presente investigación de tipo cualitativa, haciendo uso de una metodología de análisis documental, busca identificar la naturaleza del acto de inmatriculación registral y su relación con la prescripción adquisitiva de dominio, así como analizar la posibilidad de extender la competencia notarial para declarar la prescripción adquisitiva a nivel de predios rurales; argumentando distintas razones que fundamenten la transferencia de la facultad evaluativa del acto prescriptorio de predios rurales a una sede notarial, lo cual generaría como resultado principal, dotar de mayor seguridad jurídica al análisis del acto de incorporación de un predio al registro.

El presente trabajo se encuentra enfocado en proponer mejoras en la regulación de la oposición en el trámite de prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial regulado en la Ley 27333, complementaria a la Ley 26662, basándonos en una investigación documental, teórica y bibliográfica, teniendo en cuenta que el proceso de prescripción adquisitiva de bienes inmuebles a nivel notarial se encuentra regulado como procedimiento no contencioso en donde el notario declara al poseedor que tiene más diez años habitando sobre un inmueble como propietario, esta posesión tiene que ser pública, continua y pacífica, respecto a este último punto se establece que no debe existir oposición dentro del procedimiento para que el notario pueda declarar la prescripción adquisitiva de dominio. La oposición al trámite de prescripción adquisitiva conlleva inmediatamente a la culminación del proceso; sin embargo, en este punto se enfatiza que la Ley 27333, complementaria a la Ley 26662, específicamente en su Art. 5 inciso g) no señala ningún requisito que debe cumplir la presentación de la oposición, lo cual conlleva a oposiciones sin fundamento que solo tienen como finalidad truncar procesos e incluso oposiciones que existen por error; es ahí donde el resultado más importante de esta investigación es brindar los fundamentos para la inclusión de la figura jurídica del desistimiento a la oposición notarial, que faculta al opositor a desistirse de su oposición y al notario a seguir con el trámite de prescripción adquisitiva.

El trabajo realizado, obedeció a tratar de encontrar una salida ante la disparidad de criterios por parte de los Tribunales de Justicia, en torno a la prescripción de la acción penal; con la inesperada pandemia, se erigió una serie de barreras para enfrentar a la COVID-19, en el ámbito jurídico tuvieron consecuencias de paralización de la actividad judicial, que a través de Resoluciones Administrativas se dispuso que también se había paralizado la prescripción de la acción penal, por lo que los Tribunales sumaban los meses de paralización dispuestos en las resoluciones administrativas, y no se respetó lo estipulado en el Código Penal, en lo referente a la prescripción extraordinaria de la acción penal, que señala un límite al añadir la palabra “ante cualquier caso”, la acción penal prescribe sumando el máximo de la pena, más una mitad. Lo cual, deja sin sustento todo afán de extender los plazos de prescripción, a través de una resolución administrativa. Que, para regocijo de los interpretes de la ley penal, al culminar el presente trabajo, el Tribunal Constitucional, en diciembre expidió una resolución con criterios y resultados buscado por la presente investigación. Lo que ha motivado que se añada la resolución del Tribunal Constitucional y otros apuntes doctrinarios sobre el particular. / The work has been done in order to try to find a way out of the disparity in the criteria of the Courts of Justice regarding the statute of limitations for criminal prosecution. With the unexpected arrival of the pandemic, there were a series of barriers erected to deal with COVID-19, which in the legal sphere had the consequence of paralysing judicial activity, even through Administrative Resolutions, which had decided that the statute of limitations for criminal action had also become paralysed The Courts, therefore, added up the months of paralysis stipulated in the administrative resolutions and did not respect the stipulations of the Criminal Code, concerning the extraordinary prescription of criminal action, which indicates a limit by adding the phrase "in any case", the transgression of laws prescribes the maximum penalty plus one half. Therefore, any attempt to extend the statute of limitations by employing an administrative resolution is unfounded. To the delight of the interpreters of criminal law, at the end of the present work, the Constitutional Court issued a ruling with the criteria and results sought by the current investigation in December. As a result, it has led to the addition of the Constitutional Court's resolution and other doctrinal notes on the subject.

La presente investigación aborda el problema de equiparar la acusación directa a la disposición de formalización de investigación preparatoria, para asignar el efecto de suspender la prescripción de la acción penal. Problema generado por la jurisprudencia nacional que justifica la aplicación de la analogía en perjuicio del imputado a fin de garantizar la tutela judicial de la víctima y evitar la impunidad, aplicando para tal efecto indebidamente el test de proporcionalidad. Nuestro principal objetivo es identificar y explicar los fundamentos de la jurisprudencia nacional que consideran ello posible. En este contexto, se propone que la suspensión prevista en el artículo 339, inciso 1, del Código Procesal Penal, se debe extender solo hasta la conclusión de la investigación preparatoria. Finalmente, se llegan a las conclusiones de que el test de proporcionalidad desarrollado por la Corte Suprema resulta inaceptable porque no realiza un adecuado examen de necesidad, al ser la pretensión civil autónoma, y la absolución o sobreseimiento no afecta el que exista un pronunciamiento judicial sobre dicha pretensión. Asimismo, porque no se realiza un adecuado examen de proporcionalidad en estricto, al no justificar por qué aplicar la precitada analogía resultaría una afectación “leve” al principio de legalidad, a pesar que este tipo de analogía se encuentra proscrita en la Constitución Política, la prescripción tiene relevancia constitucional y el fundamento de la acusación directa radica en la economía procesal, se aplica en casos simples y con plazos reducidos. / The present investigation addresses the problem of equating the direct accusation with the provision of formalization of the preparatory investigation, to assign the effect of suspending the prescription of the criminal action. Problem generated by national jurisprudence that justifies the application of the analogy to the detriment of the accused in order to guarantee judicial protection of the victim and avoid impunity, improperly applying the proportionality test for this purpose. Our main objective is to identify and explain the foundations of national jurisprudence that consider this possible. In this context, it is proposed that the suspension provided for in article 339, paragraph 1, of the Criminal Procedure Code, should be extended only until the conclusion of the preparatory investigation. Finally, the conclusions are reached that the proportionality test developed by the Supreme Court is unacceptable because it does not carry out an adequate examination of necessity, since the civil claim is autonomous, and the acquittal or dismissal does not affect the existence of a judicial ruling on said claim. Likewise, because an adequate examination of strict proportionality is not carried out, since it is not justified why applying the aforementioned analogy would result in a "slight" affectation of the principle of legality, despite the fact that this type of analogy is prohibited in the Political Constitution, the Prescription has constitutional relevance and the foundation of direct accusation lies in procedural economy, it is applied in simple cases and with reduced deadlines.

En derecho, la prescripción es la regla y la imprescriptibilidad la excepción. Si bien el debate en torno a la imprescriptibilidad de la acción penal no es nuevo, con la modificatoria del artículo 41° de la Constitución proclamando la imprescriptibilidad de los “supuestos más graves”, es necesario abordar el sentido detrás de la controvertida fórmula. Por ello, a través del presente trabajo abordaremos el desarrollo de la fórmula “supuestos más graves” bajo el análisis del fundamento de la institución de la prescripción, el nexo entre corrupción y derechos humanos - incidiendo en la identificación de la relación de causalidad y la identificación del nivel de víctima – y su impacto diferenciado en personas o grupos en especial situación de vulnerabilidad. / Trabajo académico

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El trabajo llevado a cabo pretende adaptar el derecho a una realidad más contemporánea y alentar las demás tradiciones civilistas a progresar en un sentido similar. La presente memoria traduce una parte de este trabajo, el cual versa sobre nuevos aportes en el derecho de los contratos y de las obligaciones. Este se construye en torno al aporte de varios y connotados profesores franceses, quienes dividieron las materias del código y las volvieron a coordinar, para resultar en un proyecto ofrecido por la cancillería del mismo país a su parlamento. El anteproyecto de reforma del derecho de las obligaciones y del derecho de la prescripción, objeto concreto de la presente traducción, se denomina también de manera más informal como “Anteproyecto Catala”. Dicho nombre, naturalmente, honra al profesor Pierre Catala, acaso quién dirigiera de manera más general esta parte del proyecto de reforma, quien a su vez menciona como sus antecesores en el espìritu modernizador a Portalis y Carbonnier.

La sanción disciplinaria es un medio que garantiza indirectamente el correcto desarrollo de la función pública; por lo tanto, la entidad debe instaurar los procedimientos disciplinarios en un plazo oportuno, a fin de que la potestad punitiva responda a su finalidad, más aún que constituye una garantía del servidor el determinar un plazo específico a cuyo término no podrá ser investigado. En el régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil, este período temporal – denominado plazo de prescripción – es de un año a partir de que la oficina de recursos humanos toma conocimiento de la falta (plazo corto – hechos conocidos), salvo que no haya tomado conocimiento en el transcurso de tres años a partir de la comisión de la falta (plazo largo – hechos no conocidos). Por lo tanto, se entendería que la entidad cuenta con el plazo corto de un año porque está en la posibilidad de realizar las investigaciones necesarias para determinar la existencia de responsabilidad disciplinaria. No obstante, el poder de realizar las acciones de investigación no ha sido conferido a la oficina de recursos humanos, sino a la Secretaría Técnica; por lo tanto, surge la paradoja en la que la Entidad – a través de la Secretaría Técnica – ha conocido de la falta y cuenta con la posibilidad de realizar acciones de investigación, no obstante, estas acciones de investigación se desarrollarían en el marco de un plazo de prescripción largo que debería de operar únicamente cuando la falta aún no haya sido conocida. / The disciplinary sanction is a means that indirectly guarantees the correct development of the public function; therefore, the entity must institute disciplinary proceedings in a timely manner, so that the punitive power responds to its purpose, moreover, it is a guarantee for the employee to determine a specific time period at the end of which he/she may not be investigated. In the disciplinary regime of the Civil Service Law, this time period - called the statute of limitations - is one year after the human resources office becomes aware of the offense (short period - known facts), unless it has not become aware of it within three years of the commission of the offense (long period - facts not known). Therefore, it would be understood that the entity has the short period of one year because it is able to carry out the necessary investigations to determine the existence of disciplinary liability. However, the power to carry out the investigation actions has not been conferred to the human resources office, but to the Technical Secretariat; therefore, a paradox arises in which the entity - through the Technical Secretariat - has known about the misconduct and has the possibility to carry out investigation actions, however, these investigation actions would be developed within the framework of a long statute of limitations that should only operate when the misconduct has not yet been known. / Trabajo académico

La prescripción de la acción penal es una institución que limita el Ius puniendi del Estado. Cuando opera esta figura, se extingue la posibilidad de que la autoridad competente se pronuncie respecto a un hecho de relevancia penal. Esta es una regla que ha estado presente en todos los códigos penales peruanos; sin embargo, ni la doctrina especializada ni la jurisprudencia ofrecen una explicación satisfactoria acerca de cuáles son los fundamentos que justifican su aplicación. En atención a ello, el objetivo de la presente investigación consiste en determinar si, en la actualidad, la regulación de la prescripción de la acción penal en el ordenamiento jurídico peruano se encuentra justificada. La tesis inicia con un breve recorrido histórico sobre el origen de la prescripción de la acción penal. Se describe cómo se dio su incorporación en la legislación peruana y se analiza su regulación en cada Código Penal, incluido un repaso de cómo funciona en Derecho comparado. De manera posterior se realiza un análisis crítico de cada una de las razones que, de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia, fundamentan la prescripción. Se determina que ninguna de las razones brindadas logra justificar que la referida institución se encuentre regulada en el ordenamiento jurídico peruano. Los argumentos señalados pudieron funcionar siglos atrás; no obstante, resultan insuficientes en la actualidad. Al ser descartadas las referidas razones, se apuesta por una nueva justificación. Se considera que la prescripción de la acción penal sí tiene una razón de ser; sin embargo, lejos de cumplir una función tuitiva, como señalaban la mayoría de las razones alegadas históricamente, se trata de una regla que se fundamenta en razones de política criminal. La prescripción responde a la necesidad de aligerar la carga procesal con el fin de permitir que el sistema de persecución penal funcione de la manera más eficiente posible y con ello, evitar que el sistema de administración de justicia colapse.

Debido a la declaración del Estado de Emergencia Nacional y Sanitaria por parte del gobierno central, y el establecimiento de una situación de cuarentena total en el país, primero, y luego focalizada, en determinadas provincias y departamentos, se suspendieron todo tipo de actividades públicas y privadas. Esto evidentemente tuvo impacto importante en el desarrollo y cumplimiento de las funciones administrativas de las entidades públicas, en los diversos niveles de gobierno, cuyos procedimientos están sujetos al cumplimiento de plazos y a la atribución de responsabilidades para los servidores públicos. Si bien se dictaron, en forma poco ordenada, normas que establecieron la suspensión de los plazos de tramitación, en teoría de todo tipo de procedimiento administrativo, existen plazos, como los de prescripción, especialmente en el caso del Procedimiento Administrativo Disciplinario (en adelante PAD) que, por su naturaleza, están sujetos al cumplimiento de principios y garantías constitucionales, que tutelan, entre otros, intereses del servidor o trabajador público. El presente trabajo cuestiona si los plazos de prescripción del PAD han sido objeto de suspensión expresa por norma legal en sentido estricto, dictada durante el estado de emergencia, y, de no ser ese el caso, si puede interpretarse que dichos plazos se suspendieron, atendiendo a las circunstancias excepcionales de dicho contexto. Finalmente, se analiza si, el Tribunal del Servicio Civil (en adelante TSC), puede suspender dichos plazos de prescripción, a través de los llamados precedentes administrativos vinculantes, en vía de interpretación o incluso de creación normativa administrativa, concluyéndose que ello es incompatible con las garantías y principios antes indicados.