En la tutela de derechos que nos brinda un Estado, los derechos fundamentales como el derecho al debido proceso, derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, derecho al juez natural o predeterminado por ley, derecho al juez imparcial, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, entre otros, son de vital importancia porque sin el ejercicio pleno de éstos no se pueden demandar el cumplimiento de otros derechos llamados materiales. El arbitraje es un método alternativo de solución de conflictos muy importante en el país, y su estudio continúa despertando interés en el ámbito jurídico alrededor del mundo. El presente informe tiene por objeto analizar una sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que resolvió un proceso de anulación de laudo arbitral y busca determinar si el tribunal arbitral trasgredió los principios de imparcialidad e independencia. Luego de narrar los hechos sobre los que versa la controversia, el análisis se sostiene en un marco conceptual citando destacados aportes doctrinales, como los de Carlos Matheus López, John Bishop, Francisco González de Cossío; y además en jurisprudencia arbitral, judicial nacional e internacional. Algunos de los conceptos desarrollados en el presente informe son: principio de independencia e imparcialidad, principio de flexibilidad, deber de revelación y recusación.

La presente investigación tiene por objetivo explicar los alcances en torno a si nuestro ordenamiento civil otorga relevancia a la autonomía de la voluntad de los cónyuges en previsión de una ruptura conyugal. Para lo cual analizamos el papel actual que se reconoce a la autonomía de los cónyuges para reglamentar los aspectos personales y económicos una vez surgida la ruptura o crisis conyugal, así como también analizamos a la luz de la doctrina, nuestro ordenamiento legal y constitucional y la jurisprudencia, si existen justificaciones para ampliar aquel reconocimiento de autonomía privada para anticipar los efectos económicos que produce una ruptura conyugal. A partir del desarrollo de los principales efectos económicos que produce una ruptura conyugal, justificamos la necesidad de la derogación del artículo 312 del Código Civil que limita la libertad de contratación entre cónyuges, así como la recepción normativa de los acuerdos prematrimoniales, que en nuestro medio puede significar una mejor protección, por los propios cónyuges, frente a las consecuencias económicas injustas que puede producir una ruptura conyugal. Realizamos un abordaje teórico de los acuerdos prematrimoniales para encontrar su utilidad práctica en nuestro contexto, y evaluamos si su incorporación en nuestro ordenamiento puede representar una mejor protección de los cónyuges, en manos de ellos mismos, mediante dichos acuerdos o pactos. / The purpose of this research is to explain the scope of the question whether our civil system grants relevance to the autonomy of the spouses' will in anticipation of a marital breakdown. For which we analyze the current role that is recognized to the autonomy of the spouses to regulate the personal and economic aspects once the marital breakdown or crisis arises, as well as we analyze in the light of the doctrine, our legal and constitutional order and the jurisprudence, if there are justifications to extend that recognition of private autonomy to anticipate the economic effects that a marital breakdown produces. From the development of the main economic effects produced by a marital breakup, we justify the need for the repeal of article 312 of the Civil Code that limits the freedom of contracting between spouses, as well as the normative reception of the premarital agreements, which in our environment can mean a better protection, by the spouses themselves, against the unfair economic consequences that a marital breakup can produce. We make a theoretical approach of the premarital agreements to find their practical utility in our context, and we evaluate if their incorporation in our legal system can represent a better protection of the spouses, in the hands of the spouses themselves, by means of such agreements or pacts.

El Derecho a la Igualdad supone que el Estado tiene la obligación de tratar en forma igual a todos los ciudadanos. Ello se encuentra establecido desde la Declaración universal de los Derechos del Hombre y del ciudadano, así como en la Declaración de Filadelfia, en el Convenio sobre Igualdad de Remuneración (C 100), en el Convenio relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación (C 111), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Recomendación 182 de la Organización Internacional del Trabajo, en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, etc. hasta llegar a nuestra Carta Magna. La constitución Política del Perú vigente desde 1993, establece en su artículo 2 inciso 2 que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley1, por lo cual nadie debe ser discriminado; sin embargo, en nuestra propia legislación encontramos normas limitativas de derechos hacia algunos trabajadores, dejando ver que en nuestro país existe una discriminación legal al no cumplir cabalmente con resguardar el Derecho a la Igualdad de todos los hombres. La diferencia de jornada de trabajo no es una razón objetiva que pueda sustentar la exclusión de un beneficio que protege al trabajador; por lo que, privar a los trabajadores a tiempo parcial de los beneficios sociales de compensación por tiempo de servicios, indemnización por despido arbitrario y vacaciones, iría en contra del derecho antes mencionado. Atendiendo a ello este trabajo tratará sobre “El derecho a la igualdad y la no discriminación de los trabajadores a tiempo parcial en el Perú.” / Trabajo académico

La introducción de patentes para proteger los productos farmacéuticos (1991) ha reducido el acceso de la población, con escasos recursos económicos, a los medicamentos. Esta medida fue tomada a nivel regional y se va fortaleciendo progresivamente mediante la firma de tratados como el TLC con Estados Unidos, que el Perú ha suscrito. Sin embargo, el mayor problema que enfrenta la salud pública es el abuso del dominio de dichas patentes, el cual reduce incluso mucho más la posibilidad de acceder a los medicamentos. Esto se debe a que, al lograr incrementar la duración del monopolio de la patente, los medicamentos mantienen precios muy elevados por más de los 20 años. Frente a este constante conflicto entre: los derechos de exclusividad de las patentes sobre nuevos fármacos y la necesidad de la población de acceder a los medicamentos primordiales, este trabajo pretende mostrar que no tenemos una regulación clara sobre el derecho de las patentes que compatibilice con el derecho a la salud, ya que, si bien existen mecanismos de flexibilidad generados en el propio sistema de patentes a nivel internacional, a nivel interno nos falta establecer normas más concretas y reforzar los organismos estatales (Indecopi). Del mismo modo, mostraré la nueva problemática en torno a la actual pandemia del COVID-19 pues este gran impacto nos motiva a replantear el futuro de los monopolios de explotación en ámbitos tan importantes como la salud de las personas / The introduction of patents to protect pharmaceutical products (1991) has reduced the access of the population, with limited economic resources, to medicines. This measure was taken at the regional level and is progressively strengthened through the signing of treaties such as the TLC that Peru has been signing. However, the biggest problem facing public health is the abuse of patent domain of patents, which further reduces the possibility of accessing medicines. This is because, by increasing the duration of the patent monopoly, medicines maintain very high prices for more than 20 years. Faced with this constant conflict between: the exclusive rights of patents on new drugs and the need of the population to access essential drugs, this work aims to show that we do not have a clear regulation on patent law that makes compatible with the right to health, since, although there are flexibility mechanisms generated in the patent system itself at the international level, at the internal level we need to establish more concrete laws and reinforce state agencies (Indecopi). In the same way, I will show the new problems surrounding the current COVID-19 pandemic as this great impact motivates us to rethink the future of exploitation monopolies in areas as important as health of people.

El presente informe analiza la Casación N.º 563-2011 LIMA, cuyo eje central gira en torno a una niña que nació como consecuencia de un acuerdo de gestación comercial y que, a los nueve días fue dada a los demandantes (esposos contratantes), en dicha Casación se determinó que debe prevalecer el interés superior de la niña, en tanto que arrancarla de su núcleo familiar sería perjudicial para ella. Por otro lado, mediante el método sistemático, se evaluará si la maternidad subrogada en nuestro país se encuentra debidamente regulada o no, en atención a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley General de Salud. En caso de no estar permitido el uso de este método, se analizarán qué medidas corresponde tomar ante dicha práctica, cada vez más notoria, en la actualidad. Ello en resguardo de los derechos intrínsecos que se encuentran presentes ante su prohibición, con el objetivo de buscar igualdad de oportunidades y de trato para aquellas personas que padecen de esterilidad e infertilidad. Finalmente, se concluye que si bien la maternidad subrogada altruista, no se encuentra regulada expresamente en nuestra legislación, no resulta menos cierto que a nivel jurisprudencial se han resuelto casos en los que se involucra el uso de esta técnica de reproducción; por lo que, queda en manos del legislador el darle celeridad a la propuesta de modificación del Código Civil, en donde se reconoce que más allá de la posibilidad biológica de tener hijos se encuentra la voluntad procreacional

El presente trabajo se dirige a analizar la Casación 248-2017 LIMA que trata del control judicial de la motivación en los laudos arbitrales. Así, debido a las distintas posiciones tanto doctrinarias como jurisprudenciales a nivel nacional que permiten una alta tasa de demandas de anulación de laudo arbitral sustentadas en algún defecto de motivación, es pertinente analizar el problema consistente en la identificación del estándar de control judicial de la debida motivación en el arbitraje. Para ello, se analiza la replicación y adaptación del derecho fundamental de la debida motivación en el arbitraje; y, posteriormente, se busca determinar un parámetro de control judicial de este derecho. De esta manera, se realiza un análisis dogmático para identificar la naturaleza de la debida motivación como derecho fundamental y replicarlo en el arbitraje considerando sus especiales características, por lo que se puede obtener un parámetro que puede ser utilizado para su control judicial. Es así como se puede recurrir al análisis de la justificación interna y externa de la decisión arbitral, tal que solo sería posible controlar judicialmente la justificación interna de la misma en el caso de una demanda de anulación de laudo sustentada en algún defecto de motivación. Adicionalmente, entre los hallazgos de la investigación, se concluye que la Corte Suprema, como corte de vértice, perdió una oportunidad de fijar criterios respecto a este problema que contribuyan a dotar de seguridad jurídica al sistema y evitar que se solicite un control sobre el fondo de la decisión arbitral, así como se propone una modificación al Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje que incluya a la indebida motivación como causal de anulación de laudo arbitral

Desde el año 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (en adelante, UIFPerú) ejerce una potestad normativa que implica la intervención del derecho fundamental a la propiedad en casos de lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo, a través del denominado Congelamiento Administrativo de Fondos (en adelante CAF). Esta potestad se fundamenta principalmente en el peligro de pérdida o desvío de fondos vinculados al caso; es decir, que se activa siempre que se identifique en el investigado un comportamiento orientado a evitar que las autoridades nacionales apliquen medidas convencionales contra su patrimonio. El mecanismo de CAF ha tenido un gran impacto en las acciones de recuperación de activos ilícitos y de aseguramiento de posibles responsabilidades civiles, y se ha aplicado en personas que han ocupado altos cargos públicos. Sin embargo, la regulación de esta medida administrativa es bastante escueta y solo hay un pronunciamiento a nivel de Corte Suprema, vía casación excepcional, que ha fijado algunas reglas de interpretación y aplicación que no parecen ser suficientes. En esta investigación se plantean algunos criterios de base constitucional, para hacer viable la aplicación de esta medida administrativa, sin que ello suponga una intervención desproporcionada del derecho de propiedad; y, a la vez, satisfaga las necesidades del sistema de justicia de recuperar los fondos u otros activos de procedencia ilícita.

El Decreto Legislativo No. 1409 (2018) crea el régimen societario alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS), marco normativo mediante el cual se busca la formalización de la micro, pequeña y mediana empresa en el Perú. La exposición de motivos de la ley propone el nacimiento de esta sociedad a fin de dinamizar el sector MIPYME, mejorar la recaudación fiscal y disminuir las altas tasas de informalidad laboral, presentando para ello un nuevo modelo de constitución virtual, en documento privado, menos costoso y rápido, alejándose así de las barreras impuestas a los modelos societarios clásicos. La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), como modelo innovador, nace en Colombia (2008) de la mano del maestro Francisco Reyes Villamizar, extendiéndose posteriormente a las legislaciones de Chile, Argentina y la OEA. Este régimen basa su éxito en la reducción de plazos y costos de constitución, reducción de la informalidad y mayor flexibilidad, todo sobre la base de la “sociedad contrato” y en la “autonomía de la voluntad”. Nuestro legislador, al advertir las bondades del exitoso modelo, propone adaptar lo mejor de cada experiencia internacional para aplicarla en la SACS. Es justamente este nuevo marco normativo nacional sobre el cual se basa la presente investigación, a fin de determinar si aquél recoge o no las virtudes del modelo SAS. A partir de ese análisis y del resultado que se obtenga se establecerá la viabilidad y necesidad de la creación de la SACS, lo cual determinará si estamos frente a un modelo exitoso o ante uno que debe ser adaptado para lograr trascender.

El presente trabajo tiene como objetivo general analizar y exponer la situación de las personas LGBTI en Perú, en base al caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú, por lo cual, se profundizará en los datos, doctrina y jurisprudencia, así como los argumentos y el razonamiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos empleó para resolver el caso. Las principales conclusiones del trabajo son que, este caso es sumamente importante ya que es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre la tortura y violencia por parte de agentes estatales hacia una persona LGBTI. La Corte declara al Estado peruano como responsable de la violación del derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la libertad personal, derecho a la integridad personal y derecho a las garantías judiciales en perjuicio de Azul Rojas Marín, así como la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de la madre de Azul Rojas. Asimismo, la Corte declara el incumplimiento de diversas obligaciones y ordena diversas reparaciones, siendo una de las principales el desarrollo de un estándar de debida diligencia especial para la investigación y administración de justicia en casos de violencia contra personas LGBTI; no obstante, la Corte no tiene en cuenta el enfoque interseccional y no profundiza acerca del contexto peruano de violencia contra el colectivo mencionado, siendo esto importante para justificar el estándar de debida diligencia especial que se propone en la sentencia. / The main objective in this study is to analyze and expose the situation of LGBTI people in Perú, based on the case Azul Rojas Marín et al. V. Perú, for which it will deepen in data, doctrine, and jurisprudence, as the arguments and the reasoning that the Inter-American Court of Human Rights use to resolve the case. The final conclusions of the work are that this case is extremely relevant because is the first time that the Inter-American Court of Human Rights has ruled on torture and violence by state agents against LGBTI people. The Court declares the Peruvian State responsible for the violation of the right to equality and non-discrimination, personal liberty, personal integrity, and judicial guarantees to detriment of Azul Rojas Marín, as well as the violation of the right to personal integrity to detriment of Azul Roja’s mother. In addition, the Court declares that the Peruvian State failed to comply with international obligations and decrets several means of legal redress, one of the main ones being the development of a special due diligence standard for the investigation and justice administration in cases of violence against LGBTI people. However, the Court does not consider the intersectional approach and does not deepen into the Peruvian context of violence against the LGBTI people, this being important to justify the special due diligence standard proposed in the judgment.

La presente investigación busca analizar si los subsidios y las condonaciones provenientes del Estado que reciben las empresas se encuentran gravados con el Impuesto a la Renta. Nuestra Ley del Impuesto a la Renta vigente grava a las empresas por la adquisición de ingresos provenientes de operaciones con terceros. En el presunto ejercicio de la potestad reglamentaria, el Poder Ejecutivo estableció un desarrollo restrictivo sobre el concepto de operaciones con terceros. A partir de esta definición restrictiva, los subsidios y condonaciones estatales que reciben las empresas no se gravarían con el Impuesto a la Renta pues provienen del Estado. La investigación busca analizar la interpretación sobre los “ingresos provenientes de operaciones con terceros” prevista en la Ley del Impuesto a la Renta y analizar la validez constitucional de la norma del Reglamento que desarrolla el concepto de operaciones con terceros. Este trabajo desarrolla el contexto económico y social en el que se incorpora a la Ley del Impuesto a la Renta el supuesto gravado de ingresos provenientes de operaciones con terceros; aplica los métodos de interpretación de las normas jurídicas; indaga en la doctrina peruana y extranjera para conocer el concepto de renta; analiza las interpretaciones de la Sunat, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial respecto de este problema; revisa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para desarrollar el alcance de los principios constitucionales de reserva de ley, capacidad contributiva e igualdad; y muestra el tratamiento que se otorga en otros países a estos ingresos. Nuestra conclusión es que el supuesto de “ingresos provenientes de operaciones con terceros”, previsto en la Ley del Impuesto a la Renta, sí incluye a los subsidios y las condonaciones estatales como ingresos gravados. Por lo tanto, la norma del Reglamento vulnera el principio de reserva de ley porque modifica el aspecto material al excluir ingresos gravados; asimismo, y el principio de igualdad porque otorga a las empresas que perciben estos ingresos un tratamiento privilegiado que no cumple con ser excepcional ni proporcional