Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo, tiene como objetivo analizar el nuevo artículo 363 del Código Penal, modificado substancialmente por la Ley 19.617, publicada en el diario oficial, el día 12 de Julio de 1999, y que contiene el delito de estupro. La creación de este nuevo cuerpo legal, tuvo en primera instancia sólo la intención de modificar algunos aspectos del delito de violación, sin embargo a lo largo de la discusión del proyecto, se visualizó la necesidad de realizar una reforma integral a nuestra legislación penal, en lo relativo a los delitos sexuales. Así, se comienza a discutir la modificación al tipo penal, conocido como estupro, el que resultaba ser inoperante, por cuanto los presupuestos previstos por el Legislador de la época ( siglo XIX), no resultaban ser acordes con la realidad que vive el mundo de hoy. Durante la tramitación de la Ley, se tuvo en cuenta que las víctimas de los atentados sexuales no sólo eran mujeres, sino que también hombres, por lo que atendida la norma constitucional que consagra el derecho a la igualdad, se amplio el campo del sujeto pasivo, por lo que víctimas de estupro puede serlo cualquier persona. Unido a esto, se eliminó el término “doncella”, ampliamente discutido por la doctrina, pues algunos autores lo equiparaban con la “virginidad”, mientras que otros, lo asimilaban a la inexperiencia o ignorancia sexual. Luego, el legislador definió el tipo penal, estableciendo que la acción típica es el acceso carnal. Esto fue un gran avance en la creación de la norma, pues antiguamente el artículo 363 del Código Penal, sólo castigaba a la persona que cometía estupro, no definiendo que se entendía como tal conducta. Posteriormente y tras una discusión que duró, cerca de 6 años en el Congreso, se establecieron cuatro circunstancias, que indistintamente son constitutivas del delito materia de este estudio. Así, al estupro por engaño, se incorporó el estupro por prevalimiento, consagrado en la Legislación comparada.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Planteamiento del problema. En términos generales la Subcontratación puede ser definida como una " modalidad específica de la descentralización productiva, entendida esta última como el proceso productivo para la obtención de bienes y servicios basado en una técnica de gestión que consiste en contratar con proveedores exteriores- que pueden ser otras empresas o personas individuales- ciertas fases o actividades de la empresa, con independencia de que ésta viniera o no desempeñándolas con anterioridad ".

Tesis (para optar al grado académico de magíster en derecho, con mención en derecho público) / En el presente trabajo, se pretende realizar un análisis de la Ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, para efectos de examinar el contenido y alcance de alguna de sus normas, para luego poder determinar si en la transversalidad de su articulado existen argumentos o no para sostener que la misma sea una ley que responda a los caracteres de lo que en doctrina se ha denominado como “derecho penal del enemigo”, manifestación del derecho que se caracteriza por una rebaja las barreras de afectación de las garantías fundamentales, adelantamiento de las barreras de punibilidad, y un marcado rigor punitivo, dentro de otras características. Para lograr lo anterior, primero que todo nos aproximaremos a los planteamientos doctrinarios que dieron origen a esta discusión, por ello, en el primer capítulo de nuestro trabajo abordaremos de manera general los principales enunciados formulados por Günther Jakobs en esta materia, desde 1985 hasta nuestros días. Así, presentaremos los enunciados fundamentales de quien acuñó el concepto “derecho penal del enemigo”, para de esa forma poder comprender de mejor manera su contenido. Acto seguido, para hacer de inmediato un contrapunto, expondremos alguna de las principales críticas que han surgido en el mundo académico, en distintas latitudes. Así, expondremos los reparos formulados por Manuel Cancio Meliá, destacado como uno de los principales críticos al pensamiento de Jakobs en lo que dice relación con el derecho penal del enemigo. Luego, revisaremos la contundente crítica realizada por el profesor brasileño Luís Greco, quien desacredita al derecho penal del enemigo desde tres perspectivas (como concepto legitimador-afirmativo, descriptivo y denunciador-crítico). Continuando con esta revisión de los pensamientos detractores, pasaremos revista a los argumentos planteados por los destacados penalistas alemanes Bernd Schünemann y Urs Kindhäuser, quienes desde diversas perspectivas coinciden en restar todo tipo de valor a este tipo de manifestaciones, en especial por erosionar los cimientos del Derecho penal del Estado de Derecho. Finalmente, dentro de estas perspectivas, quisimos incluir el aporte del profesor chileno, Juan Pablo Mañalich Raffo, para así entregar una visión desde la doctrina nacional en torno a este debate. La propuesta de Mañalich se muestra del todo novedosa al realizar un análisis desde sede constitucional, a partir del concepto de ciudadanía y su relación con las consecuencias que se derivan de la imposición de penas aflictivas, lo que llevaría a constatar el reconocimiento del derecho penal del enemigo en nuestro ordenamiento jurídico, todo eso sí, en clave crítica a la legitimación de esta forma de entender el derecho penal. Hecho este contrapunto, interesante será mostrar como cierre de este primer capítulo la recepción favorable que esta tesis del derecho penal del enemigo ha tenido Sudamérica, y en especial en nuestro país, para ello hemos escogido la visión del destacado profesor peruano Percy García Cavero, referente en materia de Derecho penal económico, quien manteniendo un hilo conductor con Jakobs desde la visión funcional-estructuralista defiende a grandes rasgos el constructo del profesor de la Universidad de Bonn. Luego, hemos decidido elegir a dos autores nacionales para efectos de exhibir que la tesis en comento ha tenido buena acogida por parte de nuestra doctrina. Así, los trabajos de Juan Ignacio Piña y de Mario Schilling Fuenzalida constituyen excelentes muestras de lo anterior, con el adicional de que cada una de ellas construye su adhesión a la tesis de Jakobs desde posturas totalmente diversas. El primero haciendo eco de todo el aporte de la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann, con el puente necesario para llegar al pensamiento de Günther Jakobs, mantiene una fidelidad total a dicha visión funcionalista radical aplicada al derecho. Por su parte Schilling Fuenzalida se aleja por completo del camino lógico seguido por Piña Rochefort, intentando buscar una legitimación al derecho penal del enemigo desde la construcción teórica del filósofo alemán Hans Jonas, justificando su adopción y utilización en las sociedades actuales en aras de una mayor seguridad y paz social. Este recorrido por las distintas opiniones a nivel doctrinario será el aspecto central del primer capítulo de nuestro trabajo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La intervención del Estado en sismos o catástrofes en la actualidad ha sufrido grandes cuestionamientos por el proceder de los órganos de la administración del Estado y las decisiones del poder ejecutivo para paliar los efectos del terremoto del 27 de febrero de 2010. Los cuestionamientos se fundan en el desconocimiento de las facultades y procedimientos para casos de sismos y catástrofes de los funcionarios que componen los órganos de la administración del Estado, lo que llevó a una adopción tardía de medidas de respuesta al terremoto.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo tiene por objetivo hacer un análisis de los incentivos a la inversión en las zonas extremas de Chile desde el año 1985 en adelante. Con ese propósito, se analizan las leyes Nº 18.392, Nº 19.149, Nº 19.420, Nº 19.606 y Nº 19.709. Para estos efectos, en primer lugar se introduce el tema, presentando una visión general de los incentivos a la inversión e indicando las ventajas y desventajas de cada tipo de incentivo. Luego se realiza una caracterización de las zonas extremas de Chile y se describen los cuerpos normativos que benefician a cada una de ellas, junto con las discusiones que han tenido lugar a nivel legislativo en cada caso. A continuación, se exponen algunas experiencias comparadas de aplicación de incentivos a la inversión que presentan ciertas similitudes con el caso chileno. Posteriormente, se exponen ciertos estudios que se han realizado en relación con los incentivos en las zonas extremas; y, por último, se incluye en el trabajo una sección propositiva, considerando que en la actualidad se discute en el país la modificación de las leyes de excepción que benefician a estas zonas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de este trabajo investigativo es conocer el rol que cumplen los Consejeros Técnicos dentro de los Tribunales de Familia. Específicamente enfocado en los Tribunales de Familia de Santiago, se busca determinar la naturaleza de esta institución para luego abocarse en la función que cumplen ante las principales materias conocidas por estos Tribunales, comparándose además la figura del Consejo Técnico con algunas de las figuras intervinientes dentro de un proceso de familia. A fin de establecer resultados, el trabajo se realiza mediante una comparación de funciones, basándose en lo establecido por los distintos cuerpos normativos que regulan su actuar, con el ejercicio práctico de la profesión. Para ello, la investigación se realizó bajo tres aristas: la primera, indicando lo establecido por cuerpos legales aplicables a la institución, a fin de determinar las funciones que la ley encomienda al Consejo Técnico; una segunda arista en la que a través de entrevistas a Consejeros Técnicos se busca conocer que actuaciones realizan en la práctica al momento de enfrentarse a las distintas materias sometidas a su conocimiento; y una última etapa, en la que se analizan causas patrocinadas por el Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en la que se revisan todas las actuaciones realizadas por los Consejeros Técnicos dentro de aquellas causas, a fin de determinar su participación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La inventiva y creatividad del ser humano da frutos día a día en todas las áreas imaginables, es por lo mismo que el ordenamiento jurídico no queda ajeno a este avance y cumple su importante rol social intentando dar respuesta oportuna y atingente cuando estos avances se ven vulnerados o se utilizan con fines delictuales. En ese mismo orden de cosas ,tarjetas de crédito y débito son indispensables en el tráfico económico a lo largo de todo el país y en toda clase de operaciones comerciales. El presente trabajo de investigación tiene por objetivo realizar un examen crítico desde el punto de vista del Derecho Penal, del tipo que se encuentra recogido en el numeral 5 de la Ley N°20.009,esto es, las conductas que constituyen delito de uso fraudulento de tarjeta de crédito o débito. Partiendo por definir el marco normativo vigente en Chile, pasando por los modelos aplicables en el derecho comparado, la cercanía del artículo 5 con otros ilícitos penales, el estudio pormenorizado de cada uno de sus supuestos fácticos, finalizando con los aciertos y críticas que se le pueden formular al legislador.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Nuestro trabajo ha tenido por objetivo el análisis del delito internacionalmente denominado “Trata de Personas” identificándolo como una grave violación a los Derechos Humanos. Para el desarrollo de esta investigación, hemos recopilado información en diferentes centros de documentación e instituciones, especialmente en aquellas vinculadas con los Derechos Humanos, como también mediante entrevistas realizadas a expertos(as) en el tema, tanto personalmente como vía e-mail. Asimismo, una fuente muy valiosa para recabar la información ha sido Internet, especialmente en el contacto con organizaciones internacionales abocadas al tema. Concluimos que la trata de personas es un delito que en los últimos años ha tenido un gran incremento, y que, si bien ha habido avances tanto en la legislación nacional como en la internacional, es necesario mejorar en muchos aspectos, teniendo siempre en la mira los Derechos Humanos.

En junio de 2007 comenzó a regir en nuestro país la Ley N° 20.084 que establece un sistema de responsabilidad penal para los adolescentes, conteniendo en su art. 4° una regla especial de exención de responsabilidad penal para adolescentes que cometen ciertos delitos sexuales bajo determinados presupuestos. Es en este marco que se busca analizar los fundamentos que llevaron al legislador a establecer tal disposición, haciendo referencia a la necesidad de ajuste de nuestro país a los estándares internacionales impuestos por la especialidad que conlleva que los sujetos activos sean adolescentes, máxime si el ámbito en que se les criminalice sea el sexual, entendiendo que aquellos se encuentran en pleno proceso de desarrollo y autodescubrimiento de su sexualidad, motivo por el cual el legislador ha debido hacerse cargo de una realidad nacional –y tendencia internacional- que hoy vivimos: la temprana iniciación sexual de nuestros jóvenes. Será a propósito de lo anterior que se determinará la naturaleza jurídica de tal exención de responsabilidad penal y se analizarán los tipos incluidos en ella, con el objeto de determinar cierta lógica jurídica que pueda ser extensiva a otros tipos que fueron excluidos de la disposición