La sentencia elegida tiene por justificación que a partir del caso Juan Genaro Espino Espino, el Tribunal Constitucional consideró importante como necesaria el realizar un examen de los hechos, con el objetivo de que situaciones como los ocurridos en el caso en cuestión, no vuelvan a darse y al mismo tiempo dotar de criterios a los magistrados para que en sentencia en situaciones similares, el Tribunal sepa cómo afrontarlos. Del mismo modo, permite analizar la relevancia de los recursos de amparo en materia electoral, ello supone una valoración especial, toda vez, que se ha venido dotando de mayor contenido los fundamentos en estas sentencias, sin perder de vista los puntos medulares tratados en la sentencia aquí presentada. Sobre este mismo punto, si es que el recurso de amparo recogido en nuestro ordenamiento se ajusta a los tiempos o cronogramas electorales, en esa medida, el si debiera hablarse de un recurso de amparo especial electoral, especialmente cuando se ven vulnerados los derechos, como los derechos de participación política. De otro lado, resulta imperativo reflexionar a nivel constitucional sobre la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones a luz de un Estado Constitucional de Derecho, en la que se busca proteger los derechos fundamentales de las personas. Finalmente, los derechos constitucionales deben interpretarse a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados suscritos por el país, y como tal, su incumplimiento supone una infracción a los compromisos internacional y a nuestra propia Carta fundamental. La metodología del Informe Jurídico para el análisis se basa en el análisis de los conceptos dogmáticos, de la revisión de los principios de interpretación constitucional, y de los principios y derechos humanos vulnerados. Para ello, además del análisis de jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los puntos controvertidos desarrollados en el presente informe

El presente informe jurídico busca determinar si la aplicación de las disposiciones del Decreto de Urgencia N°012-2010 produce una vulneración al derecho constitucional a la seguridad jurídica de los titulares de concesiones mineras en el Departamento de Madre Dios con procedimientos de Certificación Ambiental en Trámite. Para tal objetivo, se ha empleado un análisis y cuestionamiento de las disposiciones del referido decreto a la luz de las normas aplicables al caso específico, así como jurisprudencia constitucional y doctrina vinculada al derecho a la seguridad jurídica. A partir de dicho análisis, se pudo identificar la afectación del derecho a la seguridad jurídica desde diferentes aristas, a partir de la aplicación de las disposiciones del decreto de urgencia a los procedimientos de certificación ambiental que ya se encontraban en trámite; específicamente, de la aplicación de la prohibición de uso de dragas y equipos similares, como nuevo requisito para el otorgamiento de dicha certificación. En virtud de ello, dado el rango constitucional del derecho a la seguridad jurídica, corresponde la evaluación de la constitucionalidad de la disposición de la norma cuestionada. Así, tras un test de proporcionalidad, se puede llegar a la conclusión que efectivamente se genera una vulneración a la seguridad jurídica y a la Constitución Política del Perú, puesto que la disposición analizada no llega a superar el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad en sentido estricto. / This legal report pretends to determine if the application of the provisions of the Urgency Decree N°012-2010 produce a violation of the right to legal security of the owners of mining concessions in the department of Madre de Dios that have environmental procedures on track. In that sense, has been used an analysis and questioning of the provisions of the mentioned decree, in the light of the regulations applicable to this case, as well as the constitutional case law and the legal doctrine linked to the right to legal security. From the said analysis, has been identified different injuries to the legal security, produced by the application of the provisions of the urgency decree to the environmental certification procedures that were already on track; specially, the prohibition of the use of dredgers and similar equipment, as a new requirement to obtain de mentioned certification. Consequently, due to the constitutional rank of the right to legal security, there should be a constitutional evaluation of the disputed urgency decree provision. Therefore, after a test of proportionality, it can be concluded that there has been a violation of the legal security and the Peruvian Constitution, because the analyzed provision cannot overcome the principle of necessity and the principle of proportionality in the strict sense.

La presente investigación analiza el Pleno Sentencia N° 343/2020 - Expediente N° 00012-2019- 131/TC - Demanda de Acción de Inconstitucionalidad contra la Ordenanza N° 014 - 2018 - MPSCH dictada por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco. Se busca investigar sobre el actual uso de las Áreas de Conservación Municipal, figura que fue derogada en el año 2007 y, sin embargo, sigue intentando ser aplicada en forma de Ordenanza Municipal. Primero se analiza el papel de los municipios en la conservación de espacios naturales en la legislación peruana. Desde el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, promulgado por Decreto Legislativo N° 613, hasta el Decreto Supremo N° 015-2007-AG, incluyendo las competencias de las municipalidades para accionar en temas de protección a espacios naturales. Posteriormente, se procede a realizar el análisis de la legalidad de la Ordenanza Municipal N° 014 - 2018 - MPSCH y el análisis del Pleno Sentencia 343/2020 / Expediente N° 00012-2019-131/TC. Se plasmará un pequeño resumen de los antecedentes de la Ordenanza, como de la Sentencia, para pasar a realizar los comentarios respectivos. Como tercer punto, se procederá a esbozar una solución sobre las alternativas de las municipalidades en temas protección de espacios naturales: Protección de la población a espacios de especial representatividad. Finalmente, se brindará una alternativa de solución sobre las Áreas de Conservación Nacional vigentes, con intención de vislumbrar su situación legal.

La Constitución Política del Perú reconoce en su artículo 149 la función jurisdiccional de las Comunidades Campesinas y Nativas con el apoyo de las Rondas Campesinas; sin embargo, en la Sentencia 468/2020 del Tribunal Constitucional, emitida el 23 de julio de 2020, se desconoce las competencias de las Rondas Campesinas al considerar que estas solo cuentan como apoyo de la función jurisdiccional de las Comunidades Campesinas. Al respecto, este informe busca demostrar que, de la emisión de esta Sentencia, se ha vulnerado derechos sobre las Comunidades Campesinas y en el caso en cuestión, sobre la Ronda Campesina del Caserío Las Malvinas toda vez que se declaró fundada la demanda de Habeas Corpus impuesta por José Santos Castillo Fernández. Para ello, se realiza el análisis de las normas nacionales e internacionales vinculantes para el reconocimiento de las competencias de las Rondas Campesinas en relación a un Estado pluricultural y además observar la falta de motivación en relación a la vulneración de los derechos sobre José Santos Castillo Fernández quién fue sancionado por la Comunidad por faltar a la Asamblea General del Caserío Las Malvinas. Finalmente, en relación a lo observado sobre la sentencia, objeto de análisis, se determina la escasez de la interculturalidad de la administración de justicia y las contradicciones del Tribunal Constitucional al desconocer competencias de las Rondas Campesinas para ejercer jurisdicción dentro de las Comunidades en las que se desenvuelven.

El caso materia de la resolución es un proceso de cumplimiento donde un grupo de ciudadanos, habitantes de La Oroya demanda las entidades estatales: Ministerio de Salud y de DIGESA para que cumplan con un conjunto de normas administrativas que aseguran el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado, y a la salud. El incumplimiento alegado por el actor es evidente, y, por ello mismo, el Tribunal Constitucional acoge su demanda, sin embargo, la sentencia deviene en inejecutable debido al carácter genérico y poco preciso de las normas ambientales que se deben cumplir. En otras palabras, estamos ante un caso donde el sistema otorga una justicia formal, pero que en los hechos, resultado inexistente. ¿Qué se debió hacer para que los ciudadanos obtengan la protección real de sus derechos fundamentales? Esta es precisamente la materia de nuestro análisis Para ello, aplicamos instituciones propias del derecho procesal constitucional, como la conversión procesal, el favor processum (principio pro actione) y el tradicional instituto de la suplencia de la queja, categoría ampliamente utilizada en la jurisprudencia nacional. El objetivo primordial consiste en aplicar el derecho procesal constitucional de manera tal que otorgue la ciudadano la máxima tutela posible, sin por ello violentar el sistema de justicia, los derechos fundamentales del demandado, y mucho menos desnaturalizar la autonomía procesal que ostenta el Tribunal Constitucional.