En el presente trabajo se analizará una figura bastante frecuente en las contrataciones públicas como son los adicionales y las reducciones de las prestaciones. Estas figuras reflejan las potestades exorbitantes de las administraciones públicas que, por un lado, asegura que se cumpla con la satisfacción del interés público, pero que, por otro lado, en muchos casos puede atentar contra el principio de equilibrio económico financiero de los contratos. En ese caso, estamos ante dos frentes, en el cual no solo se debe preservar el interés general, sino también la satisfacción de los contratistas en los contratos públicos. Por lo tanto, en este trabajo se buscará resolver el principal problema de estas modificaciones unilaterales. El objetivo de este trabajo no solo buscará analizar la importancia de estas figuras legales permitidas, sino se buscará dotar de protección a los contratistas en base a las metodologías establecidas en la LCE y en su reglamento. En el presente trabajo nos referiremos principalmente a las adicionales y reducciones en las obras, vinculando diversa casuística como algunas resoluciones judiciales y laudos arbitrales. Ello con el fin de resaltar la importancia de sus figuras y los problemas que generalmente surgen en contra de los contratistas. / In the present work, a quite frequent figure in public contracting such as additional benefits and reductions will be analyzed. These figures reflect the exorbitant powers of public 1 administrations which, on the one hand, ensure that the satisfaction of the public interest is met, but which, on the other hand, in many cases may violate the principle of financial economic balance of contracts. In this case, we are facing two fronts, in which not only the general interest must be preserved, but also the satisfaction of contractors in public contracts. Therefore, this paper will seek to solve the main problem of these unilateral modifications. The objective of this work will not only seek to analyze the importance of these permitted legal figures, but will seek to provide protection to contractors based on the methodologies established in the LCE and its regulations. In the present work we will refer mainly to the additions and reductions in the works, linking diverse casuistry such as some judicial resolutions and arbitration awards. This in order to highlight the importance of their figures and the problems that generally arise against contractors. / Trabajo académico

Los contratos de ejecución de obras públicas son el mayor componente dentro del marco de la ley de contrataciones con el Estado, sabido es que el paso de tiempo suele generar marcadas distancias entre el monto consignado en el expediente técnico de obra y el obtenido como resultado de la liquidación de obra, ante ello tanto la ingeniería como el derecho no han sido esquivos a tal realidad, pues el marco general establece el uso de las denominadas formulas polinómicas o de reajuste de precios, las cuales son de obligatoria inclusión, y más aún, una vez establecidas no pueden ser materia de modificación, ya que serina una clara expresión del principio de equidad o equilibrio económico financiero. Por otro lado, dentro de la ejecución contractual la Entidad tiene el ejercicio de las denominadas prerrogativas exorbitantes y el contratista tiene como un acto contractual de obligatorio cumplimiento, ya en ejecución de obra, el emitir el informe de revisión del expediente técnico de obra, ultima oportunidad para establecer defectos u otros del expediente técnico que tengan incidencia en la ejecución de la obra. En este contexto el presente trabajo buscara analizar y entrecruzar las variables descritas para establecer que las fórmulas polinómicas o de reajuste de precios pueden y deben ser incluidas o modificadas, independientemente del marco normativo que impide su modificación y sin importar que el afectado sea la Entidad o el contratista, pues estas son una primera expresión del principio de equidad, principio que buscaría concretizar la finalidad publica con una obra de calidad. / The contracts for the execution of public works are the largest component within the framework of the law of contracting with the State, it is known that the passage of time usually generates marked distances between the amount consigned in the technical file of work and that obtained as a result of the liquidation of work, before this both engineering and law have not been elusive to such reality, Since the general framework establishes the use of the so-called polynomial formulas or price readjustment, which are mandatory inclusion, and moreover, once established they cannot be subject to modification, since it will be a clear expression of the principle of equity or economic and financial balance. On the other hand, within the contractual execution the Entity has the exercise of the so-called exorbitant prerogatives, and the contractor has as a contractual act of mandatory compliance, already in execution of work, to issue the review report of the technical file of work, last opportunity to establish defects or others of the technical file that have an impact on the execution of the work. In this context, this paper will seek to analyze and intersect the variables described to establish that polynomial formulas or price readjustment can and should be included or modified, regardless of the regulatory framework that prevents their modification and regardless of whether the affected is the Entity or the contractor, since these are a first expression of the principle of equity, principle that would seek to concretize the public purpose with a quality work. / Trabajo académico

Esta investigación identifica cuales son los mecanismos informales en la conformación de tribunales arbitrales ad hoc que resuelven controversias ligadas a contratos de obra pública en el Perú, en los años 2010 y 2011. Se concluye que las razones por las cuales se hizo obligatorio el arbitraje con el Estado a partir del año 1998 obedecieron más a cuestiones políticas que legales, lo que dio como resultado una deficiente e insuficiente normativa en arbitraje con el Estado, que a su vez facilitó la aparición de mecanismos informales en este tipo de arbitraje. Algunos de estos mecanismos son las “cadenas de favores”, la aparición de redes y corrupción, así como prácticas de cobro de “bonos por resultado” por parte de los árbitros. Estas prácticas se presentan desde el inicio del proceso cuando se conforman los tribunales arbitrales y por lo tanto la naturaleza del sistema de administración de justicia se ve viciada. Asimismo, se establece que estas prácticas no solo aparecen debido a la insuficiente o defectuosa normativa, sino gracias al amplio rango de libertad y discrecionalidad del que gozan los árbitros para establecer las reglas del proceso, los honorarios y la designación de secretarios arbitrales en el arbitraje ad hoc. Este alto nivel de libertad que es intrínseco al arbitraje, permite que las prácticas informales convivan con la normativa ya que el problema de fondo no tiene que ver con ingeniera legal, sino con la forma como los actores (árbitros y/o secretarios arbitrales) conciben el sistema de justicia y se desenvuelven dentro de éste / This investigation identifies what are the informal mechanisms in the conformation of ad hoc arbitration tribunals that resolve disputes related to public works contracts in Peru, in the years 2010 and 2011. It is concluded that the reasons for which arbitration was made mandatory the State as of 1998 was more due to political than legal reasons, which resulted in a deficient and insufficient regulation in arbitration with the State, which in turn facilitated the appearance of informal mechanisms in this type of arbitration. Some of these mechanisms are the "chains of favors", the appearance of networks and corruption, as well as "bonus by result" collection practices by the arbitrators. These practices are presented from the beginning of the process when the arbitral tribunals are formed and therefore the nature of the system of administration of justice is vitiated. It also establishes that these practices not only appear due to insufficient or defective regulations, but also thanks to the wide range of freedom and discretion enjoyed by the arbitrators to establish the rules of the process, the fees and the appointment of arbitration secretaries in arbitration. ad hoc. This high level of freedom that is intrinsic to arbitration, allows informal practices to coexist with the regulations since the underlying problem has nothing to do with legal engineering but with the way in which the actors (arbitrators and / or arbitration secretaries) conceive the system of justice and they develop within it

La experiencia de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos – Lima 2019 ha impulsado el uso de los contratos de Estado a Estado para la realización de obras públicas de gran envergadura. No obstante, resulta de gran importancia indicar que esta modalidad contractual no debe concebirse como una regla general para todos los proyectos de inversión pública de infraestructura. Bajo ese contexto, este trabajo de investigación busca profundizar al respecto, analizando el tratamiento que nuestro ordenamiento jurídico le ha dado a propósito de la experiencia de los Juegos realizados en Lima el 2019, así como otros ordenamientos jurídicos con la finalidad de establecer algunas condiciones para su viabilidad. Con ese propósito, se analizó doctrina extranjera y nacional, así como legislación y documentación nacional, llegándose a la conclusión de que, al ser una modalidad que se configura bajo los mismos lineamientos generales que el Régimen de la Ley de Contrataciones con el Estado, su uso resulta más ineficiente en los proyectos de inversión pública que involucren la operación y el mantenimiento de obras públicas de infraestructura, o la prestación de servicios públicos. / The experience of the Pan American and Parapan American Games – Lima 2019 has boosted the use of state-to-state contracts for the realization of large-scale public works. However, it is very important to point out that this contractual modality should not be conceived as a general rule for all public infrastructure investment projects. In this context, this research work seeks to deepen in this regard, analyzing the treatment that our legal system has given it, analyzing the treatment that our legal system has given him regarding the experience of the Games held in Lima in 2019, as well as other legal systems with the aim of establishing certain conditions for their viability. To that end, foreign and domestic doctrine, as well as national legislation and documentation, were analyzed, concluding that, being a modality that is configured under the same general guidelines as the Regime of the Law of Contracting with the State, its use is more inefficient in public investment projects involving the operation and maintenance of public infrastructure works, or the provision of public services.

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad analizar cómo la figura del Dispute Board, usada internacionalmente como un mecanismo alternativo de solución de controversias de índole privado, ha servido de base para la incorporación de la Junta de Resolución de Disputas en la normativa de contratación pública peruana. No obstante que la figura está incorporada en la legislación peruana, las partes involucradas en el contrato no están implementando este mecanismo en la ejecución de los contratos de obras, debido al desconocimiento de los beneficios y la falsa percepción respecto de los elevados costos que tendrían que asumir. Cabe precisar que el costo de su implementación se diluye en la obtención de beneficios tales como evitar dilaciones excesivas en los plazos pactados, que a la larga se materializan en mayores costos y en una entrega tardía de la obra, en perjuicio de la población. En ese contexto, con el objetivo de destacar los beneficios de la implementación de este mecanismo en la ejecución de obras públicas, se ha considerado oportuno analizar los antecedentes históricos, las características, los beneficios del Dispute Board y su reglamentación en las instituciones de solución de controversias más representativas a nivel internacional, así como la regulación de la Junta de Resolución de Disputas en nuestro país, las opiniones y aportes de diversos expertos nacionales e internacionales sobre la materia, para finalmente emitir una serie de conclusiones y recomendaciones que consideramos importantes. / The purpose of this research work is to analyze how the figure of the Dispute Board, used internationally as an alternative mechanism for solving private disputes, has served as the basis for the incorporation of the Dispute Resolution Board in public procurement regulations in Perú. Despite the fact that the figure is incorporated into Peruvian legislation, the parties involved in the contract are not implementing this mechanism in the execution of contracts, due to ignorance of the benefits and the false perception regarding the high costs they would have to assume. It should be noted that the cost of its implementation is diluted in obtaining benefits, such as avoiding excessive delays in the agreed deadlines, which in the long run materialize in higher costs and a late delivery of the work, to the detriment of the population. In this context, with the aim of highlighting the benefits of the implementation of this mechanism in the execution of public works, it has been considered appropriate to analyze the historical background, characteristics, benefits of the Dispute Board and its regulation in the institutions for the resolution of disputes. most representative controversies at the international level, as well as the regulation of the Dispute Resolution Board in our country, the opinions and contributions of various national and international experts on the matter, to finally issue a series of conclusions and recommendations that we consider important. / Tesis

El devenir actual en la ejecución de obras públicas en nuestro país advierte el crecimiento de una tendencia bastante interesante en lo que respecta a qué marco contractual se decide emplear para esta actividad: por un lado, tenemos al clásico Contrato Administrativo, regulado por normas públicas con larga trayectoria y de usual utilización, como es la Ley de Contrataciones del Estado. En contraposición lo anterior, la utilización de contratos de estándares internacionales para la construcción, como son los NEC, se ha popularizado estos últimos años, siendo empleados para la ejecución de proyectos de infraestructura pública de diversos tipos, situación que irrumpió a partir de la ejecución de las obras de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del año 2019. Tomando en consideración lo hasta ahora expuesto, es oportuno preguntarnos ¿Resulta justificado ese cambio de tendencia para el provecho de la obras públicas en nuestro país?, ¿Esta transición del Contrato Administrativo (regulada por la Ley de Contrataciones del Estado) al contrato privado (específicamente el tipo NEC) resulta beneficiosa para la ejecución de obras públicas en nuestra coyuntura?, ¿El Contrato Administrativo en nuestro país ha evidenciado inutilidad y/u obsolescencia para la ejecución de obras públicas frente a marcos contractuales de derecho privado (como es el Contrato NEC)? El presente trabajo de investigación buscar dar respuesta a esas y otras preguntas, con el objetivo de clarificar si un tipo contractual resulta ser mejor que otro (ya sea en todo o en parte) para la ejecución de obras públicas en el Perú. / The current evolution in the execution of public works in our country shows the growth of a very interesting trend as regards the contractual framework that is decided to be used for this activity: on the one hand, we have the classic administrative contract, regulated by public regulations with a long history and of usual use, such as the Government Procurement Law. In contrast to the above, the use of international standard contracts for construction, such as the NEC, has become popular in recent years, being used for the execution of public infrastructure projects of various types, a situation that burst into the execution of the works for the Pan American and Parapan American Games in 2019. Taking into consideration the above, it is appropriate to ask ourselves: Is this change of trend justified for the benefit of public works in our country? Is this transition from the administrative contract (regulated by the Government Procurement Law) to the private contract (specifically the NEC type) beneficial for the execution of public works in our situation? Has the administrative contract in our country shown its uselessness and/or obsolescence for the execution of public works compared to private law contractual frameworks (such as the NEC Contract)? This research work seeks to answer these and other questions, with the objective of clarifying whether one type of contract is better than another (either in whole or in part) for the execution of public works in Peru. / Trabajo académico

Existen numerosos documentos que vinculan y aportan a la regulación del mecanismo de Obras por Impuestos con el desarrollo de infraestructura pública haciendo hincapié en los conceptos financieros, la evaluación de proyectos de inversión y su aplicación por el sector privado en general. En ese contexto, la relevancia del presente documento se encuentra dada por establecer la asociación del mecanismo de Obras por Impuestos con el concepto de responsabilidad social empresarial para el sector minero. Así, el presente trabajo tiene por objetivo mostrar que el sector minero peruano puede reportar como parte de una política de Responsabilidad Social Empresarial el desarrollo de infraestructura y servicios públicos ejecutados a través del mecanismo de Obras por Impuestos, aun cuando los fondos que se destinan para su ejecución sean de naturaleza pública. Este documento no tiene por finalidad ahondar en el desarrollo regulatorio de Obras por Impuestos. Con la finalidad de lograr dicho objetivo se ha optado por realizar una investigación descriptiva que permita responder la principal pregunta que sustenta este documento ¿Es posible que el sector minero peruano pueda reportar como Responsabilidad Social Empresarial el desarrollo de infraestructura pública mediante el uso del mecanismo de Obras por Impuestos? Asumiendo como hipótesis una respuesta afirmativa a esta pregunta, ¿Cuál es la vinculación entre el desarrollo de infraestructura pública por el sector minero y la responsabilidad social empresarial? Finalmente concluiremos que la ejecución de obras y servicios públicos por parte de las empresas mineras haciendo uso del mecanismo de obras por impuestos cuenta con características que permiten ser reportados como parte de una política de responsabilidad social empresarial, ya que su gestión implica ir más allá de lo exigible de manera voluntaria. Asimismo, implica destinar recursos tangibles e intangibles a favor del desarrollo de infraestructura y servicios públicos que redituará en competitividad empresarial, del gobierno y país / Tesis

El presente trabajo busca analizar la naturaleza de las prestaciones adicionales de obra en un contrato de ejecución de obra bajo la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y aquellas implicancias que, hasta la fecha, han sido determinantes para su obtención. A través de la presente investigación podremos cuestionar si el motivo real por el cual la Contraloría General de la República interviene en la autorización de adicionales que superan cierto monto contractual es, efectivamente el cuidado del tesoro público. Además, evaluaremos aquellas consecuencias que trae consigo el adicional de obra una vez que ya ha sido aprobado, tanto como en el marco de ejecución del contrato, así como en el marco del procedimiento administrativo en sí mismo en caso una de las partes involucradas no se encuentre conforme con la decisión de la Contraloría al momento de expedir su pronunciamiento respectivo sobre el adicional en cuestión. / This paper seeks to analyse the nature of additional services in a contract for the execution of works under the State Contracting Law and its Regulations and the implications that, to date, have been decisive in obtaining them. Through this research, we will be able to question whether the real reason why the Comptroller General of the Republic intervenes in the authorisation of additional services that exceed a certain contractual amount is, in fact, to protect the public treasury. Furthermore, we will evaluate the consequences of the additional work once it has already been approved, both within the framework of the execution of the contract as well as within the framework of the administrative procedure itself in case one of the parties involved does not agree with the decision of the Comptroller General when issuing its respective pronouncement on the additional work in question. / Trabajo académico

El Last Planner System (LPS) o Sistema del Último Planificador surgió en los años 90 como una metodología que contribuye significativamente a mejorar la productividad y cumplimiento del plazo de las obras, y que continuamente incorpora nuevas herramientas y técnicas que aumentan su eficacia. El LPS es una de las metodologías de la filosofía “Lean Construction”, que ayuda a planificar los proyectos disminuyendo las pérdidas y aumentando el valor. En nuestro país, se ha implementado en algunas edificaciones del sector privado, pero casi no existe información de su aplicación en obras públicas, y menos aún en proyectos de obras viales. Las obras públicas presentan complejidades e incertidumbres diferentes a las obras privadas. Por ello, es justificado hacer una propuesta de planificación en un entorno del Sistema Last Planner que incluya las lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Esta tesis tiene como principal propósito elaborar una propuesta de implementación del Last Planner System en una obra vial pública. Inicialmente, se revisará la literatura científica existente sobre el tema para proponer una metodología idónea para obras viales, considerando las características generales y alcance de un proyecto nacional. Se definirán los procesos, herramientas y técnicas que se implementarán, y, en simultáneo, se analizarán los conocimientos y experiencias previas de una empresa colaboradora ejecutora de obras viales. La propuesta se implementará en un caso de estudio de la misma empresa colaboradora, para lo cual se participará en las reuniones semanales y/o diarias de planificación colaborativa con el equipo del proyecto. Se generarán los diversos formatos para implementar las herramientas y técnicas propuestas, de manera que se pueda medir y analizar el porcentaje de plan cumplido (PPC), las causas de no cumplimiento (CNC), las medidas correctivas, y porcentaje de cumplimiento de restricciones (PCR). Al final del periodo de estudio, se analizarán y determinarán los beneficios y ventajas de la propuesta mediante el uso de encuestas y medición de indicadores claves de desempeño. Asimismo, se definirán futuras líneas de investigación con el uso de las herramientas generadas.

La Licitación Pública objeto de análisis, fue convocada bajo la modalidad de concurso oferta y por un plazo de ejecución de 180 días calendario. Esta modalidad de contratación consiste en que el contratista debe cumplir con la elaboración del Expediente Técnico de Obra y la ejecución de la obra respecto de la cual elaboró el Expediente. Sin embargo, la ejecución de esta contratación fue deficiente debido a la falta de diligencia de la Entidad, el contratista no cumplió con ejecutar las prestaciones dentro del plazo establecido, y aun cuando la ampliación del plazo contractual se realizó de acuerdo a lo previsto en el artículo 175 de su Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado1 vigente al momento de los hechos; el plazo otorgado en la ampliación del plazo para la ejecución de la obra no habría razonable. En ese sentido, se realiza un análisis respecto al cumplimiento del principio de eficiencia en las contrataciones públicas pues, la atención de la necesidad pública no se dio en la oportunidad prevista en un inicio sino en un total de 562 días calendario. Asimismo, se analiza si la Entidad debe efectuar el pago de las prestaciones adicionales de obra teniendo en cuenta el artículo 41 de la Ley de Contrataciones con el Estado y el artículo 207 del Reglamento, ambos vigentes al momento de los hechos.