Estado Constitucional de Derecho en que los derechos fundamentales realmente sean vinculantes para los jueces, en que los derechos sean tomados en serio. El análisis desarrollado en el presente trabajo implica reconocer la existencia de la doble dimensión de los derechos fundamentales y cómo esta implica al juez asumir un rol dual en la protección de los derechos fundamentales. Así, no solo deben hacerse valer los derechos fundamentales como meros derechos, sino como valores básicos reconocidos en una sociedad democrática que el Estado, y en especial los jueces, se ha comprometido a hacer valer. Es, por ello, que se considera que la falta de protección de los derechos fundamentales en un caso en que estos se vulneren o se vean amenazados solo resulta aceptable cuando existan limitaciones en la comprensión de los jueces respecto a las implicancias de esos valores básicos. He ahí el momento en que se justifica la intervención del Tribunal Constitucional para la protección de los derechos fundamentales: desarrollar, explicar y defender los derechos fundamentales desde su comprensión como integrantes de la piedra angular en que se construye el Estado Constitucional de Derecho. Así, su rol ha de ser tutelar la dimensión objetiva de los derechos fundamentales.

El caso Llamoja brindó parámetros para la motivación es así que algunos de estos parámetros fueron usados en el ámbito arbitral para esclarecer cuando una motivación es adecuada o inadecuada. El presente artículo académico tiene como finalidad explicar porque es adecuado o inadecuado el uso de ciertos parámetros establecidos en Llamoja para el recurso de anulación del laudo. En primer lugar, centro la exposición en explicar qué parámetro no se usa en el recurso de anulación: Motivaciones cualificadas. En segundo lugar, desarrollo qué parámetros sí se usan y me enfoco en la a) Inexistencia de motivación o motivación aparente b) Falta de motivación interna de razonamiento, c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de premisas y d) La motivación sustancialmente incongruente. Asimismo, me centro en el parámetro de la motivación insuficiente para determinar tres razones principales por las que considero que es un parámetro problemático. La primera, es que analiza el fondo de la materia, la segunda que presenta subjetividad del juez, la tercera que no cumple con el hecho de que la motivación sea una garantía de la jurisdicción. Finalmente, llego a la conclusión de que la motivación insuficiente implica un grado alto de subjetividad por lo que no es adecuado su uso en el arbitraje. / The Llamoja case provided parameters for motivation, so some of these parameters were used in the arbitration field to clarify when a motivation is adequate or inadequate. The purpose of this academic article is to explain why the use of certain parameters established in Llamoja for the appeal for annulment of the award is appropriate or inappropriate. First of all, in the center of the presentation, explain what parameter is not used in the annulment appeal: Qualified reasons. Secondly, I develop what parameters are used and focus on a) Lack of motivation or apparent motivation b) Lack of internal reasoning motivation, c) Deficiencies in external motivation; justification of premises and d) Substantially incongruent motivation. Additionally, I focus on the parameter of insufficient motivation to determine three main reasons why I consider it a problematic parameter. The first is that it analyzes the substance of the matter, the second that it presents the subjectivity of the judge, the third that it does not comply with the fact that the motivation is a guarantee of jurisdiction. Finally, I conclude that insufficient motivation implies a high degree of subjectivity, which is why its use in arbitration is not appropriate. / Trabajo académico

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la sentencia del Tribunal Constitucional peruano N° 00032-2021-PI/TC, “Caso de la cuestión de confianza II”, por el cual el Poder Ejecutivo interpone demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 31355, Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú”, la cual fue aprobada por insistencia y promulgada por el Congreso de la República. Tratándose de un proceso de inconstitucionalidad, se requerían cinco votos para declarar la demanda fundada y, consecuentemente, inconstitucional la ley impugnada. Sin embargo, este hecho no se produjo, pues cuatro magistrados emitieron votos singulares declarando infundada la demanda y sólo dos magistrados votaron a favor de declarar la inconstitucionalidad de la Ley N° 31355. En ese sentido, en el presente trabajo se sostendrá que, contrariamente a lo decidido por el Tribunal Constitucional, la Ley N° 31355 es inconstitucional, tanto por la forma como por el fondo. Para ello, se seguirá la estructura propuesta por el exmagistrado Espinosa-Saldaña en su ponencia, incluyendo las consideraciones expuestas por los demás magistrados en sus votos singulares. Así, en primer lugar, se realizará el examen de constitucionalidad formal de la Ley N° 31355. De un lado, se pondrá de manifiesto que el contenido material de la ley impugnada modifica el marco jurídico - constitucional actual, en virtud de lo cual su aprobación debió darse mediante ley de reforma constitucional y no a través de una ley ordinaria. De otro lado, se analizará el exceso del Congreso de la República en el ejercicio de sus competencias establecidas en el artículo 102.1 de la Constitución, respecto de su atribución para interpretar las leyes. En segundo lugar, se realizará el examen de constitucionalidad sustantiva de la Ley N° 31355. Para ello se desarrollará un breve repaso sobre la naturaleza, objeto y alcances de la cuestión de confianza en el texto constitucional peruano. Acto seguido, se abordarán los límites que la Ley N° 31355 establece a la cuestión de confianza y cómo estos vulneran el principio constitucional de separación y equilibrio de poderes. Finalmente, se desarrollará la vulneración de las competencias del Tribunal Constitucional frente al desconocimiento de su doctrina jurisprudencial por parte del Congreso de la República. / The objective of this paper is to analyze the sentence of the Peruvian Constitutional Court No. 00032-2021-PI/TC, "Case of the question of trust II", by which the Executive Branch files a claim of unconstitutionality against Law No. 31355, "Law that develops the exercise of the matter of trust regulated in the last paragraph of article 132 and in article 133 of the Political Constitution of Peru", which was approved by insistence and promulgated by the Congress of the Republic. In the case of an unconstitutionality process, five votes were required to declare the claim founded and, consequently, the challenged law unconstitutional. However, this fact did not occur, since four magistrates issued separate votes declaring the lawsuit unfounded and only two magistrates voted in favor of declaring Law No. 31355 unconstitutional. In this sense, in the present work it will be argued that contrary to what was decided by the Constitutional Court, Law No. 31355 is unconstitutional, both in form and substance. To do this, it will follow the structure proposed by Judge Espinosa-Saldaña in his presentation, including the considerations set forth by the other judges in their individual votes. Thus, in the first place, the formal constitutionality examination of Law No. 31355 will be carried out. On the one hand, it will be shown that the material content of the contested law modifies the current legal-constitutional framework, by virtue of which its Approval should have been through a constitutional reform law and not through an ordinary law. On the other hand, the excess of the Congress of the Republic will be analyzed in the exercise of its powers established in article 102.1 of the Constitution, regarding its attribution to interpret the laws. Second, an examination of the substantive constitutionality of Law No. 31355 will be carried out. For this, a brief review of the nature, object, and scope of the question of trust in the Peruvian constitutional text will be developed. Then, the limits that Law No. 31355 establishes to the question of trust will be addressed, and how these violate the constitutional principle of separation of powers, which includes the balance and balance of powers; and, finally, will be addressed the violation of the powers of the Constitutional Court against the lack of knowledge of its jurisprudential doctrine by the Congress of the Republic.

El presente trabajo analiza la sentencia N° 04539-2012-PA/TC del Tribunal Constitucional en la cual se resuelve el caso seguido por el Sindicato de Trabajadores Tributarios Aduaneros contra SUNAT, quienes reclamaban gozar su descanso durante los días feriados del año. La elección de la resolución se justifica en la aplicación del control difuso de una norma reglamentaria por parte del Tribunal Constitucional (TC); además, los magistrados declaran nulas las sanciones por interrupción de labores de los trabajadores, dando pie a cuestionarnos sobre aspectos referidos al derecho de resistencia de los trabajadores. A partir de ello, planteamos el mal análisis realizado por el TC respecto a las sanciones laborales declaradas nulas, debido al rol fundamental que cumplían estos trabajadores en aras del buen funcionamiento de la administración pública. En ese sentido, se concluye que SUNAT puede obligar a laborar los días feriados a sus trabajadores sin que éstos tengan la posibilidad de interrumpir sus labores frente a un incumplimiento en el otorgamiento de beneficios

En tiempos de globalización circulan entre los países varios modelos o instituciones jurídicas, normas trasnacionales o prácticas jurisprudenciales que se insertan con mucha facilidad en los sistemas jurídicos nacionales; de modo que, no es raro que las altas cortes nacionales citen a autores como Alexy o Ferrajoli, o hagan referencia a jurisprudencia de otras latitudes, como los casos Marbury vs Madison o Rigg vs Palmer; es más, el empleo del derecho comparado (legislación, doctrina y jurisprudencia) es común en la formación de los estudiantes del Derecho. Esto quizás porque los alcances de una norma, institución, categoría o figura es limitado, por lo que los operadores jurídicos se vean en la necesidad de mirar o poner atención a la experiencia comparada para captar los cambios y las novedades que se están produciendo, y así esgrimir en sus decisiones un razonamiento respaldado, que posea garantía y sea legítimo. Por ello, el problema objeto de investigación versa en el uso del derecho comparado en las decisiones del Tribunal Constitucional; concretamente, se evalúa si el Ultimo Interprete de la Constitución emplea argumentos jurisprudenciales (decisiones de otras cortes) y teóricos (doctrina trasnacional) del derecho comparado, para interpretar, comprender o solucionar los problemas vinculados con los derechos fundamentales; y, establecer cuál es la fuerza o peso que tiene la argumentación del derecho comparado en el marco de solución de un caso concreto que involucre derechos fundamentales (nivel de vinculación). Algunos de los resultados obtenidos en la investigación son: (i) el Tribunal Constitucional emplea jurisprudencia comparada para solucionar un asunto problemático que envuelve a los derechos fundamentales; (ii) la doctrina o la teoría extranjera tiene un lugar importante en la justicia constitucional; (iii) la jurisprudencia y la doctrina son elementos empleados para interpretar, comprender y brindar una mejor solución a una problemática concreta; sin embargo, su uso es persuasivo (orientan o guían al Juez), ya que no influyen directamente en la solución del caso; y, (iv) el nivel o peso que tiene el argumento de derecho comparado en la solución de una controversia o la interpretación de una institución o norma es medio o bajo, pues su empleo responde a fines estrictamente ilustrativos.

La presente investigación expone, desde una aproximación cualitativa y cuantitativa, el desarrollo del derecho a la integridad personal desde el ámbito jurisprudencial nacional e internacional. Se sostiene tanto de la revisión de un conjunto de sentencias emitidas por nuestro Tribunal Constitucional, así como también de las provistas en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los objetivos de esta investigación están orientados, en primer lugar, a revisar la construcción del derecho a la integridad personal desde sus más antiguos antecedentes: los Diarios de Debates de las Comisiones Constitucionales en la Asamblea Constituyente (1979) y el Pleno del Congreso (1993). En segundo lugar, a explorar la jurisprudencia pertinente en ambos fueros peruano e interamericano e identificar qué conceptos resultan indesligables para la construcción del derecho fundamental a la integridad personal. Y, por último, en tanto existe mediado consenso sobre la construcción constitucional de la dimensión física de la integridad, revisar con mejor detenimiento la posición constitucional y de derechos humanos que han tomado las dimensiones psíquica y moral del derecho estudiado. Esto último nos permitirá observar si las construcciones de derechos humanos del fuero interamericano podrían ser recogidas -o si lo fueron- en las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional.

El presente artículo académico analiza la situación del reconocimiento de derechos a la comunidad LGBTIQ+ en América Latina y el Perú. Presenta las múltiples iniciativas legislativas que se han dado en nuestro país para instaurar el matrimonio igualitario, la unión civil u otras figuras análogas, pero que han sido intentos infructuosos en materia de protección de derechos fundamentales. Asimismo, muestra la incidencia directa que tiene la instauración del matrimonio igualitario en el respeto y garantía de los derechos a la igualdad y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad y los derechos civiles que se derivan del mismo. Finalmente, presenta un caso emblemático de inscripción del matrimonio igualitario ante el RENIEC, a fin de demostrar la constitucionalidad de la medida y el debido control de convencionalidad que debe aplicar el Estado peruano en estos casos, en función a las obligaciones internacionales asumidas. Cabe mencionar que la presente investigación fue realizada en base a un estudio de las más recientes fuentes doctrinales sobre la materia, así como de la legislación y la jurisprudencia internacional más relevante. / This academic article analyzes the situation of the recognition of rights of the LGBTIQ+ community in Latin America and Peru. It presents the multiple legislative initiatives that have been taken in our country to establish equal marriage, civil union or other similar figures, but which have been unsuccessful attempts in terms of protecting fundamental rights. Likewise, it shows the direct impact that the establishment of equal marriage has on the respect and guarantee of the rights to equality and non-discrimination, the free development of personality and the civil rights that derive from it. Finally, it presents an emblematic case of registration of equal marriage before the RENIEC, in order to demonstrate the constitutionality of the measure and the due control of conventionality that the Peruvian State must apply in these cases, based on the international obligations assumed. It is worth mentioning that this research was carried out based on a study of the most recent doctrinal sources on the subject, as well as the most relevant international legislation and jurisprudence. / Trabajo académico

El presente trabajo de tesis, analiza en concreto el control constitucional, por un lado, el control constitucional difuso y por otro el control constitucional concentrado, ello con la finalidad de tener claro ambos conceptos, además de estudiar brevemente el tipo de control constitucional que tenemos en Latinoamérica, así como el que funciona en Europa. También este trabajo de investigación analiza en control constitucional realizado en nuestro país, revisando brevemente sus orígenes, hasta la actualidad, para lo cual luego de analizar el vigente marco constitucional respecto al control difuso realizado por la Corte Suprema de Justicia de la República, además de advertir graves deficiencias en cuanto a dicha labor de control constitucional, es que, proponemos se pueda implementar en nuestro país la figura de la Cuestión de Inconstitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional, la cual desde nuestra postura, viene funcionando de manera adecuada en España, país de donde hemos heredado y tenemos como referente gran parte de sus instituciones jurídicas, y en lo particular en lo que se refiere al control constitucional. Es así que, sustentamos resulta viable la implementación de la cuestión de inconstitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional peruano, pues la Corte Suprema ha evidenciado un déficit en cuanto a la labor de control de constitucionalidad, habiendo identificando su problemática en la provisionalidad de los jueces supremos que integran las Salas Constitucionales, además de la transitoriedad de estas Salas. Por tanto, consideramos viable que el Tribunal Constitucional pueda realizar la labor de hacer control constitucional respecto a los casos donde a un juez ordinario le surja una duda respecto a la constitucionalidad de una norma en un caso concreto, y que sea el Tribunal Constitucional a través de una sentencia determine los que corresponda y que los efectos de su sentencia donde se haya planteado la Cuestión de Inconstitucionalidad, tenga efectos erga omnes, y pueda expulsar la norma inconstitucional de ser el caso o por el contrario, ratifique la constitucionalidad de la norma en cuestión. / This thesis work specifically analyzes constitutional control, on the one hand, diffuse constitutional control and concentrated constitutional control on the other, in order to be clear about both concepts, in addition to briefly studying the type of constitutional control that we have in Latin America, as well as the one that works in Europe. This research work also analyzes constitutional control carried out in our country, briefly reviewing its origins, up to the present, for which after analyzing the current constitutional framework regarding the diffuse control carried out by the Supreme Court of Justice of the Republic, in addition to noticing serious deficiencies in terms of said constitutionality, we propose that the figure of the Question of Unconstitutionality in charge of the Constitutional Court be implemented in our country, which from our position, has been working adequately in Spain, a country from which we have inherited and have as a great reference part of its legal institutions, and in particular in what refers to constitutional control. Thus, we maintain that the implementation of the question of unconstitutionality in charge of the Constitutional Court is viable, since the Supreme Court has evidenced a deficit in terms of the work of constitutionality control, having identified its problem in the provisionality of the supreme judges that make up the Constitutional Chambers, in addition to the transience of these Chambers. Therefore, we consider it viable that the Constitutional Court can carry out the task of carrying out constitutional control regarding cases where an ordinary judge has a doubt regarding the constitutionality of a norm in a specific case, and that the Constitutional Court, through a sentence, determines the corresponding ones and that the effects of its sentence where the Question of Unconstitutionality has been raised, has erga omnes effects, and can expel the unconstitutional norm if it is the case or, on the contrary, ratify the constitutional one ity of the norm in question.

El presente trabajo aborda la aplicación de los estándares interamericanos de protección de los derechos de las personas LGBTIQ+ por Perú a través del control de convencionalidad. En ese sentido, nos centraremos en sus dos manifestaciones ("erga omnes" e "inter partes") con base en el análisis de los avances normativos y las sentencias desarrolladas por el Tribunal Constitucional en materia de identidad de género y matrimonio igualitario; así como, aquellas sentencias en las que Perú es parte material del proceso respecto a casos de violencia contra personas LGBTIQ+ ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. / The present paper addresses the application of inter-American standards for the protection of the rights of LGBTIQ+ persons by Peru through conventional control. In this regard, we will focus on its two manifestations ("erga omnes" and "inter partes") based on the analysis of the normative advances and the judgments developed by the Constitutional Court on gender identity and equal marriage; as well as those judgments in which Peru is a material part of the process regarding cases of violence against LGBTIQ+ persons before the Inter- American Court of Human Rights. / Trabajo académico

A través de este trabajo de investigación se pretende observar desde un punto de vista jurídico la aplicación de cambios normativos en el tiempo del cómputo de inicio de plazo de la acción de cobro de deudas tributarias conforme a la legislación peruana. La investigación toma relevancia debido a que durante el periodo de investigación se presentaron diversas interpretaciones de parte de entes administrativos y diversos juristas respecto a la aplicación de los Decretos legislativos No. 1311 y 1421, los cuales introdujeron un nuevo supuesto de inicio de plazo de acción de cobro de deudas tributarias. A ello debemos agregar que durante la investigación el Tribunal Constitucional emitió una sentencia validando la constitucionalidad del DL 1421, dando por concluido los cuestionamientos sobre las facultades de exigencia del cobro de algunas deudas tributarias de parte de la SUNAT (Administración Tributaria). Sin perjuicio de ello, el presente trabajo busca analizar a profundidad la institución de prescripción de acción de cobro de deudas tributarias, tomando en cuenta principalmente un enfoque argumentativo y jurisprudencial, conforme al cual se concluye que el DL 1421 sí resultaría siendo inconstitucional al (i) pretender aplicar sus efectos a hechos ocurridos, (ii) no encuentran justificación para ser aplicados retroactivamente y (ii) en pro de la defensa de los principios de protección de la inversión privada y seguridad jurídica.