Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / Determina el grado de eficacia que tiene la legislación sobre el consumidor peruano, para lo cual propone analizar las regulaciones normativas existentes que generan confianza en los consumidores con el fin que puedan contratar por medios electrónicos. Analiza las fórmulas legales que proteger a la parte débil de la relación vendedor – consumidor. En el diseño de la Investigación se debe indicar que la metodología toda vez que en los problemas planteados tienen una interrelación en la investigación jurídica formal y la investigación de campo se emplea tanto el método deductivo, y el método inductivo. La metodología deductiva propia de la dogmática jurídica tiene como referentes la legislación sobre el consumidor y el derecho comparado. Mientras que en la metodología inductiva se estudia a partir de la jurisprudencia nacional vinculada al tema de investigación, así como las muestras tomadas directamente de las plataformas virtuales de las empresas que tienen sus negocios en Perú, y en el caso concreto las políticas contractuales, esto es los términos contractuales empleados por las empresas Mercado libre Perú y Rosatel Perú para efectos del análisis respectivo. Con relación a estas empresas pese a que se busca contactar con sus asesorias legales remitiendoles los correos respectivos, no se recibe respuestas, por esto que estas son limitaciones propias de cualquier investigación. Sin embargo las paginas web de ambas empresas son escudriñadas a efectos que este trabajo tenga un referente de campo y no sólo una lucubración del autor respecto del tema de investigación. El universo de estudio está constituido por la legislación comparada, la legislación nacional, las políticas contractuales de las empresas que en Perú se dedican al comercio electrónico, y las políticas contractuales de Mercado Libre y de Rosatel Peru.com que se encuentran en las páginas web y en sus órganos de asesoría legal. Se quiso contar con información de los problemas judiciales y no judiciales que hayan tenido con sus clientes durante los últimos cinco años para que provean información ya que no hay referencias en páginas especializadas de jurisprudencia como la del poder Judicial peruano ni en la jurisprudencia del Indecopi, sin embargo no hubo respouesta. / Tesis

La presente investigación “Ofertas Públicas Primarias de Bonos Corporativos en el Perú” tiene como propósito fundamental explicar por qué nuestra legislación sobre ofertas públicas primarias de bonos corporativos es muy dispersa haciendo inviable económicamente el financiamiento de montos pequeños. Una alternativa fundamental para el financiamiento de las empresas es la oferta pública primaria de bonos corporativos a través del mercado de valores. Obtener financiamiento a través de la colocación de estos instrumentos financieros resulta más eficiente para las empresas que recurrir a un crédito bancario, por el menor costo financiero que implica una emisión de esta naturaleza. La evolución de las ofertas públicas primarias de bonos corporativos se caracterizó por un dinamismo relativamente creciente durante los años 2003-2008. Sin embargo, existe un limitado acceso de las empresas a las ofertas públicas primarias de bonos corporativos, el que se manifiesta de dos formas. Por un lado, son pocas las empresas que acceden al financiamiento a través de bonos corporativos debido a la inflexibilidad en lo referente a los requisitos a los cuales se encuentran sujetas estas ofertas públicas, lo cual dificulta las posibilidades de desarrollo de este mercado. En segundo lugar, la mayor parte de empresas que sí acceden al financiamiento a través de estos instrumentos son consideradas en su mayoría “grandes”, las mismas que por sus necesidades de financiamiento pueden diluir los costos fijos de emisión que implica una oferta pública primaria de bonos corporativos en nuestro país. Este problema debe enfrentarse desde varias perspectivas. Nuestro marco legal debe promover una mayor competencia en la oferta de financiamiento empresarial, fortaleciendo el mercado primario de valores, para que éste se constituya en una verdadera alternativa de financiamiento que compita con el sistema bancario. Resulta necesario modificar nuestra legislación en lo referente a los requisitos a los cuales se encuentran sujetas las ofertas públicas primarias de bonos corporativos para abaratar los costos de emisión. En este sentido, sobre la base de la explicación de las restricciones normativas así como la comparación con otras legislaciones de la región, la presente investigación propone las modificaciones legales correspondientes que permitan un mayor acceso de las empresas a las ofertas públicas primarias de bonos corporativos y a su vez, éstas se constituyan en la principal fuente de financiamiento empresarial de nuestro país.

Las condiciones que caracterizan, hoy en día, a los beneficiarios de los Decretos Leyes N° 19990 y N° 20530, son diametralmente opuestas. Por una parte, el Decreto Ley N° 20530 (que no resolvió la problemática generada por la Ley de Goces de 1850), representa el Régimen de Pensiones de los Servidores Civiles del Estado, que aún después de las Reformas Constitucionales efectuadas por el Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional en los años 2004 y 2005, sigue otorgando pensiones que le representan al Estado un excesivo gasto presupuestal que influye de manera negativa en la capacidad gubernamental para dotar a los jubilados de mejores posibilidades de subsistencia. La situación antes descrita se ve reflejada en el panorama crítico de la Seguridad Social en el Perú, situación comparativamente similar con otras realidades en América Latina, la cual queda patentada en la coexistencia de regímenes especiales, circunstancia que se constituye en fuente de inequidad en el universo de los cesantes y jubilados del Perú, ya que de esta manera se beneficia a sectores pequeños de la población, mientras que el gran conglomerado de pensionistas sigue sumido en la más absoluta miseria y desprotección social. Por ello, la presente investigación especifica su campo de desarrollo dentro de la realidad de dos de los regímenes del Sistema Previsional Peruano: los Decretos Leyes Nº 19990 y Nº 20530. Por lo anteriormente expresado, queda plenamente demostrado que la no unificación de los regímenes previsionales del Decreto Ley N° 19990 y del Decreto Ley N° 20530 (debido al inadecuado tratamiento legislativo destinado a unificar las normas en materia previsional y la carencia de estudios y/o investigaciones en torno al tema), así como también los ambiguos e inequitativos criterios para fijar las pensiones en dichos Regímenes (producida por el excesivo manejo político en la regulación del Decreto Ley N° 20530 y la carencia de una norma legal idónea que establezca criterios equitativos para otorgar pensiones en ambos regímenes), son las causales de la disparidad de la pensión percibida por un cesante del Decreto Ley N° 20530 frente a uno del Decreto Ley N° 19990. En ese orden de ideas, la finalidad de la presente tesis es la descripción del problema originado por la excesiva diferencia entre lo percibido por los pensionistas de la denominada Cédula Viva frente a los del Régimen del Sistema Nacional de Pensiones, la relación de dicho factor con las condiciones de vida de éstos últimos y la excesiva onerosidad en el gasto presupuestal del Estado, originada por la planilla dorada del Decreto Ley N° 20530. Asimismo, esta investigación busca sentar las bases de una reforma integral en el aparato previsional, creando un Sistema Nacional Unificado que administre las pensiones de ambos regímenes, el cual esté dotado de una legislación previsional coherente, que responda a las exigencias planteadas por la población en cuanto al acceso digno a su Derecho a la Pensión, consagrado tanto por la Constitución y la normativa internacional.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Tiene el propósito de lograr la unificación de criterios del Tribunal Constitucional, en la interpretación del artículo 27° de la Constitución de 1993, puesto que la falta de claridad del mencionado artículo influye en su interpretación contradictoria en los fallos del Tribunal Constitucional, permitiéndose así que se vulneren los principios de continuidad y de estabilidad laboral. La hipótesis planteada considera la eliminación de los artículos 34° y 38° de la LPCL a fin de que permita unificar los criterios del Tribunal Constitucional en cuanto a la interpretación uniforme del art. 27° de la Constitución Peruana de 1993, a través de la promulgación de una Nueva Ley de Terminación del Contrato de Trabajo. Las preguntas planteadas para resolver la hipótesis son las siguientes: ¿Cómo unificar los criterios del Tribunal Constitucional, en la interpretación del artículo 27° de la Constitución de 1993? ¿Por qué la falta de claridad del art. 27° de la Constitución de 1993 genera su interpretación contradictoria en los fallos del Tribunal Constitucional? Para la elaboración del presente estudio se utiliza el método inductivo, con el que se analizan la doctrina, legislación nacional e internacional, el derecho comparado y los fallos de las sentencias del Tribunal Constitucional respecto al tema del despido arbitrario, los que revelan que la falta de claridad del art. 27° de la Constitución de 1993 genera que su interpretación sea contradictoria respecto del tipo de resarcimiento que le corresponde al trabajador víctima de despido arbitrario. Finalmente, una vez identificados los problemas generados, se plantea una alternativa de solución a los mismos. / Tesis

La primera sección del presente trabajo presenta un desarrollo de la regulación de las conductas de abuso de posición de dominio en el Perú. Para ello, en primer lugar, es necesario desarrollar cuáles son sus fundamentos pues toda política económica, como es el caso de dicha regulación, se sustenta en una teoría económica. Repasando los primeros trabajos sobre el particular, damos con que esta teoría se sustenta en dos modelos de mercado en equilibrio, los cuales se estudian a partir del paradigma Estructura – Conducta – Desempeño: el modelo de competencia perfecta y el modelo de monopolio. / Tesis

Manifiesta que la pluralidad de instancias es una garantía que ha sido reconocida a nivel internacional y, en el Perú, está consagrada como uno de los principios de la función jurisdiccional. Conforme reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es aplicable inclusive a los procedimientos administrativos. Sin embargo, no siempre se cumple en materia electoral porque hay casos en los que el "Jurado Nacional de Elecciones” del Perú, emite decisiones como única instancia e inimpugnables. Es por esta razón que esta investigación tiene como objetivo determinar el sustento jurídico que permita establecer una propuesta para procurar el cabal cumplimiento del principio constitucional de la doble instancia en las decisiones que, directamente o por impugnación, deben ser revisadas y resueltas por el Jurado Nacional de Elecciones. Efectuados los análisis pertinentes, se ha llegado a concluir que, efectivamente, en diversos procedimientos que son ventilados ante el Jurado Nacional de Elecciones, esta entidad actúa como única instancia jurisdiccional emitiendo decisiones que no admiten impugnación; por lo que se incumple la norma constitucional de la pluralidad de instancias. Como resultado de la investigación desarrollada, se ha propuesto un Proyecto de Ley para que se permita la creación y funcionamiento de Jurados Electorales Permanentes que tengan vigencia indefinida y desarrollen las funciones que el Jurado Nacional de Elecciones ha planteado en su Proyecto de Código Electoral. Finalmente se ha sugerido que dicho Proyecto de Ley se apruebe lo más pronto, independientemente de lo planteado en el Proyecto de Código Electoral, presentado por el "Jurado Nacional de Elecciones” al Congreso de la República. Así se podrá contar de inmediato con el establecimiento de los mencionados Jurados Electorales Permanentes con funciones jurisdiccionales específicas a efectos de que resuelvan, en primera instancia, las controversias y/o conflictos intersubjetivos de intereses que sean sometidos para su pronunciamiento. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / Busca demostrar la necesidad de un mejor sistema de inspecciones laborales para contribuir a la lograr el respeto de los derechos fundamentales humanos laborales y el Trabajo Decente, trabajo digno, en el ámbito de las micro y pequeñas empresas, así mismo dar a conocer el sistema de inspección, su actuación y su problemática, en un entorno globalizado y de firma de tratados de libre comercio (TLC), que lo han impulsado, queda claro que hay nuevas formas de producción (Tercerización, intermediación laboral, etc.), nuevos retos que demandan un accionar más dinámico, estratégico, con una adecuada estructura normativa y organizativa a efectos de cumplir su razón de ser y su finalidad conforme lo establecen las normas internacionales de trabajo, convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los cuales el Perú ha ratificado (Convenios OIT N° 81 y N°129), así como el marco legislativo y constitucional que regula nuestro Estado. / Tesis

El propósito principal de esta investigación es analizar el régimen peruano de la factura conformada, descubrir sus deficiencias y encontrar alternativas para mejorarlo. Para ello, he considerado conveniente basar mi investigación en un análisis detallado de la realidad del mercado peruano, así como en un análisis detallado de la regulación nacional de la factura conformada. Considerando lo anterior, esta investigación constará de dos partes la primera está encaminada a desarrollar el problema planteado, el marco teórico y la metodología a utilizar en la investigación. La segunda parte, esta conformada por el sustento teórico - práctico de la investigación, que se desarrollará con la verificación y la prueba de las hipótesis a través de una tabulación de encuestas y del análisis de las regulaciones nacionales sobre la materia. Para finalizar esta investigación se han elaborado propuestas y recomendaciones basadas en las conclusiones a las que se han llegado luego del desarrollo de la investigación. Esta investigación permitirá tener una visión más práctica y real de la problemática de la factura conformada en el Perú y será de utilidad para quienes deseen impulsar este instrumento en nuestro país. / Tesis

Al existir una nueva responsabilidad para las personas jurídicas en virtud de conductas tipificadas en el Código Penal que puedan realizar sus representantes, el sector privado ha considerado de especial relevancia la implementación de programas de compliance anticorrupción, de acuerdo a la Ley Nº 30424 y su Reglamento. De esta manera, ante la relación existente entre el fenómeno de la corrupción y los derechos humanos, el presente trabajo prentede proponer tres medidas concretas para que las empresas puedan respetar los derechos humanos a través de la implementación de sus programas de compliance anticorrupción. Para ello, siendo que la corrupción limita el goce y ejercicio de los derechos humanos, existen también similitudes en el principio constitucional de la lucha contra la corrupción con la obligación de las empresas en respetar estos derechos. Entonces, las medidas concretas consideran a los elementos comunes entre ambos son la gobernanza y supervisión, las políticas y procedimientos, la debida diligencia, gestión de riesgos y monitoreo, la capacitación y educación, los canales de denuncia y la presentación de informes. Luego, la debida diligencia visibiliza la sinergia entre los riesgos de corrupción y vulneración de DHH para brindar soluciones empresariales más más eficientes, receptivas, efectivas y sostenibles. Tercero, las acciones colectivas permiten involucrar a diversos sectores, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, para combatir la corrupción y asegurar la facilitación y transparencia de acceso a la información relevante.

El presente trabajo desarrolla el primer pronunciamiento de la Autoridad de la Competencia del Indecopi en el que se reconoce que las actividades sindicales se encuentran exentas del control antitrust. Así, desde el análisis interdisciplinario del Derecho Colectivo de Trabajo y del Derecho de Libre competencia se cuestiona: i) si los sindicatos constituyen agentes económicos, ii) si las actividades sindicales se encuentran exentas de la aplicación del Decreto Legislativo No. 1034 y iii) si en el procedimiento administrativo en concreto se configuraron las prácticas colusorias horizontales imputadas por el órgano administrativo. Del análisis de lo anterior, se concluye, en primer lugar, que los sindicatos no son agentes económicos, en tanto los fines para los cuales fueron constituidos distan de la calificación de agente económico que desarrollan las normas de libre competencia. En segundo lugar, se señala que nuestro ordenamiento jurídico garantiza la vigencia de los derechos sindicales y, en este sentido, resulta necesario el reconocimiento de una exención en favor de las actividades sindicales respecto del control antitrust. Finalmente, se refiere que tal exención no supone que se admita el abuso de derecho por parte de los sindicatos o el ejercicio irregular de sus derechos sindicales (situaciones que deberán ser analizadas por las autoridades laborales correspondientes) y que- de advertirse que los sindicatos se comporten en la práctica como agentes económicos en sí mismos, estos sí puedan ser considerados pasibles de sanción por las normas que rigen la libre competencia.