En el presente trabajo académico, en principio se tomará en cuenta las bases doctrinarias de la teoría de la pena, funciones de la pena, la interpretación constitucional y la función judicial, para luego verificar los dispersos y diversos criterios de justificaciones empleadas en fallos más recientes de la Corte Suprema de Justicia de Perú para convertir la pena privativa de libertad de (carácter efectiva) a una pena de servicios a la comunidad, respecto de los delitos de violación sexual a menores de 14 años, muy al margen de criterios legales o formales fijados taxativamente en el Código Penal. Para ello, se procederá a realizar el análisis de cada uno de los principales pronunciamientos emitidos al respecto, específicamente, en relación con la aplicación de las teorías de la argumentación jurídica materia de estudio y así determinar cuáles fueron las razones subyacentes -sustantivas, institucionales, de justicia, sociales, morales, teleológicas, etc.- que en su momento justificaron determinada decisión. Pues el propósito es que el juez realice una adecuada interpretación del derecho, sin pretender inaplicar la norma y crear otra, garantizando de ese modo no solo la primacía de la Constitución sino también el respeto de la dignidad y los derechos fundamentales que asisten a todas las personas.

El análisis del tratamiento jurisprudencial de la Corte Suprema sobre la responsabilidad civil de la empresa ante los accidentes de trabajo, es el objetivo de esta investigación. La Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como propósito “promover una cultura de prevención de riesgos laborales”, su principal pilar es el “Deber de Prevención” a cargo del empleador. Este deber es una obligación de medios, teniendo en consideración que en nuestro análisis materia de investigación, la empresa implementará todas las medidas necesarias para evitar ocurran accidentes, pero no puede asegurar el resultado deseado, de que no ocurran accidentes de trabajo, toda vez que estos accidentes pueden suceder por distintos eventos no vinculados a la actuación de la empresa, en su deber de protección y prevención. El análisis de la responsabilidad civil de la empresa corresponde a la responsabilidad contractual, al estar dicha obligación de prevención contenida en el contrato de trabajo; por ello, el análisis de la responsabilidad se determina bajo el ámbito del incumplimiento de obligaciones de nuestro Código Civil, cuyo factor de atribución es la culpa y el dolo, exonerando de responsabilidad a quien actúa con la diligencia ordinaria. Del análisis de las casaciones emitidas por la Corte Suprema, se evidencia que para determinar la responsabilidad de la empresa, nuestra jurisprudencia opta por la responsabilidad objetiva, es decir, no evalúa si el accidente de trabajo ha ocurrido por algún incumplimiento en materia de prevención de la empresa, su principal fundamento es que solo basta probar el vínculo laboral y el accidente de trabajo, siendo estos presupuestos suficientes para atribuir la responsabilidad a la empresa. La responsabilidad objetiva desincentiva a la empresa, teniendo en consideración que, a pesar de ser un empleador diligente, siempre será responsable de cualquier accidente que sufra el trabajador; por otro lado, la responsabilidad subjetiva evidencia el incumplimiento de la obligación por negligencia e incentiva a la empresa a fortalecer sus medidas de prevención. / Trabajo de investigación

En este artículo la autora identifica un problema de la práctica judicial a nivel de Cortes Supremas -que actúan bajo el Código Procesal Civil como ley procesal aplicable- pues se estarían declarando procedentes infracciones normativas no invocadas por la parte impugnante, amparando esta decisión en el artículo 392-A del Código Procesal Civil e intentando justificar la misma en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. En tal sentido, el presente artículo tiene como objetivos evaluar cuáles son los límites de los jueces supremos en el marco de su actuación como jueces de casación, identificar cuáles son los derechos y principios vulnerados con las decisiones que siguen la tendencia antes mencionada y, a su vez, evaluar la necesidad de mantener o no el artículo 392-A del Código Procesal Civil en nuestro ordenamiento jurídico. La autora afirma que al ser el recurso de casación un medio impugnatorio de fuente legal, la actuación de los jueces supremos deberá delimitarse dentro del marco de sus competencias y dentro de lo regulado por la ley aplicable sobre el recuro de casación. Finalmente, se concluye que el artículo 392-A del Código Procesal Civil debe ser derogado de nuestro ordenamiento jurídico, pues dicho artículo no cumple con una finalidad específica que justifique mantener la “procedencia excepcional” en los términos expuestos, que lejos de ser utilizada, es distorsionada para entenderla como un permiso para la arbitrariedad judicial.

El feminicidio es una categoría empleada por los movimientos feministas y, posteriormente, por los órganos internacionales de derechos humanos para referirse a los homicidios de mujeres que constituyen violencia basada en género. Esta categoría permite evidenciar la relación que existe entre la muerte de una mujer en específico y un sistema social que subordina a las mujeres como colectivo. En este contexto, la justicia penal es la responsable de precisar qué casos concretos constituyen un feminicidio y, a partir de ello, re-afirmar el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia y de patrones estereotipados de género. Sin embargo, la tipificación penal de la categoría feminicidio en las legislaciones latinoamericanas - particularmente en la peruana- ha sido un proceso caracterizado por diversas críticas, resistencias y dificultades. Como correlato, los tribunales han tenido serios problemas para aplicar la categoría. En este escenario, la presente investigación sistematizará y valorará críticamente las reglas que ha empleado la Corte Suprema de Justicia del Perú para definir qué es y qué no es un feminicidio. Con ello se identificará aquellos problemas interpretativos que han sido superados -al menos a nivel de Corte Suprema- y aquellos que, al persistir, mantienen vigentes serias lagunas de impunidad. / Femicide is a category used by feminist movements and, later, by international human rights bodies to refer to the homicides of women that constitute gender-based violence. This category makes it possible to demonstrate the relationship between the death of a specific soman and a social system that subordinates women as a group. In this context, criminal justice is responsible for specifying which specific cases constitute femicide and, based on this, reaffirming the right of women to live a life free of violence and stereotyped gender patterns. However, the criminal prohibition of the femicide in Latin American legislation -particularly in Peru- has been a process characterized by various criticisms, resistance, and difficulties. As a correlate, this courts have had serious problems applying the category. In this scenario, the present investigation will systematize and critically assess the rules that the Suprema Court of Justice of Peru has used to define what is and what is not a femicide. This will identify those interpretative problems that have been overcome -at least at the Suprema Court level- and those that, by persisting, maintain serious impunity gaps.

El presente informe jurídico analiza distintos aspectos relacionados al derecho probatorio en materia civil, algunos de los cuales son aún materia de controversia tanto en la doctrina como en la jurisprudencia nacional. Tales como la prueba de oficio, la prueba pericial, medios de prueba en otro proceso, la valoración de los medios de pruebas y estándares probatorios. Asimismo, aborda los límites a las facultades de la Corte Suprema relacionados con el derecho a la debida motivación. Este análisis se contextualiza dentro de un recurso de casación, cuyo proceso se origina con la demanda interpuesta por Petroperú S.A., sobre obligación de dar suma de dinero, contra Altantic Corporation S.A. / The present legal report examines various aspects relating to the law of evidence in civil matters, some of which are still controversial in both legal doctrine and national jurisprudence. Such as ex officio evidence, expert evidence, evidence in other proceedings, among others. It also generally addresses the limits to the powers of the Supreme Court. This analysis is contextualized within an appeal of cassation, whose process originates with the lawsuit filed by Petroperú S.A., on the obligation to pay sum of money, against Altantic Corporation S.A.

La Corte Suprema es un órgano de vértice que considero trascendental y central en la administración de justicia de nuestro país por dos razones: la primera, porque es el órgano máximo en el que se definen las controversias de manera definitiva; y, segundo, porque tiene atribuciones que resultan fundamentales para el desarrollo y la construcción del derecho. Una de esas atribuciones es precisamente la que motivó la elaboración del presente trabajo: la aplicación del principio iura novit curia en sede casatoria. Para ello, he dividido el artículo en 3 partes: la primera, enfocada en los momentos en los que la Corte Suprema aplica el principio iura novit curia; la segunda, enfocada en los criterios para su aplicación; y, la tercera, centrada en los límites para su aplicación. Todo lo anterior, partiendo desde las hipótesis específicas de que la Corte Suprema sí aplica dicho principio, sí determina los momentos de su aplicación, sí establece criterios y sí fija límites, las cuales- han sido rebatidas o confirmadas en las conclusiones. En efecto, luego del análisis del problema y el desarrollo del presente trabajo, pude concluir que la Corte Suprema sí aplica el principio iura novit curia, sin embargo, no determina los momentos de su aplicación, no establece criterios ni mucho menos fija límites. / The Supreme Court is an apex body that I consider transcendental and central in the administration of justice in our country for two reasons: first, because it is the highest body in which disputes are defined; and second, because it has powers that are fundamental for the development and construction of law. One of these powers is precisely the one that motivated the preparation of this paper: the application of the iura novit curia mainly in cassation proceedings. For this purpose, I split the article into 3 parts: the first one, focused on the moments in which the Supreme Court applies the main iura novit curia; the second, focused on the criteria for its application; and the third, focused on the limits for its application. It is for all the above, starting from the specific hypothesis that the Supreme Court does apply said mainly, does determine the moments of its application, does establish criteria and does set limits, which have been refuted or confirmed in the conclusions. In effect, after the analysis of the problem and the development of this work, I was able to conclude that the Supreme Court does apply the main iura novit curia, however, it does not determine the moments of its application, it does not establish criteria, much less set limits. / Trabajo académico

El presente trabajo pretende determinar si estamos de acuerdo con el decisorio de la Corte Suprema al aprobar la consulta respecto a la resolución correspondiente al Expediente N°10978 – 2020. Para lo cual, analizaremos el criterio adoptado por el órgano jurisdiccional de segunda instancia, luego estableceremos los criterios de aplicación de control difuso, y finalmente, analizaremos el criterio interpretativo y argumentativo de la Corte Suprema respecto a la aplicación del control difuso acorde a los criterios establecidos en el Primer Pleno Jurisdiccional en materias Constitucionales y Contenciosas Administrativo. / The purpose of this paper is to determine whether we agree with the decision of the Supreme Court in approving the consultation regarding the resolution corresponding to Case No. 10978 - 2020. For which, we will analyze the criteria adopted by the second instance jurisdictional body, then we will establish the criteria for the application of diffuse control, and finally, we will analyze the interpretative and argumentative criteria of the Supreme Court regarding the application of diffuse control according to the criteria established in the First Jurisdictional Plenary in Constitutional and Contentious-Administrative matters.

La presente tesis expone la dimensión de la función constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) configurada con el fin de preservar el orden jurídico, así como producir y ordenar la jurisprudencia, debiendo ejercer liderazgo en el sistema de justicia fijado precedentes vinculantes y doctrina jurisprudencial. La tesis, en ese sentido, recuerda los debates de la Constitución de 1979, en donde se refirió con énfasis el papel de la jurisprudencia y estableció la incorporación de la casación no como una norma procesal, sino como una potestad que le confiere una función constitucional. A partir de ello, la investigación exhibe algunos hallazgos que expresan disfuncionalidades institucionales de la CSJ que vienen contribuyendo a desconfigurar el modelo constitucional, como la alta provisionalidad de magistrados —la más alta del Poder Judicial— y que funciona con nueve Salas especializadas cuando la LOPJ contempla solo tres; la designación de magistrados provisionales sin seguirse el estricto orden de méritos contrariando la LOPJ y la LCJ, lo que se documenta con precisión identificando hechos que acontecen; la alta rotación y cambios constantes de conformaciones de las Salas Supremas, sin consultas a los afectados. De igual forma, la tesis analiza la situación de muchos vocales supremos que adicionan a sus tareas jurisdiccionales labores administrativas, pese a la distinción que hacen los artículos 143° y 146° de la Constitución. Finalmente, la tesis aborda el problema de la jurisprudencia y cómo las diversas Salas de la Corte Suprema tomaron mucho tiempo para iniciar a establecer doctrina jurisprudencial y precedentes, existiendo en la actualidad un desarrollo dispar en las Salas Especializadas, destacándose la contribución en la materia por parte de las Salas Penales, analizándose algunos aspectos que para evitar que sigan llegando cada vez más casos a nuestro alto tribunal de justicia. La investigación apunta a que, si se busca una Corte Suprema orientadora del Derecho a partir de jurisprudencia de calidad, que otorgue seguridad jurídica, predictibilidad y falle en igualdad, debe considerarse un número razonable de casos que pueda gestionarse a su interior. La tesis considera que para abordar estos problemas se debe partir por reconocer que existe un problema, superando el actual escenario negacionista de los vocales supremos, así como la indiferencia la Academia y el foro; considerar así que hemos normalizado una situación anómala que se expresa en la alta sobrecarga de casos que recibe la CSJ que superar los 48 mil expedientes al año, una provisionalidad que llega al 80%, constantes cambios en la conformación de las Salas Supremas al iniciar el año judicial y cuando lo considere la presidencia — 13 veces en este año 2021—entre otros aspectos que contribuyen a debilitar o afectar garantías institucionales contempladas en la Constitución, como el principios de independencia, inamovilidad y juez predeterminado por ley. / This thesis presents the dimension of the constitutional function of the Supreme Court configured to preserve the legal order, as well as to produce and order jurisprudence, having to exercise leadership in the justice system set binding precedents and jurisprudential doctrine. The thesis, in this sense, recalls the debates of the 1979 Constitution, where the role of jurisprudence and the Supreme Court was emphasized and where the incorporation of cassation was established not as a procedural norm, but as a power that confers on it a constitutional function. Based on this, the investigation shows some findings that express institutional dysfunctionalities of the Supreme Court of Justice that have been contributing to misconfigure the constitutional model, such as the high provisionality of magistrates - the highest in the Judiciary - and that it operates with nine specialized Chambers when the LOPJ contemplates only three; the appointment of provisional magistrates without following the strict order of merits contrary to the LOPJ and the LCJ, which is documented with precision by identifying events that occur; the high turnover and constant changes in the conformations of the Supreme Chambers, without consulting those affected. Similarly, the thesis analyzes the situation of many supreme members who add administrative tasks to their jurisdictional tasks, despite the distinction made by articles 143 and 146 of the Constitution. Finally, the thesis addresses the problem of jurisprudence and how the various Chambers of the Supreme Court took a long time to begin to establish jurisprudential doctrine and precedents, currently existing a disparate development in the Specialized Chambers, highlighting the development of the Criminal Chambers , highlighting that regulatory adjustments are required in the matter and that there is a better application of the appeal to prevent the Supreme Court from becoming one more instance that encourages the arrival of more cases that continues to congest our high court and especially the Chambers of Constitutional and Social Law. In this sense, the thesis points out that, if a Supreme Court orienting Law is sought based on quality jurisprudence, which provides predictability, legal certainty and preserves the principle of equality, the importance of a reasonable number of cases must be taken into account. that can be managed, and efforts must be made in this way. The thesis considers that in order to address these problems, it is necessary to start by recognizing that there is a problem, overcoming the current situation of comfort of the supreme magistrates, the forum and the academy, which have normalized an anomalous situation such as the one that affects the Supreme Court with an overload of cases that exceeds 48 thousand a year, with a provisional status of 80%, with constant changes in the composition at the beginning of the judicial year and when the presidency considers it —13 times in this year 2021—, among other aspects that contribute to weaken or affect institutional

A través del presente informe jurídico se analiza el Expediente No. 2002-093-06-0101- JX-01-C (E-2575), correspondiente al proceso judicial iniciado por Giovanna Angélica Quiroz a título propio y en representación de sus tres menores hijos, en contra de Minera Yanacocha S.R.L., Ramsa S.A. y Esteban Arturo Blanco Bar, mediante la cual pretendieron una indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, ocasionados a causa del derramamiento de mercurio en el centro poblado Choropampa el 2 de junio del año 2000. El objetivo del informe radica en advertir una serie de aplicaciones e interpretaciones de normas materiales y adjetivas realizadas por la Corte Suprema de Justicia e instancias de mérito que, a nuestro entender, resultan indebidas e incorrectas, las cuales están referidas a los siguientes tópicos: (i) la legitimidad para obrar para solicitar tutela jurisdiccional en defensa del medio ambiente, (ii) la posibilidad de plantear excepciones procesales sustentadas en transacciones extrajudiciales no homologadas, y (iii) el análisis de validez de transacciones extrajudiciales celebradas entre las partes del proceso. Las conclusionesa la que se arriban son principalmente las siguientes: (i) toda persona natural tiene legitimidad para interponer demandas en tutela del medio ambiente, (ii) no cabe oponerla transacción extrajudicial no homologada judicialmente como excepción procesal y, (iii) las transacciones celebradas entre las partes adolecen de vicios de validez por ir en contra de las buenas costumbres.

El presente informe analiza la Casación Nº 231-2017 Puno, emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, el 14 de setiembre de 2017. La casación resuelve el proceso seguido en contra de Bernardo Natividad Meza Alvarez, ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Melgar, Helard Huamán Maman, Jose Haytara Carreón, y Jose Domingo Choquehuanca, por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado – Municipalidad Provincial de Melgar y en ilegítimo favor de la Empresa Alabama S.A. al haberse interesado directa e indebidamente en el Proceso Exonerado 001-2010-MPM-A. En la decisión adoptada, la sala resuelve declarar la absolución de los procesados. Para lo cual sustenta su casación en una serie de fundamentos entre los cuales resalta la determinación del patrimonio como bien jurídico protegido en el delito de negociación incompatible. Asimismo, la sala estableció que el interés en provecho propio o de terceros, se expresa a través de la afectación patrimonial, en sintonía con ello, el delito de negociación incompatible sería un delito de peligro concreto dado que no se habría acreditado mediante pericia alguna el peligro real e inminente para el patrimonio. En el presente informe se sostiene que el bien jurídico protegido en el delito de negociación incompatible no es el patrimonio, sino es la imparcialidad y objetividad en el ejercicio de la función pública (bien jurídico especifico) y el correcto funcionamiento de la administración pública (bien jurídico genérico), los cuales son afectados a través del actuar interesado del funcionario público y no a través de la acreditación de un daño patrimonial. Asimismo, argumentamos que nos encontramos frente a un delito de peligro abstracto y no de peligro concreto, conforme lo aseverado por la Corte Suprema, por lo que la absolución de los imputados sería desacertada