Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo se analizará cómo la Corte Suprema ha desarrollado y aplicado la teoría o doctrina de los actos propios al ejercicio de actos o conductas procesales manifestadas en el contexto de un juicio, a raíz de su regulación expresa en la Ley 20.886. Para ello se realiza previamente un estudio de todos los elementos que fundan y rodean a la teoría. El trabajo comienza con una revisión general del principio de buena fe procesal con el fin de identificar los fundamentos que respaldan la existencia de la doctrina. Asimismo, se desarrolla una exposición sobre los principales aspectos teóricos de los actos propios de manera de conocer su contenido, naturaleza, requisitos y aplicación, entre otros. Finalmente, el trabajo termina con la exposición y análisis de diferentes sentencias del máximo tribunal que permiten determinar cómo ha sido la recepción de esta teoría en la jurisprudencia chilena.

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES / Existe actualmente, tanto en la ley como en la doctrina nacional chilena, una incertidumbre respecto a que entendemos por falta o abuso grave cuando hablamos de recursos de queja. Pareciera ser que está bien claro que la finalidad del recurso de queja es corregir los faltas o abusos graves cometidos por nuestros tribunales de justicia. Sin embargo, no existe ni en la ley ni en la doctrina un tratamiento sobre cuál es el real alcance y sentido de la falta o abuso grave. Al observar esta deficiencia de contenido me vi en la necesidad de recopilar las definiciones o criterios jurisprudenciales recientes de abuso o falta grave. Es por ello, que el objetivo general de esta investigación radica en realizar un estudio exhaustivo de la jurisprudencia relevante de nuestra Excelentísima Corte Suprema durante el año 2017, con el fin de obtener el criterio o los criterios empleados por el máximo tribunal para describir o definir la falta o abuso grave en que incurren los tribunales de justicia para acoger o rechazar un recurso de queja en particular. Después de una clasificación de los criterios empleados, se procederá a realizar un análisis cuantitativo acerca de cuáles son los criterios más empleados por la Corte Suprema y, además, los criterios más usados por cada sala. Por último, se concluirá con los antecedentes incorporados al presente trabajo y se responderá a una pregunta esencial. ¿Es el recurso de queja en la práctica un recurso disciplinario o en realidad se utiliza como un recurso de instancia?

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 31/01/2020

El presente Informe contiene el análisis realizado respecto del Expediente No. 2032, en donde no solo se resumen los hechos sobre los que versa la controversia, sino también se desarrollan y resuelven los problemas jurídicos encontrados en el caso, proponiendo una solución distinta a la inicialmente planteada por el Poder Judicial. Las áreas del Derecho sobre las que versa el Expediente son Derecho Societario y Derecho Procesal Civil. En virtud de lo anterior elegí estudiar este Expediente: pues ambas áreas del Derecho complementan mi área de práctica profesional, que es el Derecho Financiero. Considero que lo anterior contribuye a mi formación como futura abogada, pues profundizando mis conocimientos sobre distintas áreas del Derecho es que logro comprender mi área de práctica profesional de manera integral. La finalidad de este Informe es poder aportar a la seguridad jurídica de aquellos que opten por realizar una escisión, pues el análisis contenido en el mismo brinda una interpretación completa de las normas aplicables del ordenamiento jurídico, llenando el vacío sobre qué sucede con las obligaciones del bloque patrimonial escindido. Nuestra principal hipótesis es que no ocurre la novación de las obligaciones del bloque patrimonial escindido, y ello se sustenta en la diversa doctrina que existe sobre la materia. De ser lo anterior cierto, nuestra conclusión principal es que el caso sobre el que versa el Expediente fue resuelto de manera incorrecta, luego de haber estado en el Poder Judicial casi diez años y de haber pasado por la Corte Suprema de la República tres veces.

El presente trabajo tiene como objetivo determinar si la negociación previa a la solicitud del cese colectivo regulada en el artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral es una negociación colectiva en regla y cuáles serían las consecuencias de ello. Asimismo, se pretende analizar si en el caso materia de análisis se ha proporcionado la información adecuada para garantizar una negociación efectiva y si esta tuvo lugar, cuestionando el razonamiento empleado por la Autoridad de Trabajo sobre el particular. Para ello haremos una breve revisión del marco jurídico del cese colectivo, pasando a realizar una comparación entre la normativa de la negociación previa al cese colectivo y de la negociación colectiva, encontrando así los puntos en común y de diferencia entre ambas. Además, recurriremos a la doctrina y a la jurisprudencia pertinentes para determinar si tuvo lugar la entrega de la información necesaria y si se llevó a cabo una negociación efectiva. Finalmente, concluimos que la negociación previa al cese colectivo sí es una negociación colectiva, aunque con ciertas peculiaridades, lo cual trae una serie de consecuencias tanto en el campo jurídico como fáctico. Esto exige, a su vez, que el empleador entregue a los trabajadores la información necesaria para llevar a cabo una negociación efectiva, hecho que no se dio en el presente caso; y que esta última se materialice, principalmente por medio del intercambio de propuestas y contrapropuestas. No obstante, la Autoridad de Trabajo aplicó un criterio menos riguroso, al punto que se desestimaron los cuestionamientos a una negociación desinformada e inefectiva

Durante las últimas dos décadas, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha evolucionado hasta tales extremos que, en cualquier otro momento histórico, hubiera resultado inimaginable una revolución de tal envergadura, alzándose como un auténtico fenómeno a nivel mundial. Todo ellos ha supuesto la transformación y modernización de muchos ámbitos de la sociedad, incluidas las técnicas utilizadas en el marco procesal, tanto civil como penal, si bien reflejándose, a nivel normativo, con un intervalo de 15 años de diferencia. La elección de este tema fue realizada, inicialmente, por el vacío legal existente y la problemática que producía la ausencia de la regulación legal de una diligencia con tanta repercusión práctica en el ámbito del proceso penal. No obstante ello, y durante el desarrollo de este trabajo, la temática estudiada se tornó en una cuestión aún más interesante si cabe tras la reciente promulgación de una ley llamada a disciplinar las nuevas medidas de investigación tecnológicas. Con la elaboración del presente estudio se ha intentado analizar con rigor una materia tan crucial para la actividad probatoria como es la videovigilancia y dotarla de una perspectiva actual, desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial, Para ello se analizarán los distintos tipos de vidovigilancia y la posible afectación que su práctica puede ocasionar a los derechos fundamentales. Asimismo, se fijarán cuáles son los requisitos que deben concurrir para que se considere que dicha diligencia de investigación se ha practicado la forma legítima y si ésta puede adquirir valor de prueba reconstituida. Por último, se analizará la vía a través de la que la fuente de prueba videográfica puede acceder al juicio oral y los consecuencias que se derivan de la declaración de su ilicitud.

Las demandas de Nulidad de Cosa Juzgada Concursal están destinadas a separar de un procedimiento concursal a los acreedores que sustentan sus créditos en una sentencia judicial o arbitral u otro acto o convenio a los que la ley haya otorgado el carácter de cosa juzgada obtenidos o creados en base a la simulación de créditos. Dada su importancia, la finalidad del presente trabajo es identificar las razones por las cuales algunas de las mencionadas demandas son desestimadas por la autoridad judicial. En el primer capítulo se describen los procedimientos concursales, así como los aspectos referidos al procedimiento de reconocimiento de créditos. El segundo capítulo aborda las diferencias que existen entre la Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta y la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal. En el tercer capítulo se analizan los factores que determinan que algunas de las demandas sean desestimadas por los jueces y en el que se plantea una modificación legislativa como una vía para mejorar su aplicación por parte de la autoridad judicial. En el cuarto capítulo se exponen los resultados sobre las consultas realizadas a los especialistas en Derecho Administrativo y Derecho Concursal sobre las hipótesis formuladas en este trabajo de investigación, referidas a la eficacia de la propuesta de modificación legal. La conclusión a la que se arribó es que es necesaria una reforma legal que contribuya a la aplicación efectiva de dicha figura jurídica en la vía judicial y así excluir definitivamente de los procedimientos concursales a quienes simulen créditos. / The lawsuits for nullity of bankruptcy res judicata are intended to exclude certain creditors from a bankruptcy proceeding. These creditors support their claims in a judicial or arbitral decision or other act or agreement to which the law has granted a res judicata character obtained or created based on the simulation of credits. Given its importance, the purpose of this paper is to identify the reasons why some of the mentioned lawsuits are dismissed by the judiciary. The first chapter describes bankruptcy proceedings, as well as aspects related to the credit recognition procedure. Likewise, the second chapter addresses differences that exist between the nullity of fraudulent res judicata and the nullity of bankruptcy res judicata. The third chapter studies factors that determine that some of the lawsuits are dismissed by the judges, as well as a legislative amendment to improve its application by the judiciary. Finally, the last chapter explains the results obtained after consulting specialists in administrative law and bankruptcy law regarding the hypotheses formulated in this study about the effectiveness of the said legislative amendment. The conclusion reached is that a legal reform is necessary. It will contribute to the effective application of the said legal figure in order to exclude those who simulate credits into a bankruptcy proceeding. / Trabajo de investigación

Este informe jurídico tiene por finalidad realizar un análisis crítico de las resoluciones emitidas por el Poder Judicial, las cuales culminaron con la Casación Laboral N° 10956- 2017-TACNA; a través de la cual, la Corte Suprema asumió un criterio de defensa en cuanto al derecho al pago del lucro cesante y de la indemnización por daño moral, a consecuencia del despido incausado que disolvió el vínculo laboral entre el Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna – PET y la demandante Marisol Calisaya. En los últimos años los juzgados han emitido diversos pronunciamientos que han ido delimitando las pretensiones de lucro cesante y daño moral, con imprecisiones o conclusiones contradictorias de los administradores de justicia, generando una inestabilidad con las decisiones y pronunciamientos jurisprudenciales. Por ello, el caso de Marisol Calisaya reviste no menor importancia y corresponde analizar si los fundamentos de las instancias judiciales se sustentan en razones jurídicas y lógicas. De igual manera, resulta necesario entender cuáles fueron los argumentos utilizados a lo largo del proceso y cómo el presente caso debería garantizar la uniformidad de criterios que apliquen los órganos jurisdiccionales, debiendo estos ser los más acertados a fin de asegurar predictibilidad en futuros casos similares.

La Ley N°30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del grupo familiar, en referencia a la regulación sobre tipos de violencia, denominada violencia económica, ha recogido un supuesto (evasión de cumplimiento de obligación alimentaria) que corresponde al código civil, pero ha querido darle un trámite distinto al amparo de dicha ley, mediante un proceso de violencia, el cual según dicho cuerpo legal, la actuación de las instituciones y operadores de justicia debe ser inmediata. Sin embargo, al querer aplicar la ley N° 30364, ha advertido que el código civil y procesal civil han regulado el proceso de alimentos que encaja perfectamente ante un supuesto de incumplimiento de obligación alimentaria. Por tal motivo, en esta investigación se ha realizado un análisis sobre la regulación de la Violencia Económica en el marco de la Ley N° 30364, a fin de dar solución a la problemática de tramitación de procesos en el supuesto de evasión del cumplimiento de obligaciones alimentarias, que atraviesan las instituciones encargadas de brindar tutela efectiva ante este tipo de violencia para que al momento de iniciar una estrategia legal, se tome la vía más idónea y tutelar.

El presente trabajo tiene como objetivo conocer el proceso de formación del Poder Judicial en Brasil. La inquietud o problemática que se presenta es la necesidad de aclarar los hechos y la historia de esa institución analizando sus factores de causalidad y las consecuencias del origen y de la institucionalización del Poder Judicial de Brasil. Analiza la estructura del sistema judicial de Brasil: su origen y evolución. Los principales hitos históricos, su estructura y funcionamiento y las principales características son analizados, así como, el impacto del nuevo ordenamiento jurídico (La nueva Constitución de 1988) en el funcionamiento de los tribunales y sus repercusiones para el ciudadano. La cuestión de la autonomía y la independencia del Poder Judicial en Brasil. La crisis del Poder Judicial en Brasil y los conflictos y los intereses. El texto aborda la reforma del Poder Judicial en Brasil, sus estadísticas y la gestión pública en el Poder Judicial. El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y sus nuevas exigencias. Las perspectivas institucionales y la necesidad de nuevas reformas.