No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo. / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta investigación consiste en realizar un análisis jurídico de las aristas estructurales del recurso de nulidad laboral, enfocadas en relación a las perspectivas doctrinarias y las orientaciones jurisprudenciales estudiadas. A partir de la búsqueda de un concepto de recurso y de nulidad procesal, en tanto impugnación y perjuicio cuya interpretación conjunta permitirá arribar a una noción de recurso de nulidad, se procede al análisis de la historia de las leyes que reforman el procedimiento laboral, especialmente centradas en el modelo de impugnación de las sentencias definitivas y su actual regulación. Posteriormente, se destina un capítulo dedicado a la determinación de las principales características del recurso, otro relativo a los principios propios que estructuran la formación del procedimiento hasta destinar uno sobre las resoluciones judiciales impugnables por esta vía. El sexto capítulo es uno de elemental importancia, ya que, gracias a la estructura anteriormente alcanzada, se pasará a analizar cada una de las causales existentes para incoar el recurso de nulidad, la determinación de su ámbito de impugnación, los límites en el conocimiento de los tribunales ad quem y los principales problemas empíricos sugeridos a partir del análisis de la jurisprudencia. Finalmente, mediante la identificación de los márgenes de la interposición formal del recurso y el procedimiento desde la presentación de la impugnación hasta la resolución de recurso, se pasa a definir las conclusiones de la investigación, hacia soluciones jurídicas respecto a la valoración de los hechos y la amplitud del margen de aplicación de este mecanismo de impugnación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Ley Nº 19.954, promulgada y publicada en el año 2004, fija un procedimiento especial para declarar la interdicción de una persona y designarle curador. Si bien la letra de dicha ley no lo explicita, tal procedimiento es de tipo no contencioso o voluntario, esto es, no implica conflicto entre partes. Es así que, contando con la inscripción de la discapacidad en el registro pertinente –llevado por el Servicio de Registro Civil e Identificación –con una simple solicitud ante el juez de letras competente de citar al discapacitado ante su presencia para realizar una audiencia personal, se puede obtener fallo favorable. Así, la entrevista descrita sólo sirve para corroborar la discapacidad. En el contexto de la misma causa debe ofrecerse un nombre para designar como curador del presunto interdicto. Ambas peticiones se resuelven en la misma sentencia definitiva.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Dentro del procedimiento de tutela laboral existen casos en que el juez, al acoger una determinada denuncia por vulneración de derechos fundamentales, por actos discriminatorios o por prácticas antisindicales, se alejaría del principio de congruencia procesal al dictar medidas reparatorias sin que hayan sido solicitadas por las partes en la pretensión; práctica que, afectaría el debido proceso establecido en nuestra Carta Fundamental y por ende todo nuestro ordenamiento jurídico, generando la posibilidad de que la parte afectada deduzca recurso de nulidad, por la causal de la e) del artículo 478 del Código del Trabajo. En tal sentido, mediante la presente investigación nuestro interés es el de determinar de qué manera la dictación de medidas reparatorias (en sentencias por vulneración de derechos fundamentales, por actos discriminatorios o por prácticas antisindicales acogidas por los tribunales del trabajo) sin ser solicitadas por las partes, afectan o no el debido proceso, en especial mediante la transgresión del principio de congruencia procesal existente en nuestra legislación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada a texto completo hasta el año 2015 / En la presente investigación analizaremos, en primer lugar la diferencia entre la concepción garantista del Proceso y la concepción activista, lo que nos permitirá definir una posición sobre sus fines, principios y función del mismo. En segundo lugar, dirigiremos nuestro estudio al denominado “Principio de Juridicidad” en general, su consagración normativa y su alcance en nuestro Ordenamiento Jurídico. En tercer lugar estudiaremos el alcance del Principio de juridicidad respecto del Poder Judicial, y en particular del juez laboral, dilucidando la posibilidad de su sujeción en el desarrollo de la función jurisdiccional del Estado a través del Proceso Por último, revisaremos cuatro casos ejemplares contenidos en la ley laboral, que representarían una eventual vulneración al Principio de Juridicidad, exponiendo en concreto cuáles serían las razones que llevarían a sostener dicho conflicto y las posibilidades de su superación. Se trata del análisis de la denominada buena fe procesal, de la norma contenida en el artículo 432 CT, de las medidas cautelares y de las medidas de reparación en la sentencia de tutela, todas a la luz del Principio de Juridicidad.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención derecho penal) / La presente investigación constituye un trabajo tipo AFET que tiene por objeto determinar el rendimiento que tuvo la modificación llevada a cabo por la Ley 20.253 llamada “Agenda Corta Antidelincuencia”, publicada en el Diario Oficial el 14 de marzo de 2008, en lo que dice relación a la modificación que sufrió la circunstancia agravante de reincidencia específica, contemplada en el artículo 12 N° 16 del Código Penal, que cambió el término “reincidente” por “condenado”. Como es sabido, la Ley de Agenda Corta Antidelincuencia, tuvo por objetivo general, endurecer las penas, y dentro de éste, hacer que efectivamente se aplicara la reincidencia, en el caso que nos ocupa, la reincidencia específica, la cual no se estaba aplicando del todo, por una antigua discusión, que se mantenía tanto a nivel jurisprudencial como doctrinal, y que incluso hoy se mantiene, en cuanto a determinar cuándo se entendía cumplida una condena, y que, por lo mismo, fue la razón que motivó el cambio legislativo de la palabra “ser reincidente en delito de la misma especie”, en que no había discusión en que debía estar cumplida la condena, no obstante sí en su forma de cumplimiento, y, obviar esa discusión, por el término “condenado en delito de la misma especie”, que sólo requiere sentencia ejecutoriada. No obstante el claro tenor de la modificación llevada a cabo, se produjo una amplia discusión a nivel jurisprudencial en torno a la aplicación de la modificación llevada a cabo en la circunstancia agravante de reincidencia específica, llamando la atención de parte de esta operadora del sistema que la misma se haya producido a un nivel de discusión que motivó que un sector de la jurisprudencia decididamente no la aplicara. En consecuencia, este trabajo tiene por objeto ver cuál ha sido el efecto a nivel jurisprudencial respecto a esta modificación, determinar de qué manera se ha aplicado o no la misma y su efecto en el futuro. Por lo mismo, esta investigación apunta a explicar la discusión en tribunales de la concurrencia o no de esta agravante, de reincidencia específica, de analizar y determinar las distintas formas en que se está aplicando la referida modificación en nuestros tribunales, esencialmente atingentes a hechos juzgados, con anterioridad a la vigencia de la modificación llevada a cabo por la Ley 20.253, llamada “Agenda Corta VII Antidelincuencia”, es decir, que el o los hechos que motivan la reincidencia hayan precisamente sido juzgados antes que entrara en vigencia la respectiva modificación de la referida ley, pues es esta época “intermedia” o “transitoria”, la que provoca precisamente disparidad de criterios en su aplicación, porque si el hecho que motiva la reincidencia es posterior a la publicación de la ley, no hay discusión en ese punto y resulta pacífico que debe aplicarse. En el llamado “período intermedio”, materia de nuestro estudio, los tribunales han sostenido diversas posturas tendientes a aplicar o no, la modificación llevada a cabo por esta ley, discusión que se estima de gran interés jurisprudencial. Por lo mismo, este estudio se iniciará con la historia de la ley para determinar cuál ha sido su espíritu, si se produce una problemática interpretativa o es claro su tenor, pues la modificación introducida en la agravante de reincidencia específica, contiene claras consideraciones de política criminal, que muchas veces contrastan con razones de justicia material, lo que hace obviar su aplicación. Palabras Clave: reincidencia, impropia, efectivo, específica, condena

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales / La figura de los informantes y los agentes encubiertos y reveladores, como técnica especial de investigación en el ámbito jurídico nacional e internacional, viene siendo utilizada ya hace algún tiempo y cada vez más profusamente. Actualmente se tramita en el Congreso un proyecto que pretende regular estas figuras en un título nuevo del Código Procesal Penal, expandiendo su aplicación a la persecución de los delitos complejos que el proyecto indica, dentro de los cuales se encuentran los delitos de terrorismo. A partir de la revisión y análisis de la reglamentación de estas figuras tanto a nivel nacional como comparado, así como también de los pronunciamientos de la jurisprudencia chilena y extranjera a su respecto, esta memoria concluye que la implementación de esas figuras acarrea una serie de problemas relacionados con vulneraciones de derechos humanos y garantías procesales, además de traer aparejado el riesgo de los delitos provocados por estos agentes en el ejercicio de sus funciones. Estos problemas se ven aumentados toda vez que se relacionan con las dificultades de conceptualización que aquejan al terrorismo como delito, por lo que la legitimidad de esta medida intrusiva pasa a ser doblemente cuestionada. Si bien el proyecto que se analizará -boletín 9692-07- incluye una nueva tipificación del delito de terrorismo, esta tesis se centrará en el estudio y análisis de la figura de los informantes, agentes encubiertos y reveladores, tomando en consideración los demás aspectos del proyecto de ley sólo de manera tangencial. Esto último, con el objetivo de proyectar los problemas que traería su incorporación ya con el estado de cosas actual, que se encuentra ampliamente documentado y estudiado por la doctrina, de modo que podamos ofrecer un panorama lo más completo posible de las consecuencias que una reforma ésta conllevaría.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La aspiración a la certeza y al conocimiento exacto, resultan ser ideas ilusas dentro del marco de la naturaleza humana, lo que se extiende también a las instituciones construidas y conformadas por seres humanos, los que son, por esencia, seres falibles. Así las cosas, no está de más recordar que los jueces, a pesar de su especial poder para adjudicar en los conflictos de terceros, siguen siendo personas, que llevan inherente a su naturaleza la imposibilidad de omnisciencia y, por ende, la capacidad de errar. Lo anterior, en el contexto de un juicio, inexorablemente abre paso a la necesidad de implementar alguna herramienta que posibilite al juez responder a la pregunta de ¿cuándo puede dar por acreditada una determinada versión sobre los hechos, sin incurrir en un error que acarree el reproche social? La respuesta a dicha interrogante, únicamente puede hallarse en la implementación de un estándar de prueba, herramienta procesal que se instituye como el elemento de concatenación lógica en la decisión del adjudicador, pues sin éste, los jueces se encontrarían en la imposibilidad de fundamentar íntegramente sus fallos y a la vez, es fiel reflejo de las expectativas de justicia de la sociedad toda, las que se manifiestan a través de la decisión político-normativa efectuada por sus representantes, a la hora de regular el umbral específico que indicará el nivel de suficiencia probatoria exigible y el margen de error que como comunidad estamos dispuestos a tolerar en las decisiones judicial

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por interés el poder profundizar en un área muy acotada de la nuestra legislación, el recurso de nulidad en la sentencia definitiva del procedimiento monitorio laboral. Al ser este un procedimiento que tiene escaso desarrollo en el Código, son muchas las falencias y dudas sobre las que se han escrito valiosos trabajos que han ayudado al desarrollo de este ensayo. Se busca hacer una breve explicación de cuales son a nuestro juicios las carencias que tiene la regulación actual sobre esta materia, que al conjugar un procedimiento donde la celeridad es mas importante que la fundamentación de un fallo, con un recurso de derecho estricto y de escaso acogimiento por parte de los tribunales nacionales, da por resultado un escenario donde las partes que acuden a tribunales, pueden ver vulneradas algunas de las garantías del debido proceso.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta tesis analizaremos la regla de facilitación probatoria del procedimiento de tutela laboral, usualmente conocida como prueba indiciaria. Se ha dicho que esta regla tiene como finalidad modificar la carga de la prueba a favor del denunciante, que importaría un estándar probatorio disminuido o que se trataría de una presunción. Para analizar tal cuestión, examinaremos algunas instituciones relevantes relacionadas a la prueba judicial y también a la prueba en el procedimiento de tutela laboral. En el primer capítulo, se analizarán diversas instituciones relacionada a la prueba de los hechos dentro del proceso judicial. Revisaremos, a grandes rasgos, concepciones acerca de la verdad de los enunciados probatorios, los sistemas de valoración de la prueba, los estándares de prueba, los indicios y su relación con la prueba indirecta, las presunciones y la regla de carga de la prueba. En el segundo capítulo, realizaremos algunas aplicaciones concretas al proceso laboral a partir de lo sostenido en el capítulo anterior. Revisaremos las principales características de este proceso, la valoración de la prueba, el estándar de prueba laboral y algunos poderes probatorios del juez. En el tercer capítulo, nos centraremos en el procedimiento de tutela laboral y el mecanismo de facilitación probatoria. Revisaremos algunas generalidades del procedimiento, la justificación de la regla de facilitación probatoria, las distintas interpretaciones realizadas por la doctrina en la materia, la recepción de la norma por parte de la jurisprudencia y, finalmente, cómo –a nuestro juicio– debe entenderse la norma.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo discute la aplicación de una determinada regla de estándar probatorio para la hipótesis de colusión en el derecho de la competencia chileno (‘preponderancia de evidencia’ o ‘balance de probabilidades’). A partir de las críticas realizadas a dicho estándar, propuesto por el Voto de Prevención de la Sentencia Nº 160/2017 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, plantea una propuesta alternativa de regla de estándar probatorio aplicable, desde la perspectiva de la teoría racional de la prueba. / 02/01/2020