El presente trabajo es desarrollado con el objetivo de analizar la modificación del artículo 79° de la Ley de Recursos Hídricos, Ley No. 29338, así como de sus normas complementarias respecto a la pérdida de competencias de la DIGESA como opinante técnico en los procedimientos de autorización de vertimientos que son otorgados por la ANA. Es así como se analiza si esta “simplificación administrativa” que motivó al legislador modificar la normativa, responde a las necesidades del contexto actual peruano. El trabajo concluye con que esta modificación no ha sido acertada en tanto en la realidad no hay un organismo público que se encargue de evaluar si con un determinado vertimiento se está afectando o poniendo en riesgo la salud de las personas, debido a que, como se demuestra, la ANA no cuenta con competencias ni recursos suficientes para ello.

Luego de la entrada en vigencia de la Ley N° 28677 “Ley de la Garantía Mobiliaria” y con ella la derogatoria establecida en su Sexta Disposición Final y Transitoria, quedó en el aire una interrogante pendiente de respuesta: ¿Las hipotecas abiertas, constituidas en favor de las empresas del sistema financiero con posterioridad al año 2006, son ejecutables? De acuerdo con la investigación realizada, la derogación de una norma que derogó a otra no implica que la norma derogada recobre automáticamente su vigencia en los términos originales con los que fue publicada. Es decir, estamos ante la “no reviviscencia de la norma derogada”. Dicho criterio se encuentra establecido en el Artículo I del Título Preliminar del Código Civil: Por la derogación de una ley, no recobran vigencia aquellas a las que ésta hubiere derogado. En consecuencia, ¿cómo pudieron los jueces encargados de pronunciarse en el Sexto Pleno Casatorio señalar que “quedó subsistente a la actualidad el texto primigenio del artículo 172° de la Ley de Bancos” (Sic)? Podemos especular varias respuestas; sin embargo, ninguna tiene justificación. Lo que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico es un error conceptual muy grave de un concepto básico denominado aplicación de las normas en el tiempo y que no se ha quedado olvidado en el fundamento de alguna resolución pasada, sino que tiene consecuencias jurídicas perceptibles y, en la actualidad, irreversibles.

El análisis legal en relación al procedimiento administrativo de la habilitación urbana recobra una mayor importancia a raíz del desarrollo inmobiliario en el país. En lo referido al tema de la habilitación urbana, uno de los principales problemas es el incumplimiento de los procedimientos administrativos regulares que impone la ley, lo que trae como consecuencia la existencia de áreas que actualmente son utilizadas para fines urbanos, a pesar de que dichas áreas son calificadas como áreas de uso rural. El objetivo principal de este trabajo es conocer qué es lo que regula la normativa peruana sobre el tema de las habilitaciones urbanas ejecutadas, para así poder demostrar que algunas figuras legales como la “Redención” (entendida como la alternativa que sustituye a la obligación de realizar “Aportes Reglamentarios”) impacta en nuestra realidad urbanística, específicamente en la reducción de los espacios públicos. La conclusión general del presente trabajo es que ordenamiento jurídico peruano en su vertiente urbanística es bastante permisible cuando se trata hacer respetar los espacios públicos y/o áreas de uso público que se requieren para atender las necesidades de una urbe, debido a que se deja en manos de los particulares la decisión de si realizar o no los aportes reglamentarios.

Esta investigación se plantea como objetivo general analizar si la figura de la prescripción de cobro de deudas tributarias encuentra un fundamento constitucional suficiente para mantenerse dentro de un Estado Constitucional de Derecho. El método empleado para la consecución de tal objetivo es el documental o bibliográfico. Mediante dicho método se busca adquirir una completa perspectiva respecto a la figura objeto de estudio, someterla a evaluación y, finalmente, generar una propuesta alternativa suficientemente fundamentada. En la investigación, se llega a la conclusión de que la prescripción de cobro de deudas tributarias afecta a los principios constitucionales de deber de contribuir, capacidad contributiva e igualdad. Dicha afectación es mayor que la satisfacción que ofrece respecto al principio que justifica su existencia: el principio de seguridad jurídica. Así, la prescripción de cobro de deudas tributarias constituye una medida desproporcional, puesto que, de no existir dicha figura, el impacto resulta menor al que se genera con su existencia. En consecuencia, se concluye que se trata de una figura que debe ser expulsada del ordenamiento. Se propone que debe empezar a regir una regla de imprescriptibilidad de cobro de deudas tributarias, la cual tendría que materializarse en una variación normativa del Código Tributario. Se realiza esta propuesta en una búsqueda por el respeto de los principales postulados del Estado Constitucional de Derecho.

El derecho, como ciencia dinámica, debe ajustarse a la realidad de la sociedad que regula; sin embargo, este es un escenario utópico en el Perú cuyo caótico sistema legal complica la realización de un seguimiento constante de las normas. Esta situación genera que la dinámica social se rija por reglas desfasadas que ya no aportan los beneficios de otra época. Este es el caso del Decreto Ley 21621, Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, que teniendo más de 40 años de existencia ya no consigue adaptarse a la realidad socioeconómica siendo restrictiva con la actividad del empresario y limitando su crecimiento económico. A lo largo de este trabajo se pretende abordar el impacto de esta norma en el sistema registral peruano analizando la problemática de la Resolución N°2231-2016- SUNARP-L en torno a la flexibilización del criterio interpretativo del Tribunal Registral. En este sentido, se comenzará presentando los principales hechos y problemas identificados para después realizar un análisis que permita evaluar la naturaleza de la EIRL en contraposición a la Sociedad Unipersonal con la intención de confirmar la actual ineficacia del Decreto Ley 21621, la innegable extensión de la figura por parte del Tribunal Registral y la necesidad de una modificación o sustitución de este instrumento legal. / Law, as a dynamic science, must adjust to the reality of the society it regulates; however, this is a utopian scenario in Peru whose chaotic legal system complicates constant monitoring of regulations. This situation causes social dynamics to be governed by outdated rules that no longer provide the benefits of another era. This is the case of Decree Law 21621, Law of the Individual Limited Liability Company, which, having been in existence for more than 40 years, no longer manages to adapt to the socioeconomic reality, being restrictive with the activity of the entrepreneur and limiting its economic growth. Throughout this work, it is intended to address the impact of this rule on the Peruvian registry system by analyzing the problem of Resolution No. 2231-2016-SUNARP-L regarding the relaxation of the interpretative criterion of the Registry Court. In this sense, it will begin by presenting the main facts and problems identified and then carry out an analysis that allows evaluating the nature of the EIRL as opposed to the One Man Company with the intention of confirming the current ineffectiveness of Decree Law 21621, the undeniable extension of the appears by the Registry Court and the need for a modification or substitution of this legal instrument.

La falta de una norma sustantiva vigente que establezca de manera clara quién es el Ente Generador de Catastro competente para llevar a cabo el procedimiento de visación de planos de predios rústicos que se encuentran ubicados en un área de expansión urbana, ha generado la obstaculización de los procedimientos de saneamientos en estos y su posterior inscripción en los Registros Públicos. Por tanto, partimos de la crítica de que, ante la existencia de diversos tipos de procedimientos de saneamiento, que requiere la aprobación y verificación de la documentación técnica por parte de una Autoridad Administrativa, la falta de homogenización en la normativa vigente, generan vacíos en la regulación interna de los procedimientos administrativos que pueden llevar a cabo dichas entidades. Asimismo, se evalúa si la denegatoria por parte de las Municipalidades de la visación de planos para efectuar los procedimientos de saneamiento en predios que cuentan con dicha naturaleza, podría constituir una barrera burocrática. Finalmente, se trae a colación la calificación registral de los actos administrativos, evaluándose los límites de la Calificación Registral en los documentos visados por la Municipalidad respecto a predios rústicos ubicados en área de expansión urbana, toda vez que en muchas oportunidades tanto estos son cuestionados por el Registrador bajo la premisa de que la Municipalidad no es el Ente Generador de Catastro Competente para predios que cuentan con dicha naturaleza, lo cual no se condice con lo establecido en el Pleno XCII del Tribunal Registral. En ese sentido, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal evidenciar que resulta imperante realizar una homogenización y regulación del procedimiento de visación de planos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de las Municipalidades Provinciales y/o Distritales, así como, en la Ley N° 29090 y en su Reglamento aprobado en el Decreto Supremo Nº 029- 2019-VIVIENDA.

Actualmente en el mundo, existe un aumento de la población adulta mayor, que ha ocasionado que diversos países elaboren una figura jurídica que permita incrementar sus ingresos en esta etapa, teniendo como valor activo, la vivienda. Es por ello, que en varios países se ha creado la figura jurídica de la hipoteca inversa, con la finalidad de obtener de la vivienda un valor líquido que permita el solvento de los adultos mayores. En nuestro país, la hipoteca Inversa fue creada el pasado 28 de marzo del 2018, por lo cual es una figura jurídica reciente en nuestra legislación. En ese sentido, hemos considerado conveniente realizar un trabajo de investigación sobre las principales características de la hipoteca inversa regulada en el Perú y sus aspectos registrales. Asimismo, hemos realizado un breve análisis de la regulación de la hipoteca inversa en México y España a fin de dar a conocer algunos aspectos importantes de su regulación que consideramos debieron ser tomados en cuenta en nuestra legislación.

En el presente trabajo se busca analizar las hipotecas reguladas en normas distintas al Código Civil. Estas hipotecas son comúnmente conocidas como hipotecas especiales. Para ello, se hace una breve introducción sobre la definición y cuales son y han sido las hipotecas especiales reguladas en el Ordenamiento Peruano. Se detallan cada una de ellas, revisando sus aspectos más importantes tales como las normas que las regulan (o regulaban), su contexto histórico (en el caso de alguna de ellas) y los aspectos registrales más relevantes. El objetivo principal del presente trabajo académico, es dar a conocer la normativa peruana que regula cada una de las hipotecas especiales, incluyendo leyes, decretos legislativos, directivas dictadas por SUNARP, resoluciones del Tribunal Registral entre otras. La conclusión general del trabajo es ver que los distintos gobiernos (desde muchos años atrás) han utilizado a la hipoteca como base para crear hipotecas “especiales” con el fin de regular situaciones específicas, adaptándose a la realidad de un grupo o grupos sociales. Aproximadamente hace poco más de un año se creó la última hipoteca especial: la hipoteca inversa. Como se puede apreciar, este fenómeno es cada vez más frecuente, por lo que no debería extrañarnos si es que pronto aparece publicado una Ley General de Hipotecas.

Existe un público cuestionamiento a los alimentos producidos a partir de organismos genéticamente modificados (OGM) o llamados transgénicos, pues no existe evidencia concluyente que sean inocuos, que no dañen la salud de los consumidores; y por ello en 2010 el artículo 37 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor reguló la obligación de los proveedores de informar en sus etiquetas si los alimentos que expenden incorporan insumos que sean OGM; sin embargo, los proveedores no cumplen su obligación y afectan los derechos de los consumidores a elegir y a ser informados. En atención a ello, resultó pertinente investigar esta problemática desde el Derecho de Protección al Consumidor con el objeto de determinar las medidas a tomar para que los proveedores de productos alimenticios cumplan con su obligación y respeten los derechos de los consumidores, siendo que luego de un analisis de la doctrina, la legislación pertinente y los pronunciamientos emitidos por la autoridad de consumo se concluyó que el referido artículo 37 es una norma vigente y aplicable que no establece parametros para su cumplimiento; pero, resulta insuficiente, por lo que las medidas que se deben tomar para revertir ello son realizar una aplicación combinada de acciones de oficio de la administración, de practicas de autorregulación por parte de los proveedores y de educación a las consumidores, pues dichas herramientas garantizaran el cumplimiento de la obligación de los proveedores y por ende el respeto al derecho de elecció y de información de los consumidores.

El presente trabajo busca analizar la legitimidad de la permisibilidad de tercerizar actividades principales contenida en la Ley Nº 29245 que regula los parámetros de validez para los supuestos de tercerización de servicios en nuestro ordenamiento jurídico. De este modo, se pretende llevar a cabo un estudio que sobrepase lo meramente legal, esto lo que se encuentra establecido textualmente en la ley y la presunción de validez implícita a la misma, a efectos de reconocer que existen valores, derechos y principios jurídicos que se encuentran implicados dentro de dicha permisibilidad y forman parte de nuestro ordenamiento jurídico; por lo que, será su interacción en términos de ponderación el criterio que determine su legitimidad y por ende, su validez en base a nuestra Constitución Política. Para dichos efectos, debemos indicar que la elección del método de ponderación del profesor Manuel Atienza como metodología del presente trabajo se justifica en el reconocimiento de derecho como praxis y por ende, en la constante búsqueda del reconocimiento de la legitimidad de las normas en el tiempo en atención a los principios y valores que resultan ser la base del ordenamiento jurídico por responder siempre a todas las realidad cambiantes, no siendo la promulgación de las mismas un supuesto de blindaje de determine por si mismo su validez permanente en el tiempo. Así, se reconocerá como derechos en juego; por un lado, el derecho a la empresa y, por el otro, el derecho al trabajo del personal tercerizado e implicado en el desarrollo de actividades que califican de carácter principal en el marco de un supuesto de tercerización de servicios, siendo su análisis en términos de razonabilidad y proporcionalidad lo que determine finalidad si la permisibilidad de tercerizar actividades principales resulta ser legitima en los términos establecidos en la Ley Nº 29245.