La presente investigación tiene como propósito dar cuenta de la disciplina parlamentaria de los congresistas que pertenecen a los grupos parlamentarios del partido de gobierno y de oposición, entre los años 2001 al 2018. En tal sentido, se busca explicar los incentivos o desincentivos para que los congresistas voten o no de manera disciplinada. Se eligen tres tipos de votaciones claves, relacionadas con los mecanismos de control y cooperación entre el poder Ejecutivo y Legislativo: leyes de presupuesto, aprobación de leyes por insistencia y delegación de facultades legislativas. El tipo de mecanismo y la posición de la bancada con respecto al rol del gobierno determinarán los incentivos para orientar el sentido de la votación de los congresistas. Este trabajo reflexiona, primero, sobre el rol de la disciplina parlamentaria y sus determinantes dentro de las bancadas en el Congreso peruano. Posteriormente, a través de un análisis cuantitativo bajo los índices de disciplina parlamentaria Rice, UNITY y CLOSE se visibilizan ciertas tendencias, incentivos y desincentivos que se presentan en los distintos mecanismos de poder político.

Una medida alternativa a la prisión dentro de establecimientos penitenciarios es la vigilancia electrónica personal, la cual consiste en el rastreo de una persona por medio de grilletes electrónicos. El sistema de vigilancia electrónica fue incorporado en el Perú con la aprobación de la Ley N°29499 en 2010, no obstante, su implementación no se dio hasta el 2017. Esta medida fue integrada a partir de experiencias previas en países de laregión como Colombia y Brasil. Sin embargo, pese a distintos esfuerzos, no se lograron cumplir las metas de implementación de este sistema en el Perú. Desde la aprobación de la ley, se registran menos de 50 casos de vigilancia. Para el 2020, se instalaron 28 grilletes electrónicos en todo el territorio nacional, mientras que en países los vecinos, Brasil y Colombia, se colocaron 80,332 y 4,884 grilletes, respectivamente. Si bien este trabajo no pretende señalar a estos casos como exitosos, estos datos ayudan a ilustrar el estrepitoso fracaso del caso peruano. En este sentido, para explicar la inefectividad en la implementación del sistema de vigilancia electrónica personal en el Perú, este trabajo propone analizar los siguientes factores: 1. La capacidad estatal. 2. La normatividad de la realidad a implementar. 3. El apoyo y seguimiento político a la medida. Estos factoresdejan de enseñanza lo retador que es la implementación, no solo de la vigilancia electrónica, sino también algún intento de innovación, en un Estado con características como el peruano.

La región de América Latina se ha caracterizado por su continua inestabilidad política, especialmente durante la década de 1990 donde las relaciones Ejecutivo-Legislativo eran frágiles, débiles y obstruccionistas. Esta última situación, fue presenciada tres veces durante los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2000), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Martín Vizcarra (2018-2020) desencadenando crisis políticas que podían socavar la democracia. Ante estos enfrentamientos, ocurrieron dos disoluciones y una renuncia, las cuales utilizaron como justificación la gobernabilidad democrática. Tal es así que este trabajo se enfoca en los dos casos que involucraron el cierre del Congreso: el autogolpe de 1992 y la disolución de 2019. En ese sentido, el objetivo de esta investigación es demostrar el factor predominante que desencadenó las acciones políticas de ambos mandatarios en 1992 y 2019. De manera que se han identificado cinco variables que explican estos acontecimientos: el diseño institucional del sistema de gobierno que es un presidencialismo parlamentarizado, la ausencia de mayoría o falta de pertenencia a un partido político, el liderazgo y la voluntad política del mandatario, y desconfianza en los partidos políticos. De ese modo, esta investigación sienta las bases para futuros estudios y actualización de la literatura acerca de las relaciones Ejecutivo-Legislativo en América Latina. En adición, la metodología involucra el process tracing, el cual permite reconocer las variables intermedias que permitieron la realización de los acontecimientos. Por ende, esta investigación demuestra que la disolución de un Parlamento obstruccionista no siempre garantiza gobernabilidad ni estabilidad democrática en un país.

En el Perú, la mayoría de manuscritos sobre los centros de reclusión han sido abordados destacando siempre el desorden reinante. Por lo tanto, la imagen que se ha difundido es la de un espacio tortuoso donde el exceso de hacinamiento y la corrupción han facilitado el crecimiento de todo tipo de vicios. Sin embargo, esta condición no ha implicado la ausencia de arreglos institucionales que han prevenido la violencia. En la presente investigación buscamos responder a cuáles son los factores que explican el control y la prevención de la violencia en el Penal de Lurigancho. Nos interesa explicar que la notable disminución de violencia dentro de este espacio no es consecuencia de acciones emprendidas por el Estado, tales como la reforma en las políticas penitenciarias, aumento de presupuesto o personal capacitado. Proponemos que el cambio se da porque los internos, por medio de sus líderes, organizan una vida íntima en el establecimiento, con base en ciertos acuerdos establecidos con los agentes. La gestión se caracteriza por la búsqueda de la pacificación, es decir, conseguir mantener la paz dentro de la cárcel, evitando muertes. La investigación es relevante en tanto busca explorar sobre las interacciones de los reclusos con los agentes penitenciarios y su repercusión en el control de la violencia en uno de los penales más antiguos del Perú con un enfoque sobre aquello que el derecho penal y las ciencias sociales pocas veces han considerado importante, aporta así a la evidencia actual a nuestro conocimiento sobre su funcionamiento interno.

Recientemente, el cambio climático ha ganado mayor presencia en la política nacional, debido a la fuerte demanda por implementar medidas concretas sobre las soluciones más adecuadas para enfrentar el fenómeno. Surge la pregunta: ¿Es el Estado capaz de responder a esta demanda? Se han producido cambios en las dinámicas de poder para definir el diseño de las políticas climáticas que involucran múltiples actores estatales y no estales. Entonces, ¿quién decide hoy sobre estas políticas? Esta investigación propone analizar esta situación centrándose en el caso del diseño de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del Perú, instrumento de política climática más importante en el país. La tesis identifica los factores que explican su diseño, utilizando como herramienta de análisis el marco de coaliciones promotoras, a fin de explicar el papel de los actores involucrados en el proceso, sus redes y conexiones para poder incidir en su elaboración. Se identifican tres coaliciones promotoras: el grupo que participa en el Proyecto PlanCC y que se involucra en el diseño de las NDC, los actores estatales tradicionales (MEF y MEM) acompañados por grupos empresariales y el Grupo “Perú, Ambiente y Clima”; que se involucran en un contexto de baja capacidad del Estado y de fuerte apoyo de la cooperación internacional bajo especiales directrices, que favorecen que la primera coalición se imponga, a través de un proceso que va neutralizando obstáculos y oposiciones, con el mensaje de que éstos contaban con la opción de política que se ajustaba más a las necesidades y el contexto internacional. Sin embargo, esta victoria es limitada debido a que el producto es concebido como medianamente ambicioso e insuficiente, demostrándose que la estrategia de neutralización requirió generar pactos con quienes se oponían, otorgándoles espacios de influencia de la coalición, dentro de un contexto de múltiples intereses y agendas

La promulgación de la Ley N°30288, Ley que promueve el acceso de Jóvenes al Mercado Laboral y a la Protección Social, o popularmente llamada “Ley Pulpín”, resultó ser objeto de gran polémica dentro de la sociedad civil peruana. Por un lado, hubo quienes tildaron la ley como “esclavista” y la asociaron directamente a una presión de intereses por parte del sector empresarial. Por otro, hubo quienes señalaron a la tecnocracia peruana como la única responsable de su elaboración. En el presente trabajo se busca comprobar con rigurosidad la consistencia de ambas interpretaciones para hallar la verdadera naturaleza de esta ley. Es decir, intentamos descubrir hasta qué punto la elaboración de la Ley N° 30288 estuvo influenciada por grupos de poder económico o respondió a un consenso ideológico dentro de la tecnocracia peruana. En base a una metodología cualitativa, esta investigación reconstruye el proceso de elaboración y promulgación del Régimen Laboral Juvenil referido. Asimismo, incluye información relevante obtenida gracias a las conversaciones con los distintos actores vinculados – tanto directa como indirectamente - a dicho proceso. Al final, podemos comprobar que la Ley N° 30288 nace como fruto de las ideas de un reducido grupo de tecnócratas en el Ejecutivo. Es decir, la capacidad explicativa de la segunda hipótesis presenta una mayor solidez que la primera. Asimismo, resulta importante señalar que los hallazgos de la presente tesis se perfilan como un aporte más dentro del inacabado debate en torno a la naturaleza del Estado

Después de muchos años de inexistencia de una política pública de salud mental propiamente dicha, es a raíz del conflicto armado interno, que toda la atención y preocupación del Estado, se enfocaron en las secuelas que dejaría este periodo a la población que le tocó vivirlo, lo que hizo que siguiendo las recomendaciones de la CVR, se revisará la atención de la salud mental en el Perú. En el año 2003, un grupo de actores, integrado por defensores de los DDHH y otros especializados en salud mental, elaboró una propuesta, desde el enfoque de la CVR, para desarrollar una política de salud mental en el Perú. Esta propuesta fue debatida durante un primer periodo (2006-2011), para luego ser desarrollada por otro grupo de actores en el cambio de gobierno, que tuvo como producto final una política de salud mental que se desligaba de su enfoque original que señalaba la necesidad de una atención intercultural y especializada en el tratamiento, por parte del Estado peruano, de la salud mental de las poblaciones vulnerables. Este debate ha sido reabierto en el año 2016, a través de la proposición de un texto sustitutorio de la ley, poniendo de relieve como ésta política, que no enfrenta situaciones de conflicto social ni tiene beneficiarios con capacidad para movilizarse y plantear demandas, sufre diferentes discusiones y cambios a través del tiempo. En la presente tesis buscaremos explicar los cambios que ha sufrido la política de salud mental en el Perú, empleando el enfoque de las coaliciones promotoras de políticas a partir de los conflictos en torno a los valores y percepciones sobre la locura y su relación con la violencia, los cuales movilizan a determinadas “comunidades de políticas” (Hayakawa 2017). Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo explicar el cambio o policy change en la formulación de la política de salud mental peruana durante el período 2003 al 2016, a través del marco de análisis de las coaliciones promotoras o Advocacy Coalition Framework (Sabatier & Jenkins 1999), en el cual se analiza el subsistema de la política de salud mental para analizar el papel de determinadas actores estatales y no estatales que impulsan ideas compartidas (policy beliefs) sobre cómo abordar la política. Es decir se trata de explicar cómo el papel de estas ideas sobre la salud mental y la locura, compartidas por las diferentes coaliciones de actores, ha impulsado procesos de aprendizaje y cambio en la política pública de salud mental entre 2003 y 2016, determinando que a pesar de ser una política aparentemente poco conflictiva, debido a la poca capacidad de movilización de beneficiarios y representantes, el proceso de formulación se revisa y modifica varias veces a lo largo de nueve años desde el surgimiento de la CVR, lo que a su vez ha dificultado su adecuada implementación resultando finalmente su inicio, realmente conflictivo

La situación de la infancia, en términos de algunos resultados y coberturas de servicios claves para su desarrollo, no es la óptima. Existen altos índices de desnutrición y anemia y la cobertura educativa de los niños menores de 3 años es casi nula. Sin embargo, los avances científicos sustentan la importancia de la primera infancia y la rentabilidad de la inversión en esta etapa de vida. Este estudio cualitativo presenta el análisis de los procesos de diseño e implementación de la política pública de Desarrollo Infantil Temprano en el Perú. Específicamente, estudia las intervenciones efectivas orientadas a la familia que realiza el sector público. La hipótesis señala que el Estado tiene la responsabilidad de promover el Desarrollo Infantil Temprano. Experiencias nacionales demuestran que las políticas públicas dirigidas a la primera infancia que se caracterizan por basarse en evidencias y por implementar programas por resultados mejoran el impacto en el Desarrollo Infantil Temprano. Estas políticas centradas en resultados y en la formación del cuidador principal y en la mejora de condiciones del entorno, facilitan que los niños alcancen mejores logros en sus aprendizajes y su salud integral. Este estudio concluye que el Estado a través de programas presupuestales asegura la salud de las gestantes y de los niños y la educación a partir de los 3 años a pesar de que existen problemas de calidad en estos servicios. El diseño de la política pública “Primero La Infancia“, requiere un programa presupuestal entre los diferentes sectores y niveles de gobierno que tengan una mirada integral del niño y la presencia de un órgano supranacional que permita esta articulación. La formación del cuidador principal tiene muchas limitantes porque no existe un sistema integrado, continuo, y que cuente con un acompañamiento intensivo. Se sigue viendo la atención educativa y de cuidado de los niños de 0 a 2 años como un asunto familiar y no de responsabilidad compartida con el Estado.

La tesis estudia la relación entre el diseño de la ingeniería constitucional de 1993 y la debilidad de los partidos políticos en el Perú entre el 2001 y 2016. La justificación de esta investigación se encuentra en cuanto tradicionalmente la debilidad partidista es explicada por factores psicológico y culturales de los líderes partidarios, como el caudillismo y personalismo o el financiamiento de la actividad partidaria por fuentes opacas o ilícitas; no obstante, nosotros encontramos que la debilidad de los partidos en el periodo analizado es efecto del diseño del sistema de representación política establecido en la Constitución de 1993. La tesis identifica los elementos del diseño de la ingeniería constitucional de 1993 que causan la debilidad institucional de los partidos políticos en el periodo 2001-2016, en un contexto de elecciones competitivas, así como la relación que desarrollan los grupos de poder económico y los partidos en este tipo de sistema político. Los supuestos teóricos en los que se basa la investigación se ubican en los desarrollados propuestos principalmente por Sartori, el cual concibe la constitución como una ingeniería institucional de estructuras basadas en producir incentivos, los cuales determinan el comportamiento de las instituciones políticas. También hemos tomado los estudios de Nohlen y Lijphart, que nos permiten apreciar los efectos que producen los sistemas electorales en los partidos políticos de un país. La investigación constituye un estudio del sistema político de enfoque cualitativo respecto de las instituciones que conforman el sistema de representación establecido en la ingeniería constitucional de 1993 y los efectos que producen en el tipo de institucionalidad política del Perú en el periodo analizado. De modo que encontramos evidencia de como dicha ingeniería constitucional bloquea el proceso de institucionalización de los partidos, al impedir la consolidación de partidos con una organización de base territorial nacional, así como el desarrollo de relación fuerte entre representante-representado, indispensables para la formación en un mediano plazo de un sistema de partidos políticos. Finalmente, encontramos como la ingeniería institucional de 1993 facilita la captura de la política económica peruana por parte de los grupos de presión corporativos y el consecuente incremento de la concentración económica en Perú en el periodo analizado.

La aplicación de incentivos monetarios en la educación básica es aún poco extendida a nivel regional. Por otro lado, la experiencia internacional, con varios años de estudio en la implementación de este tipo de incentivos, no es concluyente sobre su impacto en resultados educativos o el mecanismo interno más efectivo. En esta investigación se plantea una evaluación de impacto sobre la primera experiencia en el Perú de incentivo monetario a docentes asociado al desempeño estudiantil en colegios públicos: “Bono Escuela”. Se busca evaluar si un incentivo monetario condicionado a los resultados del estudiante genera un cambio como producto de que los docentes compitan por el premio (efecto ex ante) o como producto de haberlo recibido (efecto ex post). Para ello se analiza el nivel primario, en las áreas de Comprensión Lectora y Matemática, y se aplica un modelo de emparejamiento y de triple diferencia para medir el efecto ex ante, y una regresión discontinua para medir el efecto ex post. También se analiza el efecto ex ante en el nivel secundaria, aunque con mayores limitaciones en la información. Además, se mide la heterogeneidad de los resultados en función a los años de implementación, área de procedencia y tipo de escuela. Para el caso de primaria los resultados señalan que hay un efecto ex ante positivo que se consolida a partir del tercer año de implementación del incentivo, y que se concentra en la zona urbana y en los colegios polidocentes completos. Por otro lado, no habría efectos del incentivo de manera ex post, como producto de haber ganado el premio. Para el caso de secundaria, se empiezan a ver resultados positivos aunque pequeños en el segundo año de implementación, y también se concentran en la zona urbana.