el mayor poder de decisión del empleador en determinar los términos contractuales.

El aborto en el Perú está prohibido de manera parcial pues legalmente solo se permite su práctica en determinados supuestos, como son el aborto terapéutico, sentimental y eugenésico, regulados en los artículos 119 y 120 del Código Penal. De dicho panorama se colige que la vida de las mujeres debe estar en riesgo para que se les permita interrumpir sus embarazos, lo cual nos lleva a preguntarnos por qué está penalizado el aborto libre, voluntario y legal en el Perú en el cual sean las mujeres las que decidan cuándo solicitar un aborto. Así, este trabajo recoge aquella interrogante y se plantea una pregunta específica: ¿por qué la regulación penal menoscaba los derechos de las mujeres que desean interrumpir sus embarazos? Como hipótesis, este trabajo sustenta que la regulación peruana del aborto se construye como un castigo hacia las mujeres al dotar de validez absoluta al derecho a la vida del embrión, desatendiendo que las mujeres son titulares del derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, la integridad física y la integridad psicológica, y a ser tratadas como fines y no medios e ignorando las recomendaciones de organismos internacionales, los cuales se muestran a favor de la despenalización del aborto. De esta manera, este artículo postula que la regulación del aborto carece de fundamentos jurídicos, lesiona derechos de las mujeres, simpatiza con las posturas provida y no es una medida idónea para el fin legítimo de protección de los bienes jurídicos propios de un estado constitucional. / Abortion is partially legal in Peru due to the fact that it can only be done in some cases, such as a therapeutic, sentimental or eugenic abortion procedure, which can be found in articles 119 and 120 from the Penal Code. Such scenario suggests that the life of women must be in danger in order to ask for an abortion, which leads us to question why is it illegal to have a free, voluntary and legal abortion procedure in Peru, in which it would be women who choose whether to have it or not. So, this work picks up that question and constructs another one: why does the criminal law violate the rights of women who wish to have an abortion done? As a hypothesis, this narrative suggests that the peruvian regulation of abortion is actually a punishment for women as it gives absolute worth to the embryo and its right to live, while lacking to protect some of the following rights that women have: the right to the free development of personality, the right to health, the right to a physical and mental integrity, the right to not be treated as means to an end, meanwhile choosing to ignore the recommendations from international organisms which defend the decriminalization of abortion. So, this work explains that the regulation of abortion in Peru lacks of lawful arguments, violates the rights of women, sympathizes with prolife affirmations and is not suitable to achieve the aim of protection of legal assets common in a constitutional state of law.

La investigación parte de la observación de diversos conflictos jurídicos que surgen a raíz del normal desenvolvimiento de una empresa (sociedad), premisa por la que nos enfocamos en aquellos relacionados a la manifestación de voluntad societaria emitida por los órganos sociales, toda vez que, éstos, muchas veces no son acertadas y ocasionan perjuicio (económico, patrimonial, entre otros) a los socios, a la sociedad en sí, e incluso a terceros; razón por la que, la Ley Nº 26887, dispone que los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas pueden ser impugnados ante el órgano jurisdiccional, a través de un proceso abreviado, o un proceso sumarísimo, conforme a las estipulaciones del artículo 143° de la referida Ley. En mérito a ello, el Objetivo de la presente investigación es determinar la forma en la que se puede solucionar la existencia de diferentes vías procedimentales en los procesos de impugnación de acuerdos societario; apoyándonos, por ende, en las diversas opiniones de juristas, doctrinarios, en la ley societaria vigente, y otras leyes sustantivas y procesales de aplicación supletoria. Utilizando consecuentemente, el Método universal científico, y, el método general Inductivo y Descriptivo, los cuales permitieron descubrir y desentrañar los elementos que ocasionan la demora procesal innecesaria en los procesos de impugnación señalados. Llegando a observar que, la regulación vigente, relacionado a la existencia de diferentes vías procedimentales (abreviado y sumarísimo), afecta a la tramitación judicial de los procesos de impugnación, pues los convierte en procesos deficientes, latos, y con una demora procesal excesiva; concluyendo por ende, en la posibilidad de que el proceso de impugnación de acuerdo societario debe ser célere, por lo que, debe tramitarse, únicamente, en la vía del proceso sumarísimo, razón por la que se propone la modificación el artículo 143° de la Ley General de Sociedades.

El trabajo de investigación se divide en cinco partes. La primera parte así como la segunda estarán destinadas a describir el marco conceptual general del arbitraje, en cada uno de sus alcances y caracteres más relevantes para así poder conocer mejor esa institución como mecanismo de resolución de conflictos y situar al lector en el marco del arbitraje y su aplicación en el Perú a fin que el lector tenga una idea clara de cómo opera el arbitraje en nuestro país. Además, para poder entender el mecanismo del arbitraje de consumo es necesario que explicar primero que es el arbitraje y cómo opera el mismo para poder guiar el posterior análisis del autor y la comprensión de la tesis por parte del lector. La tercera parte buscará dar una visión de la aplicación del sistema del arbitraje de consumo en general así como de sus principales caracteres y la normativa que lo regula en nuestro país. Asimismo se plantean a lo largo de ambas secciones las principales ventajas pero también las principales falencias y defectos del sistema de arbitraje de consumo, las cuales se proceden a analizar de manera minuciosa, con el fin de que el lector conozca las mismas, se empape del tema y se forme un criterio propio acerca de la verdadera viabilidad, funcionalidad y eficacia que podría tener la implantación de dicho sistema en nuestro país. Dicho análisis va acompañado de la más completa denotación de casos y supuestos varios del derecho extranjero que demuestran porque en algunos casos resulta eficaz éste sistema de arbitraje de consumo y en otros no. El objetivo es identificar las ventajas, pero también las debilidades de éste sistema. Finalmente la cuarta parte de la tesis está dedicada al análisis de cada uno de los problemas y debilidades citados en el sector cuarto con su contraparte de resultado y propuesta de mejora. Ya que la idea de la presente tesis es identificar cómo operaría éste sistema en nuestro país en comparación con otras legislaciones y determinar a raíz de ello y del análisis de su naturaleza y caracteres particulares si el mismo sería viable y funcional en nuestro país a la luz de nuestra legislación vigente en materia de protección al consumidor. En la medida de lo posible se tratará de contar con información cuantitativa en cuanto a jurisprudencia y resoluciones de casos para que la comparación no se haga solamente a nivel de texto legal. Esto serviría para completar el análisis con una comparación de las experiencias internacionales con la peruana. El objetivo es dar recomendaciones a las falencias y errores identificados, teniendo como sustento otros sistemas que tienen mayor eficacia.

En el presente informe de relevancia jurídica se analiza el procedimiento administrativo sancionador iniciado en 2005 por la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI contra el Consorcio de Servicio de Transporte Turístico Machu Picchu S.A.C. en mérito de la denuncia presentada por la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco por presuntamente haber incurrido en una conducta de abuso de posición de dominio en la modalidad de precio excesivo y discriminación explotativa. La denuncia de la AATC estuvo motivada por el incremento en la tarifa de transporte que había comunicado CONSETTUR para el 2005 en su calidad de único operador en la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela de Machu Picchu en la que prestaba el servicio de transporte terrestre. Específicamente, la AATC denunció el alza en la tarifa de “turista extranjero” que incrementó de $ 9.00 a $ 12.00 y señaló que dicho aumento constituía un precio excesivo impuesto por el concesionario. En el procedimiento sancionador se analiza, principalmente, si la conducta de CONSETTUR se encontraba prohibida bajo el Decreto Legislativo 701 y, por lo tanto, si podía ser sancionada por la autoridad de competencia. Asimismo, en el marco de su competencia, el INDECOPI propuso una abogacía de la competencia con la finalidad de promover la competencia en una futura licitación para la concesión de la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela de Machu Picchu. En esa línea, la primera parte del presente informe tiene como finalidad determinar el objeto y alcance de la política de competencia en el país y, sobre ello, si la conducta que se le imputa al concesionario se encuentra tipificada como una modalidad de abuso de posición de dominio y debe ser sancionada por el INDECOPI. Para ello, se analizará el modelo constitucional con especial énfasis en su manifestación económica, así como la legislación en la materia y su compatibilidad con la conducta imputada a CONSETTUR en el presente caso. En la segunda parte, se determinará si el diseño de la licitación pública convocada por la Municipalidad Distrital de Machu Picchu para la concesión de la ruta de Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela de MP promovió la competencia entre la inversión privada por operar la ruta con la finalidad de que se elija al mejor postor posible para prestar el servicio de transporte terrestre a favor de los usuarios. Para ello, se analizará los requisitos sobre los que se convocó en concurso público, así como particularidades del mismo que determinaron la elección del postor ganador.

El plan de investigación académica venido en desarrollo, propone opciones que tiene el gobierno local para inscribir aportes reglamentarios en terreno provenientes de Habilitaciones Urbanas a su favor ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, el cual se esboza con el fin de sanear registralmente la titularidad (dominio) de la Administración, o también, para que el administrado conozca de estas soluciones legales, las que plasmo a través de dos mecanismos, ya sea dentro del marco legal de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, la cual comprende la presentación de instrumento público notarial acompañado del acuerdo de concejo municipal y las credenciales del funcionario municipal interviniente; o, según el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF (Dictan medidas reglamentarias para que cualquier entidad pública pueda realizar acciones de saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal), con la presentación de documento privado suscrito por el funcionario municipal con fecha cierta, donde se solicita la anotación preventiva de inscripción de dominio (30 días calendario y posterior inscripción definitiva. En consecuencia, ha de conocerse que el segundo cuerpo normativo señalado, tiene un carácter de salvavidas frente a la dificultad sobreviniente respecto a la formalidad requerida por el primer cuerpo normativo, siendo estas dificultades como, por ejemplo, la demora con la emisión del acuerdo de concejo debido a temas de logística por parte de los entes ediles u otros temas relacionados.

A través de una sentencia de vista que demuestra múltiples tipos de contrataciones a una obrera municipal que realiza la misma labor desde 1994 y que fue cesada a menos de dos semanas de haber presentado una queja por hostigamiento sexual ante su empleador, este informe explica un fenómeno que ha sido normalizado a través del tiempo tanto en el ámbito laboral privado como en el público y que acarrea graves consecuencias para el trabajador víctima de este, una de ellas, y la más grave para el sistema laboral, es la obstaculización a la tan anhelada la indeterminación laboral, yendo en contra de la estabilidad laboral. Pues la trabajadora sufrió de una desnaturalización de contratos desde iniciar la relación laboral, pues el servicio que realizaba para la municipalidad era perenne. Ello se demuestra a través de la ley de la materia y diversa doctrina que nos lleva a concluir que la trabajadora debió estar bajo la indeterminación desde su primer día de labores. Asimismo, se observan las distintas excepciones presentadas que se declararon fundadas, pese a que no tenían un análisis profundo detrás, por lo que se concluye de manera opuesta al juzgado. Finalmente, este informe busca que se comprenda la importancia de realizar correctamente un proceso de queja de hostigamiento sexual, así como la necesidad de generar un nexo causal sólido para poder respaldar el despido nulo solicitado, con un mayor sustento, se concluye que el juzgado acertó al conceder el despido nulo a la trabajadora

El Sr. Rojas Leo denunció por derecho propio y en representación de la ciudadanía a América Móvil por infracción al deber de idoneidad, en tanto al momento de iniciar una llamada, antes de dar paso al timbrado regular, se escuchaba la locución "prueba la velocidad de la Gigared Claro". En Primera Instancia, se declaró improcedente la denuncia defensa de los derechos de los consumidores; y se admitió a trámite la denuncia por métodos comerciales agresivos y engañosos. En Segunda Instancia, se declaró la nulidad de la Resolución de Primera Instancia, se declaró improcedente la denuncia, pues es un tema que le compete al regulador OSIPTEL, y se señaló que el Sr. Rojas Leo no contaba con legitimidad para accionar en defensa de los intereses de los consumidores. En el presente trabajo se analizará la naturaleza publicitaria de la locución telefónica “prueba la velocidad de la Gigared Claro”, así como se evaluará si esta puede ser considerada como un método comercial agresivo o engañoso; o en su defecto, si puede significar una vulneración al deber de idoneidad en la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Finalmente, se dilucidará si el Sr. Rojas Leo, como persona natural, contaba o no con legitimidad para iniciar una acción procesal defendiendo los intereses difusos y colectivos de los consumidores y/o usuarios.

La diversidad es un elemento que atraviesa a la humanidad desde nuestros inicios. Sin embargo, a lo largo de los años, se viene sosteniendo como verdad absoluta la existencia de solo dos manifestaciones corporales posibles respecto de sus características sexuales: hombres y mujeres. Toda persona que no encaja en ese estándar es catalogada como “enferma”, “monstruosa”, “anormal”, por lo que sus cuerpos deben ser intervenidos y adecuados a los modelos esperados y deseados. Este trabajo aborda como tópico de discusión la validez constitucional del sometimiento a intervenciones quirúrgicas irreversibles, tratamientos hormonales y psicológicos de reasignación sexual a infantes intersex no consentidas o a través de autorización parental. Para este fin, en el primer capítulo se profundiza en la diversidad de las características sexuales del cuerpo: la intersexualidad. Se analiza la categoría sexo como un constructo social y cultural, se describe el modelo patologizador y las intervenciones médicas de reasignación de sexo en infantes intersex. Del mismo modo, se aprecia el estado de la cuestión y el abordaje de la intersexualidad en niñes en el Perú. En el segundo capítulo, se analiza la jurisprudencia constitucional sobre el reconocimiento y violación de los derechos fundamentales de niñes1 intersex sometides a intervenciones médicas y la regulación normativa del abordaje de la intersexualidad en infantes. En el tercer capítulo se realiza el balance sobre la validez constitucional de las intervenciones quirúrgicas de reasignación practicadas en infantes intersex no consentidas a partir del análisis del principio-derecho a la dignidad, autonomía, igualdad, interés superior de les niñes e integridad. Esta investigación se desarrolló a partir de la revisión de bibliografía especializada desde las ciencias sociales, médicas y jurídicas; además de jurisprudencia de distintas instancias de justicia que abordaron las controversias constitucionales materia de estudio. Finalmente, la conclusión principal de este trabajo es que las intervenciones médicas realizadas sin el consentimiento de les niñes intersex constituyen injerencias arbitrarías y discriminatorias en sus derechos fundamentales y por tanto son inconstitucionales.